PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY APROBATORIA DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY APROBATORIA DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-En relación con contribuciones especiales en materia tributaria COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Concepto y objeto según Corte Constitucional COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Clases La cosa juzgada es absoluta cuando el pronunciamiento no está limitado por la propia sentencia, es decir, se declara que la norma es exequible frente a todo el ordenamiento superior o es declarada inexequible. Por su parte, la cosa juzgada relativa se presenta cuando la declaratoria de exequibilidad se limita en forma expresa a los cargos que han sido analizados en la providencia judicial, con lo que se abre la posibilidad de formular nuevas demandas de inconstitucionalidad contra la misma norma que ha sido objeto de control, pero por otros cargos CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Trámite de expediente anterior declaró inexequible normas objeto de estudio/COSA JUZGADA ABSOLUTA-Se configura en el sub lite Mediante sentencia C-464 de 2020 proferida en el trámite del expediente D-13482, la Corte Constitucional declaró inexequible el contenido de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, para lo cual dispuso que la decisión surtirá efectos desde el 01 de enero del año 2023, salvo la expresión “y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, cuya inconstitucionalidad surte efectos hacia futuro… Es así como el Ministerio Público encuentra que la Corte Constitucional, dentro del expediente D-13482, juzgó las mismas normas demandadas en el trámite de los

expedientes D-13641 y D-13645 objeto de estudio, esto es, los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, y concluyó su inconstitucionalidad, de manera que se configura la institución procesal de cosa juzgada formal y absoluta, razón por la que se solicitará a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia C-464 de 2020 respecto de los preceptos normativos señalados COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Corte constitucional debe estarse en lo resuelto en sentencia C-464 2004 que declaró inexequibles normas en comento Concepto No. Bogotá, D.C., 14 de enero de 2021 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 “[p]or el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la

Equidad”.

Actores: Lucy Cruz de Quiñones y otros

Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Expediente: D-13641 y D-13645

Concepto 6899 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, en mi calidad de Procurador General, rindo concepto en relación con las demandas instauradas por los ciudadanos Lucy Cruz de Quiñones, Diego Quiñones Cruz y María Catalina Jaramillo Hernández, en ejercicio de la acción pública prevista en el numeral 6 del artículo 40 y el numeral

1 del artículo 242 de la Constitución, quienes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, cuyo texto se transcribe a continuación y se subraya lo demandado: “LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019 PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO II.

CAPÍTULO II.

MECANISMOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN.

SECCIÓN I.

PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y JUSTICIA

TRANSPARENTE PARA QUE TODOS VIVAMOS CON LIBERTAD Y

EN DEMOCRACIA.

SUBSECCIÓN 1.

LEGALIDAD PARA EL SECTOR AMBIENTAL Y MINERO

ENERGÉTICO.

ARTÍCULO 18. CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LA

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG), DE LA

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO (CRA) Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD). Modifíquese el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: Artículo 85. Contribuciones especiales a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de la Comisión de Regulación

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Con el 2 Concepto No. fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y en general recuperar los costos del servicio, las personas prestadoras y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de las respectivas entidades, serán sujetos pasivos del pago de las contribuciones especiales anuales descritas en el presente artículo, cuyas tarifas serán determinadas por las entidades respectivas y las cuales no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de las respectivas bases gravables. Los elementos de las contribuciones a que hace referencia el presente artículo serán:

1. Base gravable: La base gravable de cada sujeto pasivo se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados. Este valor se multiplicará por la división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total de ingresos por actividades ordinarias, conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior a la cual se haga su cobro. La base gravable descrita se calculará para cada sujeto pasivo así: Base gravable = (Costos y Gastos totales depurados) (Total ingresos actividades ordinarias y sus actividades complementarias de servicios sujetas a inspección vigilancia, control y regulación devengados en el

período) / (Total de ingresos de actividades ordinarias devengados en el período). Se entenderá que es un tercero independiente siempre que no cumpla con alguno de los criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario.

2. Tarifa: La tarifa de cada contribución especial se determinará por cada uno de los sujetos activos de la contribución de manera independiente, tomando el valor del presupuesto neto de la entidad correspondiente en el año a financiar, incluidos la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión, el cual se dividirá por la suma de las bases gravables determinadas para los sujetos pasivos conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior.

Tarifa de contribución de sujeto activo = (Presupuesto a financiar de sujeto activo) / (Suma de bases gravables de sujetos pasivos).

3. Hecho generador. El hecho generador de cada contribución especial por parte de los sujetos pasivos, será la prestación de los servicios sometidos a inspección, control, vigilancia y la venta de sus bienes vigilados o regulados.

4. Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la contribución especial son las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994, y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; las personas prestadoras de la cadena de combustibles líquidos y las personas prestadoras del servicio de alumbrado público. Tratándose de la CREG también lo serán las personas prestadoras a que hace referencia el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y el Decreto número 4299 de 2005, o las normas que lo

modifiquen, sustituyan o deroguen, con excepción de los distribuidores minoristas en estación de servicio en un municipio ubicado en zona de frontera. PARÁGRAFO 1o. El Gobierno nacional reglamentará las características y condiciones especiales que se requieran para la determinación de las contribuciones especiales a que hace referencia 3 Concepto No. el presente artículo, así como los asuntos relacionados con la declaración, administración, fiscalización, el cálculo, cobro, recaudo y aplicación del anticipo y demás aspectos relacionados con obligaciones formales y de procedimiento. Las sanciones e intereses por el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales relacionadas con la contribución especial serán las mismas establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y complementarios. PARÁGRAFO 2o. El manejo de los recursos del pago de las contribuciones especiales de la CRA y la CREG a que hace referencia el presente artículo se realizará de acuerdo con los mecanismos previstos en los artículos 72 de la Ley 142 de 1994 y 21 de la Ley 143 de 1994. En el evento de existir excedentes de la contribución especial de la CREG provenientes de las actividades reguladas de combustibles líquidos, debido a recursos no ejecutados en el período presupuestal, dichos excedentes serán compensados al pago de la contribución especial de cada empresa del sector de combustibles líquidos en la siguiente vigencia fiscal. PARÁGRAFO 3o. Los sujetos pasivos objeto de la presente contribución están obligados a reportar a más tardar el 30 de abril de cada vigencia la información requerida para el cálculo de la tarifa y la

liquidación de la contribución especial en el formato que para el efecto defina la CRA, la CREG y la SSPD a través del SUI. El no reporte de información, en las condiciones de oportunidad, calidad e integralidad definidos por la SSPD, generará la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la vigencia de 2019 el plazo para el cargue de la información será el 31 de julio.

SECCIÓN III.

PACTO POR LA EQUIDAD: POLÍTICA SOCIAL MODERNA

CENTRADA EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y

CONECTADA A MERCADOS.

SUBSECCIÓN 7.

EQUIDAD PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PÚBLICO DE ENERGÍA EN LA COSTA CARIBE.

ARTÍCULO 314. CONTRIBUCIÓN ADICIONAL A LA CONTRIBUCIÓN DEFINIDA EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 142 DE 1994 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO EMPRESARIAL. A partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 se autoriza el cobro de una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Dicha contribución se cobrará a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Las reglas aplicables a esta contribución serán las siguientes:

1. La base gravable es exactamente la misma que la base de la contribución de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, o cuando corresponda las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

2. Los sujetos pasivos son todas las personas vigiladas por la SSPD.

3. El sujeto activo de esta contribución será la SSPD.

4. La tarifa será del 1%.

5. El hecho generador es el estar sometido a la vigilancia de la SSPD.

El recaudo obtenido por esta contribución adicional se destinará en su totalidad al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El traslado de los recursos de las cuentas de la Superintendencia al Fondo Empresarial de la Superintendencia de 4 Concepto No. Servicios Públicos Domiciliarios estará exento del gravamen a los movimientos financieros”.

1. Planteamientos de las demandas

1.1.Expediente D-13641 Para solicitar la inexequibilidad de las disposiciones acusadas, los demandantes presentan seis cargos de inconstitucionalidad, en el primero de los cuales plantean que se desconocen tanto el valor justicia como el principio de equidad (arts. 95.9 y 363, C.P.), que indican que cualquier tributo debe basarse en la capacidad contributiva del obligado. Pese a ello, las normas demandadas ordenan, de una parte, gravar “el flujo de costos y gastos propios, y no por el servicio recibido ni por la disponibilidad de ingresos percibidos”, y de otra, implican una “duplicidad de la contribución para un Fondo Empresarial sobre un mismo hecho gravado, los mismos sujetos pasivos y sobre la misma base gravable”. En el segundo cargo sostienen el desconocimiento del principio de legalidad y la reserva de ley (arts. 150.12 y 338, C.P.), en atención a que no existe

certeza en el establecimiento de la contribución y sus elementos esencialessujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa-, y a que el ejercicio de delegación para la fijación de dichos elementos (aun cuando la norma superior solo lo permite respecto de la fijación del valor de la tarifa previa definición legal del método) desconocen los postulados constitucionales que rigen la materia. Para el tercer cargo, aducen que la Constitución establece que todo costo asociado a generar, comercializar y distribuir servicios públicos, ha de trasladarse a los usuarios como parte de las tarifas (principio de eficiencia en materia tributaria, arts. 365, 367 y 370, C.P.). No obstante, la aplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 encarece el servicio en desmedro de la prestación eficiente del mismo con base en una contribución duplicada, recaudo que además se orienta a que la Superintendencia de Servicios Públicos sea más eficiente. El cuarto cargo se dedica a resaltar la inequidad que torna ineficiente el tributo (art. 95.9, C.P.), dado que el artículo 314 materializa una doble tributación, duplicidad que no tiene justificación y que se aprecia en la identidad de la fuente de riqueza que soporta dos tributos, en favor del mismo sujeto activo (Superintendencia de Servicios Públicos) y con el mismo sujeto pasivo. 5 Concepto No. El quinto cargo expone cómo se vulneró la unidad de materia (art. 150, C.P.), por cuanto consideran que la ley del plan no es el instrumento apto para modificar normas tributarias permanentes que no guardan conexidad alguna

con el Plan Nacional de Desarrollo – PND. Esto porque las contribuciones cuestionadas pretenden aumentar y financiar el costo de los servicios prestados a los entes vigilados y no tienen una conexidad directa e inmediata entre los objetivos generales y las normas de ejecución. Para finalizar, el sexto cargo indica que, al no ser debatidos ni publicados previamente los contenidos para surtir el cuarto debate legislativo, las normas demandadas desconocen el principio de deliberación democrática y publicidad (arts. 157 y 341, C.P.). 1.2.Expediente D-13645 La accionante considera, en un primer cargo, que la falta de determinación de los elementos del tributo en las normas demandadas vulnera los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica en materia tributaria, contenidos todos en el artículo 338 constitucional. Para esto refiere que el artículo 18 de la Ley 1955 define como sujeto pasivo de la contribución a “todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, ambigüedad que deja al arbitrio del intérprete el ámbito de aplicación de la norma y que daría espacio a una interpretación lejana a la norma superior. El segundo cargo lo denomina “prohibición de doble imposición tributaria sobre un mismo hecho económico”, según el cual los artículos demandados establecen un mismo hecho económico e incluso equiparan las bases gravables, en abierto desconocimiento de los principios de justicia y equidad que iluminan la obligación de contribuir al financiamiento de gastos e inversiones del Estado (art. 95.9, C.P.). En el tercer cargo expone que la Constitución establece que el recaudo de las

contribuciones se determina en función del beneficio que perciba el contribuyente y hasta la concurrencia del costo que demande la actividad que lo origina (art. 338, C.P.). Sin embargo, las normas acusadas imponen una carga tributaria cuya destinación específica es diferente a la recuperación de los costos. Destaca también, en un cuarto cargo, que la propiedad privada y la libertad de empresa (arts. 58 y 333, C.P.) resultan disminuidos porque la redacción de los artículos 18 y 314 genera incertidumbre y literalmente podría implicar la eliminación de cualquier expectativa de ganancia, para lo cual ejemplifica en dos escenarios el impacto económico de los cambios introducidos por las 6 Concepto No. normas. Esto, en su concepto, también desconoce la prohibición de implementar tributos confiscatorios. En el último y quinto cargo argumenta cómo las normas establecen una diferenciación injustificada, toda vez que la contribución especial se dirige a financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y así recuperar los costos del servicio, pero tan solo los contribuyentes del sector combustible líquido pueden compensar los recursos no ejecutados, lo que resulta discriminatorio. En este sentido, una norma respetuosa del derecho a la igualdad (art. 13, C.P.), permitiría que esa posibilidad de compensar los excedentes de la contribución especial por aquellos recursos no ejecutados en el período presupuestal se concediera a todos los contribuyentes, indistintamente del sector en que se preste el servicio. Concepto del Ministerio Público 2.1 Cuestión previa: configuración de la cosa juzgada en el presente caso

Con fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política, se ha definido la cosa juzgada constitucional como una institución procesal “por virtud de la cual una providencia de constitucionalidad adquiere el carácter de vinculante, inmutable y definitiva. Dicho efecto tiene por objeto salvaguardar la supremacía constitucional y la seguridad jurídica, al impedir que se realice un nuevo pronunciamiento sobre una materia que ha sido previamente juzgada y que, en términos generales, exige que se trate de las mismas normas y que estas sean acusadas por los mismos cargos”1. Aun cuando la regla es que los fallos de control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, su configuración pende de posibles demandas con nuevos cargos, de si el estudio se limitó a un solo asunto de constitucionalidad, del análisis de la disposición frente a la totalidad de la norma superior, o de si existen cambios en la identidad del texto normativo, casos en los que la Corte podría realizar un nuevo ejercicio de control. En esa misma línea, la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha decantado que, cuando una disposición es declarada inexequible, el efecto de la cosa juzgada material es limitar la competencia del legislador, esto es, se le impide reproducir el contenido material de la norma que no se ajusta a la Constitución, y en el evento que ello ocurra la Corte debe proferir un fallo de inexequibilidad por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 superior. Cuando es declarada exequible una disposición, la cosa juzgada material implica

que la Corte resulte imposibilitada para pronunciarse sobre la materia previamente 1 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-166 de 2019. 2 Ver sentencias C-352 de 2017, C-100 de 2019, C-166 de 019, entre otras. 7 Concepto No. resuelta, ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, alteren la confianza legítima de los administrados o vulneren el principio de la igualdad3. Sin embargo, de manera excepcional, es posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. Esto, en atención al carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, la cual puede en determinados eventos requerir una nueva interpretación por parte del juez constitucional que concrete los valores y principios superiores de cara a la norma juzgada. En ese contexto, es la misma Corte Constitucional la que consolidará los efectos de la cosa juzgada frente a cada proceso concreto, y con ello garantizará la integridad y supremacía de la Carta, para lo cual se ha ocupado de hacer la siguiente distinción: “La cosa juzgada formal tiene lugar cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es objeto de una nueva demanda, o cuando una nueva norma con un texto exactamente igual a uno anteriormente examinado por la Corte es nuevamente demandado por los mismos cargos. En estas hipótesis la Corte no puede pronunciarse de nuevo sobre la constitucionalidad de la norma. Por su

parte, la cosa juzgada material, se presenta cuando la disposición demandada reproduce el mismo sentido normativo de otra norma que ya fue examinada por la Corte. (...)”4 Y es el mismo alto tribunal el que precisó que la cosa juzgada es absoluta cuando el pronunciamiento no está limitado por la propia sentencia, es decir, se declara que la norma es exequible frente a todo el ordenamiento superior o es declarada inexequible. Por su parte, la cosa juzgada relativa se presenta cuando la declaratoria de exequibilidad se limita en forma expresa a los cargos que han sido analizados en la providencia judicial, con lo que se abre la posibilidad de formular nuevas demandas de inconstitucionalidad contra la misma norma que ha sido objeto de control, pero por otros cargos5. Ahora bien, mediante sentencia C-464 de 2020 proferida en el trámite del expediente D-13482, la Corte Constitucional declaró inexequible el contenido de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, para lo cual dispuso que la decisión surtirá efectos desde el 01 de enero del año 2023, salvo la expresión “y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, cuya inconstitucionalidad surte efectos hacia futuro. En la sentencia, de la que se tuvo conocimiento mediante comunicado de prensa No. 45 de 20206, la Corte analizó la constitucionalidad de las normas por los 3 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.

4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-393 de 2011. 5 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019. 6 Comunicado de prensa No. 45 del 28 y 29 de octubre de 2020, recuperado el 09Diciembre2020, 18:42PM en https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%20No.%2045%20del%2028%20y 8 Concepto No. cargos basados en “(i) el desconocimiento de los artículos 150-12 y 338 de la Constitución, por indeterminación de los sujetos pasivos de la contribución especial; (ii) el presunto desconocimiento del artículo 158 superior, en tanto que, a juicio del demandante, los artículos 18 y 314 desconocen el principio de unidad de materia, por falta de conexidad con los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo; y (iii) el desconocimiento del artículo 338 superior, en tanto que a juicio del demandante, al destinar los recursos provenientes de una contribución especial a gastos de inversión de los sujetos de regulación e inspección, vigilancia y control así como al Fondo Empresarial que administra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se desconoce la naturaleza asignada por la Constitución a dichos recursos”. En la síntesis de los fundamentos se indica que la expresión “y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, contenida en el numeral 4 del artículo 18 demandado, vulnera el principio de legalidad, por cuanto son los órganos colegiados de representación popular quienes deben determinar con suficiente claridad y precisión todos y cada

uno de los elementos esenciales del tributo. En este orden de ideas, la indeterminación insuperable para calificar al sujeto pasivo de la contribución, deviene en la inexequibilidad de la expresión. La Corte continúa el estudio de las normas a la luz del principio de unidad de materia, a partir del cual encuentra que “los artículos 18 (restante) y 314 de la Ley 1955 de 2019 contienen medidas de naturaleza tributaria de carácter (i) permanente; y (ii) temporal o transitorio, relativas al régimen de servicios públicos domiciliarios”. Es desde esta precisión que advierte que los preceptos normativos no tienen conexidad directa e inmediata con los pactos estructurales de legalidad, emprendimiento y equidad, ni con los capítulos y subsecciones en que se ubican, ni con los pactos transversales de “Calidad y eficiencia en los servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos” y “Pacto por la Región Caribe: una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad”. Señala también que el Gobierno no justificó la conexidad existente entre la carga tributaria impuesta con una ley especial (y en principio temporal), y los objetivos generales del PND, exigencia que cobra mayor fuerza frente a un déficit de deliberación democrática ocasionado en los tres debates a que se sometieron los artículos. Bajo esta óptica, la Corte Constitucional concluye que, “dada la temática de las normas demandadas, su vigencia temporal y su finalidad, el principio de unidad de materia exige, en el caso de una norma especial y multitemática como lo es la Ley

del Plan, una carga argumentativa suficiente en cabeza del Gobierno nacional”. Es así como el Ministerio Público encuentra que la Corte Constitucional, dentro del expediente D-13482, juzgó las mismas normas demandadas en el trámite de los %2029%20de%20octubre%20de%202020.pdf 9 Concepto No. expedientes D-13641 y D-13645 objeto de estudio, esto es, los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, y concluyó su inconstitucionalidad, de manera que se configura la institución procesal de cosa juzgada formal y absoluta, razón por la que se solicitará a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia C464 de 2020 respecto de los preceptos normativos señalados.

4. Solicitud Por las razones expuestas, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-464 de 2020, en relación con los cargos contra los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019.

Atentamente,

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

MCQD/AMF

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