PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Contra aparte del numeral 4 del art. 384 de la ley 1

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra aparte del numeral 4 del Art. 384 de la Ley 1564/12 sobre prohibición de ser oído en proceso de restitución de inmueble arrendado PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO-Efectos del COVID no sirven de sustento para cambiar marco jurídico El Ministerio Público considera que, independientemente de los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el orden económico y social, las circunstancias extraordinarias que se han venido presentando por su propagación no suponen una variación en la significación material de la Constitución ni sirven de sustento para cambiar la regulación ordinaria en materia de restitución de inmueble arrendado. Tratándose de una situación extraordinaria y aislada, el contexto adecuado para legislar es en el de los decretos legislativos por emergencia económica, social y ecológica; como en efecto lo hizo el Presidente de la República al proferir los decretos 579 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” y 797 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”, para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre los contratos de arrendamiento. Justamente, las situaciones de anormalidad constitucional y los poderes de excepción del Presidente de la República,

tienen como propósito superar una situación de crisis para mantener la Constitución y las normas legales que ha expedido el legislador de conformidad con los procedimientos ordinarios COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-No se sustenta alcance de la variación jurisprudencial material sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado El argumento de los accionantes para sustentar la existencia de una variación en la significación material de la Constitución, esto es, el cambio jurisprudencial en materia de igualdad y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, no cumple con las cargas mínimas que exige la jurisprudencia para su procedibilidad. Como lo ha planteado la Corte, debido al carácter extraordinario en que se permite exceptuar la cosa juzgada constitucional de naturaleza formal, se le exige al demandante el cumplimiento de una especial y particular carga argumentativa. De manera que, sobre la base de la idea de la “Constitución viviente”, en la demanda se deben exponer las razones que demuestran una variación relevante del marco constitucional y, como carga adicional, se debe: (i) explicar la modificación sufrida por el marco constitucional, (ii) indicar los referentes o factores que acreditan dicha modificación y (iii) evidenciar la relevancia de la nueva comprensión constitucional respecto de las razones de la decisión adoptada en el pasado COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-No se advierten alteraciones al contexto en el que se aplican las reglas de restitución del inmueble arrendado El Ministerio Público considera que respecto del artículo 384 del Código General del Proceso ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material, porque: (i) su contenido

normativo fue previamente analizado por la Corte en las sentencias C-070 de 1993, C056 de 1996 y C-122 de 2004, encontrando ajustado a la Constitución Política los textos del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 44 de la Ley 794 de 2003; (ii) no se advierten alteraciones en el contexto dentro del cual se aplica dicha Concepto No. normatividad que permita prever un cambio en la significación material de la Constitución Política que justifique un nuevo juicio de constitucionalidad 2 Concepto No. Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2020 Honorables

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 384 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, “Por la cual se expide el Código General del Proceso”.

Actores: María Inés Awad Cucalón y otro

Magistrado Ponente (e): RICHARD STEVE RAMÍREZ GRISALES

Expediente: D-13793

Concepto 6886 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, en mi condición de Procurador General, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por los ciudadanos Juan Pablo Pantoja Ruíz y María Inés Awad Cucalón quiénes, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, solicitan que se declare la inexequibilidad parcial del artículo 384 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), cuyo texto se transcribe a continuación:

“LEY 1564 DE 2012

(julio 12) Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: (…) Artículo 384. Restitución de inmueble arrendado. Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble

arrendado se aplicarán las siguientes reglas: (…)

4. Contestación, mejoras y consignación. Cuando el demandante alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda, y se tramitará como excepción. Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado el demando en virtud del contrato, éste no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si fuere el caso las correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel.

Cualquiera que fuere la causa invocada, el demando también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso

3 Concepto No. en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo. Los cánones depositados en la cuenta de depósitos judiciales se retendrán hasta la terminación del proceso si el demandado alega no deberlos; en caso contrario se entregarán inmediatamente al demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta por el demandado, en la sentencia se ordenará devolver a este los cánones retenidos; si no prospera se ordenará su entrega al demandante. Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán al demandante a medida que se presenten los títulos, a menos que el demandado le haya desconocido el carácter de arrendador en la contestación de la demanda, caso en el cual se retendrán hasta que en la sentencia se disponga lo precedente. Cuando se resuelva la excepción de pago o la del desconocimiento del carácter de arrendador, se condenará al vencido a pagar a su contraparte una suma igual al treinta por ciento (30%) de la cantidad depositada o debida. Cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se ha producido por la renuencia del arrendador a recibir, si el juez la halla probada, le ordenará al arrendador que reciba el bien arrendado y lo condenará en costas”.

1. Planteamientos de la demanda Los accionantes solicitan que se declare la inexequibilidad parcial del artículo 384

de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), por considerar que los apartes normativos subrayados transgreden el preámbulo constitucional y los artículos 13 (principio de igualdad), 29 (debido proceso), 228 (prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal) y 229 (acceso a la administración de justicia) de la Constitución Política, como se explicará a continuación. Con respecto a la posible configuración de la cosa juzgada constitucional, por la existencia de pronunciamientos previos sobre la constitucionalidad de preceptos normativos idénticos a los demandados (sentencias C-070 de 1993, C-056 de 1996 y C-122 de 2004), los accionantes precisan que en la actualidad existe un marco de control normativo distinto al que causó las precitadas decisiones, producto de un cambio material en la significación de la Constitución y de una variación en el contexto socioeconómico. Por lo que, en su concepto, es necesario realizar un nuevo examen para “(…) establecer si se requiere emprender o no una valoración constitucional diferente a la luz del nuevo contexto”1. Resaltan que el cambio en la significación material de la Constitución se ha producido debido a los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la economía del país, hasta el punto de que, en la coyuntura actual, las disposiciones normativas acusadas se han vuelto excesivamente onerosas para los empresarios 1 Corrección de la demanda, p. 11. 4 Concepto No. nacionales que desarrollan su operación comercial por medio de establecimientos de comercio que ocupan inmuebles arrendados. Agregan que existen cambios jurisprudenciales relevantes en el estudio del principio de igualdad y la prevalencia

del derecho sustancial sobre el procesal, que pueden ser usados como parámetros de control en un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma demandada, particularmente, hacen mención a las sentencias C-203 de 2011, C-499 de 2015, C-193 de 2016 y C-173 de 2019. Por otra parte, consideran que la norma demandada transgrede el preámbulo constitucional teniendo en cuenta que la justicia, dentro de un marco democrático y participativo, exige la garantía de la contradicción y deliberación al interior del proceso judicial, en procura de la agilidad procesal. Advierten que “(…) no se había elevado en ninguna anterior oportunidad un cargo por vulnerar el Preámbulo, puesto que inclusive había dudas acerca de su exigibilidad en la vía jurisdiccional por la vinculatoriedad que le otorgaba la Corte Suprema de Justicia (…) como ha cambiado el entendimiento constitucional de la exigibilidad del Preámbulo, (…) han cambiado los estándares de control respecto de las normas cuya vulneración se discute”2. En su concepto, la norma vulnera el principio de igualdad en la medida en que brinda un trato inequitativo entre arrendador y arrendatario, en el marco del proceso de restitución de inmueble arrendado, y discrimina a los arrendatarios en razón a su capacidad económica, pues solo aquellos que puedan pagar los conceptos adeudados, podrán ser oídos en juicio. Precisan que con respecto a este cargo no existe cosa juzgada constitucional porque en los fallos referidos se hizo un juicio de igualdad entre arrendador y arrendatario, pero no entre arrendadores. Manifiestan que también existe una afectación del principio de la prevalencia del

derecho sustancial sobre el procesal, porque el proceso se desarrolla sin garantizar la solución adecuada del conflicto atendiendo a la realidad de este con base en el ordenamiento sustancial, con lo que “(…) se terminan cercenando injustamente prerrogativas sustanciales sin siquiera la posibilidad de contradicción”3. En efecto, el problema jurídico principal -que es sustancial-, es que se sustrae injustificadamente del conocimiento del operador judicial por la imperatividad de la norma procesal. Además, el no ser oído en juicio constituye una carga excesiva y desproporcionada en un escenario “post-pandemia” que vulnera el derecho al debido proceso y los principios de defensa y contradicción de los arrendatarios; “(…) en particular, las razones que no permitieron al arrendatario cumplir con el pago oportuno del canon de arrendamiento pueden ser el objeto principal del litigio -y posiblemente lo sean-, por lo que no escucharlas y obligar a decidir de fondo 2 Corrección de la demanda, p. 4. 3 Corrección de la demanda, p. 24. 5 Concepto No. genera una restricción carente de razonabilidad a la efectiva administración de justicia”4. En ese mismo sentido, consideran que la norma hace nugatoria la posibilidad de discutir en sede judicial el motivo del impago de los cánones de arrendamiento, con lo cual se restringe el acceso a la administración de justicia; “(…) resulta contrario a la teleología del ordenamiento constitucional e inclusive de la regulación legal respecto del contrato de arrendamiento, so pretexto de descongestionar la administración de justicia, desconocer ilegítimamente el

acceso de los ciudadanos a la administración de justicia cuando se encuentren en mora respecto del canon de arrendamiento”5. En atención a las anteriores consideraciones, los accionantes solicitan: (i) como pretensión principal, que se declare la inexequibilidad de los apartes normativos contenidos en el inciso 4° del artículo 384 del Código General del Proceso; (ii) como pretensión subsidiaria, que se declare la exequibilidad de los apartes normativos contenidos en el inciso 4° del artículo 384 del Código General del Proceso, siempre que el proceso de restitución de inmueble arrendado se inicie por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento comercial y no de vivienda.

2. Concepto del Ministerio Público Cuestión previa: configuración de la cosa juzgada en el presente caso (art. 243

C.P.) En los términos del artículo 243 de la Constitución Política, las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad, son definitivas, de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes6. En ese sentido, la Corte no puede pronunciarse sobre asuntos sobre los que previamente haya debatido o fallado; mandato que constituye el principio de cosa juzgada constitucional y cuya finalidad es proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima de los administrados en la aplicación de la Constitución. Acorde con la jurisprudencia constitucional, hay lugar a declarar la cosa juzgada formal, “(…) en aquellos eventos en los que existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y

posterior escrutinio constitucional”. Por su parte, la cosa juzgada material se presenta cuando, a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, “(…) su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto de juicio de constitucionalidad, sin que el 4 Ídem. 5 Ibídem, p. 29. 6 Constitución Política, artículo 243: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. 6 Concepto No. entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación”7. Pues bien, como en el presente asunto se plantea la inconstitucionalidad de una norma cuyo contenido normativo es idéntico a otras normas que ya fueron objeto de control constitucional, en las sentencias C-070 de 1993, C-056 de 1996 y C122 de 2004, a continuación, se compararán las disposiciones demandadas, los cargos esgrimidos y las consideraciones contenidas en las sentencias que analizaron estos temas. Ello con el fin de decidir si la demanda versa sobre el mismo contenido normativo de la proposición jurídica estudiada en aquella oportunidad, se presentan las mismas razones o cuestionamientos analizados en ese fallo y si ha variado el patrón normativo de control8.

En la sentencia C-070 de 1993, se puso a consideración de la Corte la constitucionalidad del numeral 2 del parágrafo 2 del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil conforme al cual, en el proceso de restitución de inmueble arrendado, si la demanda se fundamenta en la falta de pago, el arrendatario demandado no será oído en el proceso sino hasta que: (i) demuestre haber consignado a órdenes del juzgado, el valor total de los cánones adeudados; o (ii) presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos o a las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquel. Según el accionante, la norma violaba el debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al tener como suficiente para decretar la terminación judicial del contrato de arrendamiento, la afirmación indefinida del demandante en el sentido de que se le adeudan unos determinados cánones, sin que sea oído el demandado, salvo que éste deposite los cánones que no se sabe si efectivamente se deben. Al respecto, la Corte consideró que la presentación de recibos de pago o de consignación como requisito para ser oído en juicio, no vulnera el núcleo esencial de los derechos de defensa y acceso a la administración de justicia. En su concepto, la causal de terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago pone al arrendador ante la imposibilidad de mostrar un hecho indefinido (el no pago); por lo que procede el desplazamiento de la carga probatoria hacia el

demandado, para asegurar la celeridad y eficacia de un proceso de naturaleza abreviada. Lo cual no resulta desproporcionado respecto de los derechos del arrendatario, porque éste podrá “(…) acceder a la justicia y defenderse demostrando que ha sido diligente al exigir y conservar los recibos de pago o ha 7 Corte Constitucional, Sentencia C-310 de 2002. 8 Sobre la configuración de la cosa juzgada constitucional, ver: Corte Constitucional, Sentencias C-494 de 2014, C-228 de 2015, C-068 de 2020, entre otras. 7 Concepto No. cumplido con las cargas procesales que en sí mismas no son irracionales”9. De manera que decidió declarar la exequibilidad del aparte normativo demandado. Por su parte, en la sentencia C-056 de 1996, la Corte estudió la constitucionalidad del numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, cualquiera que fuere la causal invocada en el marco del proceso de restitución de inmueble arrendado, el demandado dejará de ser oído en juicio si no consigna oportunamente los cánones que se causen en el transcurso de ambas instancias, hasta que presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo. En concepto de los accionantes, tener que demostrar no estar atrasados en el pago de los cánones de arrendamiento, condicionaba el reconocimiento como parte y la posibilidad de ser oído en juicio, vulneraba los derechos de

contradicción, igualdad, petición, debido proceso, doble instancia y acceso a la administración de justicia. Para la Corte, no tenía sentido determinar que el arrendatario demandado pudiera suspender el cumplimiento de sus obligaciones mientras se oponía a las pretensiones de la demanda, como si “(…) ésta tuviera un efecto liberatorio no previsto en la ley ni en el contrato”; pues la pretensión de la demanda no tendría por qué modificar las obligaciones que el contrato de arrendamiento ha creado para las partes. En ese sentido, “(…) el arrendador sigue obligado a conceder el goce de una cosa y a cumplir concretamente las obligaciones a que se refiere el artículo 1982 del Código Civil, y todo lo que de ellas se deriva; y el arrendatario, a pagar por este goce”10. Tras sostener que la norma no transgredía ningún principio constitucional, decidió declarar su exequibilidad. Por último, en la sentencia C-122 de 2004 se demandaron los numerales 2 y 3 del parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 794 de 2003 modificatoria del Código de Procedimiento Civil, que replicaron el contenido de las normas atrás referidas. Según los demandantes, establecer legalmente que la parte demandada no podrá ser oída en el proceso, hasta que demuestre que ha cumplido con el requisito probatorio de pago, “(…) es ubicar a quienes no pueden cumplir este requisito en condiciones de desigualdad frente a otros que, por su capacidad económica, sí lo pueden hacer”11. En su concepto, las partes procesales deben gozar de las garantías mínimas judiciales para agenciar la defensa de sus intereses, siendo

inconstitucional limitar derechos que son irrenunciables, inalienables e inescindibles. 9 Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1993. 10 Corte Constitucional, sentencia C-056 de 1996. 11 Corte Constitucional, sentencia C-122 de 2004. 8 Concepto No. Acorde con la Corte, las normas demandadas eran iguales a las que se examinaron en las sentencias C-070 de 1993 y C-070 de 1996, existiendo entonces cosa juzgada constitucional, por lo que concluyó que “(…) la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de las mismas normas, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, dentro de lo que tiene que ver con la contestación, derecho de retención y consignación, es decir, dentro del mismo contexto procedimental; los cargos examinados tanto en las providencias aludidas como en las presentes demandas son semejantes; y finalmente, los referentes constitucionales son los mismos”12. En esa medida, decidió estarse a lo resuelto en las mencionadas sentencias y declarar exequibles las normas demandadas. Por su parte, en esta oportunidad los accionantes se oponen a la constitucionalidad de las expresiones contenidas en el artículo 384 del Código General del Proceso, que replican el contenido normativo contenido en el Código de Procedimiento Civil con respecto al proceso de restitución de inmueble arrendado y a la posibilidad de dejar de oír en juicio al demandado, cuando: (i) la demanda se fundamente en la falta de pago de la renta o de servicios públicos,

cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado en virtud del contrato, y este no demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total de los cánones y demás conceptos adeudados, o en su defecto, no presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los 3 últimos períodos, o si fuere el caso, los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley a favor de aquel; (ii) cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado no haya consignado oportunamente a órdenes del juzgado los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, presentando el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo. En su concepto, el no ser oído en juicio constituye una carga excesiva y desproporcionada que transgrede: (i) el preámbulo constitucional, teniendo en cuenta que la justicia, dentro de un marco democrático y participativo, exige la garantía de la contradicción y deliberación al interior del proceso judicial, en procura de la agilidad procesal; (ii) el principio de igualdad, en la medida en que brinda un trato inequitativo a las partes procesales y discrimina a los arrendatarios en razón de su capacidad económica; (iii) la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, porque el problema jurídico principal -que es sustancial-, se sustrae injustificadamente del conocimiento del operador judicial por la imperatividad de la norma procesal; (iv) el derecho al debido proceso de los arrendatarios, ya que se les cercena la posibilidad de defenderse en juicio; (v) el

acceso a la administración de justicia, porque la medida hace nugatoria la posibilidad de discutir en sede judicial el verdadero motivo por el cual la parte demandada no ha podido pagar los conceptos adeudados. 12 Corte Constitucional, sentencia C-122 de 2004. 9 Concepto No. Para el Ministerio Público, existen razones de peso para considerar que la demanda actual versa sobre el mismo contenido normativo de las proposiciones jurídicas estudiadas en las sentencias C-070 de 1993, C-056 de 1996 y C-122 de 2004 y que, además se presentan las mismas razones o cuestionamientos analizados en aquellas ocasiones. En efecto, como se extrae de los textos, utilizando las mismas composiciones gramaticales, las disposiciones confrontadas prevén la carga procesal en cabeza de la parte demandada en el marco del proceso de restitución de inmueble arrendado, consistente en demostrar el pago de los conceptos adeudados para poder ser oída en juicio. Como se explicó, el contenido material del artículo 384 del Código General del Proceso ya fue sometido a control constitucional, siendo declarado exequible en las sentencias en mención, sin que en dichos fallos la Corte hubiere limitado el alcance de la decisión. En ese orden de ideas, a continuación, se determinará si, como lo plantean los accionantes, ha variado la significación material de la Constitución y si en esa medida debe realizarse un nuevo análisis de constitucionalidad. En efecto, atendiendo el carácter dinámico de la Constitución, que se deriva de su relación directa con la realidad sociopolítica del país, es posible que el juez constitucional pueda volver a evaluar la interpretación previamente adoptada en torno al alcance

de una determinada proposición jurídica, a partir de acontecimientos distintos a los que respaldaron la decisión adoptada en el pasado13; lo cual no atenta contra la cosa juzgada material, “(…) pues el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales que permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica”14. Acorde con los accionantes, la variación en la significación material de la Constitución se sustenta en “(…) el cambio socioeconómico que funge como criterio de control de la materialización de los fines y valores constitucionales y cómo los mismos se han visto afectados por la pandemia del COVID-19” y en “(…) el desarrollo jurisprudencial que ha ocurrido en recientes años -muy diferente a las incipientes construcciones constitucionalesque datan de la década de los noventas respecto del principio de igualdad y la prevalencia del derecho sustancial como parámetro de control constitucional abstracto”15. Frente al primer asunto, el Ministerio Público considera que, independientemente de los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el orden económico y social, las circunstancias extraordinarias que se han venido presentando por su propagación no suponen una variación en la significación material de la Constitución ni sirven de sustento para cambiar la regulación ordinaria en materia 13 Sobre el cambio en la significación material de la Constitución y el concepto de “Constitución viviente”, ver: sentencias C-774 de 2000, C-310 de 2002, C-570 de 2012, C-332 de 2013, C-166 de 2014, C-687 de

2014, C-007 de 2016, C-092 de 2017. 14 Corte Constitucional, sentencia C-310 de 2002. 15 Corrección de la demanda, p. 12. 10 Concepto No. de restitución de inmueble arrendado. Tratándose de una situación extraordinaria y aislada, el contexto adecuado para legislar es en el de los decretos legislativos por emergencia económica, social y ecológica16; como en efecto lo hizo el Presidente de la República al proferir los decretos 579 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 17 y 797 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”18, para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre los contratos de arrendamiento. Justamente, las situaciones de anormalidad constitucional y los poderes de excepción del Presidente de la República, tienen como propósito superar una situación de crisis para mantener la Constitución y las normas legales que ha expedido el legislador de conformidad con los procedimientos ordinarios. Por otra parte, se considera que el segundo argumento presentado por los accionantes para sustentar la existencia de una variación en la significación material de la Constitución, esto es, el cambio jurisprudencial en materia de igualdad y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, no cumple

con las cargas mínimas que exige la jurisprudencia para su procedibilidad. Como lo ha planteado la Corte, debido al carácter extraordinario en que se permite exceptuar la cosa juzgada constitucional de naturaleza formal, se le exige al demandante el cumplimiento de una especial y particular carga argumentativa. De manera que, sobre la base de la idea de la “Constitución viviente”, en la demanda se deben exponer las razones que demuestran una variación relevante del marco constitucional y, como carga adicional, se debe: (i) explicar la modificación sufrida por el marco constitucional, (ii) indicar los referentes o factores que acreditan dicha modificación y (iii) evidenciar la relevancia de la nueva comprensión constitucional respecto de las razones de la decisión adoptada en el pasado19. En la medida en que los accionantes se limitaron a afirmar que se ha desarrollado un cambio jurisprudencial relevante en materia de igualdad y del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, pero se abstuvieron de explicar el alcance de los fallos y sus efectos sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado, se considera que la demanda no cumple con las cargas mínimas exigidas para el análisis de un cargo de esta naturaleza. En efecto, solo se hizo mención a las sentencias C-203 de 2011, C-499 de 2015, C-193 de 2016 y 16 Cfr. Constitución Política, artículo 215: “. 17 La Corte Constitucional, mediante sentencia C-248 de 2020 declaró la exequibilidad del Decreto 579 de 2020, con excepción del artículo 6 que fue declarado exequible (i)