PGN - DEMANDADO La causal de inhabilidad invocada no puede predicarse de este

NULIDAD ELECTORAL-Del acta de escrutinio E-26 CAM por el cual se declaró electo a Representante a la Cámara por Guainía período 2022-2026 por presunta inhabilidad del numeral 3 del art.179 Constitucional LEGISLADOR-Tiene la discrecionalidad para preveer las causales de inhabilidad e incompatibilidad sin más limitaciones que las que surjan de la carta política INHABILIDADES-Son restricciones fijadas por el constituyente o legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas según jurisprudencia de la Corte Constitucional CONTRATO-Actividades posteriores a la celebración de este no constituyen gestión de negocios, según sentencia del Consejo de Estado INHABILIDAD-Para que se configure por gestión de negocios se hace necesaria la presencia de ciertos elementos INHABILIDAD-Elementos que debe reunir cuando es por gestión de negocios según jurisprudencia del Consejo de Estado INHABILIDAD-Por celebración de contratos según sentencia del Consejo de Estado CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-Características esenciales de estas según sentencia de la Corte Constitucional DEMANDADO-La causal de inhabilidad invocada no puede predicarse de este ….si bien el accionado…..ostentó la calidad de representante legal como gobernador del Cabildo Resguardo Paujil-Limonar dentro del período inhabilitante del artículo 179-3, se predica su condición de una entidad que no tiene a su cargo la administración de tributos y contribuciones parafiscales, pues en el plenario no se encuentra probada dicha circunstancia ni tampoco se advierte disposición legal que así lo determine. Los tributos

consisten en impuestos, contribuciones y tasas, según la intensidad del poder de coacción y el deber de contribución implícito en cada modalidad, de los cuales están exentos los Resguardos y Cabildos Indígenas, por lo que es imperativo advertir que la causal de inhabilidad invocada no puede predicarse del demandado, respecto del supuesto relativo a “haber desempeñado la representación legal de entidades que administren tributos y contribuciones parafiscales”. Sumado a que los tributos son recaudados y administrados directamente por la administración pública, en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian– (art. 4 del Decreto 1071 de 1999), o por otros entes denominados recaudadores Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co indirectos, lo cual no está en cabeza de los resguardos o cabildos indígenas, pues no ostenta la naturaleza de entidades territoriales, bajo el criterio de una ley de ordenamiento territorial que así lo conceptualice.

PRUEBAS RECAUDADAS-Evidencian la no configuración de la causal de anulación del numeral 5 del art. 275 del C.P.C.A ….Todo lo expuesto lleva a afirmar que, de acuerdo con los hechos narrados, los documentos arrimados al proceso y, las normas aplicables, no se evidencia que en la elección de…… como Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía para

el período 2022-2026, se configure la causal de anulación dispuesta en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, pues resulta claro que el demandado no estaba inmerso en la causal de inhabilidad prescrita en el artículo 179-3 de la Constitución Política, según se dejó decantando. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 2 Bogotá, D.C., 11 de enero de 2023 Concepto No. 2023-01-NE001 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00030-00 (P) 11001-03-28-000-2022-00060-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL, artículos 137-3 y 275-5 de la Ley 1475 de 2011

DEMANDANTES: ÓSCAR ANDRÉS LEMUS FORERO y MIGUEL

HERNÁN CIFUENTES DAZA

DEMANDADO: ALEXANDER GUARÍN SILVAREPRESENTANTE A

LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO GUAINÍA PERIODO 20222026

ASUNTO DE INTERÉS: INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE

CONTRATOS.

Respetado Magistrado, Dentro del término concedido mediante auto de 25 de octubre de 2022, intervengo

como agente del Ministerio Público para rendir concepto dentro del proceso en que se discute la nulidad del acto de elección de ALEXANDER GUARÍN SILVA como Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía, período 20222026.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 10 de diciembre de 2021, ALEXANDER GUARÍN SILVA, avalado por el Partido Social de Unidad Nacional “Partido de la U”, inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes por el Departamento de Guainía1. 1.1.2. El 13 de marzo de 2022, se llevaron a cabo las elecciones para elegir Congreso de la República. Según acta de escrutinio E-26 CAM, del 16 de marzo de 2022, ALEXANDER GUARÍN SILVA resultó electo a la Cámara de Representantes por el Departamento de Guainía. 1.1.3. En las fechas, 29 de abril de 2022 y 24 de mayo de 2022, se admitieron sendas demandas contra el acto de elección E-26 CAM, del 16 de marzo de 2022, con el cual se declaró electo al accionado. 1.2. Cargo de las demandas 1 Tomado del Formulario E-6, anotación 30 SAMAI.

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Página 3 Las demandas de OSCAR ANDRÉS LEMUS FORERO, 2022-00030 y MIGUEL

HERNÁN CIFUENTES DAZA, 2022-00060-00 fueron objeto de acumulación el 8 de agosto de 2022, de acuerdo con el artículo 282 del CPACA. Los argumentos esbozados en los libelos introductorios se concentran de manera única, en que se desconocieron los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, tal y como lo señala el ordinal 5 del artículo 275 del CPACA y la causal genérica del artículo 137 del mismo código2, con ocasión de la elección de ALEXANDER GUARÍN SILVA como Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía, período 2022-2026. Se concretan los alegatos de censura, en que el demandado suscribió el contrato 396 de 9 de septiembre de 2021, para la administración de los recursos de la asignación especial del Sistema general de Participaciones para los resguardos indígenas, con el municipio de Inírida (Guainía), el cual se ejecutó en el resguardo indígena Paujil - Limonar, en donde se destinaron los recursos al mejoramiento de las viviendas hasta el 30 de noviembre de 2021; es decir, dentro de los 6 meses anteriores a su elección. Se considera que el demandado realizó inversiones tres meses antes de las elecciones, lo que le permitió obtener un número importante de votos y una curul en la Cámara de Representantes, pues ejecutó obras con dineros públicos para encaminar a los votantes en su favor y lograr ser electo. En ese mismo sentido, se sostiene que, si bien el contrato fue suscrito 6 meses y 4 días

antes de la fecha de elección, era importante tener en cuenta que el acuerdo se dio en interés de terceros, el cual se extiende más allá a la firma de este; es decir, a su ejecución. Bajo esas consideraciones, los accionantes invocaron los artículos 139 y 275-53 del CPACA, para argumentar que, GUARÍN SILVA, electo como Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía, incurrió en la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 179 Constitucional, la cual señala que no podrán ser congresistas “quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”. Finalmente, en el expediente 2022-00060, al momento de subsanarse la demanda, se sostuvo por el demandante “…que se configura el supuesto normativo referido a que el demandado ostentó la calidad de representante legal de entidades que administran tributos o contribuciones parafiscales, ello dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”, en relación con su calidad de gobernador de un resguardo indígena. 1.3. Fijación del litigio Mediante auto del 25 de octubre de 2022 se fijó el litigio en los siguientes términos: 2 En el proceso 2022-00066-00 también se consideraron vulneradas las normas 40 y 258 de la Constitución Política, 1, 8 y 28 de la Ley 1475 de 2011, 279 y 280.3 de la Ley 5 de 1992, lo que se traduce en el

señalamiento de las causales de inhabilidad para congresistas. 3 “Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 “a) ¿El demandado se encontraba inhabilitado, en los términos del ordinal 3° del artículo 179 de la Constitución Política, por haber celebrado contratos, en nombre propio o de terceros, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de las elecciones (13 de marzo de 2022)? b) De probarse la celebración de contratos a la que se refiere el apartado anterior ¿La ejecución de las obligaciones contractuales, llevada a cabo por demandado, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de las elecciones (13 de marzo de 2022), permite estructurar la inhabilidad establecida en el ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política? c) ¿El demandado, en su condición de gobernador del resguardo Indígena el Paujil, administró tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de las elecciones (13 de marzo de 2022) y, de haberlo hecho, dicha actividad configura la inhabilidad establecida en el ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política? 1.4. Traslado para alegar Con providencia de 25 de octubre de 2022, el magistrado ponente, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, literales a) y d), adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, en atención a que se negó el decreto y práctica de pruebas, resolvió: (i) tener como prueba los documentos allegados por las partes con las demandas y las contestaciones; (ii) fijar el litigio de la controversia jurídica; y, (iii) luego de ejecutoriada la decisión, correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente4.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde determinar si es procedente la nulidad del acto -acta de escrutinio E-26 CAM, del 16 de marzo de 2022-, mediante el cual se declaró electo a ALEXANDER GUARÍN SILVA como Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía, período 20222026.

Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la interpretación de las inhabilidades; ii) la causal de inhabilidad alegada; y, iii) fijará postura sobre el caso concreto, tenido como marco los interrogantes prescritos en la fijación del litigio. 2.1.1. Interpretación y aplicación de las inhabilidades El legislador tiene la discrecionalidad para prever las causales de inhabilidad e

incompatibilidad, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. Es decir, que a esta corporación le corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad, así como 4 En la anotación 80 del SAMAI se fijó la constancia de traslado para alegar y conceptuar entre el 6 de diciembre de 2022 y el 11 de enero de 2023. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas.

Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que: “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo Cfr. Corte Constitucional”5. (Negrilla fuera de texto). En la sentencia C-200 de 2001 estableció que el legislador tiene un margen de

discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente a la situación del juez u operador jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos y, por tanto, cualquier interpretación en contra se entenderá contraria al artículo 40 constitucional y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En la sentencia C-439 de 2016, se indicó que la Constitución Política es la que le confiere al Congreso de la República el ejercicio de la función legislativa del Estado, para que por su intermedio se fijen las reglas jurídicas llamadas a gobernar las relaciones políticas, sociales y económicas en los distintos periodos de la vida estatal. 2.1.2. La inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política El texto de la inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 constitucional, determina que: “ No podrán ser congresistas: (…)

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. (…)” La primera parte del numeral trascrito contiene dos conductas o hechos inhabilitantes: la primera, la gestión de negocios; la segunda, la celebración de contratos.

El último apartado, consagra una inhabilidad adicional; esto es, la relacionada con la representación legal de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo Departamento. Respecto de la inhabilidad por gestión de negocios, que impide el acceso a varios cargos de elección popular, conviene destacar que ha sido justificada por la Sección Quinta, en la 5sentencias C-380-97; C-200-01 y C-1212-01. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 necesidad de evitar dos circunstancias: i) que el particular que gestiona el negocio saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y ii) que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular6.

La conducta, de acuerdo con la Sección, “consiste en la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado”7. Además, ha sido descrita como la participación o realización de diligencias por parte del candidato, ante entidades públicas, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio que puede o no tener carácter lucrativo; es decir, el interés del candidato puede

consistir en la imagen preponderante que puede otorgarle ante el electorado el hecho de tomar parte en diligencias y trámites antes las entidades públicas8. Ha resaltado la jurisprudencia que la gestión i) debe ser realizada directamente por quien luego es candidato o elegido y ii) tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.”9 Conviene destacar que la Sección, de manera contundente ha indicado que las actividades posteriores a la celebración de un contrato no constituyen gestión de negocios: “… la jurisprudencia ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato estatal.10 Son las diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete.11 Siendo así, mucho menos constituyen gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el Estado, como las relacionadas con su ejecución o liquidación.12”13 (Negrillas añadidas) 6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 31 de julio de 2009. Expediente: 2007-00244-02, reiterada en sentencia de 5 de marzo de 2012, expediente 11001-03-28-000-2010-00025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro a su vez reiterada en la sentencia de 3 de septiembre de 2020, expediente: 11001-03-28-0002020-00010-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 5 de marzo de 2012. Expediente: 11001-03-28-0002010-00025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 8 Sentencia de 13 de septiembre de 2007, Rad. 11001-03-28-000-2006-00045-00(3979-3986). Actor: Humphrey Roa Sarmiento y otro. Demandado: Representantes a la Cámara por el Departamento de Boyacá, M.P. Susana Buitrago Valencia. 9 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 21 de abril de 2009.

Expediente: 2007-00581(PI), reiterado en sentencia de 5 de marzo de 2012, rad: 11001-03-28-000-201000025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 13 de agosto de 2004, Expediente: 3944-3957. 11 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de octubre de 2002, Rad. PI-046 y Sección Quinta, sentencia de 13 de septiembre de 2007, Expediente 3979-3986. 12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 10 de marzo de 2005, Expediente: 3451. 13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 5 de marzo de 2012. Expediente: 11001-03-28000-2010-00025-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. Reiterada en sentencia de 25 de octubre de 2018,

Expediente: 11001-03-28-000-2018-00018-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Página 7 La jurisprudencia14 ha indicado que los elementos de la gestión de negocios son: i) Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuentan seis meses hacia atrás. ii) Elemento material u objetivo: la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado o participar en trámites negociales ante autoridades públicas en interés propio o de terceros. iii) Elemento territorial: que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe efectuarse la elección. iv) Elemento subjetivo: la gestión tiene que ser potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente. Debe destacarse que “[l]a gestión de negocios también ha sido definida por esta Sala Electoral como ‘(…) las tratativas precontractuales sin que se requiera en efecto la culminación o logro de la celebración del contrato o negocio jurídico de que se trate (…)’15.”16 (Negrilla añadida). Ahora bien, es relevante señalar que, una vez celebrado el contrato, la causal de inhabilidad será, valga la redundancia, la celebración de contratos, y no la intervención en la gestión, en atención a que aquel ya se materializó. Así lo ha expuesto la Sala Electoral:

“Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios propiamente dicha. Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de terceros”.17 (Negrilla del texto original). Por su parte, lo que refiere a la segunda conducta inhabilitante señalada en el artículo 179 constitucional; esto es, la celebración de contratos, debe recordarse que la Sección Quinta ha precisado sus elementos, los cuales deben ser concurrentes18. Veamos: 14 Ver CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00090-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-00110-00). Sentencia de 28 de marzo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de 13 de diciembre de 2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente

11001-03-28-000-2018-00018-00. Sentencia de 25 de octubre de 2018. M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-0328-000-2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P.: Susana Buitrago Valencia. 15 Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandada: Ana María Rincón Herrera, Representante a la Cámara por el departamento del Huila. 16 CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta. Sentencia de 25 de octubre de 2018, Expediente: 11001-03-28000-2018-00018-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 17 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 18 de noviembre de 2008 M.P. Mauricio Torres Cuervo. Radicación No. 11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI). 18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Expediente: 13001-23-33-000-2018-00417-01. Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Elementos reiterados en la sentencia de 3 de septiembre de 2020, expediente: 11001-03-28-000-2020-00010-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, los cuales, si bien se refirieron al caso de un gobernador, mutatis mutandi, son aplicables al presente proceso. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8  Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuentan seis meses hacia atrás.  Elemento material u objetivo: consistente en intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas. Sobre el punto, la Sección ha establecido que aquella incluye la participación directa de las partes del contrato; es decir, para que se entienda configurada esta inhabilidad debe existir intervención directa y personal del candidato quien debió haber participado en la celebración del negocio jurídico. Resaltando que, la conducta prohibida es “celebrar”, lo que deriva en que las actividades relacionadas con la ejecución y/o liquidación del contrato se entienden ajenas a la inhabilidad.  Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el Departamento o en alguno de sus municipios, para el cual resultó electo.  Elemento subjetivo: la intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales al candidato o a terceros.

En decisiones recientes, la Sala Electoral19, reafirmó que la comprensión de la gestión negocios como las actuaciones previas a la obtención del provecho, de la celebración del acuerdo, ha permitido destacar que las acciones atinentes a la ejecución o liquidación de contratos estatales dentro del periodo inhabilitante, no son constitutivas de la causal de inhabilidad objeto de estudio20. Para sustentar esa postura, trajo a colación una decisión del 21 de enero de 2021, en la que se dejó decantado sistemáticamente la postura jurisprudencial sobre el particular de manera

ejemplificada: “En el mismo sentido de la celebración de contratos, la jurisprudencia ha sido enfática al establecer que la gestión de negocios no se configura con la etapa de ejecución o liquidación contractual: “Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de terceros17.”18 ”(…) Ahora bien, en lo que tiene que ver con la gestión de negocios, se advierte que, conforme se explicó en el acápite anterior esta Sala ha sido reiterativa al precisar que ni la celebración de contratos ni la gestión de negocios se configura con los actos propios de ejecución o liquidación contractual. 19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de octubre de 2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicado 11001-03-28-000-2010-00051-00. Demandante Gabriel Alexander Galvis Martínez y demandado, Gabriel Ernesto Parrado Durán, Representante a la Cámara por el Departamento del Meta 2022-2026. También Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 11001-03-28-000-2010-00054-00. Demandante Hilder Guachetá Reyes y demandada Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso, Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá, 2022-2026.

20 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de noviembre de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 11001-03-28-000-2010-00032-00. Demandante Álvaro Nieto Amaya y demandado Édison Vladimir Olaya Mancipe - Representante a la Cámara por el departamento de Casanare, periodo 2022 – 2026; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de marzo de 2012, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-0328-000-2010-00025-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de noviembre de 2008, M.P. Mauricio Torres Cuervo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 5000123-33-000-202000013-01; y, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 2 de junio de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-2022-00074-00. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 9 En tales condiciones, el hecho de que el señor Zapata Valencia haya asistido a reuniones, rendido informes y adelantado actividades propias de la ejecución del

contrato en cuestión, no implica que haya gestionado de negocios, toda vez que, como se dejó dicho, la misma se refiere básicamente al adelantamiento de acciones tendientes a la celebración de un contrato, y de dicha conducta quedan expresamente excluidas las actividades propias de la ejecución contractual. Entonces, pese a que los recurrentes insisten en que las actividades de cumplimiento del convenio de asociación celebrado por la corporación representada por el demandado y el municipio de Villavicencio con el fin de “aunar esfuerzos, recursos y experiencia para brindar atención a habitantes de calle en Villavicencio, Meta” implican la gestión de negocios a favor de un tercero, lo cierto es que ello no es así, por cuanto, se reitera, la gestión de negocios de que trata la inhabilidad bajo estudio se refiere a las diligencias previas al contrato y no a las propias de su cumplimiento y ejecución. Por lo tanto, como en este caso las acciones concretamente censuradas por los recurrentes son: haber asistido a una reunión de seguimiento, presentar informes de cumplimiento, cobrar y recibir pagos derivados del cumplimiento del Convenio de Asociación 1474 de 2018, advierte que la Sala que dichas actividades son propias de la ejecución contractual y por ende, no pueden tenerse como gestión de negocios”21 . La causal de inhabilidad 179-3 constitucional, se puede resumir de la siguiente manera: Inhabilidad Aplicación/Distinción Temporalidad y circunscripción Quienes hayan intervenido Causales: 1). Intervenir en gestión de negocios. La Factor temporal de en gestión de negocios ante conducta, de acuerdo con la Sección Quinta del ejecución de la conducta

entidades públicas, o en la Consejo de Estado, “consiste en la realización de inhabilitante: 6 meses con celebración de contratos diligencias encaminadas a obtener un beneficio de antelación a la elección. con ellas en interés propio, lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad o en el de terceros, o hayan del Estado”22. La participación o realización de Factor espacial. Lugar sido representantes legales diligencias por parte del candidato, ante entidades determinado del hecho de entidades que públicas, con el propósito de obtener para sí o para un para generar inhabilidad: administren tributos o