PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda po

Bogotá, D.C., 8 de agosto de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo, parcial, del artículo 1324 del Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el

Código de Comercio”.

Demandante: RAFAEL HERNANDO GAMBOA SERRANO

Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Expediente No. D-6363 Concepto No. 4151 De conformidad con lo previsto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Carta, instauró el ciudadano RAFAEL HERNANDO GAMBOA SERRANO contra la expresión “fijada por peritos”, contenida en el inciso segundo del artículo 1324 del Decreto 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”, cuyo texto es el siguiente: ARTÍCULO 1324. (…) Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una indemnización equitativa, fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de Procurador General Concepto No. 4151 productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario.

Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato. (negrilla fuera de texto). (…)

1. Planteamientos de la demanda 1.1. A juicio del ciudadano GAMBOA SERRANO, la expresión “fijada por peritos” contenida en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio vulnera los artículos 4 y 116 de la Carta Política, por cuando permite que los peritos administren justicia, a pesar de que ellos son auxiliares de los jueces y, en consecuencia, les está vedado que resuelvan puntos de derecho (artículos 233 y 236 del Código de Procedimiento Civil). 1.2. El perito al no contar con la facultad de administrar justicia, no puede por sí y ante sí, fijar y determinar la indemnización de perjuicios de que trata la disposición acusada. 1.3. Es al juez, y no el perito, a quien le corresponde determinar la existencia del daño o perjuicio antijurídico y, en consecuencia, establecer la forma y cuantía de la indemnización correspondiente. 1.4. Cuando se les confiere a los peritos la prerrogativa de fijar una indemnización, se desconoce el principio consagrado en el artículo 29 superior, como es el de contar con un debido proceso, ante juez competente, y con la plenitud de las formas propias de cada juicio.

2 Procurador General Concepto No. 4151

2. Problema jurídico Al Ministerio Público corresponde determinar si la expresión “fijada por peritos”

contenida en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio vulnera el derecho al debido proceso, desconoce el 116 de la Carta Política que establece quiénes administran justicia y, en consecuencia, riñe con el principio de supremacía de la Constitución. Sobre el particular, el Procurador General de la Nación considera lo siguiente:

3. De la agencia comercial 3.1. Mediante el contrato de agencia, un comerciante asume, en forma independiente y estable, el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. (artículo 1317 Código de Comercio). 3.2. El agente cumplirá el encargo de conformidad con las instrucciones recibidas, suministrará al empresario las informaciones relacionadas con las condiciones del mercado en la zona asignada y las demás que le sean útiles para valorar la conveniencia de cada negocio y, correlativamente, tiene derecho a una remuneración aunque el negocio no se lleve a cabo por causas ajenas a él (artículos 1321 y 1322

Ibídem). 3.3. Se trata, entonces, de un negocio jurídico que interesa a ambos contratantes y, por lo tanto, no puede darse por terminado uniteralmente por cualquiera de ellas, salvo que existan justas causas. 3 Procurador General Concepto No. 4151 Constituyen justas causas para dar por terminado el contrato de agencia: i) por parte del empresario: a) el incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el

contrato o en la ley atribuibles al agente; b) cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario; c) la quiebra o insolvencia del agente, y d) la liquidación o terminación de actividades; ii) por parte del agente: a) el incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o legales; b) cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del agente; c) la quiebra o insolvencia de la empresa, y d) la terminación de actividades. Cuando el contrato termina por una de estas razones el agente tiene derecho a que el empresario le pague una prestación. (artículos 1324, inciso primero, y 1325 Ibídem). 3.4. Además de la prestación señalada anteriormente, el agente tiene derecho a una indemnización equitativa cuando el empresario revoque el contrato sin justa causa comprobada o cuando es el agente quien lo termina por justa causa imputable al empresario. Esa indemnización equitativa debe ser fijada por peritos, como una retribución a los esfuerzos del agente para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. Para la fijación del valor de la indemnización debe tenerse en cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato (artículo 1324, inciso segundo, acusado).

4. Examen de constitucionalidad de la expresión “fijada por peritos”, contenida en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio 4.1. Tal como lo señala el Código del Procedimiento Civil (artículo 233), la prueba

pericial “es procedente para verificar hechos que interesan al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos y artísticos”, lo cual significa que los peritos son personas expertas en esos tres campos, con capacidad para auxiliar al 4 Procurador General Concepto No. 4151 juez en la valoración de los hechos objeto del proceso o para adquirir certeza sobre ellos. 4.2. Según el Diccionario de La Lengua Española, perito es “la persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.” 4.3. En consecuencia, los peritos son auxiliares de la justicia, tal como lo entiende el actor, y esa condición debe tenerse en cuenta para interpretar la expresión “fijada por peritos”, contenida en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio, la cual se refiere a un dictamen pericial, esto es, a una opinión de expertos, que no resuelve puntos de derecho y que, por lo tanto, debe ser presentada al juez competente, quien lo apreciará al momento de tomar una decisión frente al caso concreto. 4.4. Corrobora lo anterior, el hecho que el Código de Comercio en los artículos 2026 a 2032 consagra el proceso para la regulación por peritos de aquellos asuntos que por requerir especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, la ley o el contrato sometan a la decisión de expertos, o a justa tasación. Conforme a tal procedimiento, los peritos rendirán su dictamen ante el juez, con el fin

de que este funcionario le imparta su aprobación o en caso contrario proceda a hacer la regulación del caso, con base en el concepto de los expertos, la intención de las partes, las leyes, la costumbre y la equidad natural (artículos 2030 y 2031 Ibídem). Al respecto, vale advertir que el artículo 435, parágrafo 1o., numeral 8, del Código de Procedimiento Civil señala entre los asuntos que se adelantan por la vía del proceso verbal sumario los aspectos contemplados en los artículos 2026 a 2032 del Código de Comercio. 5 Procurador General Concepto No. 4151 4.5. En este orden, entiende el Ministerio Público que la expresión acusada no le otorgó a los peritos la función de administrar justicia, pues, si bien es a través de un dictamen pericial que se fija la indemnización equitativa a que tiene derecho el agente cuando el empresario revoque el contrato sin justa causa comprobada o cuando es el agente quien lo termina por justa causa imputable al empresario, tal dictamen debe ser rendido al juez para lo de su competencia. 4.6. En consecuencia, es forzoso concluir que la expresión “fijada por peritos”, contenida en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio no tiene el alcance que señala el actor y en el cual se fundamenta la demanda, es decir, tal expresión no confiere facultades jurisdiccionales a los peritos, la disposición se refiere a un dictamen pericial que como cualquier otro medio de prueba debe ponerse a disposición del juez, funcionario a quien le corresponde tomar la decisión

correspondiente. 4.7. Al configurarse, entonces, un error en la interpretación de la disposición legal acusada por parte del demandante, no procede el cargo de violación constitucional y por este aspecto no es posible que la Corte estudie de fondo la constitucionalidad de la disposición acusada. Por lo anterior, el Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional que se declare inhibida para decidir de fondo la presente demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión “fijada por peritos”, consagrada en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio, por cuanto la acusación se estructura sobre un supuesto normativo equivocado, lo cual configura una ineptitud sustantiva de la misma. No obstante, en el evento de que la Corporación decida pronunciarse de mérito sobre dicha preceptiva legal, se pide declarar su constitucionalidad, pues no ve este Despacho de qué manera tal precepto desconoce los artículos 4, 29 y 116 de la Carta Política. 6 Procurador General Concepto No. 4151

5. Conclusión 5.1. En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA para decidir de fondo en relación con la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión “fijada por peritos”, consagrada en el inciso segundo del artículo 1324 Decreto 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”, por cuanto la acusación se estructura sobre un supuesto normativo equivocado, lo cual configura una ineptitud sustantiva de la demanda.

5.2. En el evento de que la Corporación decida pronunciarse de mérito sobre dicha preceptiva legal, este Despacho le solicita declarar la EXEQUIBILIDAD de dicha disposición por las razones planteadas en este concepto. Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación CID/MLOvalleB. 7