PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Contra algunos artículos del acto legislativo que ad

Procurador General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra algunos artículos del acto legislativo que adopta la reforma del equilibrio de poderes y reajuste institucional NORMAS DEMANDADAS-Bajo ninguna consideración supone una supresión de la acción de tutela La reforma demandada bajo ninguna consideración supone una supresión de la acción de tutela, en tanto mecanismo de protección de los derechos fundamentales, por cuanto su objetivo se reduce a determinar una regla de competencia —no es posible interponer acciones de tutela ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial—, más no una restricción excesiva que suponga la supresión de la acción de tutela. Y en este sentido resulta obvio que no se presenta una sustitución de ninguno de los ejes que se estiman sustituídos en la demanda. FACULTADES JURISDICCIONALES-No todos los órganos que ejercen esta función son competentes para conocer de acciones de tutela Esta jefatura considera necesario destacar que una interpretación sistemática de la Constitución también lleva a concluir que no todo órgano que ejerza funciones juridiccionales o pertenezca orgánicamente a la rama judicial tiene necesarimente que conocer acciones de tutela. En efecto, el artículo 250 de la Constitución Política establece expresamente que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la Rama Judicial (criterio orgánico), pero no por ello es posible interponer acciones de tutela ante dicha entidad. Y lo propio ocurre con otros órganos encargados de administrar jusitica, cuando se parte del artículo 116 superior, dado que no todos los órganos que ejercen materialmente función jurisdiccional son competentes para conocer de acciones de tutela, como es el caso de la Justicia Penal

Miliar, los árbitros o ciertas autoridades adminitrativas, e incluso la propia Corte Constitucional. ACCIÓN DE TUTELA-Competencia para fallar No puede concluirse que exista sustitución de la Carta por el cargo aquí analizado por el simple hecho de que ni siquiera en el modelo orginal de la Constitución de 1991 establecía que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conociera de acciones de tutuela. Por el contrario, esta competencia fue fruto de una interpretación de la Corte Constitucional que, en concepto de esta jefatura, es equivocada —en tanto que adolece de los mismos defectos argumentativos que tiene la presente demanda— según la cual dicha sala y los consejos seccionales, como órganos judiciales, tiene competencia para fallar acciones de tutela de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, por el sólo hecho de que allí no se establecieron distinciones qué permitan precisar cuáles jueces sí deben y cuáles no conocer de esta acción constitucional. COMPETENCIA-Para solucionar los conflictos jurisdiccionales otorgada a la Corte Constitucional no sustituye la Constitución Política Los ciudadanos que presentaron las acciones públicas de inconstitucionalidad que fueron acumuladas en este proceso coinciden en señalar que el Acto Legislativo, al otorgar a la Corte Constitucional la competencia para resolver los conflictos de competencia ProcuradorGeneral Concepto jurisdiccional, está sustituyendo la Constitución por contrariar la supremacía constitucional que, según parece que entienden los accionantes, como eje constitucional incluye la existencia de un Tribunal Constitucional dedicado exclusivamente a la guarda de la

Constitución, por lo que la nueva función lo desvía de ese mandato superior y, por ello, debe ser declarada inexequible. COMPETENCIA-Otorgada a la Corte Constitucional puede ser considerada inconveniente pero no es razón para justificar la declaratoria de inexequibilidad Pues bien, lo primero que hay que decir es que las funciones de la Corte Constitucional difícilmente pueden ser entendidas como un eje definitorio de la Constitución pese a que en el artículo 241 superior, tal y como está hoy, se definen expresa y taxativamente tales funciones. Es más, que esa taxatividad de funciones no es un eje definitorio de la Constitución se ve reforzado incluso por la práctica de la propia Corte, que ha entendido (aunque esta jefatura no la comparta) que al habérsele encargado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución ésta puede desarrollar funciones que no estén expresamente contenidas en el artículo 241 de la Carta Política. De otra parte, con respecto a este cargo, además de reitarar lo ya dicho sobre la imposibilidad de predicar una sustitución de la Carta Política a partir de lo dicho en una sola de sus normas, sea suficiente con advertir lo peligroso que resulta aceptar que fuera únicamente esa corporación quien pudiera fijar sus competencias, excluyendo incluso al constituyente. Así, esta jefatura considera que la nueva competencia otorgada a la Corte puede ser considerada quizá como algo inconveniente, pero que ello no es razón suficiente para justificar la declaratoria de inexequibilidad de la reforma constitucional que le asigna esa facultad. ACTO LEGISLATIVO-Busca regular el funcionamiento de los nuevos órganos de

gobierno y administración judicial mientras entra en vigencia la ley estatutaria Los accionantes parecen ignorar que en el artículo 18 transitorio del mismo Acto Legislativo 02 de 2015 se establecieron una serie de reglas que, precisamente, tienen como finalidad regular el funcionamiento de los nuevos órganos de gobierno y administración judicial entre tanto entra en vigencia la ley estatutaria. Lo que significa que el constituyente optó expresamente por adoptar un mecanismo que pretende evitar los traumatismos derivados de reformas constitucionales que implican la creción de nuevas entidades estatales cuando éstas quedan en un vacío jurídico. Ahora bien, el llamado que sin duda debe hacerse es al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que atiendan y respeten el término fijado en la reforma constitucional en aras de que los colombianos tengan cuanto antes la ley estatutaria que regule los nuevos órganos y que, por tanto, su presentación, aprobación, control, sanción y promulgación no se prolonguen en el tiempo indefinidamente. Pero esta situación, incluso eventual, obviamente tampoco configura un cargo de sustitución de la Constitución. De conformidad con lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional, como petición principal, que se declare INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la demanda contra los artículos 14,15,16,17,18 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015. Y, en forma subsidiaria que se declaren EXEQUIBLES los artículos los artículos 14,15,16,17,18 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015. ACCIÓN DE TUTELA-Jurisprudencia de la Corte Constitucional

2 ProcuradorGeneral Concepto COMPETENCIA-Para conocer de acciones de tutela según jurisprudencia de la Corte Constitucional TEORÍA DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN-Jurisprudencia de la Corte Constitucional PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA-Jurisprudencia de la Corte Constitucional 3 ProcuradorGeneral Concepto Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2015 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”.

Demandantes: Flavio Eliecer Maya Escobar y otros.

Magistrada Ponente: Mauricio González Cuervo.

Expedientes: D-10890, D-10907.

Concepto 5956 Según lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2°, y 278, numeral 5°, de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda que, en ejercicio de la acción pública establecida en los artículos 40, numeral 6°, y 242, numeral 1° de la Carta, instauraron Flavio Eliecer Maya Escobar y Omar Edgar Borja Soto, Diana Patricia Rueda Gonzalez, Jorge Eliecer Gaitán Peña y Sergio Sánchez contra los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, cuyo texto se transcribe a continuación:

ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015

(Julio 1°) (SEGUNDA VUELTA) Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: Artículo 14. Agréguese un numeral 12 y modifíquese el 11 del artículo 241 de la Constitución Política los cuales quedarán así:

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

12. Darse su propio reglamento.

Artículo 15. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así: Artículo 254. El Gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. Estos órganos ejercerán las funciones que les atribuya la ley con el fin de promover el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial. El Consejo de Gobierno Judicial es el órgano, encargado de definir las políticas de la Rama Judicial de acuerdo con la ley y postular las listas y ternas de 4 ProcuradorGeneral Concepto candidatos que la Constitución le ordene. También corresponde al Consejo de Gobierno Judicial regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador; expedir el reglamento del sistema de carrera judicial y de la Comisión de Carrera Judicial, cuya función será la vigilancia y control de la carrera; aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá ser remitido al Gobierno; aprobar el mapa judicial; definir la estructura

orgánica de la Gerencia de la Rama Judicial; supervisar a esta entidad, y rendir cuentas por su desempeño ante el Congreso de la República. El Consejo de Gobierno Judicial estará integrado por nueve miembros: los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el gerente de la Rama Judicial, quien deberá ser profesional con veinte años de experiencia, de los cuales diez deberán ser en administración de empresas o en entidades públicas, y será nombrado por el Consejo de Gobierno Judicial para un período de cuatro años; un representante de los magistrados de los Tribunales y de los jueces, elegido por ellos para un periodo de cuatro años; un representante de los empleados de la Rama Judicial elegido por estos para un periodo de cuatro años; tres miembros permanentes de dedicación exclusiva, nombrados por los demás miembros del Consejo de Gobierno Judicial, para un período de cuatro años. Ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial podrá ser reelegido. Los miembros permanentes de dedicación exclusiva mencionados en el inciso anterior estarán encargados de la planeación estratégica de la Rama Judicial y de proponer al Consejo de Gobierno Judicial, para su aprobación, las políticas públicas de la Rama Judicial. Deberán tener diez años de experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas, modelos de gestión o administración pública. En su elección se deberá asegurar la diversidad de perfiles académicos y profesionales. La ley estatutaria podrá determinar los temas específicos para los cuales los ministros del despacho los directores de departamento administrativo, el Fiscal General de la Nación, así como representantes de académicos y de los

abogados litigantes participarán en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial. Artículo 16. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así: Artículo 255. La Gerencia de la Rama Judicial es un órgano subordinado al Consejo de Gobierno Judicial y estará organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial. La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial, proveer apoyo administrativo y logístico a este órgano, administrar la Rama Judicial, elaborar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el proyecto de presupuesto que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso, elaborar planes y programas para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial, formular modelos de gestión e implementar los modelos procesales en el territorio nacional, administrar la Carrera Judicial, organizar la Comisión de Carrera Judicial, realizar los concursos y vigilar el rendimiento de los funcionarios y los despachos. El Gerente de la Rama Judicial representará legalmente a la Rama Judicial. Ejercerá las demás funciones que le atribuya la ley. Artículo 17. Deróguese el artículo 256 de la Constitución Política. Artículo 18. Transitorio. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1° de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial. 5 ProcuradorGeneral Concepto Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

1. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así: a). Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser designados o

electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la Rama Judicial. Las elecciones serán organizadas por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. b). Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser elegidos dentro del plazo de dos meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial. Para la primera conformación del Consejo de Gobierno Judicial, uno de los tres miembros permanentes y de dedicación exclusiva será elegido para un período de dos años, y otro será elegido para un período de tres años. c). Para el primer Consejo de Gobierno Judicial, los miembros de este, excluyendo el Gerente de la Rama Judicial, tendrán un plazo de dos meses a partir de su elección, para elegir al Gerente de la Rama Judicial. d). La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de esta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial. e). La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de

cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo. f). Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996. g). Se garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura. h). Los concursos de méritos que en la actualidad adelanta la Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite por parte de la Gerencia de la Rama Judicial sin solución de continuidad.

2. Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; artículo 85, numerales 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 27 y 29; artículo 88, numerales 2 y 4; y artículo 97, numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996.

Además reglamentará provisionalmente los procesos de convocatoria pública

que deba adelantar la Gerencia de la Rama Judicial. 6 ProcuradorGeneral Concepto

3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numeral 3; artículo 85, numerales 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 28; artículo 88, numeral 1; artículo 99, numerales 1 a 9; y será la autoridad nominadora para los cargos previstos en el artículo 131, numeral 9 de la Ley 270 de 1996. Las funciones previstas en el artículo 85, numerales 8 y 11, serán ejercidas bajo la

supervisión de la Comisión de Carrera.

4. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" ejercerá, además de las funciones ya asignadas a ella, la prevista en el artículo 85, numeral 23, de la Ley 270 de 1996.

5. Las Altas Cortes y los Tribunales continuarán ejerciendo la función de autoridad nominadora prevista en el artículo 131, numerales 5 y 7 de la Ley 270 de 1996. En el ejercicio de esta función deberán respetar siempre las listas de elegibles.

6. La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La autoridad nominadora para las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mientras subsistan, será el Consejo de Gobierno Judicial.

7. Las autoridades nominadoras previstas en el artículo 131, numerales 1, 2, 3, 4 y 8 de la Ley de 270 de 1996 continuarán ejerciendo esta función.

Quedan derogados los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 97 y el numeral 6 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996. Artículo 19. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así: Artículo 257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial previa convocatoria pública reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos. Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados. Parágrafo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela. Parágrafo Transitorio 1°. Los Magistrados de la Comisión Nacional de

Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones 7 ProcuradorGeneral Concepto Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.

1. Planteamientos de la demandas

a) Expediente D-10890 Como primer punto, los accionantes solicitan a la Corte Constitucional que decrete una medida provisional decretando la suspensión temporal de los efectos de los contendidos normativos acusados que integran el Acto Legislativo 02 de 2015, mientras la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la demanda. Para sustentar esta postura aducen que “[a]unque la medida de suspensión provisional no aparece expresamente regulada en el procedimiento dispuesto en el Decreto 2067 de 1991, la misma la (sic) resulta procedente en este caso, luego de efectuarse una interpretación armónica y sistemática de las normas constitucionales y del procedimiento de control concreto de constitucionalidad, relacionadas

principalmente, con la función otorgada por el Constituyente Originario a la Corte Constitucional de ‘mantener la integridad y supremacía de la Constitución’”1. 1 Este despacho no se pronunciará de fondo sobre esta petición porque la misma fue resuelta negativamente por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Auto 368 de 2015, en donde se consideró que la misma era improcedente, conclusión que comparte esta vista fiscal, pues sin duda resulta abusivo que un poder constituido suspenda una norma constitucional simplemente por considerarla, prima facie, contraria a un criterio que él mismo construya o determine. Sin embargo, en todo caso debe advertirse que (i) una solicitud de suspensión como la que se presentó en el presente proceso, aunque improcedente, en todo caso tiene justificación en el hecho de que, precisamente en razón de la teoría de la sustitución (entre otras), la Corte Constitucional ha entendido que puede fijarse sus propias competencias o, en todo caso, habilitarse para salir de los “estrictos y precisos términos” del artículo 241 superior; y (ii) de hecho esa misma corporación en cierta forma ya admitido la suspensión provisional de la Constitución Política, pues esto es lo que ocurre, de facto, cuando profiere una sentencia de inexequibilidad con efectos diferidos (i.e. Sentencia C-366 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) o cuando exhorta al Congreso de la República para que regule determinada materia o asunto, incluso con un sentido concreto, dentro de un plazo específico (Cfr. Sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, por ejemplo) —y, por tanto, le dicta auténticas órdenes—, pues en uno y

otro caso precisamente está diciendo que se puede por un plazo de tiempo suspender la Constitución (al menos parcialmente), en el sentido de permitirse hacer lo que la contradice o no hacer lo que ésta supuestamente ordena, supone o exige (pues, si no es así, es decir, si el contendio del exhorto no es algo que venga directamente de la Constitución entonces éste no sería otra cosa que el capricho de la mayoría de turno). Lo cual equivale a suspendeter parcial y provisionalmente la misma “norma de normas” (artículo 4° superior). 8 ProcuradorGeneral Concepto En segundo término, los accionantes consideran que las disposiciones normativas acusadas sustituyen ejes definitorios del modelo constitucional de 1991 tales como: (i) la forma de Estado democrático (art 1º C.P.); (ii) la dignidad humana y la prevalencia del interés general (art. 1º C.P.); (iii) la soberanía popular; (iv) la supremacía de la Constitución (art. 4 C.P.); (iv) el principio de igualdad (art. 13 C.P.); (v) la protección de los derechos fundamentales por conducto de la acción de tutela (art 86 C.P.); (vi) la autonomía externa e interna de la Rama Judicial (arts. 113 y 116 C.P.); (vi) la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.); y, finalmente, (vii) el bloque de constitucionalidad y, específicamente, de los artículos 2° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (sobre la adopción de

disposiciones de derecho interno y sobre la existencia de un recurso judicial efectivo) y el artículo 2º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (relativo al reconocimiento en el derecho interno de las garantías del pacto). Así, luego de hacer un breve recuento sobre el juicio de sustitución a partir de una revisión de algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional los accionantes se ocupan de analizar en concreto los ejes que, a su juicio, se sustituyeron con ocasión de la reforma. De esta manera, el demanda se formula un primer grupo de cargos contra los artículos objeto del juicio de sustitución que apuntan a demostrar que la reforma sustituye dos ejes principalmente: i) autonomía judicial y ii) supremacía constitucional. Y, en este sentido, para sustentar la sustitución parcial alegada, los accionantes afirman que la supresión del Consejo Superior de la Judicatura (tanto de la Sala Administrativa como de la Sala Jurisdiccional) y la consecuente creación de dos órganos (Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial) para que cumplan sus funciones, vulnera el Estado democrático y la cláusula de la supremacía constitucional. 9 ProcuradorGeneral Concepto Concretamente, aducen que con la existencia del Consejo de Gobierno Judicial se vulnera la autonomía interna y externa de la Rama Judicial. Lo anterior por cuanto, en primer lugar —desde la perspectiva de la autonomía interna—, según el diseño adoptado con la reforma constitucional demandada la Sala Administrativa está integrada por unos miembros no son agentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el

Consejo de Estado, “sino que desde su nombramiento y tareas asignadas [éstos] deviene[n] autónomos e independientes de la propia rama del poder público”, esto es, sin dependencia funcional y orgánica de las cortes, lo que equivale a sustituir el modelo de justicia previsto en la Constitución de 1991. Y, en segundo lugar —esto es, desde el punto de vista de la autonomía externa— la autonomía judicial se ve seriamente impactada por la reforma en la medida en que ésta autorizó, por conducto de una ley estatutaria, “la intromisión del Ejecutivo a través de los Ministros del Despacho y los Directores de Departamento Administrativo intervenga en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial”. Una intromisión que, en concepto de los accionantes, viola la autonomía e independencia externa de la Rama Judicial por cuanto implica que el gobierno tenga la facultad de “interferir” en la definición de las políticas de la Rama Judicial y en la elección de algunos miembros del Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo que, a su juicio, trae como consecuencia la concentración del poder en el Ejecutivo. De otra parte, los accionantes consideran que la supresión de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y su consecuente cambio por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial además vulnera a su vez la autonomía externa de la Rama Judicial por razón de tres razones modificaciones específicas, como son: 10 ProcuradorGeneral Concepto (i) Que el Consejo de Disciplina Judicial no será el órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria, tal y como fue concebida por el modelo

original de la Constitución de 1991, pues la función disciplinaria pasa a ser una función administrativa y, por ello, las decisiones adoptadas por esta jurisdicción tendrán control posterior por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) Que la reforma crea un conflicto entre el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al asignar a estos dos órganos simultáneamente la competencia para investigar a empleados de la Rama Judicial. Lo anterior, toda vez que, afirman, el principio de igualdad fue sustituido por la reforma en atención a que la Constitución prevé que el poder preferente se ejerce respecto de todos los servidores públicos en general (art. 277-6), mientras que la reforma excluye de dicho control a los empleados judiciales que son servidores públicos; y (iii) Que la autorización que el poder de reforma otorgó al legislador con el propósito de prever la creación de un Colegio de Abogados para disciplinarlos, contradice, en su criterio, el mandato del artículo 116 de la Constitución, en donde no se contempla que los colegios de abogados estén habilitados para administrar justica. En el mismo sentido, en la demanda se sostiene que, además de sustituir los ejes que sustentan la demanda, la reforma constitucional demandada impacta directamente en la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, por cuanto la Constitución de 1991 prevé que la esta acción puede interponerse ante cualquier juez, mientras que al “crearse la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad a la cual se sustrajo del conocimiento de las acciones de tutela, el Congreso de la

República, so pretexto de su poder de revisión de la Constitución jurídica (sic) sustituyó la voluntad política de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, quien como Poder Originario, puso la función jurisdiccional en cabeza de la Rama Judicial, del Poder Público y, dentro de ella, resolver acciones de 11 ProcuradorGeneral Concepto tutela por la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales” (subrayas fuera del texto). Desde esta misma perspectiva, los accionantes afirman que el traslado de la función de dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria a la Corte Constitucional también vulnera el diseño original de la Constitución de 1991 —y en particular la supremacía de la Constitución y la independencia de la Rama Judicial— pues, por una parte, el constituyente primario buscó que un órgano autónomo y neutral dentro de la propia Ram