PGN - DEMANDA Tasación de perjuicios materiales referidos a la pérdida de las hectáreas de

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Empresa Colombiana de Petróleos, debe responder administrativamente por los perjuicios ocasionados por la contaminación de crudos RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Responde por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas El artículo 90 de la Constitución Política establece la responsabilidad a cargo del Estado cuando por las acciones u omisiones de los servidores públicos se genera un daño antijurídico a quien no tiene la obligación de soportarlo. DEMANDA-Tasación de perjuicios materiales referidos a la pérdida de las hectáreas de tierra y el lucro cesante No obstante, el daño alegado por el actor no es que en su finca se encuentren manchas de las sustancias provenientes de los pozos de ECOPETROL, que es en principio por lo que respondería la empresa demandada de manera objetiva, al ser la propietaria de las sustancias en virtud de lo señalado en la Plan Nacional de Contingencias, sino que los terrenos donde se encuentra el material oleaginoso se encuentran contaminados lo cual impide las actividades agroganaderas para las que se usa la Hacienda, de allí que la tasación de los perjuicios materiales contenido en la demanda se refieren a la perdida de las hectáreas de tierra y el lucro cesante. PROCESO-La causa eficiente del daño y el daño antijurídico deben estar debidamente probados La causa eficiente del daño y el daño antijurídico son temas diferentes que deben estar debidamente probados en el curso del proceso, la primera, se refiere al origen o el por qué se da determinado resultado, y el segundo, es la consecuencia de lo anterior con el adicional

que debe ser una secuela que el perjudicado no este obligado a padecer para que adquiera la característica de antijurídico. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL-La carga de la prueba le corresponde a la parte actora La carga de la prueba para acreditar el daño reclamado, esto es, la contaminación de la tierra, le correspondía a la parte actora, de conformidad con lo señalado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual no se establece con lo arrimado en el acervo probatorio pese a la existencia de abundante material probatorio sobre la causa de la contaminación. DAÑO ANTIJURÍDICO-No se probó el daño causado, es decir la contaminación de la tierra Corolario de lo expuesto, a juicio de esta Delegada, se acreditó en el curso del proceso la posible causa del perjuicio – existencia de material oleaginoso sobre la tierra y mantos de agua – en terrenos de propiedad del actor, pero no se probó el daño causado – contaminación de la tierra – que impidiera realizar las actividades para las que esta Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 destinada la finca, y en consecuencia tampoco se probó el nexo causal entre la primera y el segundo. Bogotá D.C., 20 de junio de 2011 Doctor

MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-128

Acción de Reparación Directa Radicado: 68001233100020000234201 (40640)

Actor: José Alejandro Henao Arango Demandado: Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROLHonorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia el cual se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y que como se verá, concluye con la solicitud de que se confirme la

sentencia, con fundamento en lo siguiente: ANTECEDENTES 1-. Demanda Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 El señor José Alejandro Henao Arango en ejercicio de la acción de reparación directa presentó demanda contra la Empresa Colombiana de Petróleos, con la pretensión de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales a él causados por la contaminación por crudos, sobre un sector de su predio “Hacienda Bufalera Oro Negro” ubicada en la vereda Galán, municipio de Barrancabermeja, durante el lapso comprendido entre el 19 al 23 del mes de diciembre de 1999,

originado por el aumento de las aguas del río Magdalena que dio lugar a una inundación de los pozos de propiedad de la Empresa demandada, al arrastre del crudo y su diseminación en un área aproximada de doscientas hectáreas. 2-. Contestación de la demanda La Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROLdio respuesta a la demanda. En relación con las pretensiones se opuso. Frente a los hechos, aceptó unos, negó algunos y se atuvo a lo probado con respecto de los otros. Propuso las excepciones de falta de jurisdicción y nulidad de lo actuado, inexistencia de daños o perjuicios aducidos por el demandante, inexistencia de obligación y falta de legitimación en la causa. 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo de Santander declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad accionada y denegó las pretensiones de la demanda, al considerar, en síntesis, lo siguiente: “(…) Pues bien, del acervo probatorio atrás referido puede concluirse que se advierte cierta afectación del predio ubicado en la vereda Galán del municipio de Barrancabermeja de propiedad del señor José Alejandro Henao Arango, por el desarrollo de una actividad legítima de la Administración, como lo es la explotación de petróleo por parte de la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROLen la medida en que allí se encuentran ubicados 15 pozos petroleros, sin embargo en ningún momento quedó establecido dentro de este proceso judicial que haya existido contaminación por hidrocarburos en la finca Bufalería Oro Negro con ocasión a inundaciones ocurridas entre los días 19 y 23

de diciembre de 1999, pues dentro del mismo dictamen pericial se establece que el derrame de hidrocarburos puede tener lugar debido al mantenimiento que se le realiza a los pozos o por el hurto de las tuberías, sin precisar de forma clara y concreta que dicho derrame se hubiere producido en la fecha aducida por la parte actora. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 Cabe así mismo señalar que el material probatorio recaudado no resultó suficiente para establecer con total precisión que clase de sustancia era la que se encontraba en los cuerpos de agua localizados dentro de los terrenos de la finca de propiedad del accionante, circunstancia que impide fijar en cabeza de la entidad accionada la responsabilidad por los daños aducidos por la parte actora. (…)”. 4-. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión antes mencionada con fundamento en los siguientes argumentos: “(…) La existencia del daño [se acredita con varios elementos de convicción (fotografías, declaraciones y dictamen pericial)] que demuestran los daños causados por los derrames de crudos, (…), en el cual el experto corrobora y explica en el mismo, los daños causados por los derrames de crudo en la propiedad de persona que represento. (…) A folio 296 de la mencionada acta se observa que la empresa demandada

acepta que ha habido contaminación en el predio del demandado, por hurto de la tubería (sic) conectan los pozos, a lo cual el perito designado expresa que el pozo No. 77 presenta las mismas características de los pozos visitados, lo cual no tiene la cuneta para recoger el alivio, por lo que las correntías (sic) o excesos se dirigen a los cuerpos de agua de los potreros de la finca de mi poderdante. Corrobora lo dicho en líneas anteriores, la descripción que hace el perito de la situación encontrada en cada uno de los pozos de la empresa demandada en el área afectada del predio “Bufalera Oro Negro”, en el que da cuenta de la presencia de crudos en las aguas y petróleos. Lo anterior demuestra a las claras la existencia del daño que ha sufrido el demandante en su propiedad, originado por la contaminación con crudos de petróleo, el que le ha causado un grave perjuicio patrimonial, tal como lo expresa en el interrogatorio de parte absuelto ante el despacho del juzgado comisionado. Luego disiento, respetuosamente de la decisión tomada por el Tribunal en la que afirma que no hay prueba de la contaminación en la propiedad de mi representado, porque ella existe en el proceso y es suficiente para que la entidad demandada sea condenada a indemnizar los perjuicios irrogados al administrado. Que el daño se imputable al Estado. De acuerdo con el Decreto 030 de 1951, ECOPETROL es la empresa encargada (sic) explorar, extraer, transformar, transportar y comercializar los recursos de petróleo y sus derivados en el país. De igual manera quedó demostrado que los derrames proviene de la

insuficiencia de los contra pozos, que no tienen la capacidad suficiente para almacenar los sobrantes de crudo resultante de la explotación así como del mantenimiento que la empresa hace a los mismos. (…) Que el daño sea antijurídico es el tercer y último presupuesto para que el Estado esté en la obligación de reparar. El daño antijurídico fue consagrado expresamente en el artículo 90 de la Constitución Política como fuente de responsabilidad del Estado y con ello la responsabilidad objetiva tiene fundamento constitucional. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 (…) Para nadie es un secreto que ECOPETROL es una empresa industrial y comercial del Estado encargada de la exploración, explotación y refinería del petróleo, cuya actividad es generadora de riesgo que cumple en provecho de la colectividad, por lo que las cargas que de aquellos puedan derivarse no debe gravar más a unos ciudadanos que a otros, de donde resulta que cualesquiera que obtenga beneficios de una actividad generadora de riesgos asume la responsabilidad que de éstos se deriven, según el sentido de varios pronunciamientos de esa honorable Corporación. (…)”. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿De las pruebas aportadas al proceso se puede inferir la responsabilidad patrimonial a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROLy a

favor de la parte actora?. SUPUESTOS FACTICOS PROBADOS De los elementos de convicción arrimados al proceso se puede deducir que: A finales del año 1999 ocurrió una creciente del Río Magdalena y se inundo el sector donde se encuentra ubicada la finca de propiedad del actor, se salió el crudo de las trampas y según los testigos afectó los potreros en el que se encuentra bastante crudo regado y a los animales que pastaban en ese sitio. En algunos sitios del terreno de propiedad del actor se encuentran residuos de material oleoso, lo cual se debe, según el dictamen pericial, a que se encuentran “15 pozos petroleros, lo cuales presentan algunas características o particularidades, muy importantes como son: el hecho de que la cota o el nivel en que se encuentran los pozos son más altas que las que presentan el terreno de la finca, razón por la cual se agudiza el Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 problema debido a que todas las escorrentías están dirigidas hacia los terrenos de la finca, específicamente a los cuerpos de agua que son formados ya sea por la lluvia o por otros factores, los cuales están haciendo parte del hábitat de los animales existente (sic) allí; la mayoría de estos pozos poseen contra pozo y trampa, las cuales tienen como fin albergar

fluidos ya sea petróleo o aceites, productos de los mantenimientos que se hacen a dichos pozos, pero cabe anotar que en ocasiones el contra pozo resulta insuficiente para contener la cantidad de fluido debido a que las dimensiones o las profundidades son mínimas, (…), es necesario aclarar que primeramente cuando el contra pozo no logra contener el exceso de petróleo, este cae en zona que rodea al pozo y que legalmente le pertenece a ECOPETROL, pero debido a la condición del terreno expuesta anteriormente, puede significar o convertirse en problemas debido a la dirección o escorrentía que puede tomar este exceso o derrame de petróleo”. Sobre el terreno de propiedad del actor pesa un gravamen de servidumbre de oleoducto de mayor extensión. No se acreditó el grado de contaminación de las tierras, vegetación y aguas ni tampoco la clase y número de animales afectados. ANÁLISIS JURÍDICO El artículo 90 de la Constitución Política establece la responsabilidad a cargo del Estado cuando por las acciones u omisiones de los servidores públicos se genera un daño antijurídico a quien no tiene la obligación de soportarlo. El decreto 321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”, señaló en el artículo quinto los principios fundamentales para guiar la implementación, ejecución y actualización del mencionado plan, y en el numeral octavo respecto de la responsabilidad consagró: Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 “(…) En casos de derrames de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas que puedan afectar cuerpos de agua, el responsable de la instalación, operación, dueño de la sustancia o actividad de donde se originó el derrame, lo será así mismo integralmente de la atención del derrame. En su defecto las entidades que conozcan de la ocurrencia del derrame o las personas que tengan entrenamiento en la atención de este tipo de emergencias se harán cargo del manejo del evento, y en ningún momento serán responsables por los daños causados por el derrame”. A juicio del recurrente el daño antijurídico se encuentra acreditado en el sub examine con los elementos de convicción aportados al proceso a través de los cuales se prueba que los terrenos de propiedad del actor se encuentran contaminados por el material oleoso que proviene de los pozos de propiedad de ECOPETROL. De conformidad con las normas antes mencionadas, en especial, el principio de responsabilidad a cargo del propietario de la sustancia que se derrama, se puede establecer que sería responsable la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROLen la medida en que es la propietaria de los pozos que se encuentran instalados en los predios aledaños al demandante. El acervo probatorio, tanto testimonial como pericial, es claro en señalar que el material procedente de los pozos de propiedad de ECOPETROL se filtra en terrenos aledaños de propiedad del demandante, desde antes de la inundación del río Magdalena ocurrida en el año 1999, mencionada por los testigos, y después de esa

fecha en razón a las tareas de mantenimiento. Los hechos de la inundación y las actividades de mantenimiento como causantes de que las sustancias provenientes de los pozos de propiedad de ECOPETROL se posen en parte de los terrenos del demandante fueron señalados en los fundamentos de hecho de la demanda como los causantes de los perjuicios irrogados al demandante por la contaminación de la tierra y de los mantos de agua que corren en ella. No cabe duda como lo señala el recurrente que la causa de la existencia de manchas de sustancias oleoginosas tanto en la tierra como en el agua es de los residuos provenientes de las actividades que se realizan en los pozos de propiedad de Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 ECOPETROL que se dirigen a los predios del actor debido a las condiciones topográficas del terreno y a las temporadas de lluvia. No obstante, el daño alegado por el actor no es que en su finca se encuentren manchas de las sustancias provenientes de los pozos de ECOPETROL, que es en principio por lo que respondería la empresa demandada de manera objetiva, al ser la propietaria de las sustancias en virtud de lo señalado en la Plan Nacional de Contingencias, sino que los terrenos donde se encuentra el material oleaginoso se encuentran contaminados lo cual impide las actividades agroganaderas para las que

se usa la Hacienda, de allí que la tasación de los perjuicios materiales contenido en la demanda se refieren a la perdida de las hectáreas de tierra y el lucro cesante. La causa eficiente del daño y el daño antijurídico son temas diferentes que deben estar debidamente probados en el curso del proceso, la primera, se refiere al origen o el por qué se da determinado resultado, y el segundo, es la consecuencia de lo anterior con el adicional que debe ser una secuela que el perjudicado no este obligado a padecer para que adquiera la característica de antijurídico. La causa como ya se expuso se encuentra altamente acreditada, no obstante, el resultado de esa causa o sea el daño antijurídico alegado no está probado en su totalidad, en la medida en que los testigos aseguran que con la inundación ocurrida en el año 1999 por el río Magdalena se murieron 5 búfalos, hubo disminución de la producción pero no hay pruebas que indique el grado de contaminación existente en la tierra y en la vegetación de la misma que impidan las actividades propias de la finca. La aseveración de que no se encuentra probado la antijuridicidad del daño se fundamenta en lo siguiente:  La hacienda Bufalería Oro Negro, es un predio que englobó terrenos de propiedad de varias personas, la cual se encuentra gravada con una servidumbre de oleoducto en mayor extensión desde el año 1968. Dicha servidumbre como se conoce es un derecho real que limita el derecho a la Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 propiedad que tiene el actor sobre la hacienda, de conformidad con las normas del Código Civil y que por ello, el propietario asume ciertas restricciones.  En el curso del proceso se manifestó por uno de los testigos que el área afectada de la hacienda eran aproximadamente 200 hectáreas, y en el dictamen pericial, oportunidad probatoria para concretar el daño reclamado, se expresó: “Todo esto da una idea general de la magnitud que puede llegar alcanzar el problema y que nos indica que su área de influencia puede oscilar entre 200 y 230 hectáreas de tierra dentro de la finca”.  El testimonio no es la prueba reina sobre el área de determinado predio, salvo que se haya apoyado en alguna técnica de medición. De las pruebas recaudadas la única que hubiese determinado el área y el grado de contaminación de las tierras afectadas por las manchas oleoginosas era el dictamen pericial o la peritación técnica de entidades oficiales solicitada a la Universidad Industrial de Santander –UIS-.  Como se puede observar del peritaje presentado en el curso del proceso no se puede precisar el área afectada por las manchas oleoginosas, en la medida en que sólo se limitó a señalar en forma aproximada “el área de influencia” del problema, pero no la porción de terreno efectivamente perjudicado por causa del aquel.  En el mismo dictamen se señala que “en el inmueble pastan los animales (…) los cuales se encuentran repartidos por toda la zona”, y más adelante, indica que “los animales relacionados (…) se encuentran específicamente en los

terrenos donde no han presentado enfermedades o problemas relacionados con su rendimiento y condición, a causa de dicha contaminación”, lo cual es indicativo que para la fecha de la experticia se podía demarcar de manera fehaciente el espacio de tierra que se distinguía por tener manchas oleoginosas y no se hizo. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081  Otra circunstancia que impide demostrar la existencia del daño antijurídico es que no se pudo determinar el número de potreros y su área en razón a que “estos se [iban] cambiando constantemente”, lo cual impedía calcular lo peticionado en el dictamen. Aunado a lo anterior, el peritaje tiene un alto contenido de conclusiones indicativas de posibilidades, las que no permiten tener certeza sobre las consecuencias de las sustancias oleoginosas sobre sectores del predio que constituyen la causa del daño y no el daño en si mismo considerado, tales como:  “(…) También se observó, la presencia de manchas atrapadas en la maleza, lo que indica que se puede estar interfiriendo en los proceso fotosintéticos necesarios para el desarrollo natural de la vegetación y de aquellos organismos dependientes de estos procesos”.  “De esta manera queda claro que en esta condición el terreno es más vulnerable si se trata de agentes contaminantes que puedan alterar las características físico – químicas de la zona”.

 “Todo esto da una idea general de la magnitud que puede llegar alcanzar el problema, y que nos indica que su área de influencia puede oscilar entre 200 y 230 hectáreas de tierra dentro de la finca”.  “En la fotografía No. 06, 07, 08, 09, 10 y 11 se observa el pozo Galán 68 en la actualidad donde se adelantan trabajos de mantenimiento y se muestra claramente que se construye un canal que va desde el contra pozo donde se acumula material residual derivado del mismo pozo, y que tiene como destino final los terrenos dentro de la finca Bufalería Oro Negro, esto demuestra que las afirmaciones no son falsa (sic)) y que si existen evidencias de los posibles daños causados a la finca por vertimiento de material proveniente de los pozos. Estas fotografías fueron tomadas en Mayo del 2007”. (cursivas fuera de texto). En el libelo introductorio se solicitó peritación técnica de entidades oficiales para ser pedida a la Universidad Industrial de Santander, la que fue ordenada mediante auto de pruebas y solicitada a través de oficio No. 680420002342 R.G. por el Tribunal Administrativo de Santander. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 La Universidad Industrial de Santander frente a la petición antes mencionada respondió, mediante oficio de 17 de septiembre de 2003, que poseía el personal para

realizar la labor y el costo que debía asumirse para la realización de la prueba. Respecto de dicho oficio la parte actora guardó silencio, y culminó la etapa probatoria y no insistió ni aportó los elementos necesarios para su práctica. A juicio de esta Delegada, dicha prueba era la que determinaba si el daño reclamado en la demanda, esto es la contaminación de las tierras, efectivamente se causó y que el origen de ella fueron las manchas oleoginosas que se encontraron en el sector. No se puede dejar de lado que las pretensiones de la demanda están dirigidas a lograr el reconocimiento de los perjuicios ocasionados “por la contaminación por crudos, sobre un sector del predio Hacienda Bufalera Oro Negro” y por ello, el acervo probatorio debió estar dirigido a probar esa contaminación y su cuantificación, situaciones estas que no se pueden deducir sólo por la presencia de sustancias provenientes de los pozos en partes del terreno porque también hay elementos indicativos de que ECOPETROL ha realizado actividades para recuperar el sector. Ahora bien, si bien es cierto, las reglas de la experiencia indican que la presencia de materiales derivados del petróleo ejerce una influencia negativa en el ambiente vegetal de la zona, también es cierto, que dicha influencia puede ser contrarrestada con las actividades correspondientes a la recuperación de la misma. Por ello, aun cuando se encuentra probada la causa del daño, esto es, la presencia de manchas oleoginosas tanto en la tierra como en mantos de agua ubicados en la finca, que puede ser indicativa de contaminación del sector, este hecho indicador no es suficiente para declarar la existencia de dicha contaminación alegada como el

daño causado, porque así mismo se encuentran los elementos de convicción que permiten deducir la realización de actividades para la recuperación de la zona. La carga de la prueba para acreditar el daño reclamado, esto es, la contaminación de la tierra, le correspondía a la parte actora, de conformidad con lo señalado por el Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual no se establece con lo arrimado en el acervo probatorio pese a la existencia de abundante material probatorio sobre la causa de la contaminación. Corolario de lo expuesto, a juicio de esta Delegada, se acreditó en el curso del proceso la posible causa del perjuicio – existencia de material oleaginoso sobre la tierra y mantos de agua – en terrenos de propiedad del actor, pero no se probó el daño causado – contaminación de la tierra – que impidiera realizar las actividades para las que esta destinada la finca, y en consecuencia tampoco se probó el nexo causal entre la primera y el segundo. Ahora bien si en gracia de discusión se diera por probado de manera objetiva la responsabilidad de ECOPETROL por la existencia de las sustancias oleoginosas en los terrenos de propiedad de la parte actora, en virtud de la aplicación del principio de responsabilidad contenido en el Plan Nacional de Contingencia, es de anotar, que

tampoco habría lugar a condenar a la entidad en la medida en que este no es el daño peticionado en el líbelo introductorio sino la contaminación de las tierras la cual no se puede presumir en virtud a que aquella puede ser en mayor o menor grado. CONCEPTO Respecto del problema jurídico planteado se tiene por las pruebas obrantes en el caso bajo estudio y las anteriores consideraciones, que no se haya probado en el proceso el daño causado, esto es, la contaminación de las tierras. Esta Procuraduría Delegada deja a consideración de la Honorable Sala de Decisión el presente concepto, mediante el cual solicita confirmar la sentencia de primera instancia. Del señor Consejero, Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 12 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081 ISNARDO JAIMES JAIMES Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 13 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020000234201 (40640) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-212081