PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD De la norma no aplica cuando no se vulneran los prin

Procurador General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Norma de contratación por incompetencia del legislador ORDENAMIENTO SUPERIOR-No fija los tipos de derogatoria existentes, es competencia del legislador ….En ese concepto, se sostuvo que la disposición ahora nuevamente acusada se encuentra ajustada al ordenamiento superior por cuanto la Constitución no fija los tipos de derogatoria existentes, es el legislador el encargado de hacerlo, en virtud de la cláusula general de competencia. Y por cuanto, tampoco es cierto que en la norma demandada se establezca una especie de jerarquía entre normas de igual naturaleza, toda vez que el apartado demandado lo que hace es ayudarle al operador jurídico a identificar cuándo se presenta una autentica derogatoria. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Dos procesos con los mismos argumentos de inconstitucionalidad Al efectuar un contraste de la demanda de la referencia con los cargos enervados en la demanda que cursa bajo el radicado D-11213, y sobre el cuales se reitera que rindió concepto con el consecutivo 6090 de 2 de mayo de 2016, el jefe del ministerio público encuentra que en ambas oportunidades efectivamente se presentan los mismos argumentos de inconstitucionalidad. En consecuencia, cuando se decida el expediente D-11213 habrá operado para el presente proceso el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. DEROGATORIA-De las normas la constitución no los define lo hace el legislador En efecto, para el jefe del ministerio público resulta constitucional la disposición demandada, toda vez que no viola el principio de soberanía ni el democrático por

cuanto, al no definir la Constitución los tipos de derogatoria que aplican en el ordenamiento, es competencia del legislador hacerlo, pues en su calidad de órgano representativo está facultado para establecer las formas para efectuar las derogatorias de las leyes. Un debate diferente seria determinar, en cambio, si esta alternativa debe establecer por vía de una ley orgánico u ordinaria, es decir, cuál es el camino por el que el legislador debe definir los tipos de derogatoria aplicables a una disposición, pero lo importante aquí es que en ambos casos en todo caso se trata de una potestad del Congreso y, por tanto, el accionante no tiene razón. En este sentido, como tal y como en su momento se sostuvo en el concepto rendido, sea esta ocasión de reiterar que “la ley acusada no está creando los tipos de derogatoria, sino que está resolviendo una ponderación a favor de la de la seguridad jurídica, en un caso de especial relevancia constitucional como es la contratación pública”. DEROGATORIA-No limita la competencia de Congreso De otra parte, debe destacarse que el aparte acusado no estableció una especie de jerarquía entre normas de igual naturaleza, sino que su lectura debe hacerse entendiendo que lo que allí se señala pretende ayudarle al operador jurídico a identificar Procurador General Concepto cuándo se presenta una autentica derogatoria, de tal suerte que en ningún momento se limita la competencia del Congreso para para derogar o modificar el estatuto de contratación, ni muchos menos para derogar o modificar la disposición demandada, de tal forma que pudiera afirmarse (como lo hace el actor), que con esta norma el Congreso actual esté reduciendo el margen de acción o afectando la competencia del

Congreso futuro. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-De la norma no aplica cuando no se vulneran los principios de soberanía popular y democrática Así, esta vista fiscal nuevamente debe solicitar a la Corte Constitucional que se declare la constitucionalidad del artículo 32 (parcial) de la Ley 1150 de 2007 “[por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”, por cuanto con ésta norma no vulnera el principio de soberanía popular ni el principio democrática ya que no restringe la competencia del Congreso para derogar normas precedentes ni le otorga una mayor prevalencia al Estatuto de Contratación por cuanto este si puede ser objeto de derogatoria o modificación por dicha autoridad. 2 Procurador General Concepto Bogotá, D.C., 23 de mayo de 2016 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra un apartado del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con

Recursos Públicos”.

Demandante: Milton José Pereira Blanco.

Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.

Expediente D-11283. Concepto 6106 Según lo dispuesto en los numerales 2° y 5° de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente, rindo concepto en relación con

la demanda instaurada por el ciudadano Milton José Pereira Blanco, quien, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, superiores, solicita que se declare la inexequibilidad de un apartado del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, cuyo texto se transcribe a continuación (subrayando lo demandado): “LEY 1150 DE 2007 (julio 16) Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. El Congreso de la República

DECRETA:

ARTÍCULO 32. DEROGATORIA. […] Las normas del Estatuto General de Contratación Pública preferirán a cualquiera otra sobre la materia, con excepción de aquellas de naturaleza estatutaria u orgánica. En consecuencia, la derogatoria de las normas del 3 Procurador General Concepto Estatuto General de Contratación Pública sólo podrán hacerse de manera expresa, mediante su precisa identificación”

1. Planteamientos de las demandas El accionante considera que la disposición parcialmente acusada transgrede lo ordenado en los artículos 1º, 2º, 3º y 150 numeral 1º de la Constitución Política, por las siguientes razones: En primer lugar, aduce que la expresión demandada vulnera el principio de soberanía popular y de participación porque limita la competencia del Congreso para derogar normas precedentes, ya que restringe su facultad

a que dicha derogación sea de forma expresa prohibiendo, de esta manera, la que se realiza de manera tacita. Así mismo, al no estar ese condicionamiento previsto en la Constitución, entiende que se impone vía legal una carga mayor para el Congreso a la hora de decidir sobre la derogatoria de normas posteriores. Bajo una perspectiva similar, manifiesta que la referida disposición establece una especie de jerarquía entre normas del mismo tipo, leyes ordinarias, ya que le otorga una mayor prevalencia a la normas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública frente a otras del mismo rango. Lo que, en su opinión, pone de presente que el legislador se extralimitó en su competencia pues la determinación de la prevalencia de las leyes en competencia exclusiva del constituyente.

2. Consideración Previa El jefe del ministerio público considera que la presente demanda no debió ser admitida y, por el contrario, es temeraria, pues se advierte que el accionante es el mismo que demanda en el proceso identificado con el expediente D 11213 y sus argumentos son idénticos a los que alega en el proceso sub examine. Así las cosas, no cumple con los requisitos

4 Procurador General Concepto necesarios para activar la jurisdicción constitucional y lograr su admisión. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la demanda en todo caso ya fue admitida, a continuación esta jefatura procede a identificar los problemas jurídicos que de aquella se desprenden, insistiendo en que coinciden con los propuestos para el referido expediente.

3. Problema jurídico

En este caso el jefe del ministerio público considera que los problemas jurídicos a resolver son los mismos que se formularon en el proceso identificado con el expediente D 11213, como son: “[S]i el legislador limita el principio democrático al establecer los tipos de derogatoria o los tipos de derogatoria aplicables para ciertos casos concretos; y de otro lado, si el legislador extralimitó sus funciones al establecer el estatuto de contratación como una especie de norma superior frente a otro tipo de disposiciones de naturaleza ordinaria”1.

4. Análisis constitucional Como ya se anunciaba, esta vista fiscal estima que, de entrar al fondo del asunto, en el presente proceso la Corte Constitucional deberá estarse a lo resuelto en la sentencia que decida el proceso que actualmente cursa en esa corporación bajo el radicado D-11213 y respecto del cual esta jefatura ya rindió el concepto 6090 del 2 de mayo de 2016. En ese concepto, se sostuvo que la disposición ahora nuevamente acusada se encuentra ajustada al ordenamiento superior por cuanto la Constitución no fija los tipos de derogatoria existentes, es el legislador el encargado de hacerlo, en virtud de la cláusula general de competencia. Y por cuanto, tampoco es cierto que en la norma demandada se establezca una especie de jerarquía entre normas de igual naturaleza, toda vez que el apartado 1 Procuraduría General de la Nación, Concepto No. 6090 del 2 de mayo de 2016, rendido en el expediente

No. D-11213 5 Procurador General Concepto demandado lo que hace es ayudarle al operador jurídico a identificar

cuándo se presenta una autentica derogatoria. 4.1. Necesidad de estarse a lo resuelto en la sentencia que decida el expediente D-11213 Al efectuar un contraste de la demanda de la referencia con los cargos enervados en la demanda que cursa bajo el radicado D-11213, y sobre el cuales se reitera que rindió concepto con el consecutivo 6090 de 2 de mayo de 2016, el jefe del ministerio público encuentra que en ambas oportunidades efectivamente se presentan los mismos argumentos de inconstitucionalidad. En consecuencia, cuando se decida el expediente D-11213 habrá operado para el presente proceso el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. En otras palabras, lo que en ambas demandas se cuestiona es si la norma parcialmente acusada puede limitar la competencia del Congreso al condicionar que la única derogatoria que procede es la expresa, fijando así una restricción que la Constitución Política no establece. Y, además, otorgándole una mayor jerarquía al Estatuto de Contratación frente a otras normas de la misma naturaleza. Así las cosas, se tiene que en razón a la identidad de los cargos y a que ésta jefatura ya se ha pronunciado sobre cada uno de ellos, es suficiente con reiterar los argumentos esgrimidos dentro del expediente D-11213 y, por este motivo, solicitar a la Corte Constitucional que se esté a lo allí resuelto. En efecto, para el jefe del ministerio público resulta constitucional la disposición demandada, toda vez que no viola el principio de soberanía ni el democrático por cuanto, al no definir la Constitución los tipos de

derogatoria que aplican en el ordenamiento, es competencia del legislador hacerlo, pues en su calidad de órgano representativo está 6 Procurador General Concepto facultado para establecer las formas para efectuar las derogatorias de las leyes. Un debate diferente seria determinar, en cambio, si esta alternativa debe establecer por vía de una ley orgánico u ordinaria, es decir, cuál es el camino por el que el legislador debe definir los tipos de derogatoria aplicables a una disposición, pero lo importante aquí es que en ambos casos en todo caso se trata de una potestad del Congreso y, por tanto, el accionante no tiene razón2. En este sentido, como tal y como en su momento se sostuvo en el concepto rendido, sea esta ocasión de reiterar que “la ley acusada no está creando los tipos de derogatoria, sino que está resolviendo una ponderación a favor de la de la seguridad jurídica, en un caso de especial relevancia constitucional como es la contratación pública”. De otra parte, debe destacarse que el aparte acusado no estableció una especie de jerarquía entre normas de igual naturaleza, sino que su lectura debe hacerse entendiendo que lo que allí se señala pretende ayudarle al operador jurídico a identificar cuándo se presenta una autentica derogatoria, de tal suerte que en ningún momento se limita la competencia del Congreso para para derogar o modificar el estatuto de contratación, ni muchos menos para derogar o modificar la disposición demandada, de tal forma que pudiera afirmarse (como lo hace el actor), que con esta norma el Congreso actual esté reduciendo el margen de acción o afectando la competencia del Congreso futuro.

Así, esta vista fiscal nuevamente debe solicitar a la Corte Constitucional que se declare la constitucionalidad del artículo 32 (parcial) de la Ley 1150 de 2007 “[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”, por cuanto con ésta norma no vulnera el principio de soberanía popular ni el 2 Ibídem. 7 Procurador General Concepto principio democrática ya que no restringe la competencia del Congreso para derogar normas precedentes ni le otorga una mayor prevalencia al Estatuto de Contratación por cuanto este si puede ser objeto de derogatoria o modificación por dicha autoridad.

5. Solicitud Por las razones expuestas, el jefe del ministerio público le solicita a la Corte Constitucional como petición principal que se declare INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del apartado demandado del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, por temeridad, o en su defecto ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia que decida la demanda que cursa bajo el expediente D-11213, en el sentido de declarar EXEQUIBLE el apartado acusado.

De los señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

ABG/KTA

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