PGN - DEMANDA DE CASACION Error de hecho por falso juicio de existencia al omitirse la val

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Javier Zapata Ortiz Ref. Recurso de casación interpuesto por el señor representante de la parte civil contra la sentencia del Tribunal Superior de Montería que absolvió al señor Teodomiro López Bernal del delito de homicidio culposo agravado. Rad. nº 26.900

Honorables Magistrados: El Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá profirió el 26 de abril de 2004, sentencia condenatoria en contra del señor Teodomiro López Bernal, le impuso la pena principal de 28 meses de prisión y multa de 24 salarios mínimos legales mensuales, como autor del delito de homicidio culposo agravado. Lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal y la privación del derecho a conducir vehículos automotores por un año.

Apelada la decisión, el Tribunal Superior de Montería decidió el 27 de junio de 2006, revocar la sentencia de condena y absolver al señor López Bernal de los cargos formulados por la fiscalía. El señor representante de la parte civil interpuso recurso extraordinario de casación y lo sustentó con demanda que fue declarada ajustada a las previsiones legales por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. 1

1. HECHOS Consignados en la sentencia de primera instancia de la siguiente manera:

“Tuvieron ocurrencia el día once (11) de abril de dos mil dos (2002) siendo aproximadamente las veinte horas con treinta minutos en la Calle 22 con carrera 135 de esta ciudad, cuando a raíz de un accidente de tránsito el señor Félix Antonio Rodríguez Salamanca quien transitaba por la vía en una bicicleta, perdiera la vida”.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Las diligencias se iniciaron con fundamento en el informe sobre el fallecimiento de una persona en la vía pública, el 11 de abril del 2002 se dispuso la apertura de una investigación previa. El 12 de abril se ordenó abrir investigación en contra del señor Teodomiro López Bernal y escucharlo en indagatoria.

La diligencia se practicó el 14 de abril del 2002, la situación jurídica le fue resuelta el 18 de abril de ese año, con la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como autor del delito de homicidio culposo agravado. Completa la investigación se ordenó su cierre y la Fiscalía General de la Nación calificó el sumario el 8 de abril del 2003; profirió resolución de acusación en contra de Teodomiro López Bernal como autor del delito de homicidio culposo agravado. En firme la decisión el expediente fue remitido al Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá. Realizadas las audiencias preliminar y pública, el juzgado profirió sentencia condenatoria el 26 de abril del 2004. Decisión revocada por el Tribunal Superior de Montería el 27 de junio de 2006. Contra esta providencia se interpuso recurso extraordinario de casación. 2

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

Un solo cargo formula el censor contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Montería. Al amparo de la causal primera de casación señala que se incurrió en un error de hecho por falso juicio de existencia, al omitirse la valoración de varios medios de prueba. Las pruebas presuntamente omitidas fueron: la inspección judicial al cadáver; el testimonio del agente de la Policía Nacional Faiber Hernández Motta y el testimonio del agente Huber Herney Vanegas Galindo. La falta de valoración de estas pruebas llevó al Tribunal a desconocer la persuasión racional, porque ellas indican que si existió un delito culposo en accidente de tránsito. Respecto de la inspección del cadáver número 1852-0220 de 11 de abril de 2002 indica el libelista que en ella se describe que en el lugar del accidente existían señales de tránsito y la bicicleta en que se transportaba el occiso si llevaba distintivos reflectivos rojo y amarillo, aspectos que no fueron contemplados por el Tribunal. Resalta también aquellos apartes del documento que hacen referencia a la iluminación de la vía y a la vestimenta de la víctima, aspectos también desconocidos por la sentencia del Tribunal. En cuanto a los testimonios de los agentes de tránsito, menciona el censor el rendido por el señor Faiber Hernández Motta y considera que algunos apartes de su declaración fueron omitidos por el tribunal. Lo mismo ocurrió con el testimonio del señor Huber Herney Vanegas Galindo. 3 Estima el censor que de haberse valorado las pruebas relacionadas se habría llegado a una conclusión diferente porque aflora la certeza sobre la autoría y

responsabilidad del procesado respecto de los delitos que se le imputaron. Solicita a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia impugnada y en su lugar proferir sentencia condenatoria en contra del implicado.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL La queja del censor está dirigida a demostrar la falta de valoración de algunos elementos de prueba que obran en la investigación y que determinarían, en sentir del libelista, la responsabilidad del procesado en la muerte del señor Félix

Rodríguez Salamanca. El primero de ellos es el documento que contiene el acta de inspección judicial en la escena del delito. De la descripción realizada en la demanda se puede colegir que la prueba sí fue analizada por el sentenciador, lo que excluiría la omisión de la prueba denunciada; el demandante resalta que ciertos aspectos en ella contenidos no se analizaron en debida forma por el sentenciador, esta circunstancia lleva al traste su pretensión. Obsérvese que al mencionar la inspección de cadáver número 1852-0220 practicada el 11 de abril de 2001 el libelista se cuida de transcribir sólo algunos aspectos contenidos en ella, pero omite otros que desvirtúan su apreciación de los hechos y la interpretación que hace del contenido del documento, por ejemplo, que en el acta se consagró en forma expresa que “se deja constancia de que el occiso no portaba chaleco reflexivo”. 4 También se dice que la bicicleta en que se transportaba el señor Rodríguez era negra y tenía una calcomanía roja y amarilla, en el acta no se establece que era

de un material reflectivo, como se indica en la demanda. Estos hechos demuestran que la víctima actuó en forma irresponsable al no portar una prenda de vestir exigida por las reglas de tránsito, ni portar en su vehículo el material requerido, argumentos estos que le sirvieron al sentenciador para emitir el fallo absolutorio. Es claro que estos datos se encontraban consignados en el acta de inspección de cadáver presuntamente omitida por el sentenciador en su valoración. La siguiente prueba que considera omitida el censor es la declaración del agente Faiber Hernández Motta. De ella resalta las conclusiones expresadas por el declarante sobre las presuntas causas del accidente e insiste en la consideración de que la responsabilidad es del conductor del camión por el estado de embriaguez en que conducía. No obstante, la declaración de este testigo, que no presenció el accidente si fue apreciada por el sentenciador y valorada en su justo contenido, porque además de los aspectos considerados para establecer la causa del accidente sostiene el agente que: en el lugar no existe señalización de velocidad pero por tratarse de un perímetro urbano la mancipa (sic) velocidad establecida es 60 kilómetros por hora en cuanto a la vía se encuentra en malas condiciones y el carril derecho en ese momento había un emposamiento de agua que fue lo que influyó para que la bicicleta transitara por el carril izquierdo lo cual es prohibido para este tipo de vehículo transitar por la lado izquierdo por el lado de la vía de alta velocidad. Sobre este punto insiste el agente Huber Herney Vanegas en su declaración. Tomando en cuenta estos relatos afirma el sentenciador que el hecho pudo

obedecer a culpa de la víctima, o al actuar imprudente del procesado, lo que generaba una duda que resolvió a favor del señor López Bernal. 5 Es claro, entonces, que las pruebas presuntamente omitidas por el sentenciador si fueron apreciadas, solo que se les otorgó un grado de credibilidad diferente al esperado por el libelista, pero tal circunstancia no demuestra el error de hecho denunciado. Debe tomarse en cuenta, además, que los argumentos del sentenciador de segunda instancia parten de la consideración de que en el actuar de la víctima también se hacen presentes algunas imprudencias y el desconocimiento de reglamentos de tránsito, situaciones estas que lo llevan a concluir que el resultado lesivo para el bien jurídico se pudo dar por esta actuación. No desconoce el Tribunal Superior que el procesado había consumido alcohol y esa circunstancia podía constituir una de las causas del accidente, no obstante analiza también el comportamiento de la víctima y estima: “Un sano ejercicio para determinar cual de las culpas prevaleció o determinó el resultado, consiste en borrar imaginariamente la culpa de uno de los actores. Por ejemplo, en el caso que ocupa la atención de la sala, si borramos la imprudencia del conductor del camión al conducir luego de tomarse algunas cervezas, a pesar de ello el resultado dañoso igualmente se hubiera producido, como todo parece indicar por las condiciones en que se desplazaba el ciclista; pero si borramos la imprudencia del ciclista, esto es, conducir la bicicleta con luces, tener puesto un chaleco reflectivo, con seguridad hubiese alertado a cualquier persona medianamente previsiva y el resultado no se hubiera dado.

Pero el argumento principal del sentenciador de segunda instancia está dirigido a señalar que en el expediente no se demostraron todas las circunstancias que rodearon el hecho y no se estableció con certeza a qué se debió el accidente, todos estos aspectos le generaron una duda que resolvió a favor del implicado. Esto se dijo en la sentencia del Tribunal Superior de Montería: 6 “6. Aspecto importante, pero desafortunadamente no aclarado, consistía en determinar cual era la situación o maniobra realizada por cada uno de los conductores al momento de la colisión. No se sabe si el ciclista pretendía adelantar al camión, circunstancia que era posible si se tiene en cuenta que el automotor iba cargado y su carril estaba obstruido con una charca de agua, según su conductor se desplazaba de 10 a 20 kilómetros por hora, dada la cercanía de un reten policial. El juzgador sin prueba técnica o testimonial, infiere que el camión rodaba a más de 30 kilómetros por hora, razón por la cual descarta el hecho de que el ciclista pretendiera adelantarlo. Otra hipótesis, también aceptable, es que el conductor del camión al tomar el carril izquierdo, para evadir la charca de agua, justamente en ese lugar oscuro, “cerrara” tanto al ciclista que éste terminó rozando la parte media de la carrocería del automotor, perdiendo seguidamente el equilibrio para caer bajo el juego de llantas traseros, motivo por el cual la bicicleta siguió adherida al camión cincuenta metros más adelante. Así las cosas, se hace evidente que el cargo planteado por el libelista no encontró

demostración adecuada, en razón a que las pruebas denunciadas como excluidas de valoración fueron debidamente apreciadas por el sentenciador y muchos de los datos en ellas contenidos fueron los que sirvieron de sustento al Tribunal Superior de Montería para proferir sentencia absolutoria a favor del señor López Bernal. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar. Señores Magistrados,

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., septiembre 24 de 2007 Radicación Nro. 26.900 MLZA/tms 7