PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Contra numerales de arts 4,15 y 26 del decreto- ley

Procurador General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra numerales de arts 4,15 y 26 del decretoley 16 de 2014 por desconocer autonomía de organismos del Estado COMPETENCIA-Otorgada a ejecutivo no transgrede ordenamiento superior Estima la accionante que el Presidente de la República excedió su competencia legislativa extraordinaria, en razón a que situó funcionalmente a la Fiscalía General de la Nación como superior de otras autoridades independientes, lo cual implica materialmente la modificación de la estructura funcional de las demás entidades con funciones de policía judicial. No obstante, esta jefatura no comparte las apreciaciones de la demandante, toda vez que considera que confunde dos fenómenos distintos como son (i) la modificación de la estructura funcional de entidades distintas a la Fiscalía General de la Nación y (ii) la creación de dependencias al interior de la Fiscalía General con la misión de actuar de manera concurrente o coordinada con otras autoridades del poder público. En efecto, al verificar las normas acusadas se encuentra que la dependencia “Subdirección De Articulación Externa de Policías Judiciales” creada por el artículo 26 del Decreto demandado, se encuentra exclusivamente al interior de la Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual no es posible estimar que con su creación se modificaron las plantas o las funciones de otras entidades distintas a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, si bien es cierto que la Subdirección De Articulación Externa de Policías Judiciales (artículo 26) tiene como función interactuar funcionalmente con otras entidades del aparato estatal, ello no implica que orgánicamente se inserte en aquellas, sino

únicamente que la disposición establece un canal institucional, al interior de la Fiscalía, para efectos de facilitar la articulación de una función pública, lo cual no se equipara con la modificación de la estructura orgánica de otras entidades. En tal sentido, desde la mera perspectiva de la competencia otorgada al ejecutivo, el Procurador General de la Nación estima que no se ha transgredido el ordenamiento superior. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Capacidad para dirigir o coordinar función de Policía Judicial según regulación legal FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Tiene potestad de dirigir o coordinar investigaciones de Policía Judicial ….En tal sentido, la potestad de dirigir o coordinar las investigaciones de la policía judicial no es un atributo ligado en sí mismo a la función investigativa, sino a la misión concreta Procurador General Concepto de la investigación penal. Y esta precisión es relevante y determinante, toda vez que implica que la referida competencia debe leerse como dirección para el despliegue de la acción penal, y por tanto, como procedente únicamente en aquellos eventos que resulten de su competencia, esto es, de la competencia de la Fiscalía General de la Nación. De hecho, esta interpretación es, en concepto de esta vista fiscal, la única que resulta armónica con el principio de separación funcional con colaboración armónica de poderes, previsto en el artículo 113 Superior, así como con ciertas regulaciones específicas que la Constitución efectúa en torno a la labor investigativa del Estado….. ….. Ahora bien, a pesar que la Constitución haya dotado a la Fiscalía General de la Nación con el papel de la dirección y coordinación de la función de policía judicial, dicha

labor no puede entenderse de forma aislada al resto del ordenamiento superior, sino que tal función ha de interpretarse de manera armónica. Y, por esta misma razón, cuando la Corte Constitucional ha interpretado el referido marco normativo ha concluido que la potestad de dirección de la función de policía judicial en general tiene su explicación en que a la Fiscalía General de la Nación se le atribuyó la titularidad de la acción penal, lo que significa, en otras palabras, que no puede concluirse que se trate de una dirección universal de las investigaciones, sino únicamente en atención a su competencia funcional. ORGANOS DE CONTROL-Colaboración armónica entre las ramas no puede negar su autonomía En tal sentido, para esta jefatura es claro que la entrega de la dirección de la labor de policía judicial no puede entenderse como una dirección universal de toda investigación que se realice, sino únicamente sobre aquellos aspectos directamente relacionados con la función propia de la Fiscalía, esto es, la investigación de los delitos. Y, por tal razón, sería inconstitucional una disposición que permita a la Fiscalía General de la Nación dirigir las funciones constitucionales de entidades o instituciones autónomas, es decir, aquellas que se escapen al ámbito penal. Por lo anterior, la forma adecuada de entender la dirección y coordinación de la función de policía judicial frente a los órganos constitucionales autónomos por parte de la Fiscalía, es resaltando únicamente el papel de actuar coordinadamente, con el fin de que dicha autoridad pueda acudir en forma concurrente al conocimiento de posibles elementos materiales de prueba que conlleven al conocimiento y sanción de delitos. Pero bajo ninguna circunstancia se puede entender como una potestad para imponer un direccionamiento a las investigaciones de las funciones independientes de las otras

2 Procurador General Concepto ramas del poder público o de los otros órganos constitucionales autónomos e independientes. CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Otorga autonomía a determinados organismos según Sentencia de la Corte Constitucional CORTE CONSTITUCIONAL-Debe efectuar condicionamientos que expulsen interpretaciones inconstitucionales de normas acusadas 3 Procurador General Concepto Bogotá, D.C., 4 de abril de 2016 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 9 y 17 del artículo 4; los numerales 14 y 15 del artículo 15, y el artículo 26 del Decreto-Ley 16 de 2014.

Accionante: Sandra Morelli Rico.

Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

Expediente D-11167. Concepto No. 6074 De conformidad con lo dispuesto en los numerales 2° y 5° de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, superiores, presentó la ciudadana 4 Procurador General Concepto Sandra Morelli Rico contra el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, cuyo texto se transcribe a continuación1: “DECRETO 16 DE 2014 (enero 9) Diario Oficial No. 49.028 de 9 de enero de 2014

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren el literal a) del artículo 1o de la Ley 1654 del 15 de julio de 2013, CONSIDERANDO: Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1654 de 2013, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar y definir la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación y sus servidores; Que en el presente decreto ley se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación.

DECRETA: ARTÍCULO 4o. FUNCIONES DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN. El Fiscal General de la Nación, además de las funciones especiales definidas en la Constitución Política y en las demás leyes, cumplirá las siguientes: […] 1 Se omite la transcripción y evaluación del numeral 2° del artículo 2; los numerales 8, 9 y 17 del artículo 4; los numerales 14 y 15 del artículo 15; el numeral 11 del artículo 16; el numeral 12 del artículo 17; los numerales 1 y 11 del artículo 21; artículos 22, 23, 24, 26; el numeral 11 del artículo 29; el numeral 15 del artículo 31 y el artículo 51 del Decreto-Ley 16 de 2014, toda vez que, por medio de auto del nueve (9) de febrero de 2016, el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda en relación de tales disposiciones.

5 Procurador General

Concepto

9. Dirigir y coordinar, en los términos que señala la Constitución y la ley, las funciones de policía judicial que cumplan los distintos entes públicos de forma permanente o transitoria.

[…]

17. Adoptar los protocolos para la organización y funcionamiento de los registros que en materia de policía judicial administran los organismos con funciones de policía judicial y para el Registro Único de Asuntos de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación.

[…]

ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL VICEFISCAL GENERAL DE LA NACIÓN.

El Vicefiscal General de la Nación cumplirá las siguientes funciones: […]

14. Dirigir y coordinar, bajo los lineamientos e instrucciones impartidas por el Fiscal General de la Nación, las funciones de policía judicial que cumplan los distintos entes públicos de forma permanente o transitoria, de conformidad con la Constitución Política y la ley.

15. Proponer los protocolos para la organización y funcionamiento de los registros que en materia de policía judicial administran los organismos con funciones de policía judicial y para el Registro Único de Asuntos de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación.

[…]

ARTÍCULO 26. SUBDIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN EXTERNA DE

POLICÍAS JUDICIALES. La Subdirección de Articulación Externa de Policías Judiciales cumplirá las siguientes funciones:

1. Realizar seguimiento de conformidad con la Constitución Política y la ley al desarrollo de las funciones de policía judicial que cumplan los organismos públicos de forma permanente o transitoria y presentar informes periódicos y recomendaciones al Vicefiscal General de la Nación.

2. Hacer Verificar de conformidad con la Ley la adopción e implementación

de políticas y directrices que en materia de investigación penal deban cumplir los organismos públicos en el desarrollo de las funciones de policía judicial de forma permanente o transitoria.

3. Diseñar y aplicar mecanismos para que el desarrollo de las funciones de policía judicial a cargo de otras entidades se adelante de manera articulada y coordinada, bajo los lineamientos y directrices del Vicefiscal General de la

Nación.

4. Proponer, en coordinación con la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y las dependencias que cumplan funciones de policía

6 Procurador General Concepto judicial especializada, de la Fiscalía General de la Nación, las metodologías y protocolos de investigación que deban cumplir los organismos y entidades que cumplen funciones de policía judicial de manera permanente o transitoria. En el desarrollo de esta función podrán participar los demás organismos que cumplen funciones de policía judicial.

5. Coordinar con otros organismos que ejerzan funciones de policía judicial la definición e implementación de mecanismos de articulación que racionalicen y eviten la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de la investigación penal, así como para la formulación de políticas en la materia, a partir del análisis de la información.

6. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.

7. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Subdirección de Planeación.

8. Asesorar e impartir lineamientos y directrices para la articulación de las

Direcciones Seccionales con los organismos y entidades que cumplan funciones de policía judicial de manera permanente o transitoria. 9 Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema Integral de Gestión de la Fiscalía General de la Nación.

10. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación o por el Director Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal”.

7 Procurador General Concepto

1. Planteamientos de la demanda2

Aduce la accionante que las disposiciones acusadas desconocen lo previsto por los artículos 150, numeral 10°, 250, numeral 8°, 268, 277, numeral 10° y 184 superiores, toda vez que erigen a la Fiscalía General de la Nación en superior de los órganos constitucionales autónomos (Contraloría y Procuraduría General de la Nación), en materia de policía judicial, con lo que considera que se extralimitando el objeto de las facultades extraordinarias. Así, según la accionante el ejecutivo excedió la competencia conferida por el legislador en el literal a) del artículo 1 de la Ley 1654 de 2013, toda vez que únicamente le estaba dado regular la estructura de la Fiscalía General de la Nación, más no modificar la estructura orgánica de otras autoridades del Estado, como entiende que se hizo con las normas demandadas. De otra parte, censura que las normas acusadas desconocen la autonomía constitucional de órganos independientes como la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, toda vez que le atribuye a la

Fiscalía la competencia de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial incluso de tales entidades. Y, al respecto, manifiesta que la autorización del numeral 8° del artículo 250 únicamente se refiere a la facultad de coordinar la función de policía judicial para asuntos penales, pero no para otras investigaciones funcionalmente diferentes.

2. Problema jurídico De acuerdo con la demanda antes resumida, esta vista fiscal considera que en el presente proceso deberá establecerse si las normas demandas desbordan la 2 El planteamiento de la demanda se resume de acuerdo a los cargos admitidos por el Magistrado Sustanciador en auto del veinte (20) de enero de dos mil diez y seis (2016) para el trámite de la acción de constitucionalidad. Lo anterior, por cuanto ésta fue originalmente presentada ante el Consejo de Estado como una acción de nulidad, con acumulación de pretensiones de constitucionalidad y de legalidad, es decir, considerando que el acto acusado se trataba de uno de naturaleza administrativa. Pero, dado que la norma demandada es un Decreto con fuerza de Ley, el Consejo de Estado la remitió a la Corte Constitucional y ésta únicamente admitió los cargos de constitucionalidad que aquí se resumen.

8 Procurador General Concepto competencia legislativa otorgada al ejecutivo, por implicar una reforma a las plantas de entidades distintas a la Fiscalía General de la Nación. De otra parte, deberá establecerse si efectivamente las disposiciones acusadas entregan al ente investigador la función de dirigir y coordinar a los órganos constitucionales independientes en el ejercicio de sus funciones de policía judicial y, en caso de

ser así, si dicha atribución transgrede el ordenamiento superior.

3. Análisis constitucional El ministerio público encuentra que es necesario efectuar una serie de condicionamientos a la disposición acusada, con el fin de expulsar del ordenamiento jurídico uno de los posibles contenidos normativos de las disposiciones demandadas, según el cual, la Fiscalía General de la Nación podría dirigir toda investigación de policía judicial realizada por parte de los demás órganos independientes y autónomos. Lo anterior, a efectos garantizar que las normas acusadas se apliquen de la forma que resulta acorde a la Constitución Política. Siendo necesario, por lo tanto, precisar que la función de dirigir o coordinar las labores de policía judicial está ligada directamente a la competencia de investigar los delitos que posee la Fiscalía General de la Nación. 3.1 Sobre la extralimitación en el ejercicio de las competencias otorgadas al Presidente de la República Estima la accionante que el Presidente de la República excedió su competencia legislativa extraordinaria, en razón a que situó funcionalmente a la Fiscalía General de la Nación como superior de otras autoridades independientes, lo cual implica materialmente la modificación de la estructura funcional de las demás entidades con funciones de policía judicial.

No obstante, esta jefatura no comparte las apreciaciones de la demandante, toda vez que considera que confunde dos fenómenos distintos como son (i) la modificación de la estructura funcional de entidades distintas a la Fiscalía General de la Nación y (ii) la creación de dependencias al interior de la Fiscalía General con la misión de actuar de manera concurrente o coordinada con otras autoridades del poder público. 9 Procurador General

Concepto En efecto, al verificar las normas acusadas se encuentra que la dependencia “Subdirección De Articulación Externa de Policías Judiciales” creada por el artículo 26 del Decreto demandado, se encuentra exclusivamente al interior de la Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual no es posible estimar que con su creación se modificaron las plantas o las funciones de otras entidades distintas a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, si bien es cierto que la Subdirección De Articulación Externa de Policías Judiciales (artículo 26) tiene como función interactuar funcionalmente con otras entidades del aparato estatal, ello no implica que orgánicamente se inserte en aquellas, sino únicamente que la disposición establece un canal institucional, al interior de la Fiscalía, para efectos de facilitar la articulación de una función pública, lo cual no se equipara con la modificación de la estructura orgánica de otras entidades. En tal sentido, desde la mera perspectiva de la competencia otorgada al ejecutivo, el Procurador General de la Nación estima que no se ha transgredido el ordenamiento superior. 3.2. Sobre la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para dirigir o coordinar la función de policía judicial Como puede apreciarse en el numeral 8° del artículo 250, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde “Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley”. Así mismo, el numeral 5° del artículo 251 señala que el Fiscal General de la Nación tiene atribuciones para “[o]torgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la

responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación”. Como se evidencia de las normas constitucionales transcritas, la Fiscalía posee un papel especial en la dirección y coordinación de la Policía Judicial por expreso mandato constitucional, en razón a que se le ha conferido “la dirección y coordinación de los autoridades habilitadas por Ley para desplegar la función de policía judicial”, y porque “puede delegar dicha función, conservando la responsabilidad de la función”. En tal sentido, prima facie la Ley puede crear mecanismos para concretar la forma como la Fiscalía debe coordinar o dirigir la labor de policía judicial, incluso cuando ésta sea desplegada por órganos diversos a la Fiscalía General de la Nación. 10 Procurador General Concepto De otra parte, de las referidas normas constitucionales transcritas se derivan al menos tres formas en que se puede adquirir la función de desplegar la labor de policía judicial, como son: (i) por mandato expreso de la Constitución, que es el caso de la Fiscalía General de la Nación; (ii) por designación de la Ley en forma permanente; o (iii) por delegación de la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, y efectuando una lectura sistemática con el ordenamiento legal, la Corte Constitucional ha precisado que existen al menos tres grandes grupos de autoridades que despliegan la referida función (a) en forma permanente y ordinaria, (b) como una función especial, y (iii) por delegación de la Fiscalía., así: “La legislación procesal penal distingue tres tipos de autoridades que ejercen funciones de policía judicial: 3.7.2.1. Las que lo hacen de manera permanente y general como la

Policía Judicial de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y todos los servidores que desempeñen funciones judiciales siempre y cuando guarden relación con la naturaleza de su función. 3.7.2.2. Los que ejercen funciones especiales de policía judicial, en asuntos de su competencia: ‘1. La Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. 2. Las autoridades de tránsito. 3. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. 4. Los alcaldes e inspectores de policía. 5. Los directores nacional y regional del Inpec, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme a lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario’. 3.7.2.3. Adicionalmente, el Fiscal General de la Nación, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 251-4 Superior, les atribuye funciones transitorias de policía judicial a las entidades públicas, tal como reconoció la Sentencia C-1506 de 2000. En todo caso, no todos los servidores de las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, como en el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ejercen dichas funciones sino solamente aquellos que el Director de la entidad en coordinación con el Fiscal General de la Nación determine y que en estos casos es solamente en relación con 11 Procurador General Concepto los asuntos de competencia de dichas entidades que esta función se cumple”3. En el mismo sentido, como la Carta Política confirió a la Fiscalía el deber de dirigir

y coordinar la función de policía judicial, el artículo 33 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia le confiere al Fiscal General de la Nación función disciplinaria para sancionar los desacatos a su función rectora, así: “ARTÍCULO 33. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria directamente o por conducto de los organismos que ésta señale. La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del infractor. El Fiscal General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones de policía judicial al servidor público que omita el 3 Corte Constitucional, Sentencia C-594 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 12 Procurador General Concepto cumplimiento de tales órdenes, directrices, orientaciones y términos. Si tal servidor no es funcionario o empleado de la Fiscalía, el Fiscal que dirija la investigación lo pondrá a disposición de su nominador quien iniciará el

proceso disciplinario correspondiente, sin perjuicio de las demás investigaciones a que haya lugar. PARÁGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 277 de la Constitución Política”. Ahora bien, a pesar que la Constitución haya dotado a la Fiscalía General de la Nación con el papel de la dirección y coordinación de la función de policía judicial, dicha labor no puede entenderse de forma aislada al resto del ordenamiento superior, sino que tal función ha de interpretarse de manera armónica. Y, por esta misma razón, cuando la Corte Constitucional ha interpretado el referido marco normativo ha concluido que la potestad de dirección de la función de policía judicial en general tiene su explicación en que a la Fiscalía General de la Nación se le atribuyó la titularidad de la acción penal, lo que significa, en otras palabras, que no puede concluirse que se trate de una dirección universal de las investigaciones, sino únicamente en atención a su competencia funcional. Así, en Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), en donde esa corporación analizó la constitucionalidad del citado artículo 33 de la Ley 270 de 1996, se señaló que: “De conformidad con las prescripciones contenidas en la Carta Política, el Estado ejerce el monopolio de la acción penal por conducto de la Fiscalía General de la Nación (Arts. 249 y s.s.). Para el debido desarrollo de esa responsabilidad, al ente acusador se le confía, entre otras, la misión de 13 Procurador General Concepto

dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que estén a cargo de la Policía Nacional o de los demás organismos que defina la ley (Art. 250-3 C.P.). […] [Dicha disposición] se encarga de conceder algunas facultades que, no sólo son de naturaleza disciplinaria, sino que se convierten en instrumento efectivo para que el fiscal general de la Nación pueda ejercer las labores de dirección y coordinación de la policía judicial, dentro de un marco organizativo y conexo, de forma tal que los responsables de investigar y acusar conozcan y puedan decidir oportunamente acerca de las gestiones que se adelanten respecto de un asunto en particular. Se trata, pues, de atribuciones que sí ameritan ser incluidas dentro de una ley estatutaria de justicia y que, por lo demás, encuentran pleno respaldo constitucional en la naturaleza de las materias asignadas a la Fiscalía y, en especial, a su titular” (subrayados por fuera del original). Mientras que en la Sentencia C-431 de 2003, M.P. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, reiterada en C-594 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte manifestó que: “La intervención del Fiscal General de la Nación o de su delegado en la incursión o seguimiento pasivo por parte de funcionarios judiciales o de policía judicial en actividades relacionadas con la preparación de un hecho punible, le permite como cabeza máxima de la actividad de policía judicial, coordinar las labores de inteligencia, pesquisas, operaciones especiales a través de agentes encubiertos, y en general la utilización de las técnicas desarrolladas por la policía judicial, con el fin de que se lleven a cabo

ajustándose a los requerimientos del debido proceso, sin que ello implique la punición de esos actos, ni la calificación previa de elementos que puedan 14 Procurador General Concepto eventualmente ser considerados como prueba, ni el peso relativo que puedan tener en el contexto de un proceso penal en caso de que a ello haya lugar, por cuanto esas actividades de seguimiento previo solamente podrán ser tenidas como criterios orientadores de la investigación, sin perjuicio de que el Fiscal General pueda a partir de esos informes producir dentro del proceso la prueba requerida a fin de esclarecer la veracidad de los hechos que han dado lugar a la procedencia de la acción penal cuando fuere el caso”4. En tal sentido, la potestad de dirigir o coordinar las investigaciones de la policía judicial no es un atributo ligado en sí mismo a la función investigativa, sino a la misión concreta de la investigación penal. Y esta precisión es relevante y determinante, toda vez que implica que la referida competencia debe leerse como dirección para el despliegue de la acción penal, y por tanto, como procedente únicamente en aquellos eventos que resulten de su competencia, esto es, de la competencia de la Fiscalía General de la Nación. De hecho, esta interpretación es, en concepto de esta vista fiscal, la única que resulta armónica con el principio de separación funcional con colaboración armónica de poderes, previsto en el artículo 113 Superior, así como con ciertas regulaciones específicas que la Constitución efectúa en torno a la labor investigativa del Estado. De esta manera, de una parte se tiene que el artículo 250 de la Constitución Política establece al menos dos exclusiones respecto del ámbito de competencia de la Fiscalía General de la Nación, en tanto director de la función investigativa:

4 Corte Constitucional, Sentencia C-431 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, reiterado en Sentencia C-594 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 15 Procurador General Concepto El primero de ellos, se encuentra al final del primer inciso de la referida norma, en donde se establece que a “[l]a Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento […] Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio” (subrayado por fuera del original). En tal sentido si la Fiscalía General de la Nación no puede desplegar la función investigativa en aquellos delitos que son competencia de la Justicia Penal Militar, en razón a la separación funcional, es evidente que entonces aquella tampoco podría ser el coordinador o director de las investigaciones que se surten en esa jurisdicción. Mientras que la segunda exclusión expresa que se encuentra en el mismo artículo, está consignada específicamente en su primer parágrafo, que establece que “[l]a Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”. Norma que, en concepto del jefe del ministerio público, debe ser leída en armonía con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 33 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que en forma concordante excluye a la Fiscalía General de la Nación de la dirección y coordinación de la función de policía judicial propia del ministerio

público. En efecto, dice expresamente la última citada: “PARÁGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de Policía Judicial de la Procu