PGN - DEMANDA DE CASACION Requisitos de forma

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M.P.: Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de casación (Rad. 23.519) En ejercicio del derecho de impugnación el defensor interpuso el recurso extraordinario de casación excepcional contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante la cual confirmó la que profirió el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá, adversa a Hernando Garzón Barrero, por el delito de Contaminación Ambiental.

Admitida la demanda, el Agente del Ministerio Público Delegado del Procurador General de la Nación, rinde concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- SITUACIÓN FÁCTICA.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “C.A.R.” con sede en Zipaquirá, mediante Resolución No. 00727 del 7 de diciembre de 1999 adoptó medidas correctivas y sancionó a la empresa Sevicur del Norte, propiedad de Hernando Garzón Barrero, sita en la Finca San Antonio, Vereda Quincha, comprensión Municipal de Villapinzón (Cundinamarca), porque a través de dos visitas técnicas adelantadas por funcionarios del Grupo Calidad Ambiental los días 30 de abril y 11 de octubre de 1999 se determinó que desde hace 10 años la industria se dedica a la operación mecánica del dividido, acondicionado y acabado de pieles y siempre han arrojado al cauce del rió Bogotá las aguas residuales y

domésticas de la factoría sin permiso alguno de concesión de aguas o de vertimientos, con impacto negativo grave sobre los recursos agua, suelo y aire, al no contar con tratamientos especiales y en detrimento de las especies animales y vegetales por su extinción o disminución, al igual que genera contaminación por emisiones atmosféricas debidas a la utilización de carbón como combustible para la caldera de la fábrica, e impacto sobre la salud humana atribuido al manejo descuidado de insumos químicos como cromo y solventes. Se ordenó también la expedición de copias con destino al Órgano encargado de la persecución de los delitos para el conocimiento de la posible ilicitud penal que se hubiera cometido. 2

2.- SINOPSIS PROCESAL.

Con fundamento en las mismas la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública y el Medio Ambiente dispuso la apertura de la correspondiente investigación preliminar y se ordenó la misión de trabajo a funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad “D.A.S.” para que mediante labores de inteligencia o visita al predio se determinara el cumplimiento o no por parte de su propietario de las medidas adoptadas en la Resolución 0727 del 7 de diciembre de 1999 originaria de la Corporación Autónoma Regional, así como también la designación por esta entidad de un experto que rindiera un concepto técnico en relación con los daños causados al medio ambiente. Obtenido el informe sobre el resultado de la inspección judicial que practicó a las instalaciones de la empresa en mención, mediante comisión, la Unidad del Medio Ambiente del Departamento Administrativo de Seguridad “D.A.S.”, se dio inicio

formal a la investigación penal y por medio de la Resolución del 19 de febrero de 2000 se declaró persona ausente a Hernando Garzón Barrero, designándosele defensor de oficio que tomó posesión del cargo. Posteriormente se lo escuchó en diligencia de indagatoria y sin ninguna otra actividad, previo cierre de la investigación, el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 20 de agosto del año 2002 en calidad de autor del presunto delito denominado “Contaminación Ambiental”, de que trata el Código Penal “en el Libro II, Titulo VII, Capitulo II, modificado por la Ley 491 de 1999, que era la norma vigente al momento de los acontecimientos.” Por extemporaneidad de la sustentación, los recursos ordinarios de reposición y en subsidio de apelación que interpuso el defensor se declararon desiertos, y en firme la acusación a finales de septiembre de la misma anualidad, el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá adelantó normalmente la fase procesal del juzgamiento, en la audiencia preparatoria denegó la práctica de la experticia que había solicitado el Ministerio Público para determinar los posibles daños y perjuicios pero en cambio de oficio dispuso la designación de expertos por la Corporación Autónoma Regional con el fin de establecer si todavía persistía el impacto negativo por contaminación de la referida actividad industrial y “tener como prueba trasladada a este proceso toda la actuación administrativa que fuera practicada por funcionarios de la C.A.R. y el D.A.S.”. También precisó que de conformidad con el articulo 254 del Código de Procedimiento Penal, “para efectos

de la contradicción probatoria se dispone correr traslado a los sujetos procesales de los informes y experticios obrantes al proceso que guarda relación con la presunta acción de contaminación atribuida al señor Hernando Garzón Barrero”. 3 Rituado el juicio oral público, la Fiscalía en virtud de la ausencia de prueba que alegó por la aducción ilegal del informe de la C.A.R. que también sostuvo solicitó la absolución y obviamente también el defensor en contraste con el Agente del Ministerio Público que se pronunció por la condena del procesado, a cuyo reclamo se atuvo el Juzgado y mediante Sentencia del 4 de junio de 2004 condenó a Hernando Garzón Barrero, en condición de autor material responsable del delito de Contaminación Ambiental, a las penas principales de 24 meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como también a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad. Se abstuvo de condenarlo por perjuicios civiles y le concedió el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en virtud del recurso de apelación que interpuso el defensor, mediante el suyo del 22 de octubre de 2004, confirmó el fallo, sin modificaciones.

3.- LA DEMANDA.

Previa justificación de la necesidad del desarrollo de la jurisprudencia en torno al tema del delito de Contaminación Ambiental, contra la expresada sentencia de segunda instancia se interpone a nombre y representación del único procesado el

recurso extraordinario de casación excepcional o discrecional, con fundamento en la causal primera, cuerpo segundo, esto es, la violación indirecta de la ley sustancial, por un sólo motivo. Sostiene el actor que por encuadrar la conducta del acusado dentro de la descripción legal de la Ley 491 de 1999, que modificó el artículo 247 del Decreto Ley 100 de 1980, aplicó indebidamente la ley de carácter sustancial, debido a los varios errores en los que incurrió el Tribunal al apreciar la prueba. Indica que los equívocos del juzgador de dar por demostrado, sin estarlo, tanto la materialidad de la conducta punible como la responsabilidad del procesado o inferir ésta cuando no existían las pruebas que lo acreditaran en el grado de certeza, obedecieron a: (1) “Error de Derecho” por darle validez y mérito probatorio a unos medios de convicción allegados a la actuación, que no reúnen el lleno de los requisitos legales. 4 (2) “Errores de Hecho” evidentes y protuberantes, por apreciar defectuosamente el exiguo material probatorio y darle credibilidad pese a que fueron recopilados sin el lleno de los requisitos legales y no permitan acreditar con el grado de certeza que demanda la ley tanto la materialidad de la conducta punible como la responsabilidad del procesado. Enumera que fueron defectuosamente apreciadas: a) La indagatoria de Hernando Garzón Barrero que enseña acerca del error en el que incurrieron todos los industriales del curtido determinados única y exclusivamente por la Corporación Autónoma Regional cuando les sugirió la

utilización de componentes químicos en lugar de la cáscara de encinillo. b) Las pruebas técnicas sobre muestras y análisis, que se les dio plena validez jurídica sin admitir que los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional no le dieron estricto cumplimiento al artículo 198 del Decreto 1594 de 1984, tampoco se establecieron las contradicciones que surgían entre las propias fichas técnicas elaboradas por estos, y menos se detectó la disparidad existente de ese informe con el que rindieron los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad y demás organismos estatales que fueron comisionados tanto por el Fiscal instructor como por el Juez del conocimiento. También acota que se desconocieron por completo los trámites adelantados por los ingenieros contratados por el procesado para obtener ante la Corporación Autónoma Regional, la aprobación del plan de manejo ambiental que cumplía a cabalidad con todas las exigencias normativas. Así mismo indica, en otro aparte, que no fueron apreciadas: la indagatoria del procesado, el informe presentado por los funcionarios del D.A.S. en cumplimiento de la misión de trabajo a ellos encomendada, los múltiples oficios dirigidos a las entidades oficiales que se quedaron sin respuesta y las placas fotográficas que obran en la foliatura. Asegura que en relación con las pruebas que se practicaron no se atendieron las exigencias del artículo 198 del Decreto 1594 de 1984, que consagra el procedimiento a seguir y demás exigencias en la toma de muestras y por eso carecen de valor jurídico, porque no fueron legal ni oportunamente decretadas y

allegadas al proceso. Sostiene que la legislación procesal establece el principio del debido proceso y el derecho de defensa, con los cuales se garantiza al procesado que no sea 5 sorprendido con pruebas practicadas a sus espaldas, sin su concurrencia o la del defensor, para que no se viole el derecho a la contradicción. Destaca, en definitiva, que la sentencia no trae a colación ningún medio de convicción diferente a la prueba trasladada aportada por la misma Corporación Autónoma Regional, y en ese orden que los errores de apreciación sobre los mismos fueron trascendentes porque existe conexidad con la parte resolutiva de la decisión, ya que según expone por no haberle restado valor a la prueba practicada sin el lleno de los requisitos legales, la exigua investigación no habría dado para acreditar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado. Al propósito del Letrado con la justificación de la casación excepcional no escapa el de indicar la imperativa intervención de la alta corporación en virtud del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que otorga un plazo a los curtidores de pieles para que continúen desarrollando su industria en los términos que lo venían haciendo de todo lo cual se debía inferir la licitud del actuar por estar amparado por la causal de ausencia de responsabilidad que contempla el numeral 10 del artículo 32 del Estatuto Penal. En ese sentido alega que en contravía con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se manifiestan las sentencias de las instancias porque mientras aquella permite que se continúe ejerciendo la actividad, éstas no sólo le imponen penas de prisión y multa sino también la de ejercer la actividad industrial con

evidente violación al derecho al trabajo. En consecuencia, pide que se case el fallo y se declare por la Corte en que estado queda el proceso o dicte la decisión que en derecho correspondiere.

4.- CONCEPTO.

El opugnante considera necesario que se unifique la jurisprudencia por el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria cuya intervención reclama en vista de las soluciones dispares en las instancias y probadas del mismo modo en relación con la totalidad de los procesos que se instruyeron por contaminación ambiental de los propietarios de industrias del curtido de cueros y cita un número determinado de procesados. Es inocultable que en realidad han sido más de una las sentencias proferidas por el Tribunal de Cundinamarca originadas en las visitas técnicas practicadas por la Corporación Autónoma Regional “C.A.R.” a los predios destinados al procesamiento de pieles, de las cuales no pocas han llegado inclusive al 6 conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Así se sabe que en relación con la dictada en disfavor de Argemiro Casallas Silva consideró mediante providencia del 6 de junio de 2005 (M.P. Dra. Marina Pulido de Barón) que la demanda de casación propuesta contra ella reunía las exigencias legales dispuestas para acceder al recurso por la vía ordinaria, aunque se la inadmitió por defectos técnicos o de forma, tras la siguiente explicación: “Inicialmente resulta oportuno señalar que si en este asunto se procede por un delito de contaminación ambiental, el cual, de conformidad con el artículo 247 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 24 de la Ley 491 de 1999 tenía una pena de dos (2) a ocho (8) años de prisión para cuando se cometió (23 de

abril de 1999), fecha para la cual regía el artículo 35 de la Ley 81 de 1993 (…) que establecía la procedencia del recurso extraordinario de casación contra los fallos de segundo grado sancionados con pena privativa de la libertad “cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años, es evidente que de acuerdo con la reciente posición jurisprudencial, en virtud del principio de favorabilidad se impone aplicar de manera ultraactiva esta norma. En efecto, la mencionada disposición adjetiva con efectos sustanciales, resulta más favorable que la Ley 600 de 2000, vigente al momento de proferirse el fallo atacado (4 de noviembre de 2004), pues ésta dispone que procede el recurso de casación por la vía común cuando se trate de delitos sancionados con pena máxima superior a los ocho (8) años de prisión.” Igualmente por medio del proveído calendado 22 de julio del mismo año (M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón) la misma Corporación rechazó el recurso extraordinario que se interpuso contra la sentencia que condenó a José Inocencio Parra Guauque, pero esta vez, porque estimó insuficiente la demanda “ante la falta de comprobación de la esencia de los presupuestos de la casación excepcional”. En este concreto particular, en cambio, la demanda de sustentación de la casación excepcional que se presenta contra la sentencia por medio de la cual se condena a Hernando Garzón Barrero por el mismo delito de Contaminación Ambiental, simplemente se la declara ajustada a derecho y consecuencialmente se admite. Si

bien es de convenir que procedía por la vía ordinaria acorde con el primer criterio de la Corte expuesto ab-initio, no es posible soslayar que los reparos técnicos para la desestimación del libelo que se presentó a nombre y representación de Argemiro Casallas Silva, no serían diferentes para poner de manifiesto los garrafales defectos que exhibe el contenido de la demanda en este caso. El cargo único denuncia la infracción indirecta de la ley de carácter sustancial, por la aplicación indebida del artículo 24 de la Ley 491 de 1999, reformatorio de su 7 similar 247 del Decreto Ley 100 de 1980, debido a protuberantes y trascendentes errores de hecho en la apreciación de la prueba. De acuerdo con la argumentación que denomina el libelo “Demostración del Cargo”, todo lleva a pensar que la conclusión del Letrado parte de la idea basilar conforme a la cual el sentenciador encuadró la conducta dentro de la descripción legal del punible de Contaminación Ambiental por incurrir en el error de derecho consistente en otorgarle mérito a unas pruebas que no reunían el lleno de los requisitos legales exigidos. Los equívocos del juzgador colegiado consistieron a juicio del Letrado al dar por demostrado, sin la prueba que lo acreditara, la materialidad del punible e inferir la responsabilidad del procesado, y en cambio no tener por acreditado, estándolo, que éste atendió todos los requerimientos de la Corporación Autónoma Regional y que por lo tanto la industria que desarrollaba no estaba generando contaminación alguna, como tampoco que la C.A.R. fue la que indujo en error a los industriales

de curtido de pieles. Entre los requisitos de forma que según la ley debe contener toda demanda de casación se indican expresamente, entre otros, la identificación de los sujetos procesales y el resumen de la actuación procesal, y si bien el actor cumple con ellos en ese cometido anticipa incorrectamente cuestionamientos que están reservados sólo al anuncio y desarrollo de los cargos contra la sentencia. A partir de ese momento ya se queja de la falta de práctica de las pruebas ordenadas en la resolución de apertura de investigación y no obstante se hubiera acusado al procesado únicamente con la sola recepción de su indagatoria. Sin dejar de reconocer que a la actuación se allegó la lánguida respuesta de la Corporación Autónoma Regional y la del alcalde del municipio de Villapinzón que también se solicitó, destaca que el instructor durante el tiempo con el cual contó para instruir el sumario y que prolongó por casi tres años “no allegó al expediente probanza alguna, favorable o desfavorable al encartado, que acreditara tanto la materialidad del punible, como la responsabilidad del procesado, o que lo eximiera de ella”. De modo general y categórico sostiene que, “Fue nula la actuación del ente acusador” porque no libró siquiera una misión de trabajo a las autoridades respectivas tendiente a perfeccionar la investigación o corroborar las pruebas que sirvieron de fundamento al acto administrativo o resolución contra Hernando Garzón Barrero que dictó la Corporación Autónoma Regional. No propugna, sin embargo, por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaran el debido proceso, particularmente la violación del principio de investigación integral que diera lugar a la nulidad de la actuación; simplemente

8 tales anotaciones tienden a otra dirección como es la de precisar que el fundamento de la acusación y el fallo definitivo fue la prueba trasladada. Finca su censura porque se consideró acreditada la materialidad del delito de Contaminación Ambiental “con base en las pruebas practicadas unilateralmente por la Corporación Autónoma Regional sin la presencia del encausado o su defensor” y otorgársele plena validez cuando no habían sido practicadas con el lleno de los requisitos legales. En otra forma dicho, alude que las decisiones del Juzgado y el Tribunal se fundaron “única y exclusivamente en las pruebas trasladadas” las cuales habían servido a la Corporación Autónoma Regional para proferir el acto administrativo sancionatorio contra Hernando Garzón Barrero, y sobre estas hace recaer el falso juicio de legalidad que denuncia. La prueba trasladada en materia penal está expresamente regulada en el Código de Procedimiento Penal que señala en su artículo 239: “Las pruebas practicadas validamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia autentica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código.” Entre las prolíficas normas que considera infringidas cita los artículos 232 (necesidad de la prueba), 234 (imparcialidad el funcionario en la búsqueda de la prueba), 238 (apreciación de las pruebas), 239 (prueba trasladada), 254 (contradicción del dictamen), 255 (objeción del dictamen) y 257 (criterios para la objeción del dictamen), todos del Código de Procedimiento Penal, que no tienen el

carácter de normas sustanciales, ya que éstas son aquellas que describen conductas delictivas o hacen referencia a la punibilidad o a la responsabilidad. También sostiene que se infringió el artículo 8° del Código de Procedimiento Penal, mediante el cual se garantiza el derecho de defensa en forma integral, ininterrumpida, técnica y material en toda actuación procesal porque, según afirma, en la actuación no existe ningún medio de convicción que acredite la presencia de Hernando Garzón Barrero o su defensor en el momento mismo de la recopilación de los medios cuya legalidad discute, y así mismo el artículo 198 del Decreto 1594 de 1984. Este último tan sólo dispone que aplicada una sanción preventiva o de seguridad, sus antecedentes deberán obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio. Por medio del Decreto 1594 de 1985 se reglamentó parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo I del Titulo VI –Parte IIILibro II y el Título III 9 de la Parte III –Libro Idel Decreto –Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, algunos de cuyos preceptos, indican, en su orden: “Artículo 157: El Ministerio de Salud indicará para otras referencias, los métodos de análisis oficialmente aceptados. Además cuando lo considere necesario, podrá para una misma referencia aprobar otros métodos de análisis. Artículo 158: El Ministerio de Salud establecerá para cada referencia los requisitos mínimos para la preservación de las muestras. Artículo 159: Los procedimientos para toma de muestras deberán ajustarse a las

exigencias del Ministerio de Salud para los métodos contemplados en el artículo 155 de este Decreto y a los de las EMAR para los bioensayos. Artículo 160: La toma de muestras se hará de tal manera que se obtenga una caracterización representativa de los vertimientos y del cuerpo receptor, para lo cual el Ministerio de Salud o la EMAR determinarán el sitio o sitios y demás condiciones técnicas. Artículo 161: La toma de muestras para determinar la calidad de recurso, deberá hacerse por fuera de la zona de mezcla.” Aceptando que se trató de un «lapsus calami» porque quiso citar el Letrado no el artículo 198 sino alguno de estos últimos y el 8° del Código de Procedimiento Penal en calidad de normas medios infringidas en particular, no procede a demostrar la ilegalidad de las visitas al predio por parte de la Corporación Autónoma Regional y la forma como se pretermitió el procedimiento y la formación de la toma de muestras.1 El procesado admitió como lógico que al llevar al laboratorio las muestras presentaran grados muy altos de contaminación, porque acusa a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de no tener en cuenta el desagüe de cada predio en particular sino que las tomaron de cañerías adyacentes o comunes, y preguntado justamente sobre la toma de muestra puntual de agua del escurrimiento de las maquinas divididoras de cuero y carnaza, simplemente se limitó a decir: “Yo entiendo que lo hayan tomado directamente de la maquina pero que yo haya visto nunca se hizo, pero de pronto lo pudieron hacer cuando yo no estaba”. 1 Lo que interesa a la Corte respecto de la prueba trasladada frente a la validez en su aducción, no

es el proceso de formación en la actuación de origen sino el rito de su traslado y la posibilidad de que una vez incorporada, los sujetos procesales hayan podido conocerla y por ende ejercer el derecho de contradicción. (Corte Suprema de Justicia Sentencia del 29 de julio de 1998 M.P. Carlos E. Mejía Escobar, Rad. 10827) 10 Tal vez con apoyo en estas manifestaciones del acusado, el impugnante reclama, según sus palabras, la garantía de que el procesado no pueda ser sorprendido con medios de convicción practicados a sus espaldas para que no se viole el derecho a la contradicción, y así desconoce que la ley no exige la presencia del sindicado o su defensor en toda práctica de pruebas, pero también que la contradicción de éstas no sólo se ejerce en el momento de su práctica sino en cualquier momento procesal, mediante la objeción o solicitudes de aclaración cuando se trata de experticia científica, la impugnación de las decisiones que la tengan como fundamento, y por medio de los alegatos previos a la calificación del merito sumarial y de los debates del juicio oral. Además de señalar tan sólo que la prueba recopilada lo fue sin el lleno de los requisitos legales, critica que se le hubiera dado credibilidad cuando a su juicio no permitía acreditar con el grado de certeza que exige la ley la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, lo que no podía hacer simultáneamente respecto de un mismo medio de convicción, sin que tampoco su discurrir ingresara en realidad a demostrar un error de hecho por falso raciocinio y en últimas a

evidenciar la duda razonable. No obstante que el Letrado pone de manifiesto que la impugnación busca que se revoque la sentencia se limita a pedir al Órgano jurisdiccional de la casación que en su lugar “profiera la que en derecho correspondiere” o proceda a “declarar en qué estado queda el proceso”, sin embargo el contexto permite aclarar que propugna por la absolución del procesado en vista de que también pone en cuestión el carácter delictivo de la conducta. Apela al contenido de la providencia del 25 de agosto de 2004 que dictó la Sección Cuarta Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción popular promovida por Gustavo Moya Ángel, que según él legitima la actividad industrial del curtido de pieles y otorga un plazo de un año para la reubicación y ajuste a las necesidades normativas que rigen en materia de contaminación de todas aquellas personas que se dedican a ella. En su sentir, con ello se demuestra que dicha actividad es lícita, permisible y por lo tanto no constituye ningún delito, sin aportar como estaba obligado siquiera prueba de la susodicha providencia por medio de la respectiva copia autenticada y menos constancia de su ejecutoria no obstante que paladinamente admite que se trató de una decisión de primera instancia. No sólo quiso hacer valer como criterio de autoridad jurisprudencial un fallo de la jurisdicción contencioso administrativa, basándose simplemente en el conocimiento notorio por el gran despliegue publicitario de los medios de comunicación que ya se tenía de dicha determinación jurisdiccional cuando el 11 sentenciador de segunda instancia se pronunció, sino que también para negar la

ausencia de responsabilidad recurre a la teoría del error. La indagatoria que rindió su prohijado, en cuanto según el Letrado pone en evidencia la contaminación de las aguas del río Bogotá por el error al que indujo la Corporación Autónoma Regional cuando sugirió a los curtidores utilizar componentes químicos en reemplazo del sistema rutinario de la cáscara de encinillo la destaca entre la relación de pruebas no apreciadas por el sentenciador, pero también entre las pruebas defectuosamente apreciadas por el Tribunal, lo cual constituye un contrasentido porque se hace coexistir al interior del mismo cargo sobre el mismo medio de convicción errores que si bien son de hecho obedecen a distinta naturaleza. Tras negar en su indagatoria que su actividad fuera la de curtidor, Hernando Garzón Barrero insistió hasta el cansancio que en beneficio de la comunidad prestaba el servicio de dividir y secar las pieles, no obstante sin tapujos ni vacilaciones admitió “si algo he contaminado es por el humo de la caldera y también porque las pieles que se dividen en la maquina anteriormente mencionada (divididora) es porque las mismas pieles han llevado sustancias químicas y al dividirlas ha quedado parte de esa sustancia en el agua”. En el interrogatorio propio del juicio oral reitera que en el desarrollo de su actividad industrial si se produce algún tipo de residuo o desecho que pueda afectar el agua, el suelo o el aire y con preocupación resignada aclara “yo quisiera no prestar ese servicio para evitarme totalmente el problema con el medio ambiente”. En parte alguna de sus dos versiones hace alusión a la sustitución del método

tradicional de curtido de pieles por productos químicos sugerido por los propios órganos de control que pudo llevarlo en error en la contaminación de las aguas, por el contrario, si de algo hizo gala fue de sus conocimientos por las experiencias de sus viajes y visitas a curtiembres de otros países y de sus insinuaciones a la Corporación Autónoma Regional que nunca siguió las pautas que eran las únicas para descontaminar el río. Reprocha, así mismo, que no se hubiera detectado por el sentenciador la contradicción existente entre el informe del Departamento Administrativo de Seguridad y el de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional, como tampoco las contradicciones que surgen entre la ficha técnica elaborada por estos, así mismo el desconocimiento de la gestión por parte de los ingenieros que contrató Hernando Garzón Barrero para obtener la aprobación del plan de manejo ambiental el cual cumplía a cabalidad con todas las exigencias normativas y ambientales. 12 Sin embargo, no procede a demostrar la gravedad y trascendencia de los supuestos errores de hecho que simplemente anuncia, como tampoco lo hace respecto de la omisión de los múltiples oficios sin respuesta y las placas fotográficas que obran en la investigación, y del informe de los funcionarios adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad. En esa forma, se queda sin duda en una mera declaración de propósitos, porque la sola falta de especificación en concreto de las supuestas contradicciones imposibilitan abordar el estudio de posibles errores de hecho en sus distintas modalidades de falso juicio de existencia, identidad o falso raciocinio. Por último, no sobra decir que también alega la infracción del principio de

favorabilidad porque si las muestras se recogieron en octubre de 1999 y la principal prueba de cargo está constituida por los informes de la Corporación Autónoma Regional, se debió aplicar en su concepto la norma del Código Penal que definía el delito de Contaminación Ambiental vigente para esa época, y no encuadrar la conducta en la norma de mayor punibilidad. Sostiene que la Ley 491 de 1999, reformatoria del artículo 247 del Decreto Ley 100 de 1980, era más benigna que la Ley 599 de 2000. Al acusado se lo condenó con arreglo a la sanción prevista en el artículo 24 de la Ley 491 de 1999, vigente desde el 13 de junio del mismo año, según consideró el Tribunal porque la última visita de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional al predio de propiedad del procesado se realizó el 11 de octubre de 1999, cu