PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Inhibirse de dictar un pronunciamiento de fondo por

Bogotá, D.C., 22 de agosto de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 314

(parcial) de la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Demandante: CARLOS FELIPE USECHE GARCÍA

Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Expediente No. D6367 Concepto No. 4157 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano CARLOS FELIPE USECHE GARCÍA, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º y 242, numeral 1º de la Carta Política, solicita se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 314, inciso 2º, de la Ley 600 de 2000, que señala: ARTICULO 134. APODERADOS SUPLENTES. El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, y éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación. El nombramiento de suplente se entiende revocado cuando se designe a otra persona para estos fines. Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea.” (lo resaltado es lo acusado)

1. Planteamiento de la demanda

Procurador General Concepto No. 4157 La expresión “no” incluida en el artículo 134, inciso 2º, de la Ley 600 de 2000 limita el ejercicio del derecho a la defensa consagrado en el artículo 29 Superior, porque el sindicado no puede designar todos los abogados que requiera para que le asistan y defiendan simultáneamente durante la actuación penal. En apoyo a esta tesis el actor cita las sentencias C-592 de 1993 y SU044 de 1995.

2. Ineptitud sustantiva de la demanda 2.1. La acción de control de inconstitucionalidad, por su origen popular o ciudadano, conlleva un análisis flexible cuando de verificar el cumplimiento de los requisitos se trata. Esto, sin embargo, no releva al ciudadano de observar las exigencias materiales mínimas fijadas por el legislador para su interposición, con la claridad y precisión que permitan divisar y resolver el problema jurídico constitucional que propone la demanda (sentencia C-1031 de 2002). 2.2. Señala el artículo 2º, numeral 3º, del Decreto 2067 de 1991, que en la demanda de inconstitucionalidad deben exponerse las razones por las cuales se estiman quebrantadas determinadas normas constitucionales, es decir, el concepto de la violación, el cual, como lo ha venido precisando la Corte Constitucional, consiste en la exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de la disposición constitucional es vulnerado por el precepto legal demandado, ello por cuanto no pueden admitirse demandas carentes de motivación razonable.

(Sentencia C-831 de 2002). 2.3. El concepto de la violación cumple con el requisito de pertinencia si, como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-1052 de 2001, el cargo está “fundado en la apreciación del contenido de una norma constitucional que se expone y se enfrenta al precepto demandado.” 2 Procurador General Concepto No. 4157 2.4. Recientemente la Corte Constitucional recordó que la acción pública de inconstitucionalidad no puede ser usada para dar solución a un problema particular y también advirtió que procede la inhibición cuando “se trata de una demanda de inconstitucionalidad centrada en un supuesto fundado en una interpretación que no se deduce o se deriva necesariamente de lo que establece la disposición que se estima vulnerada” (Sentencia C-533 de 2006). 2.5. En este caso, a pesar de la presentación del escrito de corrección de la demanda, subsisten razones que en criterio del Ministerio Público conducen a una decisión inhibitoria: 2.4.1. Mediante auto del 16 de junio pasado, el Magistrado Sustanciador inadmitió la demanda presentada por el ciudadano USECHE GARCÍA al considerar que se refiere al concepto de alternatividad de la defensa, el cual resulta ajeno al texto demandado y surge del criterio subjetivo del actor y, en segundo lugar, porque el cuestionamiento se dirige contra la interpretación y aplicación de norma por la Corte Suprema de Justicia, asunto que no puede ser objeto de control de constitucionalidad. 2.4.2. Posteriormente el actor presentó el escrito de corrección, en dónde, sin

esbozar argumentos distintos a los inicialmente planteados, para subsanar el primer defecto cambia la referencia de la alternatividad, e incorpora el concepto de simultaneidad, utilizado por la disposición impugnada. 2.4.3. No obstante lo anterior, en criterio del Ministerio Público resulta improcedente adelantar el control constitucional de la expresión acusada por cuanto el cargo se estructura sobre una interpretación que no se deduce del contenido del artículo 29 de la Constitución Política. En efecto, en criterio del demandante que cuando la citada disposición indica que “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 3 Procurador General Concepto No. 4157 abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”, está consagrando que para garantizar la defensa técnica el sujeto pasivo de la acción penal tiene derecho a designar y ser representado no por uno sino por todos los abogados que desee. Basta dar lectura al precepto superior para percatarse de la disconformidad entre su contenido y la interpretación dada por el actor y en la cual basa su demanda, pues en él se hace expresa referencia al derecho que tiene el sindicado de contar con la “asistencia de un abogado”, no de un grupo o número plural de abogados que actúen simultáneamente en desarrollo de la actuación procesal. 2.4.4. A lo anterior cabe añadir que la forma como se ejerce la defensa técnica por el apoderado principal y el suplente, ya sea simultáneamente como lo desea el actor o subsidiaria y separadamente como lo establece la disposición acusada, no tiene relación directa con el derecho constitucional que se aduce

violado, según el cual el investigado o sumariado tiene derecho a designar el abogado que desee, más aún teniendo en cuenta que la disposición quebrantada supone el ejercicio previo del derecho a escoger un abogado, al que se refiere el artículo 29 superior. Y precisamente es éste o el defensor de oficio quien, conforme con el artículo acusado, nombra un suplente de su confianza para que le reemplace cuando no pueda actuar dentro del proceso. En síntesis, la designación de un abogado suplente por el defensor principal y su participación dentro del proceso penal no es un asunto del que se ocupe, aún de manera tangencial, el mencionado precepto constitucional. En este orden, la argumentación de la demanda carece de pertinencia como quiera que tiene sustento en una interpretación que no se deriva 4 Procurador General Concepto No. 4157 necesariamente de lo que establece la disposición constitucional que se estima vulnerada1. Así las cosas si solicitará a la Corte Constitucional inhibirse de dictar un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de demanda.

3. La disposición acusada si bien señala que el abogado principal y el suplente no pueden actuar en forma simultánea en la actuación penal, no impide al investigado asesorarse de un número plural de abogados. 3.1. Sí, dando alcance al principio pro actione, la Corte Constitucional estima posible analizar la disposición acusada, manifiestas son las razones para disentir del cargo presentado contra el artículo 134 inciso 2º, de la Ley 600 de

2000.

3.2. En primer lugar, como se anticipó en precedencia, el artículo 29 de la Carta Política, en consonancia con los artículos 14.3.d., del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, el artículo 8.2.d., de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Principio 1 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, reconoce el derecho del sujeto pasivo de la acción penal a contar con la asistencia de un profesional del derecho, que le asesore y lleve a cabo la representación judicial tanto en la etapa de investigación como en la de juzgamiento. Esta asistencia letrada que consagra el ordenamiento superior complementa la defensa material que pueda hacer el investigado y le garantiza la protección y defensa técnica de sus derechos frente al ejercicio del poder punitivo estatal. Constituye por tanto una figura jurídica insustituible, irremplazable e irrenunciable, encaminada a lograr equilibrio en el desarrollo de toda acción 1 Sentencia C-533 de 2006 5 Procurador General Concepto No. 4157 penal, pues este derecho debe garantizarse aún en los casos en que el investigado, sindicado o enjuiciado no comparezca al proceso. 3.3. El derecho a contar con defensa técnica conlleva tres correlativas obligaciones para el Estado: i) para las autoridades competentes el deber de informarle desde el inicio de la actuación o el primer contacto que se tenga con el indiciado o sumariado, sobre la facultad que le asiste de designar, a su elección, un abogado que lo asista y represente y, en el evento de no hacerlo por cualquier causa, del nombramiento de uno de oficio, ii) escoger de oficio al

defensor cuando el procesado no lo designe, de tal forma que exista continuidad en la defensa técnica y, iii) tanto el legislador como el funcionario judicial tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan a la persona escoger en forma conciente y libre al abogado de su confianza, sin someterlo a un listado único de abogados o imponerle directa o indirectamente el nombramiento de uno en particular, y de igual forma brindarle al defensor la oportunidad y libertad para expresarse dentro de la actuación sin más restricciones que la observancia de las disposiciones legales y el respeto hacia los funcionarios judiciales, partes e intervinientes dentro del proceso. 3.4. Dentro de estos parámetros y atendiendo a las vicisitudes que pueden impedir la asistencia permanente en el proceso del abogado designado como defensor por el sindicado, el legislador estableció las suplencias como medio para asegurar la continuidad de la defensa técnica. Es así como luego de ordenar que “para los fines de su defensa el sindicado deberá contar con la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio” (artículo 127 de la Ley 600 de 2000), en el artículo demandado autoriza al defensor para designar, bajo su exclusiva responsabilidad, quien lo reemplace en su ausencia, es decir, participe y represente al procesado en los eventos en que le sea imposible hacerlo al abogado principal. 6 Procurador General Concepto No. 4157 3.5. Conforme con lo expuesto, la disposición acusada no viola el artículo 29 de la Constitución dado que en ningún momento desconoce o restringe el derecho del imputado o sindicado a designar un apoderado escogido por él. Obsérvese

además que la norma constitucional hace referencia a la asistencia y representación judicial de un abogado, más no de un grupo o equipo de abogados que actúen permanente y simultáneamente dentro de la misma actuación judicial. 3.6. En este orden, considerando que el legislador goza de libertad de configuración al expedir las normas procesales que regulan las actuaciones judiciales, siempre que ellas no desconozcan las disposiciones constitucionales y el artículo 29 presuntamente vulnerado no impone que la defensa técnica sea adelantada por un colectivo de abogados, ni considera siquiera esta posibilidad al referirse expresamente a “un abogado”. No le resultaba constitucionalmente exigible al legislador incorporar la figura de los suplentes, quienes, valga resaltar, son designados no por el procesado sino por el abogado principal para que, como suplentes y bajo la dirección del principal, asuman la defensa en el evento en que por causas ajenas a su voluntad no pueda representar a su prohijado, dando así continuidad a la defensa técnica. La Corte Constitucional en sentencia C-657 de 1996, al referirse a una disposición similar a la ahora examinada y contenida en el ordenamiento procesal anterior indicó que “cada procesado no puede tener sino un defensor, lo cual no obsta para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal.” Ello por cuanto la

suplencia “contribuye a sortear las dificultades en que pueda encontrarse el defensor o apoderado principal, propendiendo así el cumplimiento y la observancia cabal del derecho de defensa, a lo cual no se podría proceder con 7 Procurador General Concepto No. 4157 la prontitud que determinadas circunstancias exigen, si la designación de suplentes estuviera rodeada de exigencias excesivas”. 3.7. Teniendo en cuenta que la defensa técnica tiene dos componentes: la asistencia que se cumple con el asesoramiento integral al imputado y la representación, referida a la comparecencia al proceso y ante la autoridad judicial, en criterio del Ministerio Público la expresión censurada permite que la persona sea asistida por dos o más profesionales del derecho y que ellos colaboren en la construcción de su estrategia defensiva si así lo desea, siempre que la representación judicial, es decir, la defensa letrada dentro del proceso sea asumida por el defensor principal o por el suplente, en ausencia de aquel. Esta limitación además sirve al mismo poderdante en la medida que la dirección y técnica defensiva estarán determinadas por quien ha designado libremente como su defensor y será éste quien responderá por la gestión adelantada. La prohibición del ejercicio simultáneo de la defensa contenida en la disposición acusada, no desconoce la posibilidad de que el defensor suplente intervenga dentro de una diligencia o audiencia pública en la cual esté participando el defensor principal, si éste por alguna situación particular debe ausentarse de la misma, de tal forma que no se desampare la defensa técnica del procesado en la culminación de esa actuación. 3.8. Finalmente, si de conocimientos técnicos o especiales se trata, dos

consideraciones desmienten el cargo: de una parte, la norma no restringe la libertad del investigado para designar a quien, atendiendo a sus condiciones profesionales particulares, estime lo puede representar mejor dentro del proceso penal, ni tampoco le coarta la facultad de cambiarlo, en cualquier momento del proceso, cuando pierda la confianza en su idoneidad; y, de otra parte, en ejercicio del derecho a la defensa, aún en la etapa de juicio y antes de finalizar la audiencia preparatoria, puede solicitarse al funcionario judicial que practique y tenga como prueba pericial conceptos de profesionales 8 Procurador General Concepto No. 4157 especializados en distintas áreas del saber, y de ser el caso también puede requerirse el testimonio de personas especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos científicos o artísticos para emitir conceptos, como lo autoriza el artículo 276 de la Ley 600 de 2000. Son suficientes las razones expuestas para solicitar a la Corte Constitucional que en el evento de ejercer el control constitucional de la expresión impugnada declare su exequibilidad.

4. Conclusión Por lo expresado con anterioridad, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional: 4.1. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la demanda presentada contra la expresión “no” del artículo 134, inciso 2º, de la Ley 600 de 2000 por inepta demanda. 4.2. En subsidio de lo anterior, declarar EXEQUIBLE en lo acusado el artículo 134, inciso 2º de la Ley 600 de 2000.

Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación 9 Procurador General Concepto No. 4157 CID/Alie 10