PGN - DEMANDA La caución es un presupuesto procesal sujeto a la consideración del ponente.

FACULTAD IMPOSITIVA MUNICIPAL-Los actos administrativos que se expiden deben ser motivados En el caso sub lite, resulta evidente que no existe una explicación siquiera sumaria para las decisiones que tomó la Administración, ni se respeto el principio de coherencia que debe existir entre el Requerimiento Especial y la Liquidación oficial de Revisión (Artículo 711 del Estatuto Tributario). Si bien se encuentra en el texto de los actos demandados algunas referencias a las actuaciones adelantadas y que motivaron la Liquidación de Revisión, estos aspectos no se concretan en explicaciones que pudieran ser controvertidas, se podrían definir más como antecedentes, que verdaderas razones o explicaciones de dichos hechos; tampoco se logra observar la vinculación de la decisión con la normatividad que se cita como soporte de las medidas tomadas por la Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena.(Folios 300 a 303 del Expediente) Así las cosas, se encuentra violado el artículo 712 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 730 ibídem que se señala las causales de nulidad de los actos de liquidación de impuestos IMPUESTOS-Marco legal de la exención del servicio de transporte de petróleo o sus derivados por oleoducto o gasoducto. En primer lugar, corresponde analizar la exención consagrada en el artículo 13 de la ley 37 de 1931 para la exploración y explotación del petróleo, así como para el crudo que se obtenga, sus derivados y su transporte por oleoductos, la cual tiene su origen en los artículos 35 y 36 de la ley 120 de 1919. El contenido del mencionado artículo 13 fue incluido en el artículo 16 del Decreto 1056 de

1953 -Código de Petróleosque recogió y codificó las disposiciones legales vigentes sobre petróleos. La Corte Constitucional declaró exequible la exención consagrada en el artículo 16 citado, mediante la Sentencia C-537 de 1998. Dicho pronunciamiento examinó tanto lo relacionado con la exploración y explotación del petróleo, la obtención de este y sus derivados, así como sobre su transporte, las maquinarias y demás elementos necesarios para su beneficio, construcción y conservación de refinerías. La Corte no estableció ninguna condición sobre la vigencia de tal norma, que hubiera tenido que ver con lo previsto en las leyes 14 de 1983 y 141 de 1994, es decir, que declaró exequible en su integridad el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, que consagra la exención a las actividades allí indicadas, relacionadas con la industria del petróleo, entre las que se encuentra el transporte de dicho producto por oleoducto, que fue objeto de la liquidación demandada en este caso. Así quedó plasmado al referirse a que la prohibición a los entes territoriales de gravar las actividades señaladas en dicho precepto, correspondía a una atribución del legislador, porque se trata de uno de los recursos naturales de mayor impacto económico en el país y que, por tanto, tal normativa no era inconstitucional y llevaba implícita la posibilidad de ser modificado según las circunstancias de la política económica del país. IMPUESTOS-Aplicación de la exención del servicio de transporte de petróleo o sus derivados por oleoducto o gasoducto.

El fallo ya mencionado se refirió a que la exención no afectaba a los municipios en el cobro del ICA, que tiene como materia imponible las actividades que se realicen en su jurisdicción, ello significa que el gravamen sobre estas no se veía afectado por la exención prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, lo que resulta evidente Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11930 www.procuraduria.gov.co Expediente 18894 2 porque unas son las actividades exentas relacionadas con la industria del petróleo y otras las definidas en la ley 14 de 1983 como gravables. En efecto, el artículo 36 de la ley 14 define las ‘actividades de servicios’ como “las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización”, entre otras actividades, la del transporte. Sin embargo, no es exacto afirmar que para los efectos del ICA, el ‘transporte de petróleo o de gas’ constituya un servicio a la comunidad, pues como ‘actividad’, está dirigido a trasladar de un lugar a otro dicho producto mediante un oleoducto o gasoducto, hecho que se encuentra gravado en forma diferente, según lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 1056 de 1953. Es decir, que no es lo mismo referirse a la actividad del transporte de petróleo o gas que a la actividad de servicio consistente en el transporte, destinado a servir a la comunidad. En ese orden de ideas, la exención a la actividad consistente en el transporte de petróleo por oleoducto o de gas, prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, se encuentra

vigente y, en consecuencia, la sociedad actora no está sujeta a pagar el Impuesto de Industria y Comercio por concepto de dicha actividad. DEMANDA-La caución es un presupuesto procesal sujeto a la consideración del ponente. Para el Ministerio Público, la norma es muy clara y salta a primera vista que esta exigencia es verificable para la admisión de la demanda, y sólo respecto de determinados casos; es decir, se trata de un presupuesto procesal sujeto a la consideración del ponente de la decisión. Así las cosas, si la demanda fue admitida y no exigida la caución se debe entender que el Tribunal no la consideró necesaria para tomar la decisión y por tal razón, omitió la exigencia de dicho presupuesto procesal. Este defecto fue subsanado por la preclusión de las diferentes etapas, sin que pueda pretenderse una decisión de carácter inhibitorio, tal como lo plantea la entidad demandada, habida cuenta que dicho requisito no es de aquellos que generan ineptitud de la demanda cuando ésta ha sido admitida, sin dejar de lado que se encuentran todos los presupuestos que permiten dictar una decisión de fondo. Concepto 031 - 2012 - 37211 Bogotá D.C., 14 de febrero de 2012 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejera Ponente: Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia Referencia: 130012331000200401452 01

Radicado: 18894

Asunto: Impuesto de Industria y Comercio Cartagena

Actor: PROMIGAS S.A. E.S.P.

3 Expediente 18894 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1°, 3° y 7° de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General, dentro de la oportunidad legal esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 15 de abril de 2011.

ANTECEDENTES: 1.- De los hechos narrados en la demanda se resumen los siguientes: La sociedad PROMIGAS S.A. E.S.P., presentó la declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio correspondientes al año gravable 2000, el día 15 de abril de 2002, en la cual incluyó ingresos brutos por la suma de $34.493.255, en dicho monto discriminó como ingresos provenientes de desarrollo de operaciones excluidas o exentas la suma de $34.372.240.000, y unos ingresos netos gravables de $121.015.000, los cuales tomó como base gravable para la determinación del impuesto a su cargo. Resultado de lo anterior, declaró un impuesto por valor de $968.000, avisos y tableros por cuantía de $68.000, para un total de $1.181.000 más la sanción por extemporaneidad.

La Secretaria de Hacienda del Distrito de Cartagena, previo Requerimiento Especial No. 029 del 16 de octubre de 2002, profirió la Resolución 029 del 21 de

marzo de 2003, por medio de la cual modificó la declaración privada incluyendo la totalidad de los ingresos brutos informados por la contribuyente. Dicho acto fue confirmado mediante la Resolución No. 2677 del 12 de julio de 2004, al decidir el recurso de reconsideración. 2.- La sociedad PROMIGAS S.A. demandó la nulidad del Requerimiento Especial No. 029 del 16 de octubre de 2002; de la Resolución 029 del 21 de marzo de 2003 Expediente 18894 4 y de la Resolución No. 2677 del 12 de julio de 2004, que desató el recurso de reconsideración; asimismo, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se declarara en firme la declaración privada que presentó, correspondiente a la vigencia 2000. Citó como normas violadas los artículos 29, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución Política; el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953; el Decreto 850 de 1965; el artículo 39 del la Ley 14 de 1983; el artículo 66 de la Ley 388 de 1997; el artículo 232 del Acuerdo 044 de 1999, reproducido en el artículo 219 del Acuerdo 30 de 2001; y los artículos 683 y 712 del Estatuto Tributario. En el concepto de violación manifestó que existe prohibición a los municipios de gravar con cualquier clase de impuestos el transporte de gas, por tanto, la empresa la no se encuentra obligada a incluir como ingresos gravados con el Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil, los

ingresos derivados del desarrollo de la actividad en el Distrito de Cartagena, en aplicación del artículo 19 del Decreto 1056 de 1953 y del Decreto 850 de 1965. Sustentó que existe nulidad del Requerimiento Especial y de la Liquidación Oficial de Revisión, así como del acto que resolvió el Recurso de Reconsideración porque fueron expedidos sin motivación y en forma irregular, considerando que se violó el derecho de defensa, pues no se explicaron las razones para determinar una mayor base gravable incluyendo la totalidad de los ingresos percibidos por

PROMIGAS S.A.

Agregó que se presente nulidad de la sanción por inexactitud por falta de motivación, habida cuenta que tanto en el Requerimiento Especial como en la Liquidación Oficial, dicha sanción carece de motivación; asimismo, no consideró la Administración que se incluyeron los hechos y cifras completos y verdaderos por parte de la sociedad contribuyente en su declaración de industria y comercio correspondiente al año 2000, los cuales se ajustan a las disposiciones legales sobre el Impuesto en discusión. Aseguró que en la Liquidación de Revisión se presentaron errores aritméticos en la tasación de la sanción por inexactitud, porque los valores tomados no 5 Expediente 18894 corresponden a la diferencia que resulta de la liquidación privada presentada por la sociedad con respecto a la Liquidación Oficial. 3.- El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 15 de abril de 2011, declaró la nulidad de los actos demandados, excepto del Requerimiento Especial, por ser un acto de trámite, con base en las siguientes consideraciones:

Expuso el Tribunal, que el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, señal la necesidad de la motivación de las decisiones adoptadas por la Administración, porque con la explicación de los motivos que fundamenta la determinación adoptada se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa del particular; por ello, es que la ausencia de motivación siquiera sumaria del acto necesariamente conlleva su nulidad en los términos del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Indicó que concordante con lo anterior el artículo 712 del Estatuto Tributario establece como requisito de toda Liquidación Oficial de Revisión la explicación sumaria de loas modificaciones efectuadas en lo concerniente con la declaración; mientras que el artículo 730 ibídem determina como causal expresa de nulidad la omisión de la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración1. Coligió que en el caso concreto se evidencia la ausencia de los fundamentos de hecho y de derecho que conllevaron a la Secretaria de Hacienda Distrital a modificar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros presentada por PROMIGAS y a la consecuente imposición de la sanción por inexactitud. Lo anterior considerando que ni el Requerimiento Especial ni en la Liquidación de Revisión se explican las razones por las cuales no se aceptan los valores declarados por la sociedad demandante en relación con el impuesto, ni por qué se modifican los mismos o en qué consiste la inexactitud. 1 Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 18 de marzo de 2010, radicación número

25000232700020070021801 (17452) Expediente 18894 6 4.- El Distrito, por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo y expuso como motivos de inconformidad los siguientes: 4.1.- Afirmó que contrario a lo concluido en la sentencia recurrida, tanto el Requerimiento Especial de 16 de octubre de 2002, como en la liquidación Oficial de Revisión No. 29 de 21 de marzo de 2003 y la Resolución No. 2667 de 12 de julio de 2004, se encuentra una debida motivación. Citó diferentes apartes de los actos mencionados para exponer que si el contribuyente no cuestionó el Requerimiento Especial, mal podría la entidad explicar o resolver situaciones que no podía saberse causaban incomodidad o inconformidad del destinatario. Concluyó que en los actos demandados es coincidente el fundamento o motivación de la corrección oficial, que es el hecho de que el contribuyente presentó diferencias en las declaraciones de industria y comercio correspondiente al año 2000, por lo que se hacia acreedor a una sanción por inexactitud. Concluyó que se cumplió con los requisitos formales de la explicación sumaria y se respetó el principio de correspondencia entre el Requerimiento Especial y la Liquidación de Revisión. Afirmó que no puede el juzgador indicar a la entidad territorial demandada que debe entender por motivación sumaria porque entraría en las órbitas de competencia del Administrador Distrital Tributario 4.2.- Señaló que la exención alegada por la parte demandante no cobija al

impuesto de industria y comercio, pues, en relación con este impuesto, existe una limitación establecida en el artículo 39 literal c) de la Ley 14 de 1983, a la que se refiere el artículo 50 parágrafo 5º de la Ley 141 de 1994 o ley de regalías que limita el impuesto, norma que fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C-537 de 1998. Resaltó que de acuerdo con la sentencia citada no existe exención respecto del impuesto cobrado, ni falsa motivación o violación de norma superior; agregó que no es cierto que la actividad gravada por los actos demandados, se encuentre exonerada por tratarse de venta de un derivado del petróleo, por la exploración, 7 Expediente 18894 explotación o transporte del mismo. Manifestó que el contribuyen no argumentó ni demostró que los ingresos brutos declarados correspondieran al transporte de manera exclusiva. 4.3.- Finalizó reiterando que el demandante no otorgó la caución de que trata el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, la cual era obligatoria, teniendo en cuenta que se trata de una demanda contra el cobro de una multa o sanción determinada por la omisión en declarar el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de avisos y tableros, generándose de esta manera un vicio insubsanable de la demanda que evita un pronunciamiento de fondo. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Considerando los motivos de inconformidad expuestos por la entidad apelante, el problema jurídico se concreta en determinar (i) si se motivaron en debida forma los

actos demandados; (ii) si el Distrito puede gravar con el Impuesto de Industria y Comercio, la actividad de transporte de hidrocarburos, y (iii) si resulta procedente la aplicación del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo. 1.- Motivación de los actos administrativos. En el caso sub lite, resulta evidente que no existe una explicación siquiera sumaria para las decisiones que tomó la Administración, ni se respeto el principio de coherencia que debe existir entre el Requerimiento Especial y la Liquidación oficial de Revisión (Artículo 711 del Estatuto Tributario). Si bien se encuentra en el texto de los actos demandados algunas referencias a las actuaciones adelantadas y que motivaron la Liquidación de Revisión, estos aspectos no se concretan en explicaciones que pudieran ser controvertidas, se podrían definir más como antecedentes, que verdaderas razones o explicaciones de dichos hechos; tampoco se logra observar la vinculación de la decisión con la Expediente 18894 8 normatividad que se cita como soporte de las medidas tomadas por la Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena.(Folios 300 a 303 del Expediente) Así las cosas, se encuentra violado el artículo 712 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 730 ibídem que se señala las causales de nulidad de los actos de liquidación de impuestos; y por tanto, no está llamado a prosperar este cargo. 2.- Exención del servicio de transporte de petróleo o sus derivados por oleoducto o gasoducto. A pesar que lo consignado en el primero numeral de este concepto es suficiente

para solicitar la confirmación de la decisión del a quo, para el Ministerio Público resulta pertinente ilustrar sobre el tema de la exención que conforma parte fundamental de la demanda. En primer lugar, corresponde analizar la exención consagrada en el artículo 13 de la ley 37 de 1931 para la exploración y explotación del petróleo, así como para el crudo que se obtenga, sus derivados y su transporte por oleoductos, la cual tiene su origen en los artículos 35 y 36 de la ley 120 de 1919. El contenido del mencionado artículo 13 fue incluido en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 -Código de Petróleosque recogió y codificó las disposiciones legales vigentes sobre petróleos.2 La Corte Constitucional declaró exequible la exención consagrada en el artículo 16 citado, mediante la Sentencia C-537 de 1998. Dicho pronunciamiento examinó tanto lo relacionado con la exploración y explotación del petróleo, la obtención de este y sus derivados, así como sobre su transporte, las maquinarias y demás elementos necesarios para su beneficio, construcción y conservación de refinerías. La Corte no estableció ninguna condición sobre la vigencia de tal norma, que hubiera tenido que ver con lo previsto en las leyes 14 de 1983 y 141 de 1994, es 2 El artículo 23 de la ley 18 de 1952, facultó al ejecutivo para realizar dicha codificación. 9 Expediente 18894 decir, que declaró exequible en su integridad el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, que consagra la exención a las actividades allí indicadas, relacionadas con

la industria del petróleo, entre las que se encuentra el transporte de dicho producto por oleoducto, que fue objeto de la liquidación demandada en este caso. Así quedó plasmado al referirse a que la prohibición a los entes territoriales de gravar las actividades señaladas en dicho precepto, correspondía a una atribución del legislador, porque se trata de uno de los recursos naturales de mayor impacto económico en el país y que, por tanto, tal normativa no era inconstitucional y llevaba implícita la posibilidad de ser modificado según las circunstancias de la política económica del país.3 La decisión proferida en tales términos por la Corte Constitucional es suficiente para concluir la legalidad del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, en tanto el máximo intérprete de la Carta lo encontró conforme con el ordenamiento superior y, en consecuencia, corresponde al juez aplicarlo como desarrollo de la disposición contenida en el artículo 230 de la Carta, en el sentido que los jueces, en sus decisiones, se encuentran sometidos al imperio de la ley. Es decir, que para los efectos del presente caso, no se puede controvertir o poner en duda la vigencia del artículo 16 mencionado, por el carácter definitivo, incontrovertible e inmutable que el artículo 243 de la Constitución Política otorga, por fuerza de la cosa juzgada, a las decisiones de la Corte Constitucional en cumplimiento de su misión de asegurar la supremacía de la Carta. No obstante, cabe anotar que si bien el fallo se refirió a que la exención no afectaba a los municipios en el cobro del ICA, que tiene como materia imponible

las actividades que se realicen en su jurisdicción, ello significa que el gravamen sobre estas no se veía afectado por la exención prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, lo que resulta evidente porque unas son las actividades exentas relacionadas con la industria del petróleo y otras las definidas en la ley 14 de 1983 como gravables. 3 Fl. 490 Vto., expediente, al citar el aparte respectivo de la sentencia C-537 de 1998. Expediente 18894 10 En efecto, el artículo 36 de la ley 14 define las ‘actividades de servicios’ como “las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización”, entre otras actividades, la del transporte. Sin embargo, no es exacto afirmar que para los efectos del ICA, el ‘transporte de petróleo o de gas’ constituya un servicio a la comunidad, pues como ‘actividad’, está dirigido a trasladar de un lugar a otro dicho producto mediante un oleoducto o gasoducto, hecho que se encuentra gravado en forma diferente, según lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 1056 de 1953. Es decir, que no es lo mismo referirse a la actividad del transporte de petróleo o gas que a la actividad de servicio consistente en el transporte, destinado a servir a la comunidad. También conviene resaltar que en relación con la exención establecida al impuesto de transporte por oleoducto o gasoducto que interesa al presente asunto, la sentencia C-537 de 1998 precisó que la prohibición que estableció el legislador a las entidades territoriales de imponer gravamen alguno a dicha actividad, era razonable porque el tributo había sido cedido a ellas, es decir, que

no se les privó de tal recurso para el cumplimiento de sus funciones. En esas condiciones la sentencia citada fue coherente en estudiar por separado, de una parte, la exención a la exploración y explotación del petróleo y, de otra, su transporte, y concluir en la parte resolutiva que el artículo 16 contentivo de la exención sobre estas actividades, era exequible. En ese orden de ideas, la exención a la actividad consistente en el transporte de petróleo por oleoducto o de gas, prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953, se encuentra vigente y, en consecuencia, la sociedad actora no está sujeta a pagar el Impuesto de Industria y Comercio por concepto de dicha actividad. Sobre tema similar correspondiente a obligaciones de Industria y Comercio por el año 2002, con las mismas partes, el Consejo de Estado, en sentencia del 4 de noviembre de 2010, con ponencia de la doctora Martha Teresa Briceño de 11 Expediente 18894 Valencia, radicación: 85001-23-31-000-2005-00276-01 (17533), remitiéndose a sentencia de la misma Corporación del 4 de junio de 20094, explicó: “La Sala, en la providencia transcrita, definió que el transporte de petróleo es una de las actividades propias de la industria petrolera, necesaria para llevar el producto a la refinería para su procesamiento y para la producción de sus derivados o, al puerto para su exportación; y que el oleoducto es el medio de transporte, por excelencia, para el movimiento del crudo, de lo cual coligió que el transporte de petróleo por oleoducto es una etapa integrante de la cadena del petróleo, y por tanto esta actividad no puede

ser gravada con el impuesto de Industria y Comercio. Precisó además, que aun cuando el transporte por oleoducto pueda considerarse como una actividad de servicios, por su especialidad no podría dársele el mismo tratamiento tributario que al servicio de transporte de personas o cosas, que es la actividad generalmente gravada con el impuesto. Agregó que el transporte por oleoducto es un hecho económico que el legislador señaló como generador de un impuesto de carácter nacional y reguló sus elementos esenciales, razón por la cual ese mismo hecho económico no puede ser objeto de gravamen territorial, de una parte, porque así lo previó el legislador (artículo 16 del Código de Petróleos) y de otra, porque la autoridad territorial carece de fundamento legal para su adopción en su jurisdicción. Por otra parte, señaló que la expresión “servicio de transporte por oleoducto”, contenida en las actividades de servicios gravada con el Impuesto de Industria y Comercio, Código 305 del artículo 53 del Acuerdo 035 de 2001 expedido por el Concejo Municipal de Monterrey, fue declarada nula por sentencia de 4 de junio de 2009, Expediente 16084. Así concluyó que la sociedad Oleoducto Central S.A. OCENSA, quien presta el servicio de transporte por oleoducto en el municipio de Monterrey, no era contribuyente del impuesto de industria y comercio y en consecuencia no debía cumplir con las obligaciones de carácter sustancial y formal. De lo anterior se colige que esta misma Sala declaró que la actora, por el 2002, no era sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Monterrey, por

tal razón no estaba obligada a presentar la declaración tributaria correspondiente. Al no existir el deber de declarar, no es procedente la sanción que la Administración pretendía imponer por medio de los actos aquí demandados, por lo que se confirmará la sentencia del a quo”. (Subrayados por la Delegada) De acuerdo con lo expuesto, no se encuentra vocación de prosperidad a éste cargo. 3.- Aplicación del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, caución para demandar. Este asunto se limita a establecer si existe el deber formal de otorgar caución por parte de la sociedad demandante, en el presente caso. 4 Sentencia del 4 de junio de 2009, Exp. 16084, M.P. William Giraldo Giraldo Expediente 18894 12 Para el Ministerio Público, la norma es muy clara y salta a primera vista que esta exigencia es verificable para la admisión de la demanda, y sólo respecto de determinados casos; es decir, se trata de un presupuesto procesal sujeto a la consideración del ponente de la decisión. Así las cosas, si la demanda fue admitida y no exigida la caución se debe entender que el Tribunal no la consideró necesaria para tomar la decisión y por tal razón, omitió la exigencia de dicho presupuesto procesal. Tal circunstancia, no afecta en forma alguna la decisión proferida, pues, la demanda fue admitida mediante auto de 8 de septiembre de 2005, en el cual no se ordenó la caución de la que trata el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo (folios 305 del expediente), y mediante auto de 22 de marzo de 2007, se abrió a pruebas (folio 320 del expediente); al igual, mediante auto de 13

de agosto de 2008, (Folio 338 del expediente) se dio traslado a las partes para alegatos de conclusión. Es decir, se cumplió con el trámite ordinario procesal. Este defecto fue subsanado por la preclusión de las diferentes etapas, sin que pueda pretenderse una decisión de carácter inhibitorio, tal como lo plantea la entidad demandada, habida cuenta que dicho requisito no es de aquellos que generan ineptitud de la demanda cuando ésta ha sido admitida, sin dejar de lado que se encuentran todos los presupuestos que permiten dictar una decisión de fondo. Por lo expuesto, esta agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente a la

H. Sala, confirmar la sentencia apelada.

De los Señores Consejeros,

ÁLVARO JOSÉ MARTÍNEZ ROA.

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado