PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Contra los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la ley 1

Procuradora General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia DERECHO FUNDAMENTAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICAAnálisis constitucional/APROBACIÓN DE LEYES ESTATUTARIAS-Requisitos según el art. 153 de la constitución política El derecho de reunión y manifestación pública se encuentra reconocido en el artículo 37 superior, artículo que hace parte del Título II de la Constitución Política, relativo a “los derechos, las garantías y los deberes”, del Capítulo 1, “De los derechos fundamentales”. Por tanto, para esta jefatura no hay duda de que el derecho de reunión y manifestación pública efectivamente es un derecho fundamental, como se señala en la misma norma superior citada, pero también en la jurisprudencia constitucional, como es el caso de Sentencia T-366 de 2013 (), en donde se hace referencia a este derecho de reunión y manifestación público y se le enlaza con otros derechos como lo son el de libertad de expresión, el derecho de asociación, entre otros, señalando expresamente lo siguiente: Por lo tanto, también es cierto que al tratarse de un derecho fundamental, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 15 superior el derecho de reunión y manifestación pública se debe regular por medio de una ley estatutaria, de tal forma que puede decirse que para efectos del análisis de constitucionalidad que aquí corresponde sí resulta relevante el principio de reserva de ley estatutaria, como buen sostienen los accionantes. En este sentido, es pertinente también recordar que, según se dispone en el artículo 153

Superior, la aprobación, modificación o derogatoria de las leyes estatutarias requiere la mayoría absoluta de los miembros de las cámaras y el trámite del proyecto correspondiente debe hacerse en una sola legislatura. Y que además el proyecto aprobado por el Congreso debe someterse a un control previo e integral de constitucionalidad ante la Corte. CORTE CONSTITUCIONAL-Precisa sobre las leyes estatutarias …,… la Corte Constitucional precisó que con las leyes estatutarias se quiso “dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad”. No obstante, al mismo tiempo especificó que no “toda norma atinente a ellos deba necesariamente ser objeto del exigente proceso aludido, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la competencia del legislador ordinario”. DERECHO FUNDAMENTAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICARegulación de las disposiciones contenidas en el capítulo II, del título IV del Código nacional de Policía y Convivencia Pues bien, a partir de una lectura armónica de los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016, contenidos en el capítulo II, del Título IV del Código Nacional de Policía y Convivencia, esta vista fiscal concluye que esas disposiciones regulan el derecho reunión y manifestación pública de manera íntegra, estructural y completa, por cuanto señalan los requisitos para las reuniones de las personas con el fin de exponer ideas e intereses

Procuradora General Concepto colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo; al mismo tiempo que establecen e límites para autorizar su uso temporal para actos o eventos, como también prohibiciones para proteger su ejercicio. Afirmación preliminar que se refuerza al observar que no existe otra norma jurídica que regule de esta manera, o de cualquier otra, el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. Por ende, al regular de manera íntegra, estructural y completa el derecho de reunión y manifestación pública, los artículos demandados sí afectan su núcleo esencial, pues disponen en detalle lo relativo a su ejercicio, a sus restricciones, a su procedencia, a su trámite y a sus consecuencias. Y dado que no hay una norma distinta en la cual se pueda encontrar regulado el núcleo esencial del derecho, norma que precisamente debería ser de naturaleza estatutaria, es imposible sostener que las normas demandadas se limiten a desarrollar aspectos que no son propios de ese núcleo esencial. En vista de lo anterior, esta jefatura concluye que los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 del Código Nacional de Policía y Convivencia vulneran el principio de reserva de ley estatutaria. No obstante, dadas las consecuencias prácticas que se seguirían de esta declaración para el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica, esta jefatura también considera que debe exhortarse al Congreso de la República para que tramite con celeridad dicha ley, conforme a los cauces ordinarios. 2 Procuradora General Concepto Bogotá, D.C., 2 de febrero de 2017

Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.

Demandantes: Carlos Esteban Romo Delgado, Cesar

Rodríguez Garavito y Sebastián Lalinde Ordoñez.

Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Expediente: D-11747 y D-11755.

Concepto 6250 De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 2° y 5° de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente, rindo concepto sobre la demandas que, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40, numeral 6°, y 242, numeral 1º, superiores, instauraron los ciudadanos Carlos Esteban Romo Delgado, Cesar Rodríguez Garavito y Sebastián Lalinde Ordoñez contra los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación: “LEY 1801 DE 2016 (julio 29) Diario Oficial No. 49.949 de 29 de julio de 2016 <Rige a partir del 29 de enero de 2017> CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]

TÍTULO VI.

DEL DERECHO DE REUNIÓN.

CAPÍTULO I.

CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN.

[…]

CAPÍTULO II.

EXPRESIONES O MANIFESTACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.

ARTÍCULO 53. EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA EN EL ESPACIO PÚBLICO. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo. 3 Procuradora General Concepto Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas. Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado. Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta. PARÁGRAFO 1o. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se considerarán por sí mismas como alteraciones a la convivencia. PARÁGRAFO 2o. El que irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal, será objeto de aplicación de medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 4. ARTÍCULO 54. USO DE VÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN O MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA EN EL ESPACIO PÚBLICO. Los alcaldes distritales o municipales, salvo circunstancias

excepcionales o de fuerza mayor, deberán autorizar el uso temporal de vías dentro de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. En el caso de las vías arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos. ARTÍCULO 55. PROTECCIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA FRENTE A SEÑALAMIENTOS INFUNDADOS. Con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica. ARTÍCULO 56. ACTUACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN LAS MOVILIZACIONES TERRESTRES. De conformidad con los estándares internacionales, es función de la Policía garantizar los derechos de toda la ciudadanía que interviene directa o indirectamente en el ejercicio de la movilización. El uso de la fuerza debe ser considerado siempre el último recurso en la intervención de las movilizaciones. La actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de tal manera que dicha identificación resulte visible sin dificultades. La fuerza disponible deberá

estar ubicada de manera que su actuación pueda hacerse de forma oportuna, pero sin afectar el desarrollo de la movilización que se haga de conformidad con las normas de convivencia. Los cuerpos de Policía intervendrán sólo cuando se considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad y a la garantía de los derechos de los manifestantes y de los demás habitantes que puedan verse afectados por su actuación. Los escuadrones móviles antimotines sólo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los derechos. 4 Procuradora General Concepto Las Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo los casos en los que excepcionalmente los autoriza la Constitución y la ley. ARTÍCULO 57. ACOMPAÑAMIENTO A LAS MOVILIZACIONES. Los alcaldes distritales o municipales con el apoyo de funcionarios de los entes de control encargados de velar por la protección de los Derechos Humanos, acompañarán el ejercicio del derecho a la movilización pacífica. Cuando se presenten amenazas graves e inminentes a otros derechos, los alcaldes podrán intervenir, por medio de gestores de convivencia de naturaleza civil, para garantizar el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía durante el desarrollo de la movilización. Cuando se haya agotado la intervención de los gestores de convivencia y persistan graves amenazas para los derechos a la vida y la integridad, la Policía Nacional podrá intervenir”.

1. Planteamientos de la demandas

a) Expediente D-11747 El accionante aduce que la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la movilización y protesta social a través de múltiples pronunciamientos, en los que ha expuesto diferentes enfoques y atributos propios de un derecho fundamental, garantizando el derecho el ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión, como también ha planteado la prohibición de impedir el ejercicio de este derecho incluso en los estados de excepción1. De lo anterior, infiere que el derecho a la protesta y movilización social es un derecho fundamental debido a que tiene una connotación de alta envergadura axiológica en el marco de valores establecidos en la Constitución Política, tales como la democracia participativa, la soberanía popular y la participación en asuntos públicos, a partir de lo cual concluye que lo dispuesto en artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016 debe regularse mediante una ley estatutaria. 1 En la demanda se referencian, como sustento de lo anterior, las sentencias C-24 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-742 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa). 5 Procuradora General Concepto b) Expediente D-11755 Los accionantes de esta segunda demanda igualmente solicitan que se declare la inexequibilidad de los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016. Como sustento de lo anterior, comparten la apreciación de que éstas debieron tramitarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria, por lo que alegan, como un primer cargo, la violación del literal

a) del el artículo 152 superior, para efecto de lo cual mencionan los criterios para aplicar y definir cuándo la regulación de un derecho fundamental debe realizarse vía ley estatutaria o vía ley ordinaria, expuestos en la Sentencia C-818 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ). Así mismo, señalan que el trámite de la ley estatutaria es necesario cuando se pretende hacer una regulación integral de un mecanismo de protección de derechos fundamentales para su defensa y protección. Además de indicar que la regulación de los elementos estructurales esenciales de un derecho fundamental debe realizarse a través de la ley estatutaria ya que la regulación de la especificidad y del detalle le corresponde al legislador ordinario, y éstos elementos estructurales esenciales corresponden al núcleo esencial de los derechos fundamentales. De tal forma que concluyen que otro elemento que puede deducirse a partir de un examen de la estructura de los derechos fundamentales es la definición de las prerrogativas que se desprenden del derecho para los titulares y que se convierten en obligaciones para los sujetos pasivos. Por lo tanto, consideran que la lógica de la sentencia citada es aplicable al derecho de reunión y a la manifestación pública como derecho fundamental, en tanto es un derecho fundamental reconocido en el artículo 37 superior y reconocido por la jurisprudencia constitucional ya que en ésta se ha precisado que “será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana 6 Procuradora General Concepto y sea traducible en un derecho subjetivo” (T-227 de 20003). Como también por el hecho de que el ámbito de protección del derecho de reunión y

manifestación pública se extiende al artículo 20 superior, relativo a la libertad de expresión, y esto a la luz del numeral 1° del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual ésta “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Incluso, agregan que siguiendo esta misma dirección la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho fundamental a la libertad de expresión en su acepción genérica abarca diferentes derechos fundamentales específicos, a saber: la libertad de manifestarse, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de recibir información, la libertad de fundar medios de comunicación y la libertad de prensa (C-650 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda). De igual forma, aducen que la regulación del derecho de reunión y manifestación pública contenida en las normas acusadas es integral, en la medida en que allí se establecen de manera completa las condiciones que deben reunirse para que pueda ejercerse el derecho. Y, así mismo, destacan que en el artículo 53 demandado se señala el objeto del derecho, la exposición pública de ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo. Al mismo tiempo que allí se imponen obligaciones al titular del derecho o excepciones a su régimen de protección, como son específicamente el deber de dar aviso por escrito o por correo electrónico a la primera

autoridad administrativa del lugar con 48 horas de anticipación, expresando el día, hora y sitio de la proyectada reunión, y el deber de no causar alteraciones a la convivencia con la manifestación, so pena de que la misa sea disuelta. Hasta el punto de que el mismo artículo prevé, 7 Procuradora General Concepto destacan, una prerrogativa para las reuniones y manifestaciones espontáneas, al advertir que ellas no se considerarán por sí mismas alteraciones a la convivencia. Sumado a lo anterior, afirman los accionantes que el parágrafo segundo del artículo 53 acusado protege a los manifestantes al establecer una medida correctiva de multa para quien “irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal”. Agregando que ese mismo propósito se persigue con el artículo 55 demandado, en donde se prohíbe la divulgación de mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica. Sin embargo, en todo caso consideran que la regulación del derecho de reunión y manifestación pública contenida en la Ley 1801 de 2016 es tan completa que determina fórmulas para armonizar el derecho de reunión y manifestación pública con los derechos de terceros no involucrados en manifestaciones, como sucede al obligar a las autoridades a “establecer un

plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o evento”. Mientras simultáneamente indican que otro de los principios básicos al respecto es la intervención de la fuerza pública, regulada en los artículos 56 y 57 demandados, en donde se fijan las condiciones para el uso de la fuerza. Por las razones mencionadas, entonces, consideran los accionantes que las normas demandadas tienen la pretensión de regular el derecho de reunión y manifestación pública en sí mismo y no simplemente regular asuntos relacionados con este derecho, sumado a que no existe otra norma que regule el derecho de reunión y manifestación pública, con 8 Procuradora General Concepto excepción del artículo 37 constitucional, que lo enuncia más no lo desarrolla o regula; mientras los artículos 44 y 45 de la Ley 1453 de 2011, que penalizan la obstrucción a vías públicas y la obstrucción a la circulación del transporte público, los cuales podrían considerarse como límites a ese derecho pero no una regulación completa o integral del mismo que incluya todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que aquel puede ejercerse. A partir de lo cual concluyen que la regulación demandada es integral, completa y sistemática y, por lo tanto, que su el trámite debió haber sido el de una ley estatutaria y no el de una ley ordinaria, lo que supone una violación a la reserva de ley estatutaria. De otra parte, en esta misma demanda se cuestiona por vicios de fondo el artículo 53, inciso primero, así como la expresión “o de cualquier otro fin legítimo”, para efectos de lo cual se citan la Sentencia C-10 de 2000 (M.P.

M.P. Alejandro Martínez Caballero ), de acuerdo con la cual las limitaciones a libertad de reunión no deben depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de la manifestación, sino que deben servir un interés público y dejar otras vías alternativas de comunicación. Igualmente mencionan el numeral 3° del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se prohíbe la censura previa de discursos y únicamente se admite que se declaren responsabilidades ulteriores, de tal forma que las autoridades no pueden restringir ni mucho menos prohibir una reunión o manifestación pública con base en que su contenido o fin buscado supuestamente es ilegítimo, ilegal, perturbador, chocante, ofensivo. En este sentido, sostienen que lo anterior quiere decir que la incitación a la violencia y la propaganda de guerra no son discursos aceptados en una democracia y, por tanto, consideran que aunque una reunión o manifestación pública cuyo contenido encuadre en uno de estos discursos sí puede ser legítimamente prohibida, no sucede lo mismo con cualquier 9 Procuradora General Concepto otra manifestación que se pretenda restringir invocando “de cualquier otro fin legítimo”, como indebidamente consideran que lo permite el artículo 53 de la Ley 1801 de 2016. Así mismo, solicitan a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de la expresión “Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico”, contenida en el concitado artículo 53, bajo el entendido de que el aviso previo es procedente únicamente cuando está relacionado con reuniones o manifestaciones que suponen el uso temporal de vías

públicas. Pero que, en cambio, se declare inexequible la expresión “Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas” del inciso segundo del mismo artículo, por cuanto aducen que pone en riesgo el derecho a la intimidad y a la no autoincriminación de los manifestantes. De igual manera, solicitan la constitucionalidad condicionada de la expresión “alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”, contenida en el inciso cuarto de esa misma norma, dado que entienden que ésta desconoce el núcleo esencial del derecho de reunión y manifestación pública y amenaza derecho a la integridad personal de los manifestantes, por lo que consideran que debe entenderse que las alteraciones a la convivencia que facultan a las autoridades para disolver una reunión o manifestación deben ser graves, al mismo tiempo que éste debe ser el último recursos al que acudan las autoridades, es decir, luego de intentar otras alternativas como aislar a las personas violentas o informar sobre la decisión de disolver la protesta para que los participantes tengan la oportunidad de dispensarse voluntariamente. Por último, requieren que también se condicione la constitucionalidad de la expresión “salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor” contenida en el artículo 54, de tal forma que se entienda que en esos casos las autoridades pueden restringir pero nunca prohibir las reuniones y 10 Procuradora General Concepto manifestaciones que requieren el uso temporal de vías; que, además, tal restricción únicamente procede en casos extremos en los que sea absolutamente resulte necesario para evitar amenazas graves e inminentes —no eventuales e hipotéticas— al orden público, excluyendo del concepto

de orden público las alteraciones al tráfico; y, por último, cuando éstas se presenten las autoridades correspondientes deben justificar y motivar sus decisiones para conjurar esas amenazas graves e inminentes. Como sustento de todo lo anterior aducen que las manifestaciones deben tener un fin legítimo y que la Ley 1801 no explica qué se entiende como tal, por lo que suponen que serán las autoridades de policía quienes terminen llenando de contenido este concepto a través de otros actos distintos a la ley en sentido formal y material, lo cual concluyen que es contrario a la reserva de ley. También señalan que el deber de aviso previo a la reunión o manifestación se opone al carácter disruptivo de la protesta social, como sea que por razón del mismo las autoridades podrían tomar medidas para que la protesta no genere ninguna incomodidad en la cotidianidad social, y que en esa medida se le resta eficacia al ejercicio del citado derecho. Sin embargo, agregan que a partir de una interpretación sistemática de la jurisprudencia constitucional se puede advertir que el deber de aviso previo únicamente es procedente cuando se trata de reuniones y manifestaciones que implican un uso temporal de vías públicas, mientras que en los demás casos el deber de aviso previo contraviene la constitución. Y en todo caso consideran que este requisito no cumple ninguna finalidad lo que lo convierte en una limitación irrazonable, injustificada e inconstitucional al derecho de reunión y manifestación. En este sentido, reiteran y destacan que este derecho por lo general es un derecho disruptivo, es decir, que el ejercicio generalmente produce 11 Procuradora General Concepto incomodidades y molestias en el resto de la sociedad. Pero que se trata de

incomodidades y molestias que acarrean formas de ejercicio de la política democrática y que no pueden justificar la disolución de una reunión o manifestación pública, salvo que las alteraciones a la convivencia que produzcan efectivamente sean lo suficientemente graves, siendo éste, por tanto, el sentido en el que solicitan que la Corte Constitucional agregue un condicionamiento. Finalmente, en relación con el aviso previo consideran que este asunto tiene un carácter informativo, de lo que deducen que es inconstitucional que las autoridades no autoricen el uso temporal de vías para reuniones y manifestaciones. Salvo que las “circunstancias excepcionales o de fuerza mayor” en las aquellas pueden no conceder la autorización se interprete en el sentido que pueden restringir pero nunca prohibir las reuniones, que esto aplica exclusivamente para las manifestaciones que requieren el uso temporal de vías, y que en todo caso decisiones que restrinjan una reunión o manifestación deben ser motivadas, a fin de ofrecerles a las personas la posibilidad de elegir otra vía para realizar la reunión o manifestación, y de que se ofrezca una justificación en donde se demuestre la imposibilidad de adoptar las medidas preventivas necesarias para conjurar esas amenazas graves o inminentes.

2. Problema jurídico De acuerdo con lo que se sostiene en las dos demandas antes resumidas, en el presente proceso corresponde determinar si los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía y Convivencia, al regular de manera integral el derecho fundamental de reunión y manifestación pública efectivamente vulneran el principio de reserva de ley estatutaria. Y, en segundo lugar, verificar si las normas

demandadas vulneran lo dispuesto en los artículos 11,13, 20, 37 y 49 de 12 Procuradora General Concepto la Constitución Política, al restringir o afectar los deberes de protección del derecho de reunión y manifestación pública.

3. Análisis constitucional El derecho de reunión y manifestación pública se encuentra reconocido en el artículo 37 superior, artículo que hace parte del Título II de la Constitución Política, relativo a “los derechos, las garantías y los deberes”, del Capítulo 1, “De los derechos fundamentales”. Por tanto, para esta jefatura no hay duda de que el derecho de reunión y manifestación pública efectivamente es un derecho fundamental, como se señala en la misma norma superior citada, pero también en la jurisprudencia constitucional, como es el caso de Sentencia T-366 de 2013 (MP. Alberto Rojas Rios), en donde se hace referencia a este derecho de reunión y manifestación público y se le enlaza con otros derechos como lo son el de libertad de expresión, el derecho de asociación, entre otros, señalando expresamente lo siguiente: “Esta norma incorpora el derecho de manifestación, garantizando en ambos casos su ejercicio público y pacífico, y estatuye que sólo la ley podrá señalar expresamente los eventos en los cuales puede limitarse el ejercicio de este derecho. El derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, ha sido reconocido por esta Corporación como una de las varias manifestaciones que tiene la libertad de expresión (artículo 20, CP). Dentro de un régimen jurídico pluralista que privilegia la participación democrática y que además garantiza el ejercicio de otros derechos de rango constitucional como la libertad de locomoción (art. 24, CP) y los derechos de asociación (artículo 38,

CP) y participación en los asuntos públicos (artículos 2 y 40, CP), la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades”. Por lo tanto, también es cierto que al tratarse de un derecho fundamental, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 15 superior el derecho de reunión y manifestación pública se debe regular por medio de una ley 13 Procuradora General Concepto estatutaria, de tal forma que puede decirse que para efectos del análisis de constitucionalidad que aquí corresponde sí resulta relevante el principio de reserva de ley estatutaria, como buen sostienen los accionantes. En este sentido, es pertinente también recordar que, según se dispone en el artículo 153 Superior, la aprobación, modificación o derogatoria de las leyes estatutarias requiere la mayoría absoluta de los miembros de las cámaras y el trámite del proyecto correspondiente debe hacerse en una sola legislatura. Y que además el proyecto aprobado por el Congreso debe someterse a un control previo e integral de constitucionalidad ante la Corte. En efecto, en la Sentencia C-425 de 1994 (M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo) la Corte Constitucional precisó que con las leyes estatutarias se quiso “dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad”.

No obstante, al mismo tiempo especificó que no “toda norma atinente a ellos deba necesariamente ser objeto del exigente proceso aludido, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la competencia del legislador ordinario”. En el mismo sentido, al precisar cuáles normas sí deben ser tramitadas con arreglo a lo previsto en la Constitución para el caso particular de las leyes estatutarias, dijo la Corte en la Sentencia C-620 de 2001 (MP. Jaim