PGN - DEMANDA DE CASACION Por falso juicio de existencia por omisión

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM.P. Dr. Herman Galán Castellanos Ref. Demanda de Casación presentada por el apoderado de RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS contra el fallo del Tribunal de Cundinamarca que lo condenó como autor responsable del delito consagrado en el artículo 33 de la Ley 30 de 1.986

Rad.: 18.340.

Honorables Magistrados: Admitida la demanda, procede esta Delegada a emitir su concepto sobre la legalidad de la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, adiada el 12 de diciembre de 2.001, que por vía de consulta revocó el fallo absolutorio proferido el 31 de agosto de 2.000 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cundinamarca, y, en su lugar, condenó a RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS a la pena principal de 12 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años, sin el subrogado de la condena de ejecución condicional, al hallarlo autor responsable del delito previsto en el artículo 33 de la Ley 30 de 1.986, agravado por el numeral 3° del artículo 38 ibídem y modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1.997.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Por interceptación de las líneas telefónicas Nos. 2-476911 y 7-205052, la DIJIN de la Policía Nacional pudo conocer que en la noche del 13 de septiembre de 1.996, en el peaje conocido como “Albarracín” de la vía que de Tunja conduce a

2 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS Bogotá, RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS entregaría a Eulises Sánchez un envío de estupefacientes procedente de Arauca. Con base en esta pesquisa la policía judicial capturó a RAFAEL ALBARRACÍN a eso de las doce y quince minutos de esa noche, en momentos en que entregaba a Eulises un paquete que depositó en el interior de la camioneta en la que se desplazaba, y quien al verse descubierto infructuosamente quiso huir. Inspeccionado el camión de placas UR-0586 que conducía RAFAEL ALBARRACÍN, fueron encontrados -camuflados en el cargamento de plátano que transportaba-, dos costales que contenían ocho paquetes de cocaína, heroína y marihuana, en cantidad de 22.900, 5.100 y 500 gramos, respectivamente. Con fundamento en el informe de la DIJIN que dio cuenta de estos hechos, la Fiscalía Regional declaró formalmente abierta la investigación el 14 de septiembre de 1.996, vinculando mediante indagatoria, entre otros, a RAFAEL ALBARRACÍN, a quien le resolvió situación jurídica el 23 de septiembre siguiente con medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación. Agotada la fase instructiva, la misma Fiscalía, en resolución del 25 de enero de 1.999, acusó a RAFAEL ALBARRACÍN como presunto autor responsable del delito contemplado en el artículo 33 de la Ley 30 de 1.986, agravado por el

numeral 3° del artículo 38 de la misma normatividad. El juicio fue adelantado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, el que tras efectuar la audiencia pública absolvió al acusado en sentencia que al ser revisada por vía de consulta, fue revocada en la forma como ya quedó anotado. 3 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS Al haber adquirido interés para recurrir, el defensor de ALBARRACÍN ROJAS presentó la demanda que ahora es objeto de estudio en sede de casación.

2. LA DEMANDA 2.1. Primer Cargo Al amparo de la Causal Tercera de Casación, el demandante acusa la sentencia del Tribunal de Cundinamarca de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad, por considerar que el grado jurisdiccional de consulta no puede tener operancia en los procesos de que conocen hoy los jueces especializados en primera instancia, en cuanto que, a los asuntos tramitados por la extinta justicia regional les era aplicable lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, pero en el momento en que despareció esta justicia, dejó de tener aplicación la norma legal y el grado jurisdiccional de consulta. Por tanto, en este caso, el Tribunal de Cundinamarca carecía de competencia para conocer del proceso por vía de consulta.

Además, si en el procedimiento ordinario no existe la consulta, por favorabilidad no podría aplicarse tal instituto, y mucho menos cuando ya la primera y segunda instancia en este tipo de actuaciones corresponde a la justicia ordinaria, y la fiscalía solicitó absolución y retiró todos los cargos.

Lo procedente habría sido abstenerse de tramitar el grado jurisdiccional de consulta como consecuencia de la inconstitucionalidad, “por la vía de la excepción”, del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal subrogado por el 29 de la Ley 81 de 1.993, a su turno, parcialmente reformado por el 35 de la Ley 504 de 1.999. 4 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS Con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional, el demandante afirma que la consulta constituye una excepción a la prohibición constitucional de la “reformatio in pejus” y al trámite ordinario. Agrega que el artículo 206 del Decreto 2700, subrogado por la Ley 81 de 1.993, ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, en sentencia C-449 del 19 de septiembre de 1.996, con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, y, por consiguiente, ya no se podría aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pues ya sería cosa juzgada constitucional, pero como el artículo 29 de la Ley 81 de 1.993, que subrogó el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, fue a su turno modificado por la Ley 504 de 1.999, la Corte Constitucional puede perfectamente hacer un nuevo e integral estudio de constitucionalidad, y como hasta el presente no lo ha hecho, el administrador de justicia, puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Es más, el fallo de exequibilidad de aquella norma, lo fue de manera condicionada, en el sentido de que se trataba de un instrumento procesal solo

aplicable a la denominada justicia regional y en consecuencia su ámbito de aplicación era temporal. La consulta, como grado jurisdiccional, sólo fue contemplada por el legislador para los procesos que se tramitaban ante la jurisdicción extinguida. Luego ya desaparecida ella y desaparecidos sus instrumentos procesales, no es ajustado a la Carta Política aplicar a los procesos ordinarios aquellos institutos, tal como se desprende de lo consignado en la Sentencia C-392 de 2.000. Una razón más para inaplicar la norma que establece la consulta es el artículo 33 de la Ley 504 de 1.999, que establece que los procesos que se encuentren en las hipótesis allí señaladas, se les aplicará la normatividad propia del juicio ordinario. Como consecuencia de lo anterior, es nula la actuación desarrollada por la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca por falta de competencia, con lo cual se 5 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS violaron los artículos 1°, 6°, 15 y 304-1 del Código de Procedimiento Penal de 1.991 y 29 de la Carta Política. 2.2. Segundo Cargo Con fundamento en la Causal Primera de Casación, el actor denuncia violación de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación de las conversaciones telefónicas interceptadas, las indagatorias de Eulises Sánchez, RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS y Orlando Albarracín Rojas, y la prueba indiciaria, lo cual habría llevado a aplicar en forma indebida los artículos 33 y 38-3 de la Ley 30 de

1.986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1.997, y los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Código Penal de 1.980. El censor considera que la sentencia impugnada se sustenta en graves errores, por falta de apreciación de algunas pruebas y por indebida y errónea apreciación de otras, pues la versión de que RAFAEL ALBARRACÍN, antes de su captura, habría entregado un paquete contentivo de sustancia estupefaciente a Eulises Sánchez, fue negada enfáticamente por los sindicados, así como el supuesto acuerdo derivado de las conversaciones telefónicas, sin que lo uno ni lo otro se hubiera logrado desvirtuar. El actor dice que es falso que el procesado ALBARRACÍN ROJAS hubiera participado en todas las conversaciones telefónicas, pues él solo participó en dos, lo que indica que no integraba ninguna organización, ni plan criminal. Tampoco es cierto que hubiese existido concertación y conocimiento de vieja data entre aquél y Eulises Sánchez. Por el contrario, de la transcripción de la conversación telefónica se puede concluir que ALBARRACÍN era ignorante de la hora y sitio que le indicarían para la entrega. 6 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS Según el demandante, fue ignorada la indagatoria de Eulises Sánchez, quien manifiesta no conocer a RAFAEL ALBARRACÍN, y la de Fabio Orlando Albarracín, quien a su turno manifiesta no conocer a Eulises Sánchez. No se apreció como indicio el hecho de que el procesado hubiese referido

desprevenidamente en su indagatoria que llamó a Eulises Sánchez para preguntarle dónde recibiría la encomienda que le mandaron. Tampoco el que hubiera señalado la hora de la entrega, teniendo en cuenta que todos los conductores acostumbran partir de Tame rumbo a Bogotá a eso de las cinco de la mañana, por lo que forzosamente transitan a la altura del peaje de Villapinzón a eso de las doce de la noche. También se ignoró el hecho de que en la misma conversación telefónica el procesado le hubiese preguntado a Eulises Sánchez si le suministraba las placas del camión que él manejaba, lo cual demuestra que no se conocían. Además, en esa conversación RAFAEL ALBARRACÍN desarrolla un diálogo absolutamente desprevenido, natural y sin claves, contrario al que acostumbran quienes van a cometer un delito. Tampoco se tuvo en cuenta las fotos obrantes en el expedientes, las cuales demuestran que el alcaloide no se empacó en forma que pudiera llamar la atención al procesado -persona humilde, desprevenida y de origen campesino-, sino en costales aparentando simple encomienda de plátanos, la que constantemente transportan los camioneros para obtener ingresos extras. Además, agrega el actor, se interpretó erróneamente, presumiendo culpabilidad, el hecho de que el procesado no procurara encubrir a nadie, ni entorpecer la investigación, pues, por ejemplo, dijo que quien le entregó la encomienda fue Antonio Moreno Riaño, alias “El Pote”. 7 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS A la luz de la experiencia, la prueba reina fue el hecho de que hubiera afirmado

bajo juramento que el responsable del ilícito fue Eulises Sánchez, lo que tampoco fue apreciado por el fallador. Por lo anterior, el demandante pide a la honorable Corte que, como consecuencia de la casación del fallo atacado, de aplicación a los artículos 228 y 229 del Código de Procedimiento Penal de 1.991.

3. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA 3.1. Primer Cargo: Nulidad De manera constante y reiterada la jurisprudencia ha venido señalando que la proposición de la Causal Tercera, cualquiera sea el motivo que se invoque, también impone el deber de cumplir los presupuestos técnicos y de contenido que se exigen en sede de casación cuando quiera que se pretenda quebrar la legalidad de una sentencia de segunda instancia.

Al respecto se ha dicho que la Causal Tercera, a pesar de permitir cierta movilidad para su formulación y desarrollo, no escapa al cumplimiento de las exigencias básicas que permitan abordar su estudio y corregir los eventuales vicios que afecten la estructura del proceso o las garantías de los sujetos procesales, por parte del Alto Tribunal de Casación. Además de concretar la clase de nulidad que se invoca, sus fundamentos, las normas que se estime infringidas, la manera como la irregularidad afectó la estructura esencial del proceso o las garantías constitucionales, el demandante tiene el deber de exponer con claridad y precisión los argumentos por los cuales considera que se debería invalidar la actuación, y si fueren varios los cargos, se 8 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS sustentarán en capítulos separados, tal como lo disponen los numerales 3° y 4°

del artículo 212 de la Ley 600 de 2.000 (225 del anterior estatuto procesal). La Delegada cree que en este caso la demanda no cumple estos presupuestos, en la medida en que en forma vaga e imprecisa el demandante alega falta de competencia del Tribunal de Cundinamarca por considerar que al desaparecer la justicia regional, también habría desaparecido el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal de 1.991. Además porque, si en el procedimiento ordinario no existe la consulta, por favorabilidad no podría aplicarse este instituto en este caso, puesto que ella constituye una excepción a la prohibición constitucional de la “reformatio in pejus” y al trámite ordinario. También señala que a pesar de que el citado artículo 206 fue declarado exequible por la Corte Constitucional, sería factible aplicar la excepción de inconstitucionalidad, en tanto que la Corte Constitucional aún no ha estudiado el artículo 35 de la Ley 504 que modificó el artículo 29 de la Ley 81 de 1.993, y, en definitiva, el ámbito de aplicación de la consulta era temporal porque fue contemplada para los procesos que se tramitaban ante la justicia regional ya extinguida. Un argumento adicional para inaplicar el artículo 206 sería, en criterio del censor, la aplicación de la normatividad propia del juicio ordinario en las hipótesis señaladas en el artículo 33 de la Ley 504 de 1.999. Frente a lo anterior cabe señalar que la sentencia acusada fue dictada el 12 de diciembre de 2.000 en vigencia del artículo 206 del Código de Procedimiento

Penal de 1.991, modificado por los artículos 29 de la Ley 81 de 1.993 y 35 de la Ley 504 de 1.999. 9 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS El texto original del artículo 206 del Decreto 2700 de 1.991 fue declarado exequible por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-150 de abril 22 de 1.9931, en la que entre otras cosas se dijo: “Estas consideraciones comprenden igualmente lo dispuesto por el artículo 206 del C.P.P. acusado, que establece el catálogo de las providencias consultables obligatoriamente en los delitos de conocimiento de los fiscales y jueces regionales; en efecto, este último artículo establece que son consultables obligatoriamente, siempre y cuando no se interponga recurso alguno en los procesos por dichos delitos, las providencias que ordenan la cesión de procedimiento, la preclusión de la investigación, la devolución de bienes presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible, o el objeto material del mismo y las sentencias. Se trata de distinciones propias del procedimiento penal ante determinado tipo de delitos, que exigen mayor celo y cuidado del Estado, y que impone controles dentro de la Rama Judicial, para efectos de que ésta no sucumba ante la amenaza y la agresión probables y los cuales la experiencia ha destacado como de alto riesgo” (negrilla no original). La reforma introducida por el artículo 29 de la Ley 81 de 1.993 también fue objeto de demanda por parte del ciudadano Alfonso Mora León, quien consideró que violaba el principio de igualdad ante la ley porque consagraba el grado de

consulta de ciertas providencias, únicamente para los casos de personas implicadas en delitos de competencia de los jueces regionales, y no para los vinculados a procesos penales ordinarios. En esta oportunidad la Corte Constitucional también declaró la exequibilidad de la norma mediante Sentencia C-449 del 19 de septiembre de 1.9962, al considerar que la tal violación no se presentaba por tratarse de hipótesis distintas a las que se le señalan 1 M. P. Dr. Fabio Morón Díaz. 2 M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 10 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS consecuencias diversas en ejercicio legítimo de la discrecionalidad legislativa para efectuar categorizaciones normativas. De este modo ratificó la jurisprudencia contenida, entre otras, en las sentencias C-150 de 1.993, C-212 de 1.9943 y C053 de 1.9934. El artículo 35 de la Ley 504 de 1.999 igualmente fue demandando por varios ciudadanos y la Corte Constitucional en Sentencia C-392 del 6 de abril de 2.0005 declaró ajustado a la Carta Política su inciso tercero que es del siguiente tenor: "Sustitúyase en los artículos 66, 67, 68 numeral 5°, 78, 118, 134, 206, 217, 339 incisos 1° y 3°, 388 inciso 2°, 399 y 542 inciso 2° del Decreto 2700 de 1991 la expresión "Juez Regional" por "Juez Penal de Circuito Especializados". (El resalto es nuestro).

Así entonces, el texto de la norma que se encontraba vigente para cuando se dictó la sentencia acusada, es el siguiente: “Providencias consultables. En los delitos de conocimiento de los fiscales y jueces penales de circuito especializado, son consultables cuando no se interponga recurso alguno, la providencia mediante la cual se ordena la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, la providencia que ordena la devolución a particulares de bienes del imputado o sindicado presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible o que sea objeto material del mismo y las sentencias que no sean anticipadas”. La única variación que introdujo el artículo 35 de la Ley 504 de 1.999, al texto del artículo 206 del Decreto 2700 de 1.991, modificado por el artículo 29 de la Ley 81 de 1.993, consistió en la sustitución de la expresión jueces “regionales”, por jueces “penales del circuito especializado”. 3 M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 4 M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 5 M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 11 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS En relación con este específico tema, el juez constitucional en el apartado 2.2. de las consideraciones y fundamentos de la sentencia C-392 de 2.000 analizó en concreto la constitucionalidad del citado artículo 35 de la Ley 504, en razón de su contenido material, y al afectó señaló: “…Los jueces especializados, no pueden ser asimilados a jueces extraordinarios pertenecientes a una jurisdicción especial distinta a las

autorizadas por la Constitución. La existencia de dichos jueces, por consiguiente, sólo puede admitirse bajo la idea de que se trata de funcionarios judiciales, que hacen parte de la justicia ordinaria y a quienes se les adscribe de manera habitual el conocimiento de ciertas causas en razón de la especificidad o particularidad de la materia, sin que ello implique el desconocimiento de las garantías procesales y sustanciales básicas propias del debido proceso. En las circunstancias analizadas, la Corte entiende que se justifica constitucionalmente la creación de unos jueces penales del circuito especializados a quienes se les ha asignado la competencia para el juzgamiento de determinados delitos, con observancia de las garantías propias del debido proceso que, en general, deben reconocerse a todos los procesados, aun cuando ello no excluye, siempre que se justifique constitucionalmente, la regulación diferente de algunas actuaciones procesales. Nada objeta la Corte a la previsión contenida en el art. 1°, en el sentido de que los jueces penales del circuito especializado conozcan de los delitos a ellos asignados dentro del ámbito territorial que señale el Consejo Superior de la Judicatura, pues ésta es una atribución propia de este organismo según los arts. 257-1 de la Constitución y 85-6 de la Ley 270/96. 12 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS En virtud de lo anterior, la Corte declarará exequibles los arts. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 21, 23 y 35, inciso 3 de la Ley 504/99, en cuanto aluden a los jueces del circuito especializados y materialmente no se

oponen a la Constitución…”. (el subrayado es nuestro). De manera que si la Corte Constitucional en este fallo declaró exequible la creación de los jueces penales del circuito especializados desde el 1° de julio de 1.9996, en el entendido de que como funcionarios de la justicia ordinaria conocen en primera instancia de los delitos previstos en el artículo 71 del Decreto 2700 de 1.991, modificado por el 5° de la Ley 504 de 1.999, con observancia de las garantías propias del debido proceso, sin que ello excluya “la regulación diferente de algunas actuaciones procesales”, es indudable que también dejó a salvo el instituto de la consulta, en tanto que, además, ya lo había justificado constitucionalmente en las sentencias C-150 de 1.993, C-212 de 1.994, C-053 de 1.993 y C-449 de 1.996, en las que, entre otras cosas, dijo que la consulta no viola el principio de igualdad porque los delitos a los que ella está dirigida requieren mayor celo y cuidado del Estado por tratarse de conductas que amenazan en mayor medida la estabilidad y armonía de la sociedad en general: terrorismo, narcotráfico, secuestros, extorsiones y homicidios de jueces y altos funcionarios, entre otros. En este orden de ideas, contrariamente a lo que afirma el demandante, la Delegada considera que a pesar de que la llamada justicia regional dejó de existir el 30 de junio de 1.9997, la declaratoria de constitucionalidad por el órgano competente del artículo 206 del Decreto 2700 de 1.991, modificado por los artículos 29 de la Ley 81 de 1.993 y 35 de la Ley 504 de 1.999, para el 12 de

diciembre de 2.000, fecha de expedición de la sentencia de segunda instancia en este caso, ya había hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, y, en tal virtud, 6 Artículo 53 de la Ley 504 de 1.999. 7 Conforme a lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 270 de 1.996, Estatutaria de la Administración de Justicia. 13 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS el Tribunal de Cundinamarca no podía aplicar la pregonada excepción de inconstitucionalidad. Dicho Tribunal era el competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta del fallo absolutorio dictado el 31 de agosto de 2.000, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, toda vez que la aludida sentencia C-392 del 6 de abril de 2.000 declaró inexequible la norma de la Ley 504 de 1.999 que otorgaba competencia a la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, y en su lugar dispuso que la competencia para conocer de la segunda instancia en los procesos de conocimiento de los jueces penales del circuito especializado y de la revisión de las sentencias que dicten, bien podía asignarse por el Consejo Superior de la Judicatura al Tribunal que corresponda a la sede del correspondiente juez penal del circuito especializado. Si bien el artículo 203 de la Ley 600 de 2.000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-760 del 18 de julio de 2.0018, ello ninguna incidencia tiene en este caso, en tanto que para el 12 de diciembre de

2.000 ya estaba consolidada la situación que ahora se discute, y por consiguiente no habría lugar a la aplicación retroactiva de este fallo, no solo porque sus efectos están previstos hacia el futuro, sino además porque la declaratoria de inexequibilidad se derivó exclusivamente de los vicios de forma en el trámite del proyecto de ley, y no de la oposición del instituto de la consulta y la Carta Política. En razón de estas consideraciones, la Procuraduría estima que el cargo no puede prosperar. 3.2. Segundo Cargo: violación de la ley sustancial 8 M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 14 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS El actor considera que la sentencia de segundo grado incurrió en error de hecho por falta de apreciación de algunas pruebas y por indebida apreciación de otras. Por ejemplo, que es falso que RAFAEL ALBARRACÍN hubiera participado en todas las conversaciones telefónicas, ya que sólo participó en dos, lo que indica que no formaba parte de ningún plan criminal. Se ignoró la indagatoria de Eulises Sánchez en el sentido de que éste manifestó no conocer a RAFAEL ALBARRACÍN y la de Fabio Albarracín quien dijo no conocer a Eulises Sánchez. No se apreció como indicio el que el procesado hubiera manifestado que llamó a Eulises para preguntarle donde recibiría la encomienda y si le suministraba las placas del camión que él manejaba. No se tuvieron en cuanta las fotos que aparecen en el expediente. Además se interpretó erróneamente el hecho de que el proceso no hubiera encubierto a quien le entregó la encomienda. En definitiva,

a juicio del defensor, la prueba reina es el hecho de que el procesado hubiera afirmado bajo la gravead del juramento que el responsable del delito es Eulises Sánchez. El cargo así presentado, en opinión del Ministerio Público, no puede tener éxito porque ni formal ni materialmente le asiste razón al demandante. Al punto conviene recordar que por la vía de la causal primera se puede demandar tanto la violación directa como la indirecta de la ley sustancial. La primera se puede presentar por falta de aplicación, aplicación indebida o errónea aplicación de la norma de derecho sustancial llamada a regular el caso. La segunda por errores de hecho -falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio-; o de derecho -falso juicio de legalidad o falso juicio de convicción-. Si el censor en este caso pretendía denunciar violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de existencia, así ha debido señalarlo expresamente. 15 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS Esta clase de error, como se sabe, se presenta cuando el juez omite la apreciación de pruebas válidamente incorporadas al proceso, o cuando las supone, es decir, cuando fundamenta el fallo en elementos de convicción que no obran materialmente en el expediente. Tanto en uno como en otro caso, el casacionista debe concretar la prueba omitida o supuesta y demostrar su trascendencia haciendo ver que de no haber incurrido en uno cualquiera de estos errores, la decisión de la sentencia necesariamente habría sido distinta y en todo caso favorable al procesado recurrente. El error de hecho por falso juicio de existencia por omisión sólo se configura

cuando el medio probatorio es totalmente excluido de la valoración probatoria que hace el juzgador, pero no cuando se dejan de mencionar algunas manifestaciones aisladas o apartes de él. De ahí que para demostrarlo sea necesario confrontar el conjunto de la prueba, con los hechos y premisas que el fallador declaró probados, con el fin de indicar que esto último no corresponde a lo que objetivamente revela el proceso, y, en consecuencia, no es el fundamento de la norma de derecho sustancial aplicada. Para probar este error, lo importante es que se establezca que más allá de la mención al medio probatorio, el fallador no tuvo en cuenta por ninguna parte el hecho o las circunstancias que se derivan de la prueba en su conjunto. El casacionista en este caso no cumplió estos presupuestos técnicos y, en cambio, se dedicó a efectuar su propio análisis probatorio para oponerlo al del Tribunal, olvidando que la casación no está instituida para adelantar un nuevo debate probatorio, sino para verificar y corregir la existencia de yerros protuberantes en la aplicación de la ley, a instancias del sujeto procesal que resulte perjudicado con el fallo de segundo grado, en tanto que éste llega al tribunal de casación protegido por la presunción de acierto y legalidad. 16 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS Al margen de estas deficiencias técnicas, la Delegada considera que el Tribunal de Cundinamarca en este caso, pese a que no mencionó puntualmente los apartes de las indagatorias que cita el demandante, sí valoró adecuadamente el caudal probatorio en su conjunto de conformidad con las reglas de la sana crítica,

y, por ende, su decisión debe permanecer incólume. Establecido el aspecto objetivo del delito, el Tribunal descartó que RAFAEL ALBARRACÍN hubiera actuado inculpablemente por haber incurrido en error de tipo. Al respecto comenzó por analizar la manera como, a través de la interceptación de llamadas telefónicas, se pudo establecer que a la media noche del 13 de septiembre de 1.996, en el Peaje Albarracín, cerca de Villapinzón, RAFAEL se reuniría con Eulises, razón por la que se dispuso el operativo policial que culminó con su captura momentos después de que le entregara un paquete que contenía parte de la sustancia alucinógena incautada, encontrando el resto de la droga camuflada dentro de la carga de plátano que era transportada en el camión que conducía RAFAEL. Después de explicar el valor otorgado al informe de policía corroborado por los testimonios de los agentes investigadores que participaron en el rastreo electrónico de las llamadas telefónicas que a la postre condujeron a la captura en flagrancia de los implicados; al testimonio del oficial Fabio Alexander Rojas García y otros, que da cuanta de la manera como se produjo la aprehensión; y a los fonogramas contentivos de las llamadas telefónicas, captadas para la época en que se hizo el seguimiento físico y electrónico, todo ello debidamente autorizado por las vías legales, el Tribunal anotó: “Finalmente, en cuanto al insistente argumento, base del supuesto error, del desconocimiento de la acción, por la forma en que se cargó el camión a través de unos coteros, si bien es cierto que así se

procede y que esa es la actividad usual del procesado, no puede desconocerse que en su primera indagatoria no suministró nombres de 17 Casación Nº 18.340 RAFAEL ALBARRACÍN ROJAS los estibadores o coteros, que por desconocerlos, para posteriormente, aparecer suministrando unos datos de la supuesta persona que cargó la sustancia y que suministró un teléfono, ello no puede ser de recibo, por la contradicción en el suministro de esta información y era tal el conocimiento que tenía, que pasó al conductor de la Camioneta un paquete que contenía una muestra. En cuanto a la ubicación en el peaje, del cual se deduce igualmente, el desconocimiento de la sustancia que transportaba, esa no es la inferencia lógica, por el contrario, ella hacía parte de la estrategia para confundirse el camión con otros que estaban estacionados en el lugar, y ello unido a la hora, constituyen inequívocamente elementos de juicio para soportar el fallo, pues, no es racional admitir que una entrega efectuada en una carretera, a media noche, de elementos