PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Requisitos

Procurador General 1 Bogotá, D.C., noviembre 25 de 2004 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 431 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal.”

Actor: JESÚS ANTONIO ESPITIA MARÍN

Magistrado Sustanciador: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Expediente No. D-5399 Concepto No. 3711 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano JESÚS ANTONIO ESPITIA MARÍN, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1 de la Carta Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 431 de la Ley 599 de

2000. A continuación se subraya la disposición acusada: “ART. 431.- Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.”

1. Planteamientos de la demanda 1.1. Para el ciudadano Espitia Marín, el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 4 y 13 de la Carta Fundamental. Sin

embargo, la Corte Constitucional, en auto de fecha 23 de septiembre de 2004, inadmitió dicha demanda por considerar que no cumplía cabalmente con los requisitos de admisibilidad establecidos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, concediendo un término de 3 días para su corrección. 1.2. En auto de fecha 14 de octubre de 2004, la Corte rechazó la demanda en relación con los cargos por violación del preámbulo y los artículos 1, 2 y 4 Procurador General 2 constitucionales, admitiéndola sólo en relación con el cargo por vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, es decir, el principio de igualdad, el cual es expuesto por el actor de manera incongrente, confusa y precaria. Sobre el particular, el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente:

2. Esa Corporación debe declarase inhibida para la evaluación del cargo por violación del artículo 13 constitucional, por existir ineptitud sustancial de la demanda 2.1. Del estudio de la demanda objeto del presente concepto, se puede deducir que el actor no cumplió con el lleno de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, específicamente con el numeral tercero, referente a las razones que deben esgrimirse para establecer que el texto demandado es violatorio de la Constitución. Los argumentos expuestos por el ciudadano Espitia Marín son confusos y no permiten inferir cuál es el concepto de la violación del ordenamiento superior ni demuestra como el precepto acusado infringe las normas superiores invocadas.

En efecto, reiterada jurisprudencia de esa Corporación, ha indicado que la formulación de un cargo constitucional específico contra la disposición demandada, constituye uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que antes de pronunciarse de fondo, la Corte debe verificar si el actor ha cumplido con la exigencia de fundamentar en debida forma el respectivo cargo, so pena de inhibirse para fallar por ineptitud sustantiva de la demanda, al carecer de argumentos susceptibles de ser analizados por el juez constitucional. 2.2. Ese Tribunal ha manifestado que cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por vía de acción, se le impone como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional, razón que hace esencial que en la demanda se determine con claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución. Procurador General 3 En dicho sentido, se destaca la sentencia C-131 de 1993, que con relación a este requisito material, señaló: “3 En efecto, la obligación de los actores de cumplir los siguientes requisitos reúne tales consideraciones, así: (...) “- Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados: si un ciudadano demanda debe ser por algo. Ese “algo” debe ser expresado. El ataque indeterminado y sin motivos no es razonable y se opone a la inteligencia que debe caracterizar al hombre.” (negrilla fuera de texto). Y la sentencia C-045 de 2003, que dispone: “Al respecto, cabe recordar que la Corte ha entendido que las razones

que los accionantes han de invocar para acusar a una norma de infringir la Constitución, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, así como que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales’ que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.” Así las cosas, la omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad, ya que no corresponde al juez constitucional la función de presumir el querer del demandante, por cuanto la naturaleza de la acción se desvirtuaría al emitir pronunciamientos de fondo con base en demandas que no satisfacen unas mínimas exigencias, otorgándoles una vocación oficiosa que en realidad no tienen. 2.3. En el caso bajo examen, observa este Despacho que la demanda fue inadmitida por no señalar expresamente las razones y los cargos que demostraran que el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulneraba la Carta. El libelo de la demanda aparentemente fue subsanado, sin embargo esa Corporación rechazó la demanda en relación con los cargos relativos a la transgresión del preámbulo y a los artículos 1, 2 y 4 de la Carta Fundamental, y la Procurador General 4 admitió en lo referente a la violación del artículo 13 constitucional.

Sin embargo, para el Ministerio Público el ciudadano Espitia Marín no explicó suficientemente el concepto de violación del principio de igualdad por parte de la norma acusada, ya que, bajo un contexto poco claro, intenta hacer una supuesta comparación entre los ex funcionarios y el resto de personas, sin definir supuestos de hecho claros que permitan realizar un verdadero test de igualdad, por lo que dicho cargo, también ha debido ser rechazado por el Magistrado Sustanciador.

3. Conclusión El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional INHIBIRSE para decidir de fondo acerca de la constitucionalidad del artículo 431 de la Ley 599 de 2000, por los aspectos aquí analizados.

Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación SPTB/J.E.Barliza./ncdem.