PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Inhibición ineptitud sustantiva de la demanda

Bogotá, D.C. octubre 7 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 4 del artículo 32 de la Ley 643 de 2001 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”

Actor: Antonio Barrera Carbonell

Magistrado Sustanciador: Dr. MARCO GERARDO MONROY

CABRA Expediente No. D-5946 Concepto No.3949 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano ANTONIO BARRERA CARBONELL, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del inciso 4 del artículo 32 de la Ley 643 de 2001, referente al concepto favorable del alcalde para que operen los juegos localizados de suerte y azar.

2. Ineptitud sustantiva de la demanda 2.1. Es indiscutible que la acción de control de inconstitucionalidad, por su origen popular o ciudadano, conlleva un análisis flexible cuando de verificar el cumplimiento de los requisitos se trata. Esto, sin embargo, no releva al ciudadano de cumplir con los requisitos materiales mínimos fijados por el legislador para su interposición, con la claridad y precisión que permitan divisar y resolver un problema jurídico constitucional que propone la demanda (sentencia C-1031 de

2002). Procurador General 2.2. De acuerdo al artículo 2, numeral 3 del Decreto 2067 de 1991, en la demanda de inconstitucionalidad deben exponerse las razones por las cuales se estiman infringidas determinadas normas constitucionales, es decir, el concepto de la violación, el cual, como lo ha venido precisando la Corte Constitucional, consiste en la exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de la disposición constitucional es vulnerada por el precepto legal demandado. (sentencia C-831 de 2002). 2.3. El concepto de la violación cumple con el requisito de especificidad si define con claridad la manera como la norma legal desconoce la Constitución Política mediante la formulación de por lo menos un cargo concreto contra la norma demandada, pues no puede decidirse sobre la inexequibilidad de un precepto legal con base en argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales, que no se relacionan concreta y directamente con las normas demandadas. Y, la argumentación del cargo es suficiente, cuando el ciudadano presenta los argumentos y elementos probatorios que sustentan su demanda, de manera que aunque no convenzan prima facie de la inconstitucionalidad de la norma, si despierten “una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” (Auto 288 de 2001).

Como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C041 de 2002 “los cargos formulados en el libelo deben ser suficientemente claros como para arrojar elementos mínimos de juicio que permitan al juez constitucional deducir una oposición razonable entre las normas confrontadas.” 2.4. En el caso que nos ocupa, en primer lugar el demandante se ocupa de darle alcance a los conceptos desde la órbita del derecho administrativo pero que en ningún momento ubica la problemática en la perspectiva del derecho constitucional. Igualmente, el ciudadano Barrera Carbonell no establece con claridad las normas constitucionales que considera vulneradas, pues se dedica a 2 Procurador General desarrollar una serie de definiciones sobre distintos tópicos sin que a simple vista se permita deducir una conexidad con la disposición demandada, y así estructurar un cargo de constitucionalidad que reúna los requisitos y formalidades antes señaladas. 2.5. Es así que el ciudadano demandante no expone un concepto de violación que de lugar a un debate jurídico constitucional de la norma acusada, por cuanto ni siquiera se vislumbra cuáles fueron las normas constitucionales que considera vulneradas. Por lo anterior, a juicio del Ministerio Público es imposible adelantar un estudio de fondo sobre la conformidad o no del inciso 4 del artículo 32 de la Ley 643 de 2001 con las disposiciones constitucionales presuntamente vulneradas. Así las cosas, se solicitará a la Corte Constitucional inhibirse de dictar un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de demanda.

3. Conclusión Por lo expresado con anterioridad, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento sobre la demanda presentada contra el inciso 4 del artículo 32 de la Ley 643 de 2001, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Señores Magistrados,

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación

SPTB/AEB

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