PGN - DEMANDA Proposición jurídica real

FALLO INHIBITORIO-Por ineptitud sustantiva de la demanda. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos El concepto de la violación, uno de los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 para las demandas de inconstitucionalidad, según lo precisa la Corte, entre otras, en las Sentencias C-1052 de 2001, se cumple cuando la demanda expresa en forma cierta, clara, específica, pertinente y suficiente, las razones por las cuales la norma superior se considera vulnerada. Estas condiciones son presupuestos materiales que de inobservarse hacen inepta la demanda. DEMANDA-Proposición jurídica real Existe certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente en el ordenamiento jurídico, y no sobre un contenido normativo deducido por el actor, es decir, derivado exclusivamente de su criterio subjetivo, o contenido en disposiciones sobre las cuales no recae la acción. La claridad alude a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender qué se demanda y cuáles son las razones en que se apoya la petición de inconstitucionalidad. El concepto de violación es específico si plantea un cuestionamiento constitucional concreto contra la norma demandada que permita la confrontación racional y directa entre ella y el texto Superior presuntamente vulnerado. Por ello, es inadmisible decidir sobre la constitucionalidad de una disposición legal con base en argumentos ambiguos, amplios, indirectos, gaseosos y globales que no guardan conexidad concreta y directa con la

norma legal acusada. CARGOS DE LA DEMANDA-Deben ser pertinente. Los cargos de la demanda deben ser también pertinentes, es decir, de naturaleza constitucional, no legal o doctrinaria ni basados en supuestas aplicaciones de la ley. Por último, es preciso que el actor presente argumentos suficientes, de tal forma que hagan sospechar de la constitucionalidad de la norma impugnada y por lo tanto provoquen un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En el caso sub examine el cargo invocado no cumple con los requisitos referidos, circunstancia que hace inepta a la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 12 de la Ley 842 de 2005. Concepto 5292 Bogotá, D.C., enero 24 de 2012 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.

Demandante: RENE HORACIO TORRES LÓPEZ Y OTRO.

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Expediente D-8790. Concepto 5292 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2° y 278, numeral 5° de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que presentaron los ciudadanos Rene Horacio Torres López y Diego Andrés Cárdenas Briceño, contra el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, cuyo texto es el siguiente: LEY 842 de 2005 (Octubre 9) Diario Oficial No. 45.340 de 14 de octubre de 2003

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones El Congreso de Colombia

DECRETA:

TITULO I.

GENERALIDADES.

CAPITULO I.

DEFINICIÓN Y ALCANCES. (…) ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de 2 Concepto 5292 matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.

1. Planteamiento de la demanda.

Los actores consideran que el artículo demandado vulnera el artículo 13 Superior, pues la experiencia profesional de los ingenieros o de profesiones afines auxiliares sólo se cuenta a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, mientras que en otras profesiones, reguladas por el artículo 14 del Decreto 2772 de 2005, la experiencia profesional se cuenta desde el día de terminación de materias, lo que da lugar a una discriminación injustificada en contra de los ingenieros y profesionales afines.

2. Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda.

El concepto de la violación, uno de los requisitos establecidos en el artículo

2° del Decreto 2067 de 1991 para las demandas de inconstitucionalidad, según lo precisa la Corte, entre otras, en las Sentencias C-1052 de 2001, se cumple cuando la demanda expresa en forma cierta, clara, específica, pertinente y suficiente, las razones por las cuales la norma superior se considera vulnerada. Estas condiciones son presupuestos materiales que de inobservarse hacen inepta la demanda. Existe certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente en el ordenamiento jurídico, y no sobre un contenido normativo deducido por el actor, es decir, derivado exclusivamente de su criterio subjetivo, o contenido en disposiciones sobre las cuales no recae la acción. La claridad alude a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender qué se demanda y cuáles son las razones en que se apoya la petición de inconstitucionalidad. El concepto de violación es específico si plantea un cuestionamiento constitucional concreto contra la norma demandada que permita la 3 Concepto 5292 confrontación racional y directa entre ella y el texto Superior presuntamente vulnerado. Por ello, es inadmisible decidir sobre la constitucionalidad de una disposición legal con base en argumentos ambiguos, amplios, indirectos, gaseosos y globales que no guardan conexidad concreta y directa con la norma legal acusada. Los cargos de la demanda deben ser también pertinentes, es decir, de naturaleza constitucional, no legal o doctrinaria ni basados en supuestas aplicaciones de la ley. Por último, es preciso que el actor presente argumentos suficientes, de tal forma que hagan sospechar de la

constitucionalidad de la norma impugnada y por lo tanto provoquen un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En el caso sub examine el cargo invocado no cumple con los requisitos referidos, circunstancia que hace inepta a la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 12 de la Ley 842 de 2005, como pasa a verse. En un primer momento, el Magistrado Ponente, por medio de Auto del 14 de octubre de 2011, inadmitió la demanda por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2º del Decreto Ley 2067 de 1991. En esta providencia se advierte que la demanda no cumple con los requisitos de claridad, especificidad y suficiencia, ya que en su texto no se advierte una construcción argumentativa encaminada a demostrar la forma en que la disposición acusada vulnera el artículo 13 Superior. Para ilustrarlo, baste decir que el Decreto 2772 de 2005, al que se alude en la demanda, no se ocupa de reglamentar el ejercicio de la ingeniería y de sus profesiones afines o auxiliares, que es la materia de la Ley 842 de 2005, sino que establece las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional. En este contexto, los actores no muestran y, mucho menos, 4 Concepto 5292 demuestran, que las personas a las que se refiere la norma demandada sean equiparables a las que se refiere el Decreto 2772 de 2005; y que la aparente existencia de un conflicto entre una ley y un decreto reglamentario, que es inferior a ésta en rango y jerarquía, genere per se un

caso de relevancia constitucional. En su oportunidad, los accionantes corrigen la demanda. No obstante, en su corrección los actores se limitan a reiterar y a transcribir sus argumentos iniciales, sin hacer modificaciones de fondo. Al no acatar las orientaciones de la Corte, contenidas en el auto en comento y, sobre todo, al no subsanar sus falencias, ésta mantiene su ineptitud sustantiva.

3. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que se declare INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la disposición contenida en el artículo 12 de la Ley 842 de 2005, por ineptitud sustantiva de la demanda. Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

LJMO/NROA

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