PGN - DEMANDA POR VIA EXCEPCIONAL En casación

Señores Magistrados

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

E. S. D.

Ref: Casación Rad. 31.635

Procesado: Ricardo Dueñas Ruiz y Jairo Alfonso

Salcedo Walteros.

Delito: Falsedad en documento privado y tentativa de estafa.

Señores Magistrados: El 23 de abril de 2007, el Juzgado 4 Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, profirió sentencia en contra de Ricardo Dueñas Ruíz y Jairo Alfonso Salcedo Walteros, a quienes condenó a la pena principal de 27 meses de prisión y multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autores de los delitos de falsedad en documento privado en concurso con estafa en la modalidad de tentativa. Como pena accesoria les impuso la de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la principal.

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, el 20 de octubre de 2008, pero modificada parcialmente en lo atinente a la multa que se disminuyó a la suma de 75 salarios mínimos legales vigentes. Inconforme con el fallo, el defensor de Ricardo Dueñas Ruiz, presentó demanda de casación, que por haber sido ajustada a la ley, corresponde a la Procuraduría emitir concepto sobre su viabilidad. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 1 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

1. SITUACIÓN FÁCTICA

Reseñada dentro de la actuación en los siguientes términos: “El 05 de Abril del 2000 ante la oficina de la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A, “COLFONDOS”, seccional Cartagena, el señor Jairo Alfonso Salcedo Walteros, presentó solicitud de retiro del fondo de pensiones voluntarias Class No. 22261, con la documentación requerida a nombre de Héctor Hernando Olarte Cañón, por la suma de treinta y cuatro millones de pesos ($34.000.000.oo) y autorizó para que el pago se le consignara en la cuenta de ahorros No.0876500001449 de Ahorramas (AV Villas), sucursal San Martín, Boca Grande de Cartagena. Al confirmar la información consignada en el formato, se estableció la ilegitimidad de los pormenores registrados en el documento a través del cual se estaba suplantando a otra persona, a quien no correspondían, ni sus datos, ni el monto solicitado, por lo que se dispuso un operativo por el C.T.I. con la colaboración de la recepcionista de Colfondos que reconocería al peticionario. En el aeropuerto de Cartagena, se logró la captura del señor Salcedo Walteros, quien pretendía regresar a Bogotá con pasaje aéreo comprado a nombre de Héctor Hernando Cañón. Identificado el mencionado implicado aceptó su participación y delató como copartícipe de la acción a Ricardo Dueñas Ruíz, habiéndose establecido que las dos personas son ingenieros de sistemas, laboraban para Colfondos oficina principal de la capital de la República, como auditor y asesor de seguridad del sistema informático,

respectivamente”.

2. ACTUACIÓN PROCESAL El 7 de abril de 2000 la Fiscalía 33 seccional de la Unidad de Reacción Inmediata de Cartagena abrió investigación en contra de Jairo Alfonso Salcedo Walteros y Ricardo Dueñas por los delitos de falsedad en documento privado y tentativa de estafa, fecha en la cual escuchó en indagatoria al primero de los mencionados (Fl.

14/17/21 CO.1) Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. El proceso fue remitido a la Fiscalía seccional 29 de la Unidad Especializada de Patrimonio Económico y Varios de Cartagena (fl. 29 CO.1), despacho que escuchó en indagatoria a Ricardo Dueñas ( fls. 39 - 43 CO.1) El 12 de abril de 2000 fue resuelta la situación jurídica de Jairo Alfonso Salcedo con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad personal y tentativa de estafa, (fols. 50 - 60 CO.1). El 14 de abril del mismo año la Fiscalía resolvió la situación jurídica de Ricardo Dueñas con medida de aseguramiento de caución prendaria por los delitos de falsedad en documento privado y tentativa de estafa (fls. 101 - 113 CO.1). El 9 de noviembre de 2001, la Fiscalía 4 delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena revocó la medida de aseguramiento impuesta al sindicado Ricardo

Dueñas (fls. 3 - 5 C. segunda instancia fiscalía). El 1 de septiembre de 2000 la Fiscalía 29 Seccional de Cartagena ordenó la remisión del proceso a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, en donde fue asignado para su conocimiento a la Fiscalía 157 Seccional (fls.43 - 46 CO. 3) El 16 de noviembre de 2001 la Fiscalía 157 seccional de Bogotá, decretó el cierre de la investigación (fl. 84 CO.3) El 18 de junio de 2002, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de Jairo Alfonso Salcedo Walteros y Ricardo Dueñas Ruíz por los delitos de falsedad en documento privado en concurso con tentativa de estafa, decisión que fue confirmada el 13 de mayo de 2004 por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá (fls.126 – 136 CO. 3) El 16 de febrero de 2005 en el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá se cumplió la audiencia preparatoria (fl. 7 CO.4) Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. El 16 de agosto de 2006 el Juzgado 9 Penal del Circuito de Bogotá asumió el conocimiento del caso por descongestión y celebró la audiencia pública (Fl.56 6072 y 85 – 101 CO.4) El 23 de abril de 2007, el Juzgado 4 Penal del Circuito de Descongestión de

Bogotá, profirió sentencia condenatoria en contra de los mencionados acusados en términos inicialmente reseñados, decisión que fue confirmada con modificación por el Tribunal Superior de Bogotá el 20 de octubre de 2008 (fls 151 – 167 CO. 4 y16/ 39 CO 5)

3. DEMANDA El apoderado de los intereses de Ricardo Dueñas Ruiz, presenta tres cargos en contra de la condena proferida por el Tribunal de Bogotá y reseña los motivos en que sustenta la demanda por vía excepcional, concretándolos en la violación de garantías fundamentales. 3.1. Primer cargo Al amparo de la causal tercera de casación demanda la sentencia por estimar que se dictó en un juicio viciado de nulidad por violación al debido proceso Tras aludir al concepto del debido proceso, sostiene que la irregularidad en el presente caso compromete las formas propias del proceso y el principio del juez natural, lo que impone la declaratoria de nulidad, a fin de subsanar la situación.

Recuerda el demandante que luego de la captura de Jairo Alfonso Salcedo Walteros fue puesto a órdenes de de la Fiscalía 33 de Reacción Inmediata de la Seccional de Cartagena, Despacho que abrió investigación y lo escuchó en indagatoria. Posteriormente, el 11 de abril de 2000, el proceso fue repartido a la Fiscalía 29 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena que Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. asumió el conocimiento, resolvió la situación jurídica de los procesados, decretó pruebas y respondió algunas peticiones. Que el 4 de agosto de 2000, fue presentada solicitud por quien fungía como defensor de su representado, quien pese a reconocer que los actos ejecutivos del delito fueron realizados en las oficinas de COLFONDOS en Cartagena, pues fue donde se pretendió hacer uso del documento privado falsificado y donde se presentó la solicitud de retiro de dinero simulando ser un usuario, solicita el cambio de radicación del proceso aduciendo que el defensor residía en Bogotá, los archivos de COLFONDOS se encontraban en esta ciudad y las pruebas se practicarían en la capital de manera que eso garantizaría una mejor y menos onerosa defensa para el implicado. Para el censor, de manera inexplicable, la Fiscalía aceptó la petición con argumentos a los que alude y remitió el expediente a la oficina de asignaciones de la seccional Bogotá, en donde fue repartido a la Fiscalía 157 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio económico, despacho que cerró la investigación y calificó el mérito del sumario. Considera el demandante, no válidas las razones aducidas por la Fiscalía de Cartagena adicionalmente a que no podía tomar la determinación por carecer de competencia, pues si lo que pretendió fue darle a la petición el trámite de cambio de radicación, de la misma debió conocer el superior conforme lo establecía el artículo 85 del Decreto 2700 de 1991, vigente para el momento de la petición, Pues con el procedimiento cumplido lo que se hizo fue una reasignación de

proceso, para lo que tampoco tenía competencia, pues el artículo 121 ibídem, precisó que esa facultad correspondía exclusivamente al Fiscal General de la Nación, facultad que la Corte Constitucional consideró indelegable, de ahí que suspendió el ejercicio de ella por el Director nacional de Fiscalías. Por lo anterior estima que la decisión violó el debido proceso y la irregularidad resulta trascendente en consideración a que resultaron afectadas las garantías de los sujetos procesales al desconocer las bases fundamentales de la instrucción y Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. el juzgamiento, pues una vez avocado el conocimiento del proceso el funcionario no se puede desligar de su conocimiento, sino por los mecanismos legalmente establecidos por la Ley, siendo esta una regla y garantía del debido proceso, que no puede ser convalidable por comprometer el principio de juez natural, pues de lo contrario, aún cuando remita el expediente a otro despacho, retendrá la competencia. Aceptar que el proceso se puede adelantar por el fiscal al que fue repartido o por cualquier otro al que se le remita, desconoce el contenido del numeral 4º del artículo 115 de la ley 600 de 2000, que indica que el único autorizado para ordenar la remisión de un proceso del despacho de un fiscal delegado a otro, es el Fiscal General de la Nación, mediante resolución motivada. Concluye que la única forma en que la Fiscal 29 de Cartagena podía desprenderse del conocimiento del sumario repartido era por reasignación ordenada por el Fiscal General de la Nación, lo que por no haberse cumplido

genera la nulidad de lo actuado por el fiscal de Bogotá, a partir del momento en que avocó conocimiento. Por lo anterior solicita se case la sentencia y se decrete la nulidad del proceso a partir de la resolución de 30 de octubre de 2000, mediante la cual la Fiscalía 157 de Bogotá, avocó el conocimiento de las diligencias, para que el proceso regrese a la Fiscalía 29 Seccional de Cartagena. 3.2. Segundo cargo Con sustento en la causal tercera de casación demanda el impugnante la sentencia por estimar que fue dictada en un juicio viciado de nulidad por desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa, como consecuencia de la violación del principio de investigación integral contenida en los artículos 20 y 234 del C, de P, Penal. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Tras reseñar pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, alude a las circunstancias en que fue vinculado su defendido a la actuación con miras a destacar las fallas probatorias en que incurrieron los funcionarios, señalando que recibida la versión dada por Jairo Salcedo, se limitaron a repetirla sin hacer esfuerzo por establecer la verdad, pese a que era evidente que su relato no era verosimil, máxime cuando se estableció y el mismo fallo lo reconoce, que el señor Dueñas Ruíz era una persona de edad adulta, con un pasado laboral y personal honorable, pensionado luego de haber laborado en empresas muy importantes,

quien no podía estar motivado por la idea de apoderarse ilícitamente de treinta millones de pesos para repartir entre varios y menos sabiendo que en el sistema quedaba el registro de ser el creador del usuario falso. Para el demandante la persona señalada por Salcedo Walteros carecía por completo de móvil, además no contaba con los conocimientos necesarios para crear datos en el sistema y hacerlo desde su computador era dejar la constancia de su participación, lo que resultaba absurdo y por tanto imponía la práctica de varias pruebas dirigidas a desvirtuar o corroborar la coartada del delincuente capturado, pese a lo cual los funcionarios fueron absolutamente negligentes. En consideración a que Salcedo Walteros atribuye a su defendido la ideación del fraude y hace un relato sospechoso sobre la forma en que fue invitado a participar en el punible y sobre la manera en que le fue entregada la cédula, se hacía necesario para el esclarecimiento de los hechos, dar respuesta a varios interrogantes a través de la práctica de pruebas tales como: Dictamen pericial, que permitiera establecer si el usuario falso fue creado utilizando la clave y el computador de Ricardo Dueñas e igualmente desde qué computador y cuando se realizaron los cambios en las bases de datos. Cuando y quien adquirió el pasaje para Cartagena a nombre de Héctor Olarte. Quién alquiló el apartamento?. Quién es realmente la mujer que viajó con Jairo Salcedo a la cual él llama Betty Espitia? Quién es Héctor Olarte, a quién es allegado éste. Si conoce a Dueñas o a Salcedo. Por qué la cédula de Olarte estaba en poder de Salcedo. Qué podía informar el titular del documento al

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. respecto. Por qué Salcedo desapareció la cédula al momento de la captura, si la necesitaba para poder viajar con el pasaje que tenía?. Para el demandante la acreditación de estos hechos era de vital importancia para su defendido toda vez que si se demostraba que la historia era ideada por el capturado Salcedo Walteros, no quedaba ningún elemento de juicio en su contra, menos si se tiene en cuenta que con otros empleados cometieron el mismo abuso de utilizarles el computador con fines ilícitos, lo que se encuentra acreditado dentro del proceso, como quiera que dio lugar a una investigación penal. Señala que quien actuó como defensor de Dueñas advirtió la necesidad de practicar pruebas sobre estos hechos por lo que las peticionó en memoriales que obran en los folios 83 y 84 del C.4, en los que se verifica que solicitó oficiar a la Registraduría del Estado Civil, para que se aportara la tarjeta alfabética de la cédula de Héctor Olarte, certificación sobre si se ha expedido duplicado, en caso afirmativo en que fecha se hizo la expedición y los documentos que se anexaron para el mismo. Oficiar a Aéreo república para que informara la fecha de reserva, fecha de venta y forma de pago de los tiquetes expedidos a nombre de Olarte Héctor y Espitia Betty, hora de salida y de llegada. Comisionar al C.T.I para que estableciera la identidad, lugar de trabajo y residencia de los antes mencionados.

Que dichas pruebas fueron decretadas el 19 de mayo de 2000, por el Fiscal 29 seccional, pero para su cumplimiento se limitaron a librar comunicaciones que no fueron atendidas, pues en general, no se obtuvo respuestas, por lo que sería absurdo afirmar que la Fiscalía hizo lo necesario cuando su deber era insistir en la petición y preocuparse por garantizarle los derechos al sindicado, máxime que las autoridades de las que se demandaba información no eran de difícil consecución, mas cuando el defensor solicitó que se requiriera de nuevo a la empresa y al C.T.I, para que se cumpliera lo ordenado en la resolución, sin que su petición fuera Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 8 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. atendida (fol. 32 C.5) y sin que se pronunciara sobre el resto de pruebas como lo eran los testimonios de los arrendadores del apartamento en Cartagena, quienes hicieron la operación con Salcedo Walteros en Bogotá, El defensor solicitó al Fiscal, el 29 de mayo de 2000, (fol. 16 C.5) que recibiera la declaración de Flor María de Urrea, quien se encontraba en ese momento en Cartagena y su petición ni siquiera fue atendida. Que el investigador se limitó a afirmar que la creación del usuario fue desde el computador de Ricardo Dueñas, sin que ello fuera corroborado como tampoco la alteración de la base de datos, conducta previa indispensable para la sustracción del dinero. No averiguó nada, pese a que el tema de investigación demandaba la

intervención de un perito. Lo anterior era fundamental para esclarecer la situación de su defendido toda vez que el capturado Salcedo Walteros dio a conocer que Ricardo Dueñas no era experto en el manejo de datos, por lo que debió intervenir otra persona. Dio a conocer además que las debilidades del sistema principal de Colfondos son críticas y por ello cualquier ingeniero de sistemas o asesor puede ingresar al sistema y realizar operaciones parecidas e inclusive mediante programas con el fin de violar la integridad de los datos. Recuerda que encontrándose pendiente la práctica de pruebas solicitadas, el expediente fue enviado a Bogotá, el 1º de septiembre de 2000 correspondiéndole a la fiscal 157 quien no revisó el proceso y se limitó a cerrar la investigación, violando así el principio de investigación integral, el debido proceso y el derecho de defensa, garantías fundamentales de su representado. Señala que la práctica de pruebas en la etapa de juicio se encargó de demostrar que el instructor no cumplió con su deber en el momento en el que le correspondía, olvidando la finalidad de la actuación procesal y sobre todo que de Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 9 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. haber contado con la información desde el sumario, la investigación habría tomado un rumbo diferente y las pruebas se habría incrementado. La declaración de Faustino Caro Cristancho, ex empleado de COLFONDOS, vinculado a un proceso penal por hechos idénticos a los del presente proceso, ocurridos en noviembre de 1999, esto es, 4 meses antes, quien puso en evidencia

la precariedad de la investigación con algunas de sus respuestas: “PREGUNTADO: Usted conoció de los hechos anteriores similares que se presentaron. CONTESTO: Si, y pues ahí quiero agregar algo de lo que prácticamente puede concluir de la investigación que era que las personas que eran muy allegadas a don JAIRO SALCEDO en la empresa, que se hacían muy amigas de él, resultaron involucradas en procesos por estafa, conozco el caso de ALEXANDER DÍAZ que él era muy amigo con él, inclusive tengo conocimiento que le prestaba el usuario de él a JAIRO y a lo último este muchacho también resultó involucrado en un proceso de intento de estafa, y ALEXANDER DÍAZ trabajaba con nosotros en el área de sistemas, ellos dos eran muy buenos amigos, entonces, de la investigación o de la preclusión del proceso pude ver que era como un patrón que se seguía, que quienes se hacían muy amigos de él resultaban involucrados en procesos de intento de estafa contra la empresa” Indica además, que la copia del expediente seguido en contra de Faustino Caro fue allegada a la investigación en la etapa de juicio y se puede ver en la indagatoria que desde mucho tiempo antes de la declaración transcrita Faustino sospechaba de que quien lo involucró en la tentativa de estafa fue Jairo Salcedo. También se allegó copia de la declaración de María Clara González Barreto, sindicada en el mismo proceso seguido contra Faustino Caro, porque la creación del usuario falso había sido con su clave, pese a que ella dice que nadie más la conocía. Que lo anterior demuestra que es evidente que había una persona intentando

defraudar a COLFONDOS, teniendo el cuidado de hacer aparecer a otros como presuntos responsables, y por las circunstancias que se dieron respecto de varias personas, por sus conocimientos plenos del manejo del sistema y por el cargo que Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 10 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. ocupaba que le daba acceso a todo lo que se realizaba, JAIRO SALCEDO era altamente sospechoso de ser el autor de estos hechos, razón por la que el investigador no podía conformarse simplemente con su dicho, sino que para garantizar una investigación integral y el derecho de defensa era indispensable que el Fiscal hubiera profundizado en la investigación practicando no solamente las pruebas solicitadas, sino las que de bulto aparecían como necesarias, tales como una inspección judicial con intervención de peritos a COLFONDOS, recibir los testimonios de las personas que laboraban en sistemas, oír a los sindicados en los anteriores intentos de fraude, anexar las pruebas practicadas en los otros proceso y las que se señalaron anteriormente. Por lo analizado, solicita se case parcialmente la sentencia y se decrete la nulidad del proceso, en cuanto a Ricardo Dueñas Ruiz, a partir del cierre de investigación con el fin de que se retrotraiga la actuación al momento en que se vulneraron las garantías fundamentales y se proceda a practicar las pruebas pedidas sin respuesta, las ordenadas pero no practicadas y las que la fiscalía estaba obligada a recaudar y no lo hizo por negligencia. 3.3 Tercer cargo Con fundamento igualmente en la causal tercera demanda la sentencia por

haberse dictado en un proceso viciado de nulidad por falta de competencia. Recuerda que de acuerdo con los hechos tanto la resolución de acusación como la sentencia consideran que los delitos tipificados son los de tentativa de estafa y la falsedad en documento privado, siendo claro que la primera se cumplió en su totalidad en Cartagena. Sostiene que en cuanto a la alteración de la base de datos en lo atinente al cambio de nombre del usuario, el valor depositado, el número de la cédula, la dirección y el teléfono eso se hizo con el fin de poder ser utilizados al momento de solicitar el retiro de los fondos en Cartagena, como en efecto ocurrió y se puede Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 11 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. observar en el formulario de pensiones voluntarias que fue presentado el 5 de abril de 2000 por Jairo Alfonso Salcedo simulando ser Héctor Hernando Olarte Cañón. Señala que la jurisprudencia de la Corte de tiempo atrás ha sido uniforme en señalar que el juez competente para juzgar el delito de falsedad en documento privado es aquél del lugar en donde el documento fue usado. Además, Que de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del decreto 2700 de 1991 y en el 82 de la ley 600 de 2000, “El Fiscal General de la Nación y sus Delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. Sin embargo deberán acusar ante los jueces competentes para conocer del proceso” Lo anterior significa que para los jueces rige el concepto de competencia territorial razón por la cual los

artículo 78 y 81 de los mencionados estatutos procesales se ocupan de señalar la división territorial para efectos del juzgamiento, tal como en su momento lo precisó la Corte Suprema. Para el censor, si bien la calificación la realizó un Fiscal de Bogotá, la etapa de juicio le correspondía adelantarla a un Juez de Cartagena y la segunda instancia la debía conocer el Tribunal Superior de la misma ciudad, porque allá se realizaron las conductas típicas. Por lo anterior el trámite cumplido por el Juez 35 Penal del Circuito, luego por el Noveno del Circuito de Descongestión de Bogotá y después por el Juez Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá al igual que la sentencia proferida por el Tribunal de Bogotá, son nulos por falta de competencia territorial, tal como lo dispone el artículo 306 de la Ley 600 de 2000 en su numeral 1º. Considera entonces desconocida la garantía contenida en el artículo 29 constitucional en lo que hace referencia al Juez o Tribunal competente, razón por la cual solicita se case la sentencia impugnada y se decrete la nulidad del proceso a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, inclusive, y ordene que el expediente sea remitido por competencia al reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena para que se adelante la etapa de juicio. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 12 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

4.- CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA

Cuando por vía excepcional se intenta la casación, ello requiere no sólo que se trate de una sentencia de segundo grado y que la conducta punible sea sancionada con privación de la libertad inferior a la pena exigida para la casación ordinaria, cuyo máximo debe exceder los 8 años, sino que también se hace necesario que el impugnante cumpla con la carga de fundamentar los motivos por los cuales considera se ha desconocido una garantía fundamental o porque la estima importante para el desarrollo de la jurisprudencia, restringiéndose a estos eventos, la admisibilidad de esta extraordinaria forma de casación. Se tiene entonces que cuando se trata de la violación de un derecho fundamental, el casacionista debe argumentar de manera lógica evidenciando el desacierto que reclama, demostrando en consecuencia, el desconocimiento de una garantía por quebrantamiento de la estructura del debido proceso o por la violación de un derecho fundamental, e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y su concreto conculcamiento con la sentencia, carga esta con la que cumplió el recurrente. Adicionalmente la demanda debe atender las reglas técnicas de formulación y demostración del cargo, según la causal invocada y el modo de violación de la ley sustancial señalado, en consideración a que el recurso es de naturaleza extraordinaria y rogada. Como quiera que el libelo exhibe, en concepto de la Delegada, la fundamentación técnica que demandan las censuras por nulidad, toda vez que el censor cumplió con precisarlas, fundamentó de manera apropiada su argumentación, reseñó las disposiciones que fueron desconocidas y señaló la trascendencia de sus

inconformidades de cara al fallo impugnado, precisando la etapa procesal desde la cual debe nulitarse la actuación, es del caso pronunciarse sobre la viabilidad o no de los cargos propuestos. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 13 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Aún cuando el demandante formula en dos cargos separados la nulidad de la actuación por violación a las garantías fundamentales del debido proceso, metodológicamente, para la Delegada, se hace aconsejable abordar su estudio de manera conjunta. 4.1. Cargos primero y tercero. Nulidad 4.1.1. En efecto, el censor denuncia en dos cargos la nulidad de la sentencia por estimar que fue dictada en un juicio viciado de nulidad por violación al debido proceso, haciendo consistir el primer disenso en que pese a que los hechos ocurrieron en la ciudad de Cartagena la Fiscal 29 Seccional de dicha ciudad, atendiendo a petición de la defensa de uno de los procesados, aceptó remitir la actuación a la oficina de asignaciones de la Seccional de Bogotá, sin que existiera fundamento legal, ni competencia, para adoptar la mencionada determinación, proceso que a su vez fue asignado a la Fiscalía 157 de Bogotá, que avocó el conocimiento y calificó el mérito del sumario, sin estar legalmente autorizada para, ello en razón a que para el impugnante, solo al Fiscal General de la Nación le compete la reasignación de procesos.

4.1.2. En el segundo cargo su pretensión se dirige a que se reconozca la nulidad por falta de competencia en los funcionarios que conocieron de la etapa de juicio, tanto en primera como en segunda instancia, en razón a que si bien la Fiscalía tienen competencia en todo el territorio nacional es un imperativo legal acusar ante los jueces competentes, A pesar de que la causal tercera a la que recurre el impugnante, no demanda una técnica tan depurada como las restantes causales de casación, no es ajena a los rigorismos técnicos que gobiernan el recurso extraordinario y no puede equipararse a un escrito de libre formulación en su enunciado y desarrollo, por el contrario, es exigible en su presentación señalar con claridad y precisión cuál es la garantía desconocida, fundamentar el sustento de la inconformidad, la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 14 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. trascendencia de la misma y el estado procesal desde el cual resulta afectada la actuación. Si de reclamar por las irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso se trata, adecuado resulta proponer el cargo por la vía de la nulidad, no obstante dicha alegación no solo impone evidenciar la irregularidad sino señalar la trascendencia que la misma tiene de cara a la legalidad de la actuación, aspectos que atendió el impugnante al concluir en su disenso que al haberle cambiado de radicación al proceso sin atender los lineamientos legales, lo dejó incurso en nulidad por no haber existido autorización del funcionario competente e igualmente

que el haber acusado ante juez distinto al del lugar en que ocurrieron los hechos, desconoció el ordenamiento legal. El artículo 29 de la Constitución consagra como derecho fundamental el del debido proceso, y expresa que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y ante juez o tribunal competente, lo que hace evidente que el querer del constituyente es que las investigaciones y los juicios se adelanten imparcialmente, por un despacho investido de jurisdicción y previamente erigido de acuerdo con la Constitución y la ley. Es por ello que la trasgresión de este mandato se sanciona con la nulidad, siempre y cuando las irregularidades que se presenten no se hayan convalidado dentro de la actuación, conforme a los principios señalados por el artículo 310 de