PGN - DEMANDA Desistimiento improcedente en asuntos electorales según jurisprudencia del c

RECURSO DE SUPLICA-Contra decisión que acepto el retiro de la demanda electoral contra la elección del Gobernador del Departamento de Córdoba RECURSO DE SUPLICA-Procedencia En efecto, según el artículo 246 del CPACA, el recurso de súplica procede contra los autos que, por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de un proceso de única instancia, como el de la referencia. RECURSO DE APELACION-Procedencia De acuerdo con el numeral 3º del artículo 243 del CPACA, el recurso de apelación procede contra los autos que pongan fin al proceso, dentro de los cuales, sin duda, está el auto que acepta el retiro de la demanda, en tanto, con este se termina la actuación, independiente de si ya se ha trabado o no la Litis, punto que, también será objeto de análisis en este recurso. RECURSO DE SUPLICA-Procedencia contra el auto que pone fin al proceso, dictado por el magistrado sustanciador en única instancia En ese orden, contra el auto que pone fin al proceso, enunciado en el numeral 3 del artículo 243 del CPACA dictado por el magistrado sustanciador en única instancia, como en este caso, procede el recurso de súplica, en tanto estos hacen parte de la regla del artículo 125 del mismo estatuto, según la cual el auto que pone fin al proceso debe ser dictado, cuando se trate de procesos de única instancia, por el ponente, caso en el cual, se garantiza la posibilidad de recurso ante la respectiva sala. En tratándose de procesos de primera instancia, la decisión debe ser de sala, evento en el cual, en aplicación del

artículo 243 del CPACA, este será apelable ante el superior. …Negar la posibilidad de súplica frente al auto que pone fin al proceso cuando se trata de procesos de única instancia, sería admitir que esta clase de decisiones, a diferencia de los procesos de doble instancia, son del resorte exclusivo del ponente, pese a que, con él, el Estado pierde la competencia para seguir conociendo del asunto. DEMANDA-Procedencia del retiro En términos generales como se explicará en otro aparte de este recurso, se ha entendido que el retiro de la demanda procede antes que se trabe la Litis, razón por la que se entiende que, con el retiro, no hay proceso en tanto debe entenderse que nunca hubo controversia. DEMANDA-Diferencia entre retiro y el desistimiento Ha sostenido que el retiro es procedente siempre que no se haya trabado la litis, mientras que el desistimiento se entiende que es el que se produce, cuando ya existe proceso y se permite hasta antes de que se profiera el fallo, en los medios de control diferentes al electoral. DEMANDA-Retiro en asuntos electorales Es por ello que, si la acción electoral es pública y la presentación de la demanda se hace en ejercicio del interés general y no particular, este interés no puede quedar sujeto al momento de la notificación de la demanda al demandado, en tanto ello puede dar lugar a una serie de conductas o actuaciones que pueden poner en riesgo la prevalencia de ese interés general. Por tanto, la notificación de la demanda al demandado debe dejar ser el elemento esencial para determinar la procedencia o improcedencia de la figura del retiro. Bajo ese raciocinio, resulta extraño que se admita que, en este medio de control se pueda

retirar la demanda, pues ello es admitir que los intereses del demandado se pueden anteponer al interés general que está implícito en este medio de control, en donde una vez radicada la demanda, debe ser la jurisdicción y no quien hace uso del medio de control la que ponga fin a la controversia, definiendo si el demandado puede o no ostentar el cargo para el cual fue electo. DEMANDA-Desistimiento improcedente en asuntos electorales según jurisprudencia del Consejo de Estado Para esta delegada, dada la naturaleza de la acción electoral y los principios que resguarda, no es procedente la aplicación de la norma que regula el retiro de la demanda en los procesos ordinarios… … Dicho argumento, resulta contradictorio, pues el interés del actor se advierte no en el hecho que se notifique al demandado, sino en la mera presentación de la demanda en beneficio de la comunidad en general para determinar si una elección, en este caso de carácter popular, está viciada por alguna de las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, es decir, no se puede contraponer un interés privado en esta clase de actuaciones que, a diferencia de otras controversias, no existe. …La Sección ha entendido que, el desistimiento y el retiro son figuras diferentes y que aquél no está permitido en razón a que el proceso electoral reporta interés a toda la comunidad, por lo que fue expresamente prohibido en el artículo 280 del CPACA. Igualmente ha señalado que el retiro sí es procedente porque se acepta siempre y cuando no se haya trabado la litis ACCION ELECTORAL-Naturaleza La nulidad electoral es una acción pública, calidad que adquiere, entre otras razones,

porque cualquier persona puede presentar la demanda la que, desde su interposición, entiende el Ministerio Público, activa el derecho del electorado y la comunidad en general a saber si, en efecto, el acto demandado es contrario o no a los principios que rigen nuestra democracia y los valores que deben guiar a quienes encarnan el principio democrático. Es por ello que el demandante una vez ejerce este medio de control solo puede reformar, modificar la demanda, pero no retirarla, en tanto es al juez electoral al que le corresponde definir si le asiste la razón a este, a efectos de dotar de seguridad jurídica y transparencia la decisión contenida en el acto electoral. Bogotá D.C., 6 de febrero de 2020 Concepto No. 00018 Doctora

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Magistrada Sustanciadora Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2020-00015-00

DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ ARRIETA

DEMANDADO: ORLANDO BENÍTEZ MORA-GOBERNADOR DEL

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 2020-2023

REF: RECURSO DE SÚPLICA Respetada Magistrada: En mi condición de Agente del Ministerio Público y, dentro del término legal conferido para el efecto, interpongo recurso de súplica contra el auto de 31 de enero de 2020, por medio del cual se aceptó el retiro de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

1.1.1. El 27 de octubre de 2019 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales. 1.1.2. En el departamento de Córdoba se declaró como gobernador a ORLANDO BENÍTEZ MORA. 1.1.3. El 15 de enero de 2020, el ciudadano GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ ARRIETA radicó ante la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, demanda de nulidad del acto de elección de BENÍTEZ MORA, con solicitud de suspensión provisional. 1.1.4. Por auto de 17 de enero de 2020 se ordenó el traslado al demandado de la solicitud de suspensión provisional, por el término de 5 días. 1.1.5. Mediante anotación en el estado de 21 de enero de 2020, se notificó el mencionado auto. En la misma fecha, se envió notificación por correo electrónico al demandante y al demandado1. 1.1.6. El 22 de enero de 2020, el ciudadano GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ ARRIETA radicó escrito en el que solicitó el retiro de la demanda, petición que consideró procedente “toda vez que a la fecha no se ha trabado la Litis entre las partes, pues no ha sido admitida y mucho menos notificada, igualmente, tampoco se han decretado las medidas cautelares solicitadas…”. 1.1.7. El 22 de enero de 2020, se registró la siguiente anotación: “En cumplimiento del auto de fecha 17 de enero de 2020, se corre traslado por el término de cinco (05) días

al señor Orlando Benítez Mora, contados a partir del día 22 de enero de 2020 a las 8:00 de la mañana.”2. 1.1.8. Dentro del término de traslado que fue concedido al demandado para dar respuesta a la solicitud de medida cautelar, esta delegada del Ministerio Público se pronunció sobre la solicitud de retiro de demanda. 1.1.9. Por auto de 31 de enero de 2020, se aceptó el retiro de la demanda y nada se dijo en relación con la solicitud que hizo el Ministerio Público en el sentido de negar el retiro, a partir de unas consideraciones que pasan necesariamente por replantear lo que los diferentes despachos de la Sección Quinta han expuesto.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURAURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1 http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001032800020200001500 2 Ibídem. 2.1. Procedencia del recurso de súplica De acuerdo con el numeral 3º del artículo 243 del CPACA, el recurso de apelación procede contra los autos que pongan fin al proceso, dentro de los cuales, sin duda, está el auto que acepta el retiro de la demanda, en tanto, con este se termina la actuación, independiente de si ya se ha trabado o no la Litis, punto que, también será objeto de análisis en este recurso.

En efecto, según el artículo 246 del CPACA, el recurso de súplica procede contra los autos que, por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de un proceso de única instancia, como el de la referencia.

Conviene poner de presente que el Ministerio Público entiende que, en el presente caso, no aplica el razonamiento que expuso la Sala Plena Contencioso Administrativa en el auto de 22 de octubre de 20193. En efecto, en la mencionada providencia se indicó: “el recurso de apelación procede: (i) contra los autos enlistados en los primeros cuatro numerales del artículo 243 cuando hayan sido proferidos por jueces colegiados ─tribunales y Consejo de Estado─ en primera instancia; y (ii) contra los autos relacionados en los numerales 1 a 9 del artículo 243 que los profiere el juez administrativo en el curso de la primera instancia. Por el contrario, el recurso de apelación no procede contra (iii) los autos proferidos por jueces colegiados ─tribunales administrativos y Consejo de Estado─, relacionados en los numerales 5 a 9 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011”. (Negrillas del texto original). En ese orden, contra el auto que pone fin al proceso, enunciado en el numeral 3 del artículo 243 del CPACA dictado por el magistrado sustanciador en única instancia, como en este caso, procede el recurso de súplica, en tanto estos hacen parte de la regla del artículo 125 del mismo estatuto, según la cual el auto que pone fin al proceso debe ser dictado, cuando se trate de procesos de única instancia, por el ponente, caso en el cual, se garantiza la posibilidad de recurso ante la respectiva sala. En tratándose de procesos de primera instancia, la decisión debe ser de sala, evento en el cual, en aplicación del artículo 243 del CPACA, este será apelable ante el superior.

3 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 22 de octubre de 2019. Acción de pérdida de investidura. Expediente 11001-03-15-000-2019-03209-01. Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. En ese orden de ideas, en una interpretación sistemática del artículo 125 y 246 del CPACA, es claro que el auto que pone fin al proceso en procesos de única instancia i) debe dictarlo el magistrado sustanciador y ii) es susceptible del recurso de súplica. Negar la posibilidad de súplica frente al auto que pone fin al proceso cuando se trata de procesos de única instancia, sería admitir que esta clase de decisiones, a diferencia de los procesos de doble instancia, son del resorte exclusivo del ponente, pese a que, con él, el Estado pierde la competencia para seguir conociendo del asunto. En consecuencia, no se puede entender que existe mayor garantía para los procesos de doble instancia y restringir la posibilidad de conocimiento del juez colegiado de una decisión de la naturaleza de la que aquí se analiza, en tanto, frente al mismo, no existe la posibilidad de la segunda instancia y, en consecuencia, se niega la posibilidad de que el resto de la Sección pueda decir sobre la validez o no de la decisión adoptada. En ese orden de ideas, entiende el Ministerio Público que la interpretación que hizo la Sala Plena de lo Contencioso en el auto de 22 de octubre de 2019, solo puede tener aplicación en los procesos de doble instancia en tanto toda la argumentación vertida en dicha providencia se hizo desde la perspectiva de un proceso de esa característica: la pérdida de la investidura.

2.2. El retiro de la demanda En términos generales como se explicará en otro aparte de este recurso, se ha entendido que el retiro de la demanda procede antes que se trabe la Litis, razón por la que se entiende que, con el retiro, no hay proceso en tanto debe entenderse que nunca hubo controversia. Bajo esa interpretación que es aceptada desde la diferencia que se ha hecho entre el retiro y el desistimiento de la demanda, sobre la cual se volverá en el acápite siguiente, es importante advertir que el retiro de la demanda electoral sin lugar a dudas impide que la actuación continúe y, por tanto, en términos amplios y generales, ha de entenderse que el auto que acepte o apruebe el retiro pone fin o término al trámite procesal, denominada genéricamente en las normas procesales: proceso. En ese orden, se ha de entender que el auto que admite el retiro de la demanda debe ser tenido como una forma de poner término a la actuación procesal que, sin lugar a dudas, se inicia con la radicación de la demanda. En tanto el tema de si se trabó o no la Litis, ha de tener incidencia para otros aspectos, pero no para entender que el retiro de la demanda es otra forma de poner fin a la actuación y, por ende, el auto que lo admite debe entenderse dentro del espectro al que se refiere el numeral 3 del artículo 243 del CPACA. 2.3. Retiro de la demanda en asuntos electorales Este acápite hace parte de la intervención que hizo esta delegada en el trámite del traslado de la medida cautelar que se hizo en el caso de la referencia, término de

traslado en el que el demandante presentó el retiro de la demanda y al que expresamente se opuso el Ministerio Público, bajo los siguientes argumentos: El retiro de la demanda está previsto en el artículo 174 del CPACA, que señala: “Retiro de la demanda. El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público y no se hubieren practicado medidas cautelares”. La aplicación de dicha norma, propia de la regulación de los procesos ordinarios, ha sido admitida reiteradamente por la Sección Quinta del Consejo de Estado a los asuntos electorales4. Así mismo, la Sección Quinta ha diferenciado ente el retiro de la demanda del desistimiento5 que, por mandato del artículo 280 del CPACA, no es viable en los procesos electorales. 4 Consejo de Estado. Sección Quinta, autos de ponente de 10 de diciembre de 2018. Expediente: 11001-03-24-000-201700094-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro; 15 de julio de 2015. Expediente: 11001-03-28-000-2014-00074-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro, entre otros. 5 Consejo de Estado, Sección Quinta, autos de ponente de: 20 de marzo de 2014, expediente: 11001-03-28000-2014-00001-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro; 18 de abril de 2012, expediente: 54001-23-31-000-201200001-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; auto de 15 de junio de 2018, expediente: 11001-03-28-000-201800024-00, M.P. Rocío Araújo Oñate Ha sostenido que el retiro es procedente siempre que no se haya trabado la litis, mientras que el desistimiento se entiende que es el que se produce, cuando ya existe proceso y se permite hasta antes de que se profiera el fallo, en los medios de control diferentes al electoral. Se ha dicho, entonces: “Mas no es que retiro y desistimiento sean lo mismo. Se recuerda que una y otra figura se diferencian, por ejemplo, en que lo primero puede ocurrir mientras no se haya trabado la litis, en tanto que lo segundo acontece en materias diferentes a la electoral ‘luego de instaurada la relación jurídico-procesal’6 y se mantiene posible hasta antes de que se dicte sentencia, además de que el desistimiento genera costas7 y el retiro no” (Negrilla fuera de texto)8. La Sala ha considerado que la prohibición del desistimiento se fundamenta en el carácter público de la acción electoral, porque “su objeto reporta interés a toda la comunidad, que en últimas será la beneficiada con la iniciativa del actor de que el juez electoral verifique la legalidad cuestionada”9.

Y añadió: “Por ello, una vez se traba la litis, existe proceso electoral, y entonces, se desborda el interés privado del demandante, para prevalecer la defensa de la legalidad en abstracto y preservar el ejercicio legítimo del poder público que se ha visto reprochado, de tal suerte que las facultades que tiene el actor frente a su demanda no impidan que se decida el litigio que ya ha empezado”. (Negrilla original, subraya añadida).

La Sección también ha señalado que litis se traba cuando se notifica el auto

admisorio de la demanda. “…el retiro de la demanda es procedente en cualquier oportunidad siempre que no esté trababa la litis-contestatio, es decir no se haya admitido el libelo introductorio del medio de control de nulidad electoral, decidido sobre las medidas cautelares o el auto que así lo decida esté debidamente notificado”. (Negrilla fuera de texto). Sobre el proceso de notificación esta Corporación ha explicado que: 6 López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I, Parte General, Novena Edición, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 1007. 7 Código de Procedimiento Civil, artículo 345. 8 Ob. Cit. Auto de 18 de abril de 2012. 9 Ob. Cit. Auto de 20 de marzo de 2014. “Procesalmente se entiende que la Litis se ha “trabado” cuando el auto admisorio de la demanda es notificado a la parte demandada, esto es, cuando se pone en conocimiento de la parte contraria, la existencia de un proceso judicial. En otras palabras, el proceso electoral existe con la notificación del auto admisorio al demandado”10.11 2.4. Inaplicación del artículo 174 del CPACA a los asuntos electorales Para esta delegada, dada la naturaleza de la acción electoral y los principios que resguarda, no es procedente la aplicación de la norma que regula el retiro de la demanda en los procesos ordinarios. La Sección ha entendido que, el desistimiento y el retiro son figuras diferentes y que aquél no está permitido en razón a que el proceso electoral reporta interés a toda la comunidad, por lo que fue expresamente prohibido en el artículo 280 del

CPACA. Igualmente ha señalado que el retiro sí es procedente porque se acepta siempre y cuando no se haya trabado la litis. Sin embargo, la consideración según la cual el retiro procede porque no se ha trabado la litis, a juicio de esta delegada, es insuficiente para admitir su procedencia en asuntos electorales, en razón de los intereses en juego en esta clase de procesos en donde, como expresamente lo reconoció la Sección en la sentencia de unificación de 2016 se debe dar primacía al principio pro electoratem12. Señaló la Sala que el desistimiento no es posible en procesos electorales porque la iniciativa del demandante beneficia a la comunidad. Pero el retiro sí procede porque el interés privado del actor se mantiene mientras no se haya notificado al demandado. Dicho argumento, resulta contradictorio, pues el interés del actor se advierte no en el hecho que se notifique al demandado, sino en la mera presentación de la demanda en beneficio de la comunidad en general para determinar si una 10 En este sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de ponente 5 de noviembre de 2015, radicación 11001-03-28-000-2015-00019-00 CP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de ponente 20 de marzo de 2014, radicado 11001-03-28-000-2014-00001-00 CP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de ponente del 15 de julio de 2014 radicado 11001-03-28-000-201400074-00 CP. Alberto Yepes Barreiro. 11 Ob. Cit. Auto de 15 de junio de 2018.

12 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 7 de junio de 2016. Expediente No. 2015-00051-00. Magistrado Ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro. elección, en este caso de carácter popular, está viciada por alguna de las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, es decir, no se puede contraponer un interés privado en esta clase de actuaciones que, a diferencia de otras controversias, no existe. La Constitución Política en el artículo 40 constitucional señala que una forma de ejercer el derecho político de participación en defensa del ordenamiento jurídico está en la posibilidad que se le otorga al ciudadano de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. En ese orden, no puede aceptarse que la interposición de una demanda en ejercicio de una acción pública, como lo es la electoral, tenga como sustento un interés privado en el que pueda sustentarse su retiro, en tanto en estos casos estamos frente a un interés general que trascienden al ciudadano que, en ejercicio de un derecho político, hace uso de un medio de control como lo es la electoral. En ese orden, el retiro de la demanda no es admisible en tanto el principio pro electoratem no puede ceder ante el interés particular de quien acude a la jurisdicción para que analice la validez de un acto electoral, en tanto dicho interés no puede estar inmerso en esta clase de actuaciones. La nulidad electoral es una acción pública, calidad que adquiere, entre otras razones, porque cualquier persona puede presentar la demanda la que, desde su interposición, entiende el Ministerio Público, activa el derecho del electorado y la comunidad en general a saber si, en efecto, el acto demandado es contrario o

no a los principios que rigen nuestra democracia y los valores que deben guiar a quienes encarnan el principio democrático. Es por ello que el demandante una vez ejerce este medio de control solo puede reformar, modificar la demanda, pero no retirarla, en tanto es al juez electoral al que le corresponde definir si le asiste la razón a este, a efectos de dotar de seguridad jurídica y transparencia la decisión contenida en el acto electoral. Es por ello que, si la acción electoral es pública y la presentación de la demanda se hace en ejercicio del interés general y no particular, este interés no puede quedar sujeto al momento de la notificación de la demanda al demandado, en tanto ello puede dar lugar a una serie de conductas o actuaciones que pueden poner en riesgo la prevalencia de ese interés general. Por tanto, la notificación de la demanda al demandado debe dejar ser el elemento esencial para determinar la procedencia o improcedencia de la figura del retiro. Bajo ese raciocinio, resulta extraño que se admita que, en este medio de control se pueda retirar la demanda, pues ello es admitir que los intereses del demandado se pueden anteponer al interés general que está implícito en este medio de control, en donde una vez radicada la demanda, debe ser la jurisdicción y no quien hace uso del medio de control la que ponga fin a la controversia, definiendo si el demandado puede o no ostentar el cargo para el cual fue electo. Lo expuesto, permite advertir que desde la perspectiva del Ministerio Público el retiro de la demanda en el medio de control electoral es improcedente. Ahora bien, una interpretación intermedia en estos casos, si se trata de establecer

si la Litis se ha trabado o no, es entender que, en los procesos electorales, en donde hay solicitud de medida cautelar, la que debe notificarse personalmente al demandado y, en algunos casos, al Ministerio Público13 antes de la notificación de la demanda, en tanto, esta, por expresa disposición del artículo 277 del CPACA, se debe resolver en el auto admisorio, es entender que el retiro de la demanda no procede cuando esta circunstancia se ha verificado. En una interpretación sistemática del artículo 174 del CPACA, con el procedimiento especial que el legislador diseñó para en el medio de control electoral, permite señalar o entender que aquel tiene aplicación en tratándose de la notificación al demandado de la solicitud de la medida cautelar, en tanto, con esta notificación aquel conoce del proceso en su contra y, como tal, para él también surge el derecho que se defina en una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada si su elección se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Bajo estas consideraciones, el Ministerio Público solicita a la Sección reconsiderar el criterio expuesto hasta la fecha, en relación con la aplicación del artículo 174 del 13 Reciente el despacho de la Magistrada Bermúdez Bermúdez, consideró de forma tácita, no volver a notificar de la solicitud de medida cautelar al Ministerio Público en tanto el artículo 233 del CPACA, solo ordena hacerlo al demandado. CPACA al medio de control electoral, para que, en el caso recurrido y a futuro, se descarte la posibilidad de que una demanda electoral pueda ser retirada una vez ha sido presentada, o subsidiariamente, entender que la notificación a la que hace referencia el artículo 174 del CPACA, incluye, en relación con el medio de control

electoral, la notificación de la solicitud de medida cautelar, la que, normalmente u ordinariamente, se presenta en un acápite de la demanda. En consecuencia, no se puede entender que la notificación a la que se refiere el mencionado artículo se refiera exclusivamente al auto admisorio de la demanda, en tanto, en el medio de control electoral, por la interpretación que de ella ha hecho la Sección Quinta, esta es objeto de notificación al demandado quien adquiere desde ese momento el derecho a dar respuesta a la misma y, por tanto, entender que el requisito del artículo 174 del CPACA, en estos casos surge a partir de la notificación de la medida cautelar. 2.4. Solicitud de retiro de la demanda en el asunto de la referencia Como se indicó, el demandante presentó solicitud de retiro de la demanda el 22 de enero de 2020, fecha en la que ya se había notificado el auto que corrió traslado al demandado de la medida cautelar. Ahora bien, el artículo 174 del CPACA cuya aplicación a asuntos electorales ha sido admitida por la jurisprudencia, señala que procede el retiro siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público y no se hubieren practicado medidas cautelares. Como lo ha señalado la jurisprudencia antes mencionada, el retiro de una demanda electoral es procedente siempre que no se haya trabado la litis. En el asunto de la referencia, como ya se indicó, no podía aceptarse el retiro de la demanda porque ya hubo una notificación al demandado –la del auto que corrió traslado de la solicitud de medida cautelar-, y por tanto el retiro de la demanda se hacía improcedente, en tanto, según el criterio del Ministerio Público esta no

puede ser aceptada en esta clase de procesos. Recuérdese que, según el inciso final del artículo 277 del CPACA, la solicitud de suspensión provisional del acto acusado se debe resolver en el mismo auto admisorio, por tanto, el artículo 174 del CPACA debe, en relación con el medio de control de nulidad electoral tener un análisis diverso y no considerar como se hace en el auto recurrido que como no existe pronunciamiento sobre las medidas cautelares ni sobre la admisión de la demanda, es procedente el retiro. Entiende el Ministerio Público que la interpretación vigente del artículo 174 del CPACA, sustenta la decisión del auto recurrido. Sin embargo, el Ministerio Público solicita i) reconsiderar la postura que, a la fecha ha expuesto sobre el retiro de la demanda en el medio de control electoral y ii) no admitir la solicitud del retiro de la demanda en el caso de la referencia.

III. CONCLUSIÓN Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada solicita: i) RECONSIDERAR la postura que, a la fecha ha expuesto sobre el retiro de la demanda en el medio de control electoral y, ii) REVOCAR el auto de 31 de enero de 2020 que aceptó el retiro de la demanda de la referencia y, en su lugar, NEGAR la solicitud de retiro de la demanda presentada por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ ARRIETA contra el acto de elección de ORLANDO BENÍTEZ MORA como Gobernador del departamento de Córdoba.

Respetuosamente, Sonia Patricia Tellez Beltrán Procuradora Séptima Delegada Ante Consejo de Estado