PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD De la norma concerniente a la fuerza como vicio del

Procuradora General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-De la norma concerniente a la fuerza como vicio del consentimiento que deriva en nulidad relativa del negocio jurídico NORMAS DEMANDADAS-Se debe establecer si la fuerza como vicio del consentimiento deriva en nulidad relativa o anulabilidad de los negocios jurídicos De conformidad con los cargos señalados, corresponde determinar si al establecer que la fuerza como vicio del consentimiento deriva en nulidad relativa o anulabilidad de los negocios jurídicos, impidiendo así que el juez pueda declararla de oficio y que el Ministerio Público y los terceros con interés jurídicos legítimo puedan solicitar su declaratoria, en el artículo 900 del Código de Comercio y los artículos 1741 y 1743 del Código Civil, el legislador excedió su libertad de configuración, contrariando los derechos a la vida, la integridad, la autonomía, la igualdad, los fines esenciales del Estado y el acceso a la administración de justicia. AUTONOMÍA CONTRACTUAL-En el ámbito de las relaciones privadas existe la autonomía privada de la libertad negocial como fuente de las obligaciones De acuerdo con nuestra Constitución Política, garantizar la libertad es uno de los fines de la organización jurídico política (Preámbulo); las autoridades de la República están instituidas para proteger las libertades de la persona (artículo 2°); todas las personas deben gozar en igualdad de condiciones de las mismas libertades (artículo 13); las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico (artículo 16); el Congreso,

a través de las leyes, es la autoridad competente para precisar los límites a la libertad económica (artículo 150); y el régimen económico se basa en la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada, por lo que el Estado debe impedir que se restrinja u obstruya la libertad económica y a la ley le corresponde delimitar el alcance la libertad cuando lo exija el interés social, entre otros (artículo 333). De acuerdo con lo anterior, se entiende que en materia económica por regla general se garantiza a los ciudadanos el ejercicio de su libertad y que únicamente bajo justificación razonable le es dado al legislador establecer límites a esa libertad. Razón por la cual en el ámbito de las relaciones privadas, en cambio, se habla de la autonomía privada de la libertad o de la autonomía negocial como fundamento de las fuentes de las obligaciones. Existen múltiples manifestaciones de la autonomía referidas a la capacidad de gobernar los propios actos y en al ámbito negocial o patrimonial la autonomía privada hace alusión a “los intereses, que se refiere a la posibilidad del particular de disponer de lo suyo”. De tal forma que precisamente en desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad. AUTONOMÍA CONTRACTUAL-Tiene límites cuando entra en la esfera de la afectación a los intereses colectivos De otra parte, esta autonomía, como sucede con el grupo de derechos relacionados con las libertades individuales, tiene límites cuando entra en la esfera de la afectación a los intereses colectivos y la demarcación de estos límites es competencia del legislador. Y precisamente por esta razón que el legislador ha diseñado los regímenes civil y comercial

de las nulidades de los negocios jurídicos —el cual es solo uno de estos límites—, estableciendo unos requisitos para el reconocimiento jurídico de la autonomía privada y Procuradora General Concepto unos límites a su ejercicio para que, en efecto, las obligaciones contraídas por las partes se conviertan en ley para ellas. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO-Fue concebida como una forma de mantener el orden público En este contexto, mientras que las nulidades absolutas fueron concebidas como una forma de mantener el orden público, es decir, de hacerlo intangible frente al quehacer individual, las nulidades relativas existen para proteger la autenticidad de la voluntad, de tal forma que desde tiempos antiguos se instauraron o identificaron los denominados “vicios del consentimiento”, por razón de los cuales pueden entenderse que el consentimiento no es libre ni consciente y, por tanto, que el negocio pertinente puede declararse nulo. Ahora, la nulidad relativa o anulación —dependiendo de si se trata del régimen civil o del comercial— solamente puede ser impetrada por el sujeto afectado, ya sea por vía de acción o de excepción, como lo establecen las normas demandadas. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO-La fuerza como generadora de nulidad relativa Así que, retomando el argumento acerca de la importancia constitucional de la garantía de la autonomía privada, si por razón de los vicios del consentimiento se produce una afectación principalmente individual, es decir, que en sí misma no es de interés general, es claro que la forma idónea de proteger al individuo no es estableciendo la intervención del Estado como regla general, sino, por el contrario, permitiendo que sea él mismo, la

parte afectada, quien decida conforme con su discernimiento e intereses, la conveniencia o inconveniencia del negocio jurídico, en tanto ello se corresponde con el reconocimiento de la capacidad de cada persona para auto-determinarse en aspectos patrimoniales. En cuanto a lo que tiene que ver con la fuerza como vicio del consentimiento generadora de nulidad relativa, que implica “el temor que sobrecoge a la víctima y que la lleva a optar por una determinada disposición de sus intereses, en razón del miedo que le infunde la amenaza injusta de sufrir un mal grave, inminente e irreparable, que la hiere en su integridad personal y le ocasiona sufrimiento”, en la Sentencia C-934 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) la Corte Constitucional decidió declarar condicionalmente exequible el artículo 900 del Código de Comercio, “en el entendido de que el término de prescripción de dos años de la acción de anulabilidad del negocio jurídico que haya sido determinado a la fuerza, se cuenta a partir del día que esta hubiere cesado”, tal y como como sucede en la legislación civil. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN-Para alegar la nulidad por existencia de fuerza en la celebración del negocio jurídico Como fundamento de lo anterior, esa corporación argumentó, entre otras cosas, que no existen razones suficientes para establecer un tratamiento distinto respecto al término de prescripción para alegar la nulidad por la existencia de fuerza en la celebración del negocio jurídico en el Código de Comercio y en el Código Civil, por lo que no consideró

constitucionalmente legitimó que en el primero de ellos (artículo 900) se dispusiera que eran dos (2) años contados a partir de la celebración del negocio jurídico, mientras que en el segundo (artículo 1750 del Código Civil) se señalara que en estos casos debían trascurrir cuatro (4) años, contados a partir del día en que la violencia haya cesado. 2 Procuradora General Concepto AUTONOMÍA CONTRACTUAL-Para proteger a la parte cuyo consentimiento fue viciado por la fuerza/NORMAS DEMANDADAS-No impiden que la parte afectada obtenga el amparo de un juez para hacer valer su verdadera voluntad Significa que una vez se presenta la situación de fuerza que impide que se produzca un auténtico consentimiento la persona afectada se encuentra facultada para solicitar ante el juez competente la anulación total o parcial del negocio jurídico, el resarcimiento, o simplemente que se le dote de plena eficacia. Y todo esto de acuerdo con sus propios intereses, criterios y opciones. Es por esto, la forma más idónea de proteger a la parte cuyo consentimiento para la celebración de un determinado negocio jurídico fue viciado por la fuerza, es garantizando que ella misma decida la suerte del negocio respectivo, una vez se den las garantías necesarias para que exprese su voluntad como manifestación de la autonomía de la voluntad privada. La cual, como quedó manifestado anteriormente, es una garantía constitucional que reconoce la capacidad de los sujetos de autogobernarse, impidiendo que terceros, o incluso el Estado, estimen lo que es mejor para ellos. Igualmente, y bajo las mismas consideraciones relativas a la libertad expuestas

precedentemente, esta vista fiscal, contrario a la posición de los accionantes, sostiene que las normas demandadas no son vulneratorias del acceso a la administración de justicia contenido en el artículo 229 de la Constitución Política, en tanto no impiden que la parte afectada obtenga el amparo de un juez para hacer valer su verdadera voluntad en torno al negocio jurídico viciado. NORMAS DEMANDADAS-En relación con la clasificación de la fuerza como vicio relativo del consentimiento no infringe la Constitución Política Ahora bien, frente a las situaciones puestas de presente en la demanda, como es el caso del riesgo para la vida o la integridad física de la persona, las situaciones de violencia generalizada, o el aprovechamiento de la situación de indefensión o inferioridad existente, es menester recordar que en el ordenamiento jurídico existen múltiples herramientas para garantizar estos derechos y eliminar las injusticias sociales, como por ejemplo las medidas de protección, las acciones penales, las políticas públicas, etc.; sin que su existencia en todo caso impida la intervención del juez de tutela en caso de ser necesario. En conclusión, en relación con la clasificación de la fuerza como vicio relativo del consentimiento en concepto de esta jefatura los artículos 900 del Código de Comercio y 1741 y 1743 del Código Civil no infringen lo dispuesto en los artículos 2°, 11, 12, 13, 16, 228 y 229 de la Constitución Política. AUTONOMÍA CONTRACTUAL-Jurisprudencias de la Corte Constitucional 3 Procuradora General Concepto

Bogotá, D.C., 12 DE ENERO DE 2017

Señores,

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones del artículo 900 del Código de Comercio y contra algunas expresiones de los artículos 1741 y 1743

del Código Civil.

Demandantes: Jorge Santiago Carvajal Silva, Alejandro

Osuna Carreño y José Elías Turizo Vanegas.

Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.

Expediente: D-11758.

Concepto 6232 De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 2° y 5° de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por los ciudadanos Jorge Santiago Carvajal Silva, Alejandro Osuna Carreño y José Elías Turizo Vanegas, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40 numeral 6º y 242 numeral 1º superiores, contra el artículo 900 del Código de Comercio y los artículos 1741 y 1743 del Código Civil, cuyos textos se transcriben a continuación (subrayando lo demandado): “Decreto 410 de 1971 ‘Por el cual se expide el Código de Comercio’

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: […] Artículo 900. Anulabilidad. Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil.

Esta acción sólo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos, y prescribirá en el término de dos años, contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la

nulidad provenga de una incapacidad legal, se contará el bienio desde el día en que ésta haya cesado”. 4 Procuradora General Concepto “Código Civil[…] Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato. […] Artículo 1743. Declaración de la nulidad relativa. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes. La incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autorización del marido o del juez o prefecto en subsidio, habiendo debido obtenerla, se entiende establecida en beneficio de la misma mujer y del marido”.

1. Planteamiento de la demanda Los accionantes consideran que la regulación civil y comercial de las nulidades contractuales, en lo que atañe a la fuerza como vicio del

consentimiento que deriva en nulidad relativa (civil) o en la anulabilidad (comercial) del negocio jurídico, es contraria a lo dispuesto en los artículos 2°, 11, 12, 13, 16, 228 y 229 de la Constitución Política, en donde se establecen los fines esenciales del Estado y la prevalencia del derecho sustancial, además de que se reconocen los derechos a la vida, la libertad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a la administración de justicia. Lo anterior, por cuanto estiman que esa regulación limita la intervención de las autoridades públicas en situación de violación de derechos, en tanto impide que la nulidad pueda ser declarada de oficio por el juez, solicitada por el ministerio público (artículos 1743 del Código Civil y 822 y 900 del Código de Comercio) o solicitada por terceros con interés legítimo (artículo 5 Procuradora General Concepto 1742 del Código Civil)1. Y esto a pesar de que las autoridades públicas están instituidas para la protección de los derechos de todas las personas. De otra parte, los accionantes argumentan que si se tiene en cuenta que “[l]a jurisprudencia ha definido la fuerza como ‘la injusta coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a la celebración de un acto jurídico’2” y que con motivo de la Ley 201 de 1959 allí también se ha establecido “que el aprovechamiento de los estados de anormalidad, causados por la perturbación grave del orden público […] serían considerados como actos de fuerza y viciarían el consentimiento en caso de ser utilizados para llevar a alguien a celebrar un contrato”, queda en

evidencia que la fuerza es un asunto de orden público que requiere de la intervención del Estado para proteger a los individuos de sus efectos. Por esta razón, a pesar del amplio margen de configuración legislativa en materia de procesos judiciales y derecho a la justicia, dentro del cual reconocen que se encuentra la nulidad —como se evidencia en lo dicho en las sentencias C-404 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y C-180 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos)—, advierten que esta facultad no es ilimitada, pues el legislador en todo caso debe respetar el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y los derechos fundamentales. 1 Los accionantes explican que la nulidad, como sanción de orden civil que impide que un negocio jurídico tenga plenos efectos, puede ser absoluta o relativa, dependiendo de si se trata de una trasgresión al orden público o a un interés privado, de acuerdo con unas circunstancias taxativas. Una de las consecuencias de esta distinción es que mientras que la declaratoria de la nulidad relativa o anulabilidad solo puede ser solicitada por las partes y sus herederos o cesionarios, “[t]ratándose de nulidad absoluta, la declaratoria puede ser realizada de oficio por el juez, siempre y cuando aparezca de manera clara en el acto o contrato. Adicionalmente, puede ser declarada a petición de parte, a petición del Ministerio Público o a petición de cualquier persona que tenga un interés jurídico legítimo en su declaratoria. La legitimidad para solicitar la nulidad se encuentra […] en la necesidad de defender el orden público”. Adicionalmente, la nulidad relativa se sanea por el paso del tiempo o por la ratificación de las partes, mientras

que la nulidad absoluta solo puede ser saneada por ratificación de las partes en algunos casos y por prescripción extraordinaria. 2 Cita la Sentencia de 15 de abril de 1969 (M.P. Guillermo Ospina Fernández) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 6 Procuradora General Concepto Así, en particular reprochan que el legislador transgredió los límites superiores al catalogar la fuerza como un vicio del consentimiento generador de nulidad relativa, puesto que consideran que de esta manera no se garantiza la existencia de un recurso judicial efectivo como garantía del acceso a la administración de justicia. En este sentido, encuentran desproporcionado e irrazonable que denunciar la situación de fuerza dependa exclusivamente de la parte cuya autonomía e igualdad contractual está siendo vulnerada, quedando así completamente desprotegida. Incluso, aducen que la Corte Constitucional en las Sentencias T-468 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1091 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-517 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-416 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-213 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), ha manifestado que “[e]s deber del juez constitucional intervenir obligatoriamente en las relaciones de carácter privado, siempre que las decisiones adoptadas por una de las partes que ostente una posición de supremacía jurídica, económica o comercial constituya una grave amenaza o violación de los derechos fundamentales”. Por lo tanto, extendiendo los efectos de lo anterior, sostienen que al juez le corresponde intervenir en las relaciones privadas cuando una de las partes

esté en una posición de inferioridad por estar coaccionado por la fuerza, so pena de poner en riesgo derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad, la igualdad y la libre autodeterminación. Igualmente, afirman que “si bien el Código Civil[,] en su artículo 1750[,] prevé que se podrá interponer acción de recesión en caso de violencia (fuerza) dentro del cuatrienio siguiente al que ésta hubiere cesado, esta sólo podrá ser interpuesta a petición de parte”. 7 Procuradora General Concepto Finalmente, alegan que de acuerdo con lo establecido en la Sentencia C159 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) actualmente es admitido que en las demandas de inconstitucionalidad se solicite la declaratoria de exequibilidad como pretensión principal y por ello, con el propósito de no crear un vacío regulatorio, así como en virtud del principio de conservación del derecho, requieren que se declare la exequibilidad condicionada de los artículos demandados: (i) “[E]n el entendido de que para el caso de la fuerza como vicio del consentimiento se aplicará en materia de declaratoria y solicitud la regulación de la nulidad absoluta”; (ii) “[E]n el entendido de que para el caso de la fuerza como vicio del consentimiento no se aplicarán las normas de nulidad relativa y anulabilidad que impiden que el juez decrete la nulidad de oficio (art. 1743 C.C.), que el Ministerio Público la solicite (artículo 1743 C.C.) y que los terceros interesados la puedan alegar (art. 1743 C.C.)”; (iii) “[E]n el entendido de que para el caso de la fuerza como vicio del

consentimiento se aplicará en materia de declaratoria y solicitud la regulación de la nulidad absoluta, excepto lo referente a terceros interesados”; y (iv) “[E]n el entendido de que para el caso de la fuerza como vicio del consentimiento no se aplicarán las normas de nulidad relativa y anulabilidad que impiden que el juez decrete la nulidad de oficio (art. 1743 C.C.), que el Ministerio Público la solicite (artículo 1743 C.C.) y que los terceros interesados la puedan alegar (art. 1743 C.C.), sin modificar el régimen de terceros interesados”. 8 Procuradora General Concepto

2. Problema jurídico De conformidad con los cargos señalados, corresponde determinar si al establecer que la fuerza como vicio del consentimiento deriva en nulidad relativa o anulabilidad de los negocios jurídicos, impidiendo así que el juez pueda declararla de oficio y que el ministerio público y los terceros con interés jurídicos legítimo puedan solicitar su declaratoria, en el artículo 900 del Código de Comercio y los artículos 1741 y 1743 del Código Civil, el legislador excedió su libertad de configuración, contrariando los derechos a la vida, la integridad, la autonomía, la igualdad, los fines esenciales del Estado y el acceso a la administración de justicia.

3. Análisis constitucional De acuerdo con nuestra Constitución Política, garantizar la libertad es uno de los fines de la organización jurídico política (Preámbulo); las autoridades de la República están instituidas para proteger las libertades de la persona (artículo 2°); todas las personas deben gozar en igualdad de

condiciones de las mismas libertades (artículo 13); las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico (artículo 16); el Congreso, a través de las leyes, es la autoridad competente para precisar los límites a la libertad económica (artículo 150); y el régimen económico se basa en la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada, por lo que el Estado debe impedir que se restrinja u obstruya la libertad económica y a la ley le corresponde delimitar el alcance la libertad cuando lo exija el interés social, entre otros (artículo 333). 9 Procuradora General Concepto De acuerdo con lo anterior, se entiende que en materia económica por regla general se garantiza a los ciudadanos el ejercicio de su libertad y que únicamente bajo justificación razonable le es dado al legislador establecer límites a esa libertad. Razón por la cual en el ámbito de las relaciones privadas, en cambio, se habla de la autonomía privada de la libertad o de la autonomía negocial como fundamento de las fuentes de las obligaciones, entendiendo que la “[a]utonomía es autogobierno, posibilidad de dirigir la propia conducta; se opone en tan sentido a la heteronomía y, en particular, a la soberanía o poder de dar reglas a los demás, esto es, de ordenar la actividad ajena (…). [E]n el régimen de autonomía, se considera la posibilidad de la autodisposición. La sociedad y el derecho reconocen al sujeto una órbita personal, un poder dispositivo, un patrimonio y la manera de formarlo y desarrollarlo, a más de

una esfera de intereses exquisitamente personales”3. Ahora bien, existen múltiples manifestaciones de la autonomía referidas a la capacidad de gobernar los propios actos y en al ámbito negocial o patrimonial la autonomía privada hace alusión a “los intereses, que se refiere a la posibilidad del particular de disponer de lo suyo”4. De tal forma que precisamente en desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad “[s]e entiende la libertad individual como una manera de que el particular discierna sobre su propia persona, desarrolle su iniciativa y tienda a su perfeccionamiento individual, directamente en su propio beneficio, pero a la vez teniendo en cuenta la presencia del otro y el progreso colectivo (…). Y la autonomía privada se ofrece, entonces, como un medio de atender a los intereses singulares procurando la circulación de los bienes, el adelanto del comercio y la evolución del derecho”5. 3 HINESTROSA Fernando, Tratado de la Obligaciones II, De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico, volumen I, Universidad Externado de Colombia, 2015, P. 115. 4 Ibídem P. 117. 5 Ibídem, P. 118-119. 10 Procuradora General Concepto Por su parte la Corte Constitucional ha manifestado en este sentido que “[L]a autonomía de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de

cooperación”6; “Dicha autonomía se convierte en un derecho íntimamente ligado y vinculado a la dignidad de la persona humana, ya que se erige en el instrumento principal e idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas, mediante el poder que le otorga el ordenamiento positivo para regular sus propios intereses en el tráfico jurídico. De ahí que, en la actualidad, se estime que es indispensable conferir un cierto grado razonable de autorregulación a los asociados, a través del reconocimiento de un núcleo esencial de libertad contractual, destinado a suplir la imposibilidad física, técnica y jurídica del Estado para prever ex - ante todas las necesidades de las personas”7. De otra parte, esta autonomía, como sucede con el grupo de derechos relacionados con las libertades individuales, tiene límites cuando entra en la esfera de la afectación a los intereses colectivos y la demarcación de estos límites es competencia del legislador. Y precisamente por esta razón que el legislador ha diseñado los regímenes civil y comercial de las nulidades de los negocios jurídicos —el cual es solo uno de estos límites—, estableciendo unos requisitos para el reconocimiento jurídico de la autonomía privada y unos límites a su ejercicio para que, en efecto, las obligaciones contraídas por las partes se conviertan en ley para ellas. Esta realidad ha sido puesta de presente por la Corte Constitucional en los siguientes términos: “La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual gozan entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias esta Corporación lo ha señalado, aquellas

libertades están sometidas a condiciones y límites que le son impuestos, también constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el interés público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas”8. 6 Sentencia C-341 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería). 7 Sentencia C-186 de 2011 (M.P.) 8 Sentencia SU-157 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). 11 Procuradora General Concepto En este contexto, mientras que las nulidades absolutas fueron concebidas como una forma de mantener el orden público, es decir, de hacerlo intangible frente al quehacer individual, las nulidades relativas existen para proteger la autenticidad de la voluntad, de tal forma que desde tiempos antiguos se instauraron o indentificaron los denominados “vicios del consentimiento”, por razón de los cuales pueden entenderse que el consentimiento no es libre ni consciente y, por tanto, que el negocio pertinente puede declararse nulo. Ahora, la nulidad relativa o anulación —dependiendo de si se trata del régimen civil o del comercial— solamente puede ser impetrada por el sujeto afectado, ya sea por vía de acción o de excepción, como lo establecen las normas demandadas, “por la sencilla razón de que de por medio no hay un interés público sobresaliente y definido; se trata de proteger intereses particulares, los de un determinado sujeto negocial, víctima de un yerro, un engaño o una intimidación, a cuyo arbitrio la ley deja la iniciativa de poner de presente su situación desventajosa y pedir la ineficacia de la disposición”9.

Así que, retomando el argumento acerca de la importancia constitucional de la garantía de la autonomía privada, si por razón de los vicios del consentimiento se produce una afectación principalmente individual, es decir, que en sí misma no es de interés general, es claro que la forma idónea de proteger al individuo no es estableciendo la intervención del Estado como regla general, sino, por el contrario, permitiendo que sea él mismo, la parte afectada, quien decida conforme con su discernimiento e intereses, la conveniencia o inconveniencia del negocio jurídico, en tanto ello se corresponde con el reconocimiento de la capacidad de cada persona para auto-determinarse en aspectos patrimoniales. En cuanto a lo que tiene que ver con la fuerza como vicio del consentimiento generadora de nulidad relativa, que implica “el temor que 9 HINESTROSA Fernando, Tratado de la Obligaciones II, De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico, volumen I, Universidad Externado de Colombia, 2015, P. 932-933. 12 Procuradora General Concepto sobrecoge a la víctima y que la lleva a optar por una determinada disposición de sus intereses, en razón del miedo que le infunde la amenaza injusta de sufrir un mal grave, inminente e irreparable, que la hiere en su integridad personal y le ocasiona sufrimiento”10, en la Sentencia C-934 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) la Corte Constitucional decidió declarar condicionalmente exequible el artículo 900 del Código de Comercio, “en el entendido de que el término de prescripción de dos años de la acción de

anulabilidad del negocio jurídico que haya sido determinado a la fuerza, se cuenta a partir del día que esta hubiere cesado”, tal y como como sucede en la legislación civil. Como fundamento de lo anterior, esa corporación argumentó, entre otras cosas, que no existen razones suficientes para establecer un tratamiento distinto respecto al término de prescripción para alegar la nulidad por la existencia de fuerza en la celebración del negocio jurídico en el Código de Comercio y en el Código Civil, por lo que no consideró constitucionalmente legitimó que en el primero de ellos (artículo 900) se dispusiera que eran dos (2) años contados a partir de la celebración del negocio jurídico, mientras que en el segundo (artículo 1750 del Código Civil) se señalara que en estos casos debían trascurrir cuatro (4) años, contados a partir del día en que la violencia haya cesado. Lo anterior significa que una vez se presenta la situación de fuerza que impide que se produzca un auténtico consentimiento la persona afectada se encuentra facultada para solicitar ante el juez competente la anulación total o parcial del negocio jurídico, el resarcimiento,