PGN - DEMANDA DE CASACION Por fraude procesal

Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña DEMANDA DE CASACIÓN-Por fraude procesal Esta Agencia del Ministerio Público no comparte la pretensión del censor tendiente a que se de aplicación al artículo 182 del Decreto 100 de 1980, por resultar favorable a su defendido de preferencia a la restrictiva y desfavorable del artículo 453 de la Ley 599 de 2000, no obstante se procede por un delito de ejecución permanente como lo es el fraude procesal al desechar la figura de la lex tertia por su inconveniencia en la práctica. Pues de una parte y tal como lo reconoce el mismo recurrente la postura jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, es que en casos como el que nos ocupa, en que el caso a resolver lo comprenden dos legislaciones dado el carácter permanente del punible por el que se procede, no se puede dar aplicación al principio de favorabilidad “sino que opera la regla general, esto es, la ley rige para los hechos cometidos durante su vigencia”1 , postura que ha sido reiterada por la Corporación. En estas condiciones, el cargo subsidiario no puede prosperar y debe ser desestimado. Por lo anterior, esta Delegada, comedidamente solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no casar la sentencia impugnada por el defensor. Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal M.P. Dr.: LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO Ref: Demanda de Casación interpuesta por el defensor de SAMUEL ALBERTO CÁRDENAS OMAÑA, procesado por fraude procesal. Rdo. 36591.

Corresponde a esta representación del Ministerio Público

conceptuar sobre la legalidad de la sentencia proferida por el Tribunal 1 C.S.J. Sent. 25/08/2010. Rdo. 31407. 1 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 31 de enero de 2011, mediante la cual confirmó integralmente el fallo condenatorio proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de la misma ciudad contra SAMUEL ALBERTO CÁRDENAS OMAÑA a quien impuso las penas principales de 48 meses de prisión y multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de cinco años y suspensión de la profesión de abogado por el lapso de dos (2) años, como responsable del delito de fraude procesal. Recurrida en casación la sentencia de segunda instancia por el defensor del acusado y declarada ajustada a derecho la demanda, corresponde a esta Delegada a rendir concepto de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del CPP de 2000.

I. HECHOS Y ACTUACION PROCESAL RELEVANTE Los antecedentes fácticos fueron resumidos por el Tribunal así: “Los denunciantes MARÍA PAULINA PARADA DE TORRES y su hijo CARLOS ARTURO TORRES PARADA, informaron a las autoridades que entre los meses de febrero a marzo de 1999, fueron visitados en su

residencia por el abogado SAMUEL CÁRDENAS OMAÑA, quien les ofreció representarlos en varias actuaciones judiciales que cursaban en su contra, pactando como honorarios profesionales por la prestación de sus servicios el equivalente al 20% de las sumas que pudieren llegar a 2 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña ser conciliadas, exigiendo a manera de garantía por el pago de sus honorarios, un título valor firmado por aquellos, pero sin consignar en él, ni el valor ni la fecha de vencimiento, afirmando que posteriormente les allegaría el contrato de prestación de servicios profesionales, lo cual nunca sucedió, como tampoco ejecutó actuación alguna a favor de los denunciantes y sí, por el contrario, se hizo parte dentro del proceso de concordato que se adelantaba en el Juzgado 14 Civil del Circuito de esta ciudad, como acreedor de MARÍA PAULINA Y CARLOS ARTURO, utilizando para dicho reconocimiento la letra de cambio que aquellos le habían firmado como garantía de pago de sus honorarios , pero esta vez con los espacios diligenciados, en el que se indicaba una obligación por la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), sin que ellos lo hubieran autorizado para eses fin”. El 30 de octubre de 2007 la Fiscalía 153 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad, calificó el

mérito del sumario profiriendo resolución de acusación contra SAMUEL ALBERTO CÁRDENAS OMAÑA como presunto autor responsable del punible de fraude procesal, decisión que al ser apelada fue confirmada el 20 de agosto de 2008 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal. Una vez surtida la ejecutoria de la resolución acusatoria, la etapa del juicio le correspondió inicialmente al Juzgado 5° Penal del Circuito, despacho que llevó a cabo las diligencias de audiencia preparatoria y pública. No obstante, en cumplimiento de las medidas de 3 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña descongestión dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, la actuación fue remitida por reparto al Juzgado 2° Penal del Circuito de Descongestión de esta ciudad, despacho que profirió la sentencia condenatoria de primera instancia en los términos y condiciones consignadas al comienzo del presente concepto, providencia que al ser apelada por la defensa fue confirmada por el Tribunal Superior a través del fallo que es ahora objeto de casación. II.DEMANDA El defensor del acusado ataca la sentencia de segundo grado con fundamento en la causal primera de casación y para ello formula dos (2) cargos, el principal por error de hecho, por falso juicio de existencia por omisión al no tenerse en cuenta prueba documental, contentiva de la transcripción de un diálogo telefónico grabado por el

procesado, que según el casacionista, fue una conversación que sostuvo SAMUEL A. CÁRDENAS OMAÑA y uno de los denunciantes MARÍA PAULINA PARADA DE TORRES, prueba que fue “soslayada” por los juzgadores de instancia aunque por motivos diferentes. En el desarrollo del reproche, se advierte que el casacionista incurre en contradicción al aseverar que el juzgador de primera instancia, desechó la prueba reseñada al considerar que la misma fue obtenida ilegalmente ( o sea si la tuvo en cuenta para desestimarla) y no se realizó el cotejo de voces, por lo que no se pudo establecer si las que se escuchaban correspondían o no al procesado y su 4 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña interlocutora (denunciante)2, con lo que el a-quo descartó “la pretendida autorización otorgada al procesado para llenar los espacios en blanco del título valor presentado ante el Juzgado 14 Civil del Circuito para ser reconocido como acreedor en el proceso concordatario”3. De igual forma considero el demandante que el argumento central del fallo de primer grado para condenar al acusado fue el de que “este no desarrolló gestión profesional alguna”4 El Tribunal, por su parte, aunque confirma el fallo de primera instancia, se aparta de este argumento al considerar que “no se logró establecer con certeza”, si hubo o no incumplimiento del contrato de

prestación de servicios por parte del acusado5, por lo que concluye: “ (…) es irrelevante entrar a analizar si el abogado cumplió o no con la gestión profesional que le fue encomendada, como lo pretende probar la defensa con la grabación aportada al proceso, ya que independientemente de la demostración que pudiera hacerse con la misma, lo relevante fue que no existió un contrato de prestación de servicios o una carta de instrucciones dónde se indicara la manera como debía llenarse la letra de cambio, no obstante lo cual, se llenó por un valor no autorizado y se presentó a ante una autoridad judicial haciendo incurrir en error al funcionario”6. 2 Fl. 13 de la demanda. 3 Fl. Ibídem. 4 Fl. 7 de la demanda. 5 Fl. Idem. 6 Fl. 8 de la demanda. 5 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña Posteriormente y luego de transcribir el diálogo telefónico señalado en precedencia, el que fuera transliterado por el perito del CTI y del cual resalta apartes de su interés el casacionista infiere: i) Que el acusado si asesoró a doña MARÍA PAULINA y a su hijo, lo que fuera aceptado por el Tribunal; ii)que por esa asesoría le adeudaban al doctor CÁRDENAS la suma de $150.000.000;iii) que se autorizó, aceptó o consintió no sólo que esa suma constara en el título

valor, sino que éste se presentara por el acusado en el proceso concordatario de la citada MARÍA PAULINA PARADA de TORRES7. Luego señala que la denunciante (PAULINA PARADA) estuvo de acuerdo con el acusado en que él presentara la letra de cambio en el trámite concordatario y a contrario le agradeció porque éste la iba a ayudar a hacerse parte en dicho proceso. Que en su criterio y con apoyo jurisprudencial8 lo que torna ilegal la prueba documental en referencia es la interceptación y grabación de las pláticas telefónicas de otras personas, sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, no la grabación por parte de quienes intervienen en el coloquio, porque legalmente están autorizadas para grabar sus propias conversaciones; además, 7 Fl. 11 ibídem. 8 Rad.13948 del 30 de noviembre de 2001, véase también rad.10656 del 15 de noviembre de 2000 y 9579 del 22 de octubre de 1996, entre otras). 6 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña porque en criterio del demandante, en la comunicación telefónica establecida entre interlocutores, estos no tienen una expectativa de intimidad, pues, reitera que cualquiera de ellos puede grabar la conversación o revelar el contenido de lo dicho, o con el aumento de volumen o altavoz, el diálogo puede ser de conocimiento público. De otra parte, en cuanto hace a la pretermisión del cotejo de

voces, no obstante fuera ordenado por la fiscalía de segunda instancia al declarar la nulidad por violación a la investigación integral y la omisión de tal práctica a su juicio no le es imputable al acusado y además, si la acusadora “pretendía que las voces no correspondían a doña MARÍA PAULINA y al procesado, cuando en verdad si corresponden, a ella le competía la carga de probarlo”9 . En síntesis para el casacionista si no se hubiera incurrido en el yerro reseñado en precedencia, se habría concluido que por la asesoría prestada por el acusado, los denunciantes le adeudaban la suma de $150.000.000 y que se le aceptó, consintió o autorizó no sólo para incorporar esa suma en el título valor, sino para que la presentara en el proceso concordatario de MARÍA PAULINA DE TORRES, con lo que se hubiera descartado cualquier engaño a la administración de justicia10. En estas condiciones, solicita a la Corte se case la sentencia impugnada y en su lugar se absuelva a su defendido del punible de fraude procesal por el que fuera acusado. 9 Fl. 14 idem. 10 Fl. 15 ib. 7 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña Cargo Subsidiario. Aduce el recurrente que se desconoció el principio de favorabilidad en contra de SAMUEL ALBERTO CÁRDENAS OMAÑA por

violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 453 de la Ley 599 de 2000 y falta de aplicación del 182 del Decreto 100 de 1980, en concordancia con el 6° de ambos estatutos. Señala el censor que el punible de fraude procesal es de carácter permanente y como tal se cometió bajo la vigencia de las normas sustanciales señaladas (artículos 182 y 453 de los correspondientes Estatutos Punitivos). Para el casacionista, la letra de cambio referida en la actuación y por medio de la cual según las sentencias, se indujo en error a la administración de justicia se presentó en el proceso concordatario el 5 de abril de 2001, o sea en vigencia del Decreto 100 de 1980, por cuanto la Ley 599 de 2000 entró a regir el 24 de julio de 2001, cuando aún continuaba incurriéndose en la conducta reprochada11. En estas condiciones, en su criterio imperaba dar aplicación a la ley más favorable al acusado, o sea el artículo 182 del Decreto 100 de 1980, no el artículo 453 de la Ley 599 de 2000, que le resulta lesiva a 11 Fl. 16 de la demanda. 8 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña CÁRDENAS OMAÑA por lo que es restrictiva y al aplicarla “se estará dando efecto retroactivo a una disposición desfavorable”. En efecto considera el censor que si se le hubiera aplicado el

artículo 182, citado y en el caso que fue condenado al mínimo, la pena impuesta hubiera sido de un año de prisión y , además no se le hubiera sancionado con multa. Entonces en la hipótesis señalada, por la cuantía la pena de prisión señalada, el procesado se hacia acreedor al sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por reunirse todos los requisitos previstos en el artículo 63 de la Ley 599 de 2000; por consiguiente y en caso que la Corte case el fallo impugnado solicita se conceda tal beneficio12. Aunque admite el casacionista que sus planteamientos no coinciden con la doctrina de la Corte, plasmada en la sentencia del 25 de agosto de 2010, Rdo. 31407 en que se señala que: “(…) cuando se trata de delitos permanentes iniciados en vigencia de una ley benévola pero que continua cometiéndose bajo la égida de un ley posterior más gravosa, es ésta última la normativa aplicable, pues en tal caso no se dan los presupuestos para acoger el principio de favorabilidad, sino que opera la regla general, esto es, la ley rige para los hechos cometidos durante su vigencia”; sin embargo, en su criterio resultaría más garantista para su defendido y más acorde con el Estado social y Democrático de Derecho, optar por la normatividad más benigna. 12 Fl. 17 Ibídem. 9 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615

Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña Y agrega : “ … no tenemos duda de que cuando se aplica la ley posterior desfavorable a un delito permanente, a ésta se le está dando efecto retroactivo, pues estará rigiendo no sólo la parte de la conducta que fue cometida durante su vigencia, sino la sección realizada bajo la vigencia de la ley favorable, vulnerándose lo dispuesto por el mentado artículo 6, que sólo permite la retroactividad de la disposición favorable”13. Por último, considera el demandante que de todas formas frente a los delitos permanentes, cobijados por varias legislaciones, no operaria el principio de favorabilidad, sino que habría que aplicar la regla general, según la cual la ley rige para los hechos realizados durante su vigencia, se tendría que concluir que: “para la parte de la conducta criminosa cumplida bajo la vigencia de la ley anterior, debe aplicarse la ley anterior; y para la desarrollada bajo la vigencia de la ley posterior, debe aplicarse dicha ley posterior”14. No obstante, enseguida advierte que en la práctica ello no seria posible, opta por proponer una lex tertia “que pondere la parte de la conducta realizada bajo la vigencia de cada una de las leyes, para dosificar una sanción intermedia”15. 13 Fls. 18 y 19 de la demanda. 14 Fl. 19 Idem. 15 Fl. Ib. 10 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591

Samuel A. Cárdenas Omaña Por lo anterior, solicita a la Sala de Casación penal de la Corte Suprema casar la sentencia impugnada y en su lugar se de aplicación al artículo 182 del Decreto 100 de 1980 y consecuencialmente a favor de su defendido se le otorgue el derecho a la condena de ejecución condicional.

III.CRITERIO DE LA PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

PARA LA CASACIÓN PENAL Cargo Principal Según el recurrente los juzgadores incurrieron en error de hecho, al pretermitir la prueba documental contentiva de la transliteración de la grabación del diálogo entre SAMUEL ALBERTO CÁRDENA OMAÑA y la denunciante MARÍA PAULINA PARADA DE TORRES en la que esta última admitió que había autorizado al aquí procesado, para que presentara la letra de cambio por valor de $150.000.000 en el proceso concordatario que se adelantaba ante el Juzgado 14 Civil del Circuito, con el objeto de que fuera reconocido como acreedor, en razón a los servicios profesionales de asesoría prestados a su poderdante. No le asiste razón al demandante, por cuanto los juzgadores si tuvieron en cuenta la prueba que echa de menos, tal y como lo reconoce el mismo censor, lo que ocurre es que fue valorada, pero de 11 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña manera opuesta a las pretensiones de la defensa, las que ha reiterado

desde la instancia, más para los juzgadores las pretendidas justificaciones del acusado no ofrecen credibilidad. Y es que en gracia de discusión, que se asumiera como pretermitida la citada grabación, de toda formas la decisión en criterio de la Delegada se mantiene por cuanto el restante material probatorio resulta determinante para establecer la tipicidad del delito y la responsabilidad de CÁRDENAS OMAÑA. Lo anterior se concluye de la revisión de los fallos de instancia en que se analizó y valoró razonadamente el acopio probatorio incluyendo lógicamente la prueba que se considera “soslayada” y aun prescindiendo de la misma, o al no otorgarle la trascendencia que pregona el demandante, pues, se llega a la misma decisión de condena, plasmada por el Tribunal Superior al confirmar integralmente la sentencia de primera instancia con lo que se constituye una unidad inescindible, y de la cual se puede aseverar la demostración de la tipicidad del hecho y la responsabilidad en cabeza del procesado. El juzgador ad-quem determinó que SAMUEL ALBERTO CÁRDENAS OMAÑA, diligenció e introdujo al proceso concordatario una letra por la suma de $150.000.000, gestión que se demuestra y en esto compartiendo igualmente los planteamientos del apoderado de la parte civil en sus alegatos de no recurrente y en lo que en primer término se refiere al dictamen pericial16 en que se estableció que en el diligenciamiento de la letra de cambio se utilizaron dos tipos de tinta: 16 Fls. 68 a 69 vto. c.o.1.del 23 de julio de 2003.

12 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña “Una de color negro con tonalidad oscura para el lleno de las cantidades en letras y números, nombres de los deudores, nombre del acreedor, fecha de vencimiento y pago y firma del acreedor y otro para las firmas de los deudores”17 Y en su conclusión se estableció: “Las firmas de Carlos Arturo Torres se encuentra plasmada en la letra de cambio relacionada en elementos recibidos gurda identidad gráfica con relación a las firmas que del mismo se remitieron para estudio. Por lo tanto, se deduce que son uniprocedentes. En el lleno del título valor se emplearon dos tipos de tinta, uno para el registro de las firmas y otro para las restantes transcripciones”18 El referido dictamen fue complementado, en razón a que la firma de los deudores, del acreedor, el texto del título valor e incluso el monto del mismo se llenaron en el mismo momento y que lo único que se dejo para llenar después fue la fecha de vencimiento, según se extracta de la indagatoria del procesado, lo cual fue absuelto así: “Las firmas de los deudores estampadas en el título valor relacionado en elementos recibos están confeccionadas con una tinta negra de tonalidad clara y útil de escritura con la punta de calibre fino, que las diferencian por completo de las demás inscripciones” 17 Fl. 69, c.o.1 18 Fl. Ibídem. 13 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal

Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña “Los registros de la ciudad, y fecha de vencimiento y pago, el nombre del acreedor y la firma del mismo se elaboraron con una tinta negra de respuesta espectral completamente diferenciada de la que generan las restantes inscripciones del lleno”. “Las firmas de los deudores impuestas en la parte inferior derecha del título valor y en el extremo lateral izquierdo bajo la inscripción preimpresa “Aceptada”, están elaboradas con una tinta negra de tonalidad mucho más clara y casi transparente cuando se examina con la radiación azulverde y el filtro de paso largo a 645 nanómetros…”19 “Se puede apreciar además que el útil de escritura utilizado para estampar las firmas posee una calibre diferente al de las restantes inscripciones”. “Del mismo modo se encuentra que ‘las inscripciones correspondientes a los nombres de los deudores, la cantidad en números y el valor en letras se hallan confeccionados con una tinta negra pero de registro espectral diferente al de las demás inscripciones” pues al utilizar nuevamente la luz azulverde y el filtro de paso largo a 645 nanómetros se encuentra que dichas inscripciones se desvanecen en su delineado mientras que las 19 Fl. 56,c.o.3 14 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña

anotaciones de ciudad y fecha de vencimiento y pago y el nombre del acreedor permanecen en su delineado normal”20. Por otra parte y en cuanto hace a la presentación de la letra de cambio en el proceso concursal respecto de MARÍA PAULINA PARADA a quien supuestamente debía representar CÁRDENAS OMAÑA, mediante inspección judicial adelantada por el CTI, se estableció que el abogado había sido reconocido como acreedor dentro de dicho trámite. Así mismo se pudo determinar, según el apoderado de la parte civil ( ahora no recurrente), que de la reseñada inspección dentro de los procesos en curso para la época de la actuación cuestionada, el acusado no actuó en representación de los denunciantes, porque sólo se informa que inicialmente intervino el abogado GERMÁN MARÍN BARAJAS no el aquí procesado. El procesado trató de justificar su gestión, aduciendo que su asesoría la realizó a la distancia21 a través de “un documento denominado ‘compromiso solidario’ otrora cliente del condenado que obtuvo de manos de la contraparte DANIEL ORDOÑEZ”; sin embargo, más adelante desconoce tal condición, que nunca recibió poder , lo que a juicio del no recurrente su teoría aplicada respecto de los denunciantes “Tampoco fue abogado de –susmandantes ya que 20 Fl. Ibídem. 21 Más el no recurrente pone de presente que “No se debe olvidar que el condenado afirma asesorar permanentemente a los denunciantes viviendo en la ciudad de Cúcuta, algo por demás ilógico si se tiene en cuenta la magnitud de los problemas mismos, quienes además tenían su único abogado, el togado Germán

Marín Barajas, el cual en realidad si actúa y se reconoce como tal dentro de los diferentes procesos. Fl. 13 Audiencia Pública de febrero 24 de 2010”. 15 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña también afirma Nunca haber recibido poder de ellos, entonces porque tan cuantiosos honorarios?”22. No obra dentro del proceso, prueba que demuestre las asesorías aportadas a los denunciantes por parte de CÁRDENAS OMAÑA y en conclusión para el no recurrente y que también comparte la Delegada que estas “se dieron solo de manera verbal, curiosamente aporta unas llaves23 que tenía en su poder y que afirma, era de una propiedad de los denunciantes, entonces cuál era su labor?. Asesor?, litigante? , Mensajero?, comisionista?”24, lo que de acuerdo a las reglas de la experiencia en un caso de la complejidad y necesidad apremiante de la que enfrentaban sus poderdantes no resulta de recibo, pues se requería de la presencia y actuación personal en las audiencias como las reseñadas en precedencia y no aprovecharse de tal situación para tratar de sacar un crecido beneficio. Sobre las pretendidas justificaciones del procesado y que coadyuva su defensor, el juzgador a-quo consignó: “ Sobre los dichos defensivos del procesado, referentes a que solo se comprometió a realizar asesorías en los diferentes procesos

que se adelantaban en contra de María Paulina y su hijo, no encuentra este Despacho prueba que confirme su afirmación, cuando lo 22 Fl. 58,c.o.3. 23 Fl.4 Audiencia Pública. Febrero 24 de 2010 “… me entregaron estas llaves que pongo de presente en el Despacho, que son llaves de seguridad de su apartamento para que si lograba venderlo me cobrara los honorarios con parte de la venta del inmueble”. 24 Fl. 58 de los alegatos del no recurrente. 16 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña necesario e imperante es que la labor profesional que se asegura ejecutada, se documente, especialmente cuando se trata de un servicio calificado, por el que se han cobrado cuantiosos honorarios; adicional a ello, escapa a la razón y a las reglas de la experiencia, primero que por dos años de servicios profesionales en los que solo se dieron asesorías y en lo que no se ejecutó ninguna actuación judicial, se haya cobrado ciento cincuenta millones de pesos, solo por “explicar a los denunciantes” las diferentes actuaciones realizadas por otros profesionales del derecho, encargados de la defensa de sus intereses. En otras palabras, por mantenerlos al tanto de la labor desempeñada por otros abogados. Argumento exótico y al margen de la difícil situación que para entonces vivían los querellantes” De otra parte, el no elaborar y entregar contrato de prestación de

servicios a sus poderdantes, dada su condición de abogado, se constituye en un elemento más demostrativo de los fines ilícitos que se proponía CÁRDENAS OMAÑA , pues como también lo expusiera el no recurrente pasaron dos (2) años y no documento por manera dicho acuerdo laboral, aduciendo supuestamente “no saber a cuánto ascendería sus honorarios, por ello prefiere hacerles firmar una letra de cambio en blanco la cual llena a su antojo, la verdadera razón; la temeraria intención de cobrarla cuando a bien tuviera y por el monto que quisiera; la razón que le adujo a sus clientes; que por la premura del tiempo no alcanzaba a elaborar el contrato pero que posteriormente se los haría llegar, lo que posteriormente sucede es 17 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña que desaparece”25 y a la fecha según el apoderado de la parte civil a los denunciantes les ha causado cuantiosos perjuicios al punto que “los efectos del fraude cometido se mantienen en el tiempo, no debe olvidarse que aún a la fecha y producto de las maniobras del condenado a mis mandantes le tienen retenidos unos dineros en cuantía de $167.993.678.50, dineros que no se les han rembolsado producto del reconocimiento como acreedor laboral, tal retención viene desde febrero 7 de 2008, data en la cual se realiza la audiencia final

del concordato y desde la cual igualmente produjo nuevamente efectos el fraude”26. Es que en verdad y tal como lo consignara el Tribunal en sus atinados razonamientos, la inexistencia del contrato de prestación de servicios que debió elaborar el profesional del derecho aquí procesado y por el contrario el llenar los espacios en blanco de la letra de cambio que le suscribieran y entregaran los denunciantes como garantía de su gestión y que CÁRDENAS OMAÑA completó ilícitamente por valor de $150.000.000 y que luego presentó ante la jurisdicción civil para obtener su reconocimiento ilegal como acreedor en el proceso concordatario, con lo aparte de haber perjudicado económicamente a sus poderdantes incurrió en el delito de fraude procesal al engañar al defraudar a la administración de justicia que lo admitió legítimamente en el trámite concursal de MARÍA PAULINA PARADA, como acreedor careciendo de tal connotación. 25 Fl. 59 de los alegatos del no recurrente. 26 Fls. 59 y 60, c. o.3. 18 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª. N° 15-80 Piso 26, Teléfono 5878750 Ext. 12615 Bogotá. D.C. Casación N°36591 Samuel A. Cárdenas Omaña Por ello, el Tribunal consideró para desechar con acierto la prueba de la grabación que ahora echa de menos el demandante, al considerar que: “ estaría de más realizar un análisis probatorio respecto a las gestiones profesionales del procesado, como lo pretende con la grabación aportada al proceso, pues determinado

está, que independientemente de la demostración que pudiera hacerse de las mismas, lo relevante en este asunto es que no existiendo un contrato de prestación de servicio, en el cual se establecieran las condiciones del mismo y el valor a pagar por concepto de honorarios, menos aún una carta de instrucciones en la cual se indicara la forma en que debía llenarse la letra de cambio suscrita por los denunciantes, no podía el prenombrado de manera fraudulenta proceder a llenar la misma por un valor no autorizado, y menos presentarla ante una autoridad judicial haciéndola incurrir en error para lograr su pago. De manera que no existe ninguna duda sobre la materialidad de la