PGN - DEMANDA DE REPARACION DIRECTA Oportunidad para presentar la demanda previsto en el a

Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) CADUCIDAD DE LA ACCION-Obra prueba idónea para determinar que el medio de control de reparación directa fue presentada después de los dos (2) años que señala la norma ACCION DE REPARACION DIRECTA-Fundamento legal PRUEBAS-Constancia de ejecutoria del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y otras documentales. DEMANDA DE REPARACION DIRECTA-Oportunidad para presentar la demanda previsto en el artículo 164 del CPACA Con fundamento en lo anterior, en esta oportunidad deberá constatarse si el requisito de la oportunidad se encuentra satisfecho, habida cuenta que el legislador prevé la caducidad de la acción como sanción por la falta de diligencia en el ejercicio oportuno de derecho de acción. Figura procesal que tiene fundamento en la seguridad jurídica y en la necesidad que tiene toda la sociedad de impedir que situaciones anómalas o conflictivas se perpetúen sin una debida definición judicial. Esa es la razón para que el ordenamiento jurídico establezca términos perentorios y preclusivos para el ejercicio de la acciones, y derive, como sanción para quien obra negligentemente en relación con el ejercicio del derecho de acción, es decir, la caducidad del medio de control jurisdiccional. CADUCIDAD DE ACCION-Institución jurídica de la tiene por finalidad otorgarle al Estado estabilidad en sus actuaciones jurídicas/CADUCIDAD DE ACCION-La extinción del derecho a ejercer el medio de control, por vencimiento del término concedido para ello/CADUCIDAD DE ACCION-Jurisprudencia Adicionalmente, resulta necesario señalar que la institución jurídica de la caducidad tiene

por finalidad otorgarle al Estado estabilidad en sus actuaciones jurídicas, cerrando así toda posibilidad de debate o controversia jurisdiccional respecto de las decisiones o relaciones contractuales que el mismo haya tornado, pues de no ser así se permanecería indefinidamente con la incertidumbre que representa para la administración la eventualidad de revocación o anulación de sus actos en cualquier tiempo posterior a su expedición, o de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual de la cual pudiese ser objeto. En otras palabras, la caducidad consiste entonces, en la extinción del derecho a ejercer el medio de control, por vencimiento del término concedido para ello, institución que se justifica ante la conveniencia de señalar un plazo invariable, para que quien se pretende titular de un derecho opte por ejercitarlo o renunciar a él, fijado en forma objetiva, sin consideración a situaciones personales del interesado, no susceptible de interrupción ni de renuncia por parte de la administración. Es por ello, que en lo concerniente a las acciones que debe conocer la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el legislador consagro de manera expresa y particular el termino 1 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) de caducidad que frente a las mismas se debe aplicar, lo que genera lógicamente la imposibilidad de acudir a otras legislaciones o a interpretaciones no acorde con ello para

determinar el termino de caducidad de las acciones. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Se originó luego que el Consejo de Estado expreso las razones por las cuales anula el Acto Administrativo de INVIMA 0001 de 2010 Alerta Sanitaria En efecto la oportunidad para accionar en reparación directa por los presuntos daños materiales y morales reclamados por la parte demandante, se materializa a partir del conocimiento que tiene al proferirse sentencia del Consejo de Estado que declaró la Nulidad de la Alerta Sanitaria, a partir de allí y hasta dos años después de ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad, esto es hasta el 27 de agosto de 2017 y, para esa fecha, conforme al material probatorio aportado al proceso, la solicitud de conciliación ante la Procuraduría no se había presentado, pues ello solo aconteció el 8 de septiembre de 2017, cuando la acción ya había caducado, pues así se desprende tanto del acta de conciliación como de la constancia expedidas por la Procuraduría No. 138 Judicial II Para Asuntos Administrativos de fecha 8 de noviembre de 2017, documentos en los cuales se indica que la solicitud de conciliación se radicó el día 8 de septiembre de 2017. CONCILIACION PREJUDICIAL-Suspende el término de caducidad.

CONCEPTO No. 120 / 2019

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1)

Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) Bogotá D. C., 27 de agosto de 2019 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente - Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

Expediente: 250002336000201702109 01 (62861)

Acción: Reparación Directa – LEY 1437

Actor: ECOCA LTDA.

Demandados: INVIMA Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / Operó el fenómeno de la caducidad del medio de control interpuesto de que trata el Artículo 164 del CPACA / Obra prueba idónea para determinar que el medio de control de reparación directa fue presentada después de los dos (2) años que señala la norma / El término de caducidad en la acción de reparación directa, en el caso sub examine se contabiliza a partir del día siguiente de la desfijación del edicto mediante la cual se notificó la sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. El día 9 de noviembre de 2017, la señora Fabiola Piñacue obrando como persona natural y

como representante legal de la Sociedad ECOCA Ltda., y el señor David Curtidor Arguello, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA (fl. 2 a 13 c.1), con el objeto que se declarara su responsabilidad por la expedición y aplicación de la alerta sanitaria 001 de 2010, acto administrativo que después fue declarado nulo por el Consejo de Estado. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) "2.1 Declarar que el INVIMA es patrimonialmente responsable por los danos antijurídicos tanto materiales como morales ocasionados a la sociedad ECOCA Ltda, así como también a la señora FABIOLA PIÑACUE ACHICUE y DAVID CURTIDOR ARGUELLO, producto de la expedición y aplicación de la Alerta Sanitaria 001 de 2010, acto administrativo que fuera declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 18 de julio de 2015 dentro del proceso Radicado 11001032400020110027100 y que fuera notificada por edicto fijado el día 19 de agosto y desfijado el 21 de agosto de 2015, fecha en que la sentencia quedo en firme.

2.2. Que en consecuencia se ordene al INVIMA reconocer y pagar a título de reparación de los daños antijurídicos, las siguientes sumas de dinero: a. Por concepto de daño material:

1. A título de lucro cesante la suma de TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3.132.500.000), producto de la perdida de oportunidad de concretar ventas; la ostensible reducción de las ventas, la persecución y estigmatización que sufrió su producto, en razón de la expedición de la Alerta Sanitaria 001 de 2015, acto administrativo declarado nulo por ilegal e inconstitucional por el Consejo de Estado en Sentencia del 18 de julio de 2015.

b. Por concepto de Danos morales a favor de la señora FABIOLA PIÑACUE ACHICUE y DAVID CURTIDO ARGUELLO, la suma que corresponda a CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES para cada uno.” Como fundamento de las pretensiones se plantearon las siguientes situaciones fácticas: En el Plan de Vida de la Asociación de Cabildos Juan Tama, presentado en el año 2000, se incluyó el Proyecto denominado "Elaboración de Aromáticas de Coca y otras plantas", iniciativa de la comunera del Resguardo de Calderas, FABIOLA PIÑACUE ACHICUE. El Gobierno Nacional apoyo la iniciativa y ordeno al Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, que estudiara la manera de expedir los registros sanitarios y se encontrara el camino legal, habida cuenta que hasta ese momento no era posible el uso de la hoja de Coca en alimentos.

En acuerdo con distintos funcionarios del gobierno nacional y por solicitud de la Presidencia de la Republica, la Asociación de Cabildos Juan Tama expidió los actos administrativos con los que se emitieron los registros sanitarios y permiso para la utilización de la hoja de Coca. El 8 de junio de 2004, el Director General del INVIMA dirigió a los responsables del proyecto en el Resguardo de Calderas, la comunicación de referencia DG 100-0013104 en la cual 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) reconoce la existencia del acto administrativo mediante el cual se expidió el respectivo registro y no encontró inconveniente alguno en cuanto a la legalidad y el alcance del acto emitido por las autoridades indígenas correspondientes, lo cual proporcionaba mayor seguridad material y jurídica al proyecto.

La empresa Ecoca Ltda, solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las marcas comerciales Coca Sek y Nasa Esh, para ejercer la Comercialización bajo esas marcas, los productos elaborados a partir de la hoja de coca, dicho registro fue adjudicado. En enero de 2007, la Subdirectora de Medicamentos y Productos Biológicos, y del Subdirector de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, e INVIMA enviaron una comunicación a distintas Secretarias Departamentales y Municipales de Salud en la cual señalan que "...los

productos derivados de la Coca (te, aromáticas, galletas, gaseosa, dulces, etc.) elaborados y comercializados en los resguardos indígenas, NO pueden ser comercializados ni publicitados en el resto del territorio nacional..." y que "....en caso de encontrar productos de este tipo fuera de los territorios autorizados, es necesario aplicar las medidas sanitarias del caso e iniciar los procesos sancionatorios correspondientes, de acuerdo a la normatividad vigente". En febrero de 2010, el INVIMA decidió insistir con su prohibición y expidió la ALERTA SANITARIA 001, con lo cual definitivamente se logró expulsar de los mercados formales los distintos productos de hoja de Coca que elaboraba y comercializaba la iniciativa de la señora FABIOLA PINACUE ACHICUE, a través de la sociedad ECOCA Ltda. La señora FABIOLA PINACUE ACHICUE instauro una demanda por nulidad en contra de la Alerta Sanitaria 001 de 2010 y el Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2015 declara la nulidad de ese acto administrativo. No obstante, la ALERTA SANITARIA 001, nunca fue retirada de la página del INVIMA. En julio de 2017, FABIOLA PIÑACUE instauro una acción de tutela, exigiendo al director del INVIMA el retiro de la página oficial de esa entidad de la ALERTA SANITARIA que fue declarada ilegal por el Consejo de Estado. 1.2.Contestación de la demanda 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) El INVIMA contestó oportunamente la demanda, oponiéndose a las pretensiones invocadas por la parte actora. Manifestó que en su mayoría no le constaban los hechos sucedidos, razón por la que se atiene a lo que resulte probado de ellos.

Propuso como excepciones de mérito la caducidad de la acción. Indicó que el hecho generador del daño había sido la publicación de la alerta sanitaria 001 de 2010, por lo que la fecha de caducidad iniciaba el 31 de diciembre de 2010 y vencía el 31 de diciembre de 2012. Señaló que otra hipótesis que se podía tener en cuenta para el conteo de la caducidad, era a partir del día siguiente de la des fijación del edicto mediante la cual se notificó la sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo tanto, adujo que como se había desfijado el 21 de agosto de 2015, la parte actora tenía hasta el 21 de agosto de 2017 para presentar la demanda, no obstante, la demanda se radico el 9 de noviembre de 2017. 1.3. Concepto del Ministerio Público en primera instancia Mediante concepto No. 052-2018 señaló que, por la fecha en que se interpuso la demanda para medio de control de reparación directa, 9 de noviembre de 2017, ésta resulta presentada por fuera del término que concedió la ley a los demandantes, en tanto y por

cuanto tuvieron conocimiento del daño, conforme el hecho dañoso alegado, a partir del día siguiente en que quedó ejecutoriada la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Alerta Sanitaria 001 de 2010, esto es, el día 26 de agosto de 2015, razón por la cual para la fecha de presentación de la demanda ya había caducado la acción interpuesta. 1.4. Sentencia de primera instancia La Sección Tercera – Subsección B del Tribunal Administrativo del Cundinamarca mediante sentencia del tres (03) de octubre de 2018 fallo: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad, propuesta por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.” Respaldo su decisión el Tribunal A Quo con los siguientes argumentos: Señaló que de acuerdo al material probatorio aportado, se tiene que el 18 de junio de 2015, el Consejo de Estado profirió sentencia, de única instancia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001032400020110027100, decisión que fue notificada por edicto el 19 de agosto de 2015.

Que, de conformidad con la certificación allegada por la Secretaria de la Sección Primera del

Consejo de Estado, dicha decisión quedo ejecutoriada el 26 de agosto de 2015, por lo que a partir del día siguiente empezó a correr el término de caducidad al que se refiere el artículo 164, numeral 2º. Literal i) del C.P.A.C.A. (fl. 237 c.1) Que, en ese orden de ideas, la parte actora contaba hasta el 27 de agosto de 2017 para presentar la presente demanda, no obstante fue solo hasta el 9 de noviembre de 2017 que la radico (fl. 15 c.1) Agrego el Tribunal, que si bien la solicitud de conciliación prejudicial suspende el término de caducidad; debe señalarse que en el proceso bajo estudio no surtió tal efecto, pues esta fue radicada el 8 de septiembre de 2017, es decir, cuando el medio de control ya se encontraba caducado. 1.5. Recurso de apelación. El apoderado de la parte actora apeló la decisión y mediante recurso señaló: Indica que las razones para objetar la decisión impugnada se dirigen a observar la fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y las consecuencias de dicha presentación, en la suspensión del término de caducidad. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) Aduce que en la sentencia objetada se señala como fecha de presentación de la solicitud de conciliación el día 8 de septiembre de 2017, por lo que a juicio del A Quo el medio de

control ya se encontraba caducado, toda vez que en la misma sentencia se indica que el plazo oportuno para la presentación de la demanda era hasta el 27 de agosto de 2017. Al respecto, señala que lo indicado por el Tribunal no es cierto. Afirma que de la copia de la solicitud de conciliación, se desprende que esta fue presentada ante la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa el día 22 de agosto de 2017, es decir cinco días antes del plazo que se tenía, esto es, el 27 de agosto de 2017, por lo que el término de caducidad se encontraba suspendido. Agrega que dado que no hubo acuerdo conciliatorio, las constancias a que se refiere el artículo 2º. de la Ley 640 de 2001 se expidieron el mismo día de la audiencia, es decir el 8 de noviembre de 2017, y teniendo en cuenta que el termino de caducidad se encontraba suspendido faltando cinco (5) días para su vencimiento, esto se reanudaron el día 9 de noviembre, fecha para la cual se presentó la demanda, por lo que aduce que no opera la caducidad de la acción interpuesta.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Corresponde al Ministerio Público resolver el siguiente interrogante: Si en el caso objeto de análisis, se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa instaurada por la empresa ECOCA LTDA. 2.2. Pruebas obrantes en el proceso.

Se destacan: Constancia de ejecutoria del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. (fl.

237 c.1) 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) Acta de la audiencia de conciliación realizada el día 8 de noviembre de 2017, ante la Procuraduría No. 138 Judicial II Para Asuntos Administrativos Radicación No. 88521/267 de fecha 8 de septiembre de 2017, la cual fue declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio (Fol. 115 c.1) Constancia expedida el 8 de noviembre de 2017 por la Procuraduría No. 138 Judicial II Para Asuntos Administrativos, mediante la cual se indica: “1. El convocante ECOCA LTDA, presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 8 de septiembre de 2017, convocando a INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA.”. Adicionalmente, en la parte final se deja constancia de que se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Fol. 116. C.1). 2.3. Caso concreto De conformidad con el análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente y en desarrollo de las reglas de la sana crítica1, esta Procuraduría Delegada del Ministerio

Público considera desde ya solicitarle a la Honorable Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que se confirme el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, de fecha 03 de octubre de 2018, toda vez que se considera que en el presente asunto se encontró acreditado que operó el fenómeno de la caducidad para interponer la acción impetrada por la empresa demandante, como pasa a explicarse: 2.3.1. Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar lo relacionado con la oportunidad para presentar la demanda mediante el medio de control de reparación directa previsto en el artículo 164 del CPACA que preceptúa:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La

demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 1 C. de P. C. Artículo 187. APRECIACION DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro

del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (Resalta y subraya la Delegada). Con fundamento en lo anterior, en esta oportunidad deberá constatarse si el requisito de la oportunidad se encuentra satisfecho, habida cuenta que el legislador prevé la caducidad de la acción como sanción por la falta de diligencia en el ejercicio oportuno de derecho de acción. Figura procesal que tiene fundamento en la seguridad jurídica y en la necesidad que tiene toda la sociedad de impedir que situaciones anómalas o conflictivas se perpetúen sin una debida definición judicial. Esa es la razón para que el ordenamiento jurídico establezca términos perentorios y preclusivos para el ejercicio de la acciones, y derive, como sanción para quien obra negligentemente en relación con el ejercicio del derecho de acción, es decir, la caducidad del medio de control jurisdiccional. Adicionalmente, resulta necesario señalar que la institución jurídica de la caducidad tiene por finalidad otorgarle al Estado estabilidad en sus actuaciones jurídicas, cerrando así toda posibilidad de debate o controversia jurisdiccional respecto de las decisiones o relaciones contractuales que el mismo haya tornado, pues de no ser así se permanecería indefinidamente con la incertidumbre que representa para la administración la eventualidad de revocación o anulación de sus actos en cualquier tiempo posterior a su expedición, o de

la eventual responsabilidad contractual o extracontractual de la cual pudiese ser objeto. Por tal razón, ha de decirse que el efecto tajante e inequívoco de la caducidad, es que quien crea que le asiste un derecho que deba ser reconocido por la jurisdicción administrativa, pierda toda posibilidad de acudir a ella dado que se ha impetrado el medio de control tardíamente, lo que genera consecuencialmente la imposibilidad de seguir un proceso judicial con las garantías constitucionales y legales que nuestro ordenamiento jurídico consagra para ello. En otras palabras, la caducidad consiste entonces, en la extinción del derecho a ejercer el medio de control, por vencimiento del término concedido para ello, institución que se justifica ante la conveniencia de señalar un plazo invariable, para que quien se pretende titular de un derecho opte por ejercitarlo o renunciar a él, fijado en forma objetiva, sin consideración a 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) situaciones personales del interesado, no susceptible de interrupción ni de renuncia por parte de la administración.

Es por ello, que en lo concerniente a las acciones que debe conocer la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el legislador consagro de manera expresa y particular el termino de caducidad que frente a las mismas se debe aplicar, lo que genera lógicamente la

imposibilidad de acudir a otras legislaciones o a interpretaciones no acorde con ello para determinar el termino de caducidad de las acciones. Respecto del tema de la caducidad de la acción la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado2 "La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica acudan a la judicatura a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto con carácter definitivo por un juez de la republica con competencia para ello. Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga3 a los asociados del conglomerado social para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de los derechos reconocidos sustancialmente por las disposiciones jurídicas que de dichos supuestos facticos se desprenden, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración. Debe entenderse la caducidad como un fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del

término que señala la ley. Esto ocurre cuando el plazo concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya hecho ejercicio del derecho de acción, y ello esta edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, Rad. 17001-2331-000-1996-03070-01(17863), MP. Enrique Gil Botero 3 "(...) durante la marcha del proceso son innumerables las ocasiones en que corresponde a la parte ejercitar determinado acto, cuya omisión le traer& la perdida de una oportunidad procesal; es lo que se denomina cargas procesales." DEVIS Echandía, Hernando "Teoría General del Proceso", Ed. Universidad Editores, Buenos Aires, PSg. 44. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) La facultad potestativa de accionar comienza con el termino prefijado por la ley, y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, momento en el que se torna improrrogable y, por ende, preclusivo." 2.3.2. En el sub examine la responsabilidad administrativa que se solicita en la demanda sea

declarada, se originó, conforme lo señalan los demandantes, luego que el Consejo de Estado expreso las razones por las cuales anula el Acto Administrativo de INVIMA 0001 de 2010 Alerta Sanitaria, lo cual aconteció en la sentencia de fecha 18 de junio de 2015, la cual, conforme a la certificación del Consejo de Estado allegada como prueba de oficio, fue notificada por edicto del 19 de agosto de 2015 - EJECUTORIADA el 26 de agosto de 2015. En efecto la oportunidad para accionar en reparación directa por los presuntos daños materiales y morales reclamados por la parte demandante, se materializa a partir del conocimiento que tiene al proferirse sentencia del Consejo de Estado que declaró la Nulidad de la Alerta Sanitaria, a partir de allí y hasta dos años después de ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad, esto es hasta el 27 de agosto de 2017 y, para esa fecha, conforme al material probatorio aportado al proceso, la solicitud de conciliación ante la Procuraduría no se había presentado, pues ello solo aconteció el 8 de septiembre de 2017, cuando la acción ya había caducado, pues así se desprende tanto del acta de conciliación como de la constancia expedidas por la Procuraduría No. 138 Judicial II Para Asuntos Administrativos de fecha 8 de noviembre de 2017, documentos en los cuales se indica que la solicitud de conciliación se radicó el día 8 de septiembre de 2017. 2.3.3. Así las cosas, como lo que se pretende es la declaratoria de responsabilidad del INVIMA por la expedición y aplicación de la Alerta Sanitaria 001 de 2010, la cual fue declara nula por el Consejo de Estado en sentencia del 18 de junio de 2015, es evidente que los

aquí demandantes tuvieron conocimiento del daño con la ejecutoria la sentencia mediante la cual el Consejo de Estado declaro la nulidad de dicho acto administrativo. De acuerdo a lo anterior, se reitera, que el 18 de junio de 2015, el Consejo de Estado profirió sentencia de única instancia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001032400020110027100, decisión que fue notificada por edicto el 19 de agosto de 2015. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J. Cruz R. (rev.1) Radicación No. 250002336000201702109-01 (62861) Adicionalmente, se tiene que de conformidad con la certificación allegada por la Secretaria de la Sección Primera del Consejo de Estado, dicha decisión quedó ejecutoriada el 26 de agosto de 2015, por lo que a partir del día siguiente empezó a correr el término de caducidad al que se refiere el artículo 164 anteriormente referenciado. (fl. 237 c.1) En ese orden de ideas, la parte actora contaba hasta el 27 de agosto de 2017 para presentar la presente demanda, no obstante, fue solo hasta el 9 de noviembre de 2017 que la radico (fl. 15 c.1). 2.3.4. Ahora, si bien la solicitud de conciliación prejudicial suspende el término de caducidad, debe señalarse que en el