PGN - DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD Efectos de la inexequibilidad se deben diferir por tie

DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD-Por presunto desconocimiento de dignidad humana, principio de solidaridad y fines esenciales del estado DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD-Sub-reglas aplicables cuando versan sobre normas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 NORMAS DEMANDADAS-El estudio de su constitucionalidad debe ser integral/ DIGNIDAD HUMANA-Es un principio que no se limita solo a lo inherente del ser humano sino que tiene relación con el ambiente En este orden, el estudio de la constitucionalidad de las normas demandadas debe ser integral, y no puede limitarse a los aspectos tradicionales de los derechos que se han alegado como vulnerados por las disposiciones atacadas. Por ejemplo, el principio de dignidad humana no se limita a la dignidad inherente del ser humano, sino que tiene relación directa con el ambiente en que se desarrolla la existencia —del cual hacen parte los animales—, y cuyos efectos irradian a su entorno y a la forma como se relaciona con los otros seres, a la capacidad de respetarlos y de no infligir tratos crueles e injustificados. En otras palabras, de la dignidad humana se derivan distintas obligaciones jurídicas, para el caso que nos ocupa, respecto de los animales, entre las que se encuentra el deber de adecuar el comportamiento de forma tal, que se respete la integridad de estos, y sobre todo, se reconozca la capacidad de sentir dolor, para evitar acciones que causen sufrimiento sin justificación. NORMAS DEMANDADAS-Deben confrontarse con los principios y valores constitucionales que hacen parte de la Constitución Ecológica …..En consecuencia, las normas demandadas deben confrontarse con los principios y valores constitucionales que hacen parte de la Constitución Ecológica. “Es indudable que

la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de normas que es (CP art 4), confiere un sentido totalmente diverso a todo un conjunto de conceptos jurídicos y económicos. Estos ya no pueden ser entendidos de manera reduccionista o economicista, o con criterios cortoplacistas, como se hacía antaño, sino que deben ser interpretados conforme a los principios, derechos y obligaciones estatales que en materia ecológica ha establecido la Constitución, y en particular conforme a los principios del desarrollo sostenible. NORMAS-Son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución/ESTADOUna de sus obligaciones es controlar actividades que tengan impacto ambiental Para la Procuraduría es evidente que las normas son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución. En efecto, se estima que dar muerte a un animal sólo por recreación o como actividad deportiva constituye un innegable desconocimiento de los progresos que se han alcanzado en materia de protección ambiental, lo cual se empeora con el hecho de que la caza implique incluso la posibilidad de mutilar a los animales, esto es que no se les dispara para darles muerte, evitando el sufrimiento innecesario, sino que además las normas permiten que se aumente y prolongue, dejándolos heridos y mutilados. Adicionalmente, se estima que aunque parece ser muy reducida la población que en la actualidad practica la caza deportiva en Colombia, no es irracional pensar que dicha actividad se podría conjugar con la caza de control. De modo tal que quienes desean Concepto realizarla, lo hagan únicamente en espacios y temporadas determinadas y con el objetivo de garantizar el equilibrio ecológico y la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas, es

decir con un propósito y utilidad, de forma proporcional y razonable y no como lo permiten las normas demandadas, por el simple esparcimiento y recreación. Así mismo, se estima que una de las obligaciones en cabeza del Estado, que se desprenden del deber de cuidado y protección del medio ambiente, es tener un efectivo control de las actividades que tengan impacto ambiental, y en consecuencia reducir las potenciales amenazas contra el medio ambiente, los ecosistemas y el desarrollo sostenible. De modo tal que se gestionen y administren los recursos naturales de manera responsable y organizada, teniendo en cuenta por ejemplo la capacidad de sentir dolor de los animales y la necesidad de que el ser humano ajuste sus comportamientos a las exigencias actuales y los compromisos de cuidado NORMAS DEMANDADAS-Fueron expedidas en contexto social distinto al que ahora impera bajo los postulados de la Constitución de 1.991 No obstante, aunque es evidente que las normas demandadas resultan contrarias al ordenamiento constitucional, se debe tener en cuenta que las normas en cuestión fueron expedidas en un contexto social diverso al que ahora impera bajo los postulados de la nueva Carta Política; que un cierto grupo social desarrolla actividades económicas relacionadas con la caza deportiva, y que lo viene haciendo sobre la base de la presunción de constitucionalidad y de legalidad de las disposiciones que la regulan; y que el modelo de economía social de mercado contiene la garantía de la libertad de empresa, que aunque no es absoluta y no constituye un derecho fundamental, sí resulta ser una prerrogativa relevante en el Estado Social de Derecho, por lo que es necesario considerar

los efectos de sus restricciones. DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos de la inexequibilidad se deben diferir por tiempo prudente a fin de reducir afectación de derechos de personas En el caso bajo estudio, se tiene que la decisión de inexequibilidad de la norma supone la imposibilidad de desarrollar cierta actividad económica, por efecto del reconocimiento de los animales como seres con la capacidad de sentir dolor y el correlativo deber de las personas de evitar el sufrimiento excesivo e injustificado de otros seres, de acuerdo con los principios y normas de la Carta Política. De manera que para no sorprender de manera intempestiva a ese grupo poblacional, y que este pueda ajustar sus proyectos de vida a la nueva realidad derivada de la prohibición de cierta actividad económica, el Ministerio Público considera que se deben diferir los efectos de la inexequibilidad por el tiempo prudencial que se estime pertinente, de modo tal que se reduzca la afectación de los derechos de esas personas. Por las razones expuestas, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional que declare INEXEQUIBLES los apartes normativos acusados, contenidos en los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256 (parcial) del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los artículos 8 (parcial) y 30 (parcial) de la Ley 84 de 1989, por ser contrarios a la dimensión ecológica de la Constitución Política. Así mismo, se solicita a la Alta Corporación que difiera los efectos de la inconstitucionalidad de las expresiones acusadas, como medio de protección a las personas que desarrollan una actividad económica bajo el amparo de las leyes demandadas.

2 Concepto

Bogotá, D.C., 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 2811 de 1974, “Por medio del cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” (parcial) y la Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia” (parcial).

Demandante: Laura Juliana Santacoloma Méndez.

Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo

Expediente: 12231

Concepto: 6446

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por la ciudadana Laura Juliana Santacoloma Méndez, quien en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1, ibídem, solicita que se declare la inexequibilidad de los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256 (parcial) del Decreto Ley 2811 de 1974, y de los artículos 8 (parcial) y 30 (parcial) de la Ley 84 de 1989, cuyos textos se transcriben a continuación (se subraya lo demandado): “DECRETO 2811 DE 1974 (Diciembre 18) Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 23 de 1973 y previa consulta con las comisiones designadas por las Cámaras Legislativas y el Consejo de Estado, respectivamente, DECRETA: El siguiente será el texto del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. (…) Artículo 248º.- La fauna silvestre que se encuentra en el territorio Nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular. 3 Concepto (...) Artículo 252º.- Por su finalidad la caza se clasifica en: a.- Caza de subsistencia, o sea la que sin ánimo de lucro tiene como objeto exclusivo proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia; b.- Caza comercial o sea la que se realiza por personas naturales o jurídicas para obtener beneficio económico; c.- Caza deportiva, o sea la que se hace como recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su realización misma; d.- Caza científica, o sea la que se práctica únicamente con fines de investigación o estudios realizados dentro del país; e.- Caza de control, o sea la que se realiza con el propósito de regular la población de una especie cuando así lo requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico; f.- Caza de fomento, o sea la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza. (…) Artículo 256º.- Se entiende por coto de caza el área destinada al

mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para casa (SIC) deportiva . ” “LEY 84 DE 1989 (Diciembre 27) Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.

DECRETA: (...) Artículo 8. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los literales a), c), d), r) del Artículo 6 los actos de aprehensión o apoderamiento en la caza y pesca deportiva, comercial, industrial, de subsistencia o de control de animales silvestres, bravíos o salvajes, pero se someterán a lo dispuesto en el capítulo séptimo de esta Ley y a los reglamentos especiales que para ello establezca la entidad administradora de recursos naturales. (...) De la caza.

Artículo 30. La caza de animales silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio nacional, pero se permitirá en los siguientes casos: a) Con fines de subsistencia, entendiéndose por tal la caza que se realiza para consumo de quien la ejecuta o el de su familia, pero siempre y cuando no esté 4 Concepto prohibida total, parcial, temporal o definitivamente para evitar la extinción de alguna especie, por la entidad administradora de los recursos naturales, la cual, para el efecto, publicará trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y su clase, en cinco (5) diarios de amplia circulación nacional. Salvo esta restricción, la caza de subsistencia no requiere autorización previa; b) Con fines científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de

fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares, duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad administradora de los recursos naturales. En ningún caso la autorización será por un lapso mayor de dos (2) meses en el año, ni superior en número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la población estimada por el director regional, dentro de los tres meses anteriores a la expedición del permiso. Vencida la autorización o permiso únicamente podrá ser autorizada la tenencia de animales silvestres, bravíos o salvajes vivos con fines científicos o investigativos, culturales o educativos, en zoológicos, circos, laboratorios o sitios públicos, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en este estatuto y sus normas concordantes.”

1. Planteamientos de la demanda La accionante sostuvo que los apartes normativos demandados, contenidos en los artículos 248, 252 y 256 del Decreto Ley 2811 de 1974, y en los artículos 8 y 30 de la Ley 84 de 1989, vulneran principios constitucionales y fines esenciales del Estado social de derecho, tales como la dignidad humana, la prevalencia del interés general sobre el particular, la protección de las riquezas naturales, el derecho colectivo a un ambiente sano, y la función social y ecológica de la propiedad, entre otros, consagrados en la Constitución Ecológica.

Como sustento de lo anterior, señaló que en concordancia con el artículo 252 acusado, las actividades de caza se clasifican como de subsistencia,

comercial, deportiva, científica, de control y de fomento, y entre estas, la única que a su juicio no satisface una finalidad social ni comporta beneficio alguno para la comunidad, es la caza deportiva. Como consecuencia de esto, las normas demandadas desconocen la garantía constitucional de un orden social justo (art. 2 CP), pues por una parte, no responden a razones de interés o bienestar general y, por otra, en el ordenamiento jurídico colombiano está proscrito el sufrimiento de los animales. Además adujo que la dignidad humana (art. 1 CP) “implica respeto por otros seres sintientes y el consecuente deber moral y jurídico de cuidado y protección. La caza deportiva, al no perseguir otro fin más que la recreación, diversión o ejercicio, legitima la captura, mutilación o muerte de animales en contra del orden constitucional, al constituirse un acto cruel e injustificado y contrario al principio constitucional de protección animal y a la expresión del deber de trato digno íntimamente conectada con el derecho fundamental y principio de la dignidad humana”. 5 Concepto En el mismo sentido, señaló que la solidaridad es uno de los valores fundamentales del Estado colombiano, y que así como la dignidad humana, implica una serie de obligaciones y deberes de índole moral y jurídico respecto de los seres que se encuentran en estado de debilidad. La demandante estimó acerca de la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación (art. 8 CP), que se trata de un deber calificado, que no se satisface al permitir la caza deportiva, pues

no existen razones éticas ni morales constitucionalmente válidas, tales como la necesidad de supervivencia o la cultura, para disponer de la vida y de la integridad de seres sintientes como los animales. En relación con la presunta vulneración del artículo 9 constitucional, resaltó la importancia de los principios de derecho internacional —aun cuando no hagan parte del bloque de constitucionalidad—, pues tienen especial relevancia en el ordenamiento jurídico. En este sentido, se refirió a la Carta Mundial de la Naturaleza, según la cual “toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral”, y también a la Declaración Universal de los Derechos de los animales que prohíbe el exterminio, la explotación o crueldad con los animales, y que establece “la obligación de cuidado y de protección por parte de los hombres, quienes no pueden atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales”. En relación con la función ecológica de la propiedad (art. 58 CP), adujo que el equilibrio ecológico y natural de las distintas especies implica la prohibición del sufrimiento injustificado, y esta se viola con la caza deportiva. Agregó que dicha actividad desconoce el deber de protección del medio ambiente (art. 79 CP) y de su consecuente principio de bienestar animal, en tanto la caza deportiva “contraría el contenido de la educación ambiental ajustada al desarrollo normativo legal y jurisprudencial sobre el deber de protección de los recursos naturales”.

En lo atinente al deber estatal de planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales (art. 80 CP), se planteó en la demanda que “si bien los cotos de caza y la regulación de la caza deportiva implican una suerte de planificación del recurso faunístico, dichas estrategias de manejo desconocen el principio constitucional del bienestar animal como expresión de la planificación y manejo de la fauna silvestre como seres sintientes y no meros objetos, toda vez que a la luz de los distintos fallos constitucionales, los animales son sujetos de derechos por su capacidad de sentir”. Además, sostuvo que la caza deportiva como actividad recreacional desconoce los deberes constitucionales en cabeza de los miembros de la comunidad nacional (art. 95 CP), entre los cuales se encuentran: el respeto de los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, proteger los recursos naturales del país y velar por un ambiente sano (numerales 1, 2 y 8 respectivamente). 6 Concepto Por último, en cuanto a la libertad de empresa (art. 333 CP), la accionante indicó que a pesar de que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, lo son únicamente dentro de los límites del bien común, es decir sin que ello autorice generar dolor a seres sintientes, como los animales, cuyo sufrimiento es relevante para el Estado y su protección se convierte en un principio y fin del Estado Social y Democrático de Derecho Colombiano”. Para la accionante, todo lo anterior pone en evidencia la violación al principio de supremacía constitucional (art. 4 CP), pues “la captura,

mutilación o muerte de los animales para la recreación humana no responde a ninguna interpretación constitucional ni al interés general [,] ni a los fines esenciales del Estado, mientras que sí lesiona valores y principios en los cuales se funda el Estado social y de derecho colombiano”. Por otra parte, adujo que no hay cosa juzgada en la materia, “pues no ha existido un juicio de constitucionalidad tal que permita concluir la existencia de la misma, a pesar de que el Alto Tribunal Constitucional se pronunció sobre las facultades para la expedición del Decreto 2811 de 1974 y su armonía con la Carta Política de 1991 a través de la sentencia C-126 de 1998, y en materia especial sobre la naturaleza jurídica de los animales, la naturaleza y derechos y deberes asociados, lo ha hecho mediante las sentencias C-1192 de 2005, C-666 de 2010 y C-283 de 2014 sin que nada se haya dicho específicamente sobre el tema de caza deportiva y cotos de caza, objeto de cuestionamiento en la presente demanda”. Así mismo, en la demanda se hizo un recuento histórico de la caza deportiva, en el cual se puso de presente que de acuerdo con la Federación de Caza de España, la venatoria era una actividad deportiva usada como preparación para la guerra. Además que por regla general este tipo de caza se considera una actividad recreativa, y que de forma particular se realiza con frecuencia en países europeos, donde hace parte de las prácticas tradicionales. Sin embargo sostuvo, que la mencionada actividad ha venido siendo objeto de cuestionamientos éticos, en particular “respecto del derecho que le asiste al ser humano para disponer de la vida de los

animales sólo por diversión”, y que el impacto ambiental de la caza deportiva, aun cuando se lleve a cabo en entornos controlados, no es un asunto menor, pues además de la disminución poblacional de las especies, el plomo, “al estar en contacto con el agua, aire y demás elementos, se oxida y su resultado contaminante se dispersa rápidamente e impacta negativamente los ecosistemas y sus especies, situación que no ha sido prevista en las normas referidas a dicha actividad”. Adujo además, que la vigencia de las normas acusadas y la falta de atención a las consecuencias negativas de la caza deportiva, “mantienen latente la posibilidad de establecer cotos de caza y de realizar [dicha actividad] en [determinados] lugares bajo el amparo de la ley”, y que el hecho de que “[l]a caza de especies silvestres en Colombia está prohibida y, en general, las organizaciones y grupos que tienen relación con este tema modificaron sus prácticas para hacer disparos a platos u otros objetos que 7 Concepto no pongan en peligro la vida de los animales, (…) evidencia una conciencia colectiva ética que busca evitar la muerte moral y racionalmente injustificada de animales”. Por lo tanto, para la accionante no existe razón jurídica suficiente para permitir que se disponga de la vida de un animal, como medio meramente recreacional del ser humano, y aunque reconoce que la discusión no puede reducirse a un asunto de índole económico, no se debe dejar de lado que “[e]sta actividad económica es de carácter estrictamente privado y que el beneficio público” sólo radica en la tasa compensatoria, contenida en el

artículo 42 de la Ley 99 de 1993. Como justificación de su postura, argumentó que con la expedición del Código Nacional de Recursos Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se reconoció la “naturaleza como un bien jurídicamente tutelable y no [como] un mero producto de cambio del mercado”. En el mismo sentido, realizó un recuento normativo y jurisprudencial en el cual se denota un avance en dicha materia, pues ante la ley, los animales eran considerados como cosas1. Posteriormente con la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974 el legislativo “determinó que la fauna silvestre y acuática pertenece a la Nación”¸ a excepción de los cotos de caza y especies de zoocriaderos de propiedad particular2; lo cual para la accionante reafirma el carácter de cosa o propiedad apropiable de los animales. Ahora bien, en sus propias palabras, la expedición del Estatuto AnimalLey 84 de 1989- “supuso un avance sustancial en la relación animal humano-animal no humano, en tanto este último ya no solo era un bien apropiable que generaba responsabilidades a sus propietarios, sino que su sufrimiento entró a ser una variable relevante para el ordenamiento jurídico tal que implicaba sanciones si se causaba injustificadamente”. Sin embargo, es de resaltar que la determinación de que una conducta sea justificable o no es un asunto que entraña profundos debates éticos y filosóficos. Posteriormente, la Ley 1774 de 2016 reconoció a los animales como seres sintientes, y para la demandante esto es el reflejo de “las múltiples manifestaciones e intereses ciudadanos vinculados con los valores sociales

en relación con la importancia de los animales. Lo anterior incide de forma directa en el hecho de que éstos adquieren un tipo de subjetividad tal que ya no es posible afirmar que son bienes en el estricto sentido del Derecho Civil clásico, sino que dadas las condiciones morales y de justicia que los rodea, el carácter normativo del Derecho se ve abocado a reconocer su valor intrínseco, a protegerlos porque el solo hecho de existir los hace valiosos y la conducta de la sociedad colombiana y el carácter aspiracional (SIC) del ordenamiento jurídico, a la luz de la Constitución Política y su desarrollo jurisprudencial así lo exigen”. 1 El Código Civil clasificó a los animales como “cosas corporales”, particularmente como muebles, inmuebles por destinación o inmuebles por anticipación. 2 Artículos 248 y 267, 8 Concepto Entre tanto, reconoció que aunque se podría sostener que la caza deportiva encuentra sustento constitucional en el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre (art. 52 CP), el derecho a la propiedad privada (art. 58 CP), el acceso progresivo a la propiedad de la tierra (art. 64 CP) y la libre actividad económica y en la iniciativa privada (art. 333 CP), lo cierto es que este asunto representa una “tensión no resuelta por cuenta de la jerarquía de los valores y principios que protegen los animales como sujetos de derecho (cuanto menos a existir y a no sufrir, salvo razones moralmente justificables)”. Por las razones anteriormente expuestas, la accionante solicita a la Corte

Constitucional que declare la inexequibilidad de los apartes normativos demandados, contenidos en el Decreto Ley 2811 de 1974 y en la Ley 84 de 1989 por considerar que dichas normas desconocen “el deber de protección de la existencia y la integridad de los animales como seres sintientes”¸ lo cual es contrario a la Constitución Ecológica3.

2. Problema jurídico De conformidad con lo planteado por la accionante, corresponde determinar si los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256 del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 8 (parcial) y 30 (parcial) de la Ley 84 de 1989, que permiten la caza deportiva, son contrarios a la Constitución –en su dimensión ecológica-, en tanto desconocen los derechos a la dignidad humana, el principio de solidaridad, los fines esenciales del Estado, la supremacía constitucional, la protección de las riquezas naturales, la función ecológica de la propiedad, el derecho a un ambiente sano, la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

3. Análisis constitucional 3.1. Cuestión previa: Control constitucional de las normas preconstitucionales En atención a que las normas demandadas fueron expedidas en los años 1974 y 1989, es preciso hacer referencia a lo sostenido por la Corte Constitucional respecto del control de constitucionalidad de dichas normas. Así, de acuerdo con dicha Corporación, las normas expedidas con anterioridad a la Constitución Política de 1991 son objeto de control

material de constitucionalidad siempre y cuando se encuentren vigentes, o cuando sin estarlo, produzcan efectos jurídicos4. 3 La accionante invoca como violados los artículos 1, 2, 4, 8, 9, 58, 79, 80, 95 (numerales 1, 2 y 8) y 333 de la Constitución Política de 1991. 9 Concepto En este sentido, la jurisprudencia ha establecido sub-reglas aplicables “en el caso de demandas de constitucionalidad que versan sobre normas proferidas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, y sobre normas cuya vigencia genere cierta incertidumbre: a) En cuanto a las demandas de constitucionalidad que recaen sobre normas proferidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la Corte ha manifestado que dichas normas no son inexequibles per se, sino lo serán al evidenciarse una incompatibilidad sustancial entre dicha norma y el esquema constitucional. Los aspectos formales deberán ser analizados a la luz de la Constitución vigente al momento de su expedición, y el análisis de constitucionalidad sobre normas derogadas se dará exclusivamente en aquellos casos en que dichas normas se encuentren produciendo efectos jurídicos. b) Cuando una norma derogada continúe surtiendo efectos en el ordenamiento o pudiere llegar a producirlos en el futuro, con el propósito de garantizar la vigencia de la Carta Política, la Corte Constitucional puede pronunciarse sobre su exequibilidad5”. Para el caso que nos ocupa, las dos normas acusadas se encuentran vigentes y el análisis material de constitucionalidad de las mismas se debe

hacer bajo la óptica de la Constitución de 1991. 3.2. Inexistencia de cosa juzgada constitucional El Ministerio Público considera que tal como lo señaló la demandante, no existe cosa juzgada respecto del Decreto Ley 2811 de 1974, y por lo tanto la Corte Constitucional está habilitada para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos parcialmente acusados. Así, aunque el Decreto fue demandado en su integridad, el cargo propuesto por los entonces accionantes se limitó a la posible extralimitación de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República mediante la Ley 23 de 19736. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional consideró que la norma se ajustaba al ordenamiento constitucional y agregó que “cuando existe una acusación general, por razones materiales o de procedimiento, contra un cuerpo normativo, pero no un ataque individualizado contra cada una de las disposiciones que lo integran, la vía procedente es limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional, en caso de que la acusación no prospere. En tales eventos, debe la Corte declarar constitucionales las disposiciones pero precisando 4 Es decir que “si la demanda de inconstitucionalidad recae sobre una norma promulgada durante la vigencia de la Constitución de 1886, tal disposición debe ser analizada a la luz del nuevo diseño constitucional con el fin de establecer si existe una incompatibilidad material o sustancial entre esta y los principios que orientan el modelo fijado por el Constituyente de 1991”. Sentencia C-348 de 2017, Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo.

5 Sentencia C-336 de 2016, Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo. 6 “Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales”. 10 Concepto que la cosa juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los motivos analizados en la sentencia”. 3.3. Cargo único por violación al contenido de la Constitución Ecológica Los argumentos presentados contra las normas demandadas tienen fundamento en un cargo único por la presunta contradicción de las mismas con la Constitución Ecológica, particularmente por ser contrarias a lo contenido en el preámbulo y en los artículos 1°, 2°, 4°, 8°, 9°, 58, 79, 80, 95 (numerales 1°, 2°, y 8°) y 333 superiores. En palabras de la accionante, “la caza deportiva [es el único tipo de caza7] que no cumple con una finalidad social ni tiene un evidente beneficio para la comunidad distinta (SIC) a la recreación y ejercicio de quien la practica”, contrario sensu genera efectos negativos para los animales y para el medio ambiente, y en consecuencia, se vulneran las prerrogativas reconocidas en dicha materia por la Constitución Política y se omite el cumplimiento de los deberes en ella establecidos. A partir de lo anterior, la Procuraduría