PGN - DEMANDA Su falta de notificación de auto admisorio se subsana por intervención en pr

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-De concejal municipal por violación del régimen de inhabilidades DEMANDA-Su falta de notificación de auto admisorio se subsana por intervención en proceso de demandada …..En lo relacionado con la falta de notificación del auto admisorio de la demanda al demandado, la cual conforme al artículo 294 de C.P.A.C.A. se regula como nulidad procesal originada en la sentencia y que únicamente procederá por “…incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley”, en el caso en examen no se genera por cuanto como lo señaló el a-quo la intervención en el proceso de la demandada subsana esta posible irregularidad. VIOLACIÓN DEL REGIMEN DE INHABILIDADES-Por parentesco con personas que han ejercido autoridad dentro de los doce meses anteriores a la elección CONCEJAL-Inhabilidad para ser inscritos y elegidos según la ley 617/00 art 40 num 1 CAUSALES DE INHABILIDAD-Proceden porque concejal electa es hermana de quien fungió como Secretaria de Salud de Municipio NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-Presupuestos para que prospere causal de inhabilidad de Concejales deben ser acreditados en su totalidad/CAUSALES DE INHABILIDAD-Propuestas por demandantes se configuran por razón del criterio orgánico al desempeño del cargo La inhabilidad a que alude la parte demandante se estructura sobre la demostración de los siguientes supuestos: la existencia de vínculo por matrimonio, unión permanente o el

parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionario público; que el funcionario con el cual se tiene el parentesco o vínculo haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar; dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección ;en el respectivo municipio o distrito. Para la prosperidad de la pretensión estos presupuestos deben ser acreditados en su totalidad, por manera que de no ser así la pretensión ha de ser desestimada, como aconteció en el caso sub examine en donde el a-quo consideró que lo relacionado con el término dentro del cual se debe ejercer el cargo del cual se predica la autoridad debe serlo dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección. En el asunto sub examine se encuentran acreditados en debida forma los presupuestos para concluir en que la causal de inhabilidad propuesta por los demandantes se configura; por razón del criterio orgánico al desempeño del cargo de Secretaria de Salud del municipio de Cartago le es inherente la autoridad administrativa.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Definición y alcances según jurisprudencia del Consejo de Estado SERVIDOR PÚBLICO-El desempeño como Secretario de Salud inhabilita al inferirse el ejercicio de autoridad administrativa/CARGO PÚBLICO-Como Secretario de Salud corresponde a los comprendidos dentro del art 190 de ley 136 de 1994

Ahora bien, acierta el a-quo al desestimar el argumento del apoderado judicial de la electa concejal cuando afirma que no hay ejercicio material de la función, pues ese ejercicio no se requiere para efectos de la configuración de la causal de inhabilidad. Se reitera que correspondiendo el cargo de Secretario de Salud a uno de los que enlista el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, por virtud del criterio orgánico se concluye que el desempeño de éste, como ya se dijo, inhabilita a la electa concejal pues de éste se infiere el ejercicio de autoridad administrativa, por tal razón se ha de confirmar la sentencia objeto del presente recurso de apelación.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C.,22 junio de 2016 Concepto No. 049 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 76001 23 33 003 2015 01487 01

Radicado interno: 2015 1487

Actor: Mary Julieth Cortes Andrade y Johhann Wolfang Patiño Cárdenas Demandado: Mónica María Orozco Vélez Asunto: Recurso de apelación contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual

declaro nula la elección de la señora Mónica María Orozco Vélez como concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca) para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 .

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído adiado a 1° de junio de 2016, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento por su conducto a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  La demanda Los ciudadanos Mary Julieth Cortes Andrade y Johhann Wolfang Patiño Cárdenas, actuando en su propio nombre y representación en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandaron el acto por medio del cual se declaró electa como concejal del municipio de Cartago – Valle del Cauca - período 2016 – 2019 a la

señora Mónica María Orozco Vélez.  Pretensiones En los escritos de demanda los actores son coincidentes en solicitar que se declare la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección como concejal

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co del municipio de Cartago – Valle del Cauca a la señora Mónica María Orozco

Vélez por cuanto consideraron que la citada se encontraba incursa en causal de inhabilidad que la hacía inelegible, en concreto los actores manifestaron que de la elegida se predicaba la inhabilidad que consagra el numeral 4° del artículo 40 de la Ley 617 del 2000.  Supuesto fáctico De conformidad con lo señalado por los actores en el acápite denominado hechos de sus respectivas demandas la electa concejal se encontraba incurso en la causal de inhabilidad que señala el numeral 4° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 a cuyo tenor no podrá ser elegido concejal quien tenga vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con funcionario que dentro del año anterior a la elección haya ejercicio autoridad civil en el respectivo municipio. Sostienen los actores que el supuesto de la norma se configura en la medida que la hermana de la electa concejal, la señora Alejandra Orozco Vélez, se desempeñó como Secretaria de Despacho de la Secretaría de Salud de la Planta Global de la Administración Central del municipio de Cartago – Valle del Cauca, cargo para el cual fuera encargada mediante Resolución 310 del 1º de junio del 2015, y al cual le es anexo el ejercicio de autoridad administrativa.  Normas violadas y concepto de la violación Se indicaron como normas transgredidas las siguientes: i) Numeral 4° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Al explicar el concepto de la violación manifestaron que la elegida concejal se encontraba incurso en la causal de inelegibilidad que consagra el numeral 4° por

razón del vínculo de parentesco que tiene con quien fungió como Secretaria de Salud del municipio de Cartago ( Valle del Cauca ) en calidad de encargada, de quien afirman es hermana y ejerció el cargo dentro del año anterior a su elección. Para los actores la hermana de la electa concejal por razón del cargo que desempeñaba al momento de la elección ejercía autoridad administrativa.

2. Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en su decisión de primera instancia dispuso acceder a las pretensiones señaladas por los demandantes y declaró la nulidad de la elección que demandaron.

Para arribar a esa decisión consideró como argumento central el siguiente:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que el vínculo que predicaron los demandantes entre la electa concejal y la Secretaria de Salud del municipio de Cartago (Valle del Cauca) se encuentra acreditado en debida forma.  Que “… con sustento en el criterio orgánico enmarcado en lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, se constata que la señora Alejandra Orozco Vélez, ejercía autoridad política como miembro del gobierno municipal y dirección administrativa como superior de los correspondientes servicios de salud municipales.  Citando jurisprudencia de la H. Sección concluye que para efectos de la configuración de la inhabilidad no es requisito que se haya ejercido la

función basta con ser titular de la misma y no es necesario demostrar el ejercicio de tales competencias, basta que la persona las haya tenido.

3. Recurso de apelación Inconforme con la decisión de primera instancia el apoderado judicial de la demandada interpuso recurso de apelación contra la misma, se destaca como argumento en contra de la decisión de primera instancia el siguiente:  Que el cargo de Secretaria de Salud lo ejerció a título de encargo y sin desprenderse de las funciones de su cargo.  Durante el encargo su representada no ejerció actos de autoridad, pues no suscribió contratos ni ejerce función alguna en relación con los empleados, todas estas funciones las ejerce directamente el alcalde del municipio.  Las funciones asignadas al cargo son meras actividades administrativas pero ninguna de ellas comporta el ejercicio de autoridad por cuanto que ninguna de estas funciones confiere poder de mando o decisión.  La jurisprudencia que se ha elaborado sobre el punto ha de ser revaluada por cuanto que hoy en días los secretarios de despacho no ejercen funciones de autoridad por la concentración que de ellas se hace en el alcalde.

4. Alegatos de conclusión Del demandante Johann Wolfgang Patiño Cárdenas En esta oportunidad procesal interviene el ciudadano Johann Wolfgang Patiño Cárdenas quien es uno de los demandantes de la elección de la concejal cuya nulidad se ha declarado y solicita que la sentencia apelada sea confirmada.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consideración sobre la nulidad planteada por el apoderado de la concejal

cuya elección se anuló

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En principio la proposición de nulidades en esta etapa procesal no resulta de recibo por cuanto que la oportunidad para formularla precluyó, además porque conforme al ordenamiento procesal éstas quedan saneadas en la audiencia inicial, momento procesal señalado para el saneamiento de la actuación, además porque conforme a la nueva normativa procesal agotada cada etapa del proceso, el juez debe ejercer el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. Ahora bien, como lo señala el ordenamiento procesal cuando se trate de una nulidad “el incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad”. Por lo tanto lo relacionado con la ausencia de la prueba sobre la población del municipio de Cartago no es motivo de nulidad que se pueda aducir en esta etapa procesal, además y como se indicó por el a-quo no se requería que existiera esta prueba documental en los dos procesos que se adelantaban y que fueron acumulados, al existir esta prueba en uno de los que se acumulaba el defecto o

irregularidad quedaba subsanado por razón de la comunidad probatoria que se deriva de la decisión de acumular los procesos que se propusieron contra la elección de la concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca). En lo relacionado con la falta de notificación del auto admisorio de la demanda al demandado, la cual conforme al artículo 294 de C.P.A.C.A. se regula como nulidad procesal originada en la sentencia y que únicamente procederá por “… incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley”, en el caso en examen no se genera por cuanto como lo señaló el a-quo la intervención en el proceso de la demandada subsana esta posible irregularidad. El asunto de fondo Se encuentra el asunto para estudio del H. Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – por razón de la interposición del recurso de apelación que el apoderado judicial de la demandada realizara contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del valle del Cauca, adiada en Santiago de Cali a los a los 10 días del mes de mayo de la anualidad que cursa, por medio de la cual dispuso: “DECLARASE nula la elección de la señora MONICA MARÍA OROZCO VÉLEZ, como concejal del municipio de Cartago -Valle del Cauca, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019”.

Según lo manifestado por el demandante la causal de inhabilidad se configura por cuanto que la electa concejal es hermana de quien fungió como Secretaria de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Salud del municipio de Cartago (Valle del Cauca) cargo en el que al tenor de lo señalado en el artículo 40 de la Ley 617 del 2000 en concordancia con el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 se ejerce autoridad administrativa. La inhabilidad a que alude la parte demandante se estructura sobre la demostración de los siguientes supuestos: i) la existencia de vínculo por matrimonio, unión permanente o el parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionario público; ii) que el funcionario con el cual se tiene el parentesco o vínculo haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar; iii) dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección; iv) en el respectivo municipio o distrito. Para la prosperidad de la pretensión estos presupuestos deben ser acreditados en su totalidad, por manera que de no ser así la pretensión ha de ser desestimada, como aconteció en el caso sub examine en donde el a-quo consideró que lo relacionado con el término dentro del cual se debe ejercer el cargo del cual se predica la autoridad debe serlo dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección. En el asunto sub examine se encuentran acreditados en debida forma los

presupuestos para concluir en que la causal de inhabilidad propuesta por los demandantes se configura; por razón del criterio orgánico al desempeño del cargo de Secretaria de Salud del municipio de Cartago le es inherente la autoridad administrativa. La noción de autoridad ha sido en múltiples oportunidades considerada de la siguiente manera: “La autoridad es el poder o la potestad de mandar u ordenar, disponer, prohibir o sancionar, de conformidad con la Ley, dentro de los límites de la respectiva competencia. La autoridad pública general implica el ejercicio del poder público en función de mando, para una finalidad prevista en la ley y que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, faculta para el ejercicio de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública. Tener autoridad es gozar del ius imperii, estar revestido del Imperium. Y ciertamente no todos los empleados o funcionarios públicos, ni todos los que ejercen una función pública están revestidos del poder del Estado para decir el derecho u obligar a su cumplimiento o para mandar o disponer, con el respaldo de la fuerza pública”1 1 Consejo de Estado - sentencia de diciembre 3 de 1.982. Expediente Número 872. Consejero Ponente Dr. JOAQUÍN

VANIN TELLO.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En una de sus decisiones la H. Sección, con ponencia del H. Consejero doctor Yepes

Barreiro, sobre el concepto de autoridad administrativa discurrió como sigue: “No obstante no existir una definición legal de la autoridad administrativa, la jurisprudencia del Consejo de Estado2 se ha mantenido en la tesis de que para ello bien puede emplearse la acepción que trae el artículo 190 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, sobre la dirección administrativa, que establece: “Artículo 190.- Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias. Esta disposición ha permitido señalar que para identificar si un cargo o empleo público dota a su titular de autoridad administrativa, se puede acudir a los criterios orgánico y funcional. El primero, se obtiene del primer párrafo, en el que se enlistan cargos ubicados en la cúspide de la administración pública local, tales como el alcalde, los jefes de departamento

administrativo o entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales. El funcional, en cambio, no se caracteriza por la posición jerárquica del respectivo empleo, sino por las atribuciones materialmente ejercidas por el servidor público, las cuales deben estar ligadas a competencias concernientes a la celebración de contratos, la ordenación del gasto, la decisión de situaciones administrativas y la potestad disciplinaria. Sobre el ejercicio de autoridad administrativa la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado enfatizó que: “El recorrido por la jurisprudencia de la Sección Quinta sobre la significación y alcance del concepto de “autoridad administrativa”, arroja que ha puesto de presente que se refiere a poder de mando, facultad decisoria y a dirección de asuntos propios de la función administrativa en el funcionamiento del organismo público. Que corresponde al juez determinar, en cada caso concreto, si un 2 Unos cuantos casos así lo demuestran: 1.- Sentencia de 4 de junio de 2009. Expediente 2007-00376. Sección Quinta. C.P. Filemón Jiménez Ochoa. 2.- Sentencia de 2 de octubre de 2009. Expediente 2007-00501. Sección Quinta. C.P. Filemón Jiménez Ochoa. 3.- Sentencia de 30 de noviembre de 2010. Expediente 2010-00087. Sala Plena. C.P. Susana Buitrago Valencia. Y, 4.- Sentencia de 4 de mayo de 2011. Expediente 201000713. Sección Primera. C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co servidor público ejerce o no autoridad administrativa, con el análisis de dos elementos fácticos. El carácter funcional del cargo: el tipo de funciones que tiene asignadas y el aspecto orgánico: el grado de autonomía jerárquica para la toma de decisiones que ostenta en la estructura del organismo. De esta manera, si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, se puede concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa3. En sentencia del 31 de julio de 2009, sostuvo que “autoridad significa “potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada”. Por ello, quien ejerce autoridad es la “persona revestida de algún poder, mando o magistratura”4, y dijo que “la parte de la función pública que ocasiona la causal inhabilitante en cuanto desarrolla “autoridad administrativa”, está relacionada con “la facultad de imponer, decretar, mandar y hacerse obedecer, que haga presumir el ejercicio de autoridad”5. (se resaltó).”6 (Lo resaltado es del original) Y, en esta Sección se ha dicho que: “5.- La autoridad administrativa se ejerce para hacer que la administración funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Se refiere al desempeño de

un cargo público que otorga a su titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de los asuntos propios de la función administrativa que se dirigen al funcionamiento del aparato administrativo (sentencias del 28 de febrero de 2002, del 22 de abril de 2002, del 5 de julio de 2002, del 22 de julio de 2004, del 24 de febrero de 2005 y 13 de octubre de 2005).”7 A su vez, la H. Sección Quinta ha manifestado que para definir el concepto Autoridad administrativa resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley 136 de 19948 en los siguientes términos: 3 Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, rad. 2804, MP. Darío Quiñones Pinilla. 4 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. 1992. Página 165. 5 Sección Quinta, sentencia del 31 de julio de 2009, rad. 2007-00550-01, MP. Susana Buitrago Valencia. 6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de noviembre de 2010. Expediente: 230012331000200800087-03 (IJ). Actor: Carlos Valera Pérez y otros. Demandado: Gobernadora del departamento de Córdoba. C.P. Susana Buitrago Valencia. 7 Consejo de Estado - Sección Quinta. Sentencia de 28 de febrero de 2008. Expediente: 110010328000200600062-00 (3996-3998). Actor: José Antonio Quintero Jaimes y otro. Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento

de Norte de Santander. C.P. Mauricio Torres Cuervo. 8 Sentencia del 19 de noviembre de 1998, expediente 2097

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co “Artículo 190.- Dirección Administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.” Reitera esta Delegada lo dicho en el concepto rendido en el proceso de nulidad de representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Huila. Con la venia de la H. sección se transcribe lo que allí se dijo: “La tesis anterior también ha sido acogida por la Sala Plena de la Corporación. Para esta Sala no es extraña esta noción, por el contrario, señaló que «en lo

atinente a la autoridad administrativa ella es definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que no sólo la tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza de los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenar el gasto, decidir situaciones administrativas laborales e investigar faltas disciplinarias)»9. (…) También se ha dicho en cuanto a la noción Autoridad administrativa, que no obstante no estar definida expresamente por el Legislador, por vía de la interpretación de la norma, se ha de entender como tal aquella que se ejerce para «hacer que la administración funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Todo eso y más, es la autoridad administrativa»10. Así lo sostuvo la Sala Plena del H. Consejo de Estado. (negrillas del Despacho) (…) Con fundamento en los anteriores pronunciamientos resulta claro entonces, que para establecer si el desempeño de determinado cargo público implica el ejercicio de autoridad, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o bien a

9 Sentencia del 8 de mayo de 2007, expediente PI-00016. 10 Sentencia del 9 de junio de 1998, expediente AC-5779.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co un criterio funcional. En virtud del primero es posible entender que el ejercicio de determinado cargo conlleva el de autoridad por tratarse de aquellos a los cuales de conformidad con la ley, les es inherente la autoridad política o la dirección administrativa como manifestación de la autoridad administrativa. Y acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de autoridad, en atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto. Conforme al primero de los criterios que señala la norma para determinar el ejercicio de autoridad administrativa, es decir el orgánico, esta autoridad se ejerce y predica en el nivel municipal “Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales”. 11 Ahora bien, acierta el a-quo la desestimar el argumento del apoderado judicial de la electa concejal cuando afirma que no hay ejercicio material de la función, pues ese ejercicio no se requiere para efectos de la configuración de la causal de inhabilidad.

Se reitera que correspondiendo el cargo de Secretario de Salud a uno de los que enlista el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, por virtud del criterio orgánico se concluye que el desempeño de éste, como ya se dijo, inhabilita a la electa concejal pues de éste se infiere el ejercicio de autoridad administrativa, por tal razón se ha de confirmar la sentencia objeto del presente recurso de apelación. III CONCLUSIÓN Con fundamento en las consideraciones anteriores esta Agencia del Ministerio Público de manera respetuosa le solicita a la H. Sala que confirme la sentencia de fecha 10 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto en ella se declaró nula la elección de la señora Mónica María Orozco Vélez como concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca) para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 . 11 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de estado – concepto de marzo de 2015 - Proceso número: 11001 03 28 000 2014 00022 00 - Radicado interno número: 2014 – 0022 - Actor: Wilfrand Cuenca Zuleta - Asunto: Nulidad de la elección de la ciudadana Flora Perdomo Andrade como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Huila, período 2014 – 2018.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955

Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En concepto de esta Agencia del Ministerio Público se han de revocar los numerales tercero y cuarto de la sentencia recurrida por cuanto que este asunto se encuentra regulado de manera expresa en la Constitución Política y la Ley y será conforme a estas disposiciones que se proceda a suplir la vacante que se origina como consecuencia de la decisión de primera instancia. De los HH.MM.,

JUAN CLÍMACO JIMÉNEZ CASTRO

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado

JCJC/GASC

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