PGN - DEMANDANTE Acreditó el pago realizado al beneficiario

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad por muerte de detenidos ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se ejerció dentro del término previsto por la ley ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. DEMANDANTE-Acreditó el pago realizado al beneficiario …, en concepto del Ministerio Público se acreditó en debida forma que el demandante realizó el pago al beneficiario, existe certeza que se canceló el monto total de la indemnización y que el demandante a través de su apoderado recibió el importe de la sentencia. CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO-No se acreditó ninguna prueba Para acreditar la calidad de Alcalde e Inspectora de Policía el demandante no aportó ninguna certificación, ni acta de posesión. Adicionalmente las pruebas que hicieron parte del expediente de reparación directa no son oponibles a los accionados en repetición porque ellos no hicieron parte de ese proceso, no las conocieron, ni las pudieron controvertir. Es más, ni siquiera se allegaron a este expediente. En ese orden de ideas, este presupuesto de la acción de repetición no se acreditó.

ACCIÓN DE REPETICIÓN-De la conducta dolosa o gravemente culposa del agente Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con anterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, tal como ocurrió en el caso que aquí se estudia (11 de mayo de 2000), las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con dolo o culpa grave serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta que originó el daño, por lo que resulta necesario remitirse directamente al concepto de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil en su artículo 63 y no a las presunciones previstas en la Ley 678. CONSEJO DE ESTADO-Resalta la importancia de probar la culpa grave o el dolo en la actuación del demandado

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 068/2017

Bogotá, D. C., 28 de junio de 2017 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS

E. S. D.

Ref: Proceso 58598 (68001233300020140031301) Acción de Repetición (Ley 1437)

Actor: Municipio de Sabana de Torres Demandado: Ricardo Alberto Silvestre Cediel y otra El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES El Municipio de Sabana de Torres presentó demanda contra Ricardo Alberto Silvestre Cediel y Edilma de Jesús Chiquillo Galeano, en su condición de Alcalde e

Inspectora de Policía, respectivamente, para la época de los hechos, y se les declare responsables por la muerte de los detenidos Leonardo Humberto Cabrera Rico y José Antonio Pedrozo, en hechos ocurridos el 11 de mayo de 2000, en la vía que del municipio de Sabana de Torres conduce a Barrancabermeja. Igualmente solicita el demandante el reintegro del valor pagado por concepto de la condena impuesta mediante sentencia del 9 de febrero de 2012 por el H. Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barrancabermeja. Como consecuencia, solicitó que se les condenara a pagar la suma de $464.483.015.oo, debidamente indexada. 1.2. LA OPOSICIÓN - El señor Ricardo Alberto Silvestre Cediel, se pronunció sobre los hechos y se opuso las pretensiones (fls 123 a 142 C. 2). Resaltó las gestiones desplegadas para que el traslado hacia Barrancabermeja de los detenidos Leonardo Humberto Cabrera Rico y José Antonio Pedrozo se diera de forma exitosa. Solicitó se desestimen las pretensiones de la parte actora, por cuanto no se demostró en que consistió la negligencia de la parte demanda frente a las medidas que se dejaron de utilizar y de las conductas que debía adoptar. - La señora Edilma de Jesús Chiquillo Galeano, a través de apoderada, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones (fls. 174 a 187 C. 2). Argumentó que no se configura en su actuar como Inspectora de Policía con funciones de Directora de la

Cárcel, una conducta culposa en los hechos ocurridos el 11 de mayo de 20000, toda vez que para el traslado de los señores Leonardo Humberto Cabrera Rico y José Antonio Pedrozo se hicieron las gestiones pertinentes para cumplir con la orden dada por la Fiscalía Octava Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja, a cargo de quien estaban los detenidos. Sostuvo que la orden para que trasladaran a los señores Leonardo Humberto Cabrera Rico y José Antonio Pedrozo no estaba dentro de sus funciones, ni contaba con los recursos ni el personal idóneo para llevarlo a cabo y que aun así realizó todo lo que estuvo a su alcance, solicitando el apoyo a diferentes autoridades para el propósito indicado. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Santander (fls. 473 a 478 C. Consejo de Estado) declaró civil y administrativamente responsables a los señores Ricardo Alberto Silvestre Cediel y Edilma de Jesús Chiquillo Galeano, en su condición de Alcalde e Inspectora de Policía, respectivamente, para la época de los hechos, argumentando que los demandados no mostraron gestión frente a los hechos ocurridos el 11 de mayo de 2000, por cuanto es obligación del Estado la guardia y custodia de los detenidos y, en el caso bajo estudio se estableció que actuaron sin el más mínimo cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones, en razón a que el resultado era previsible porque no se tenía la seguridad necesaria para realizar el traslado y no obstante de manera negligente asumieron los riesgos sobre los cuales se les había alertado, configurándose una conducta gravemente culposa.

1.4. LA IMPUGNACIÓN - La señora Edilma de Jesús Chiquillo Galeano (fls. 487 a 503 C. Consejo de Estado) interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en cuanto consideró que “PRIMERO: FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA NORMA PARA LA DETERMINACIÓN DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD “(…) “solicitamos a ustedes (…) en aplicabilidad al precedente jurisprudencial (…) se analice la responsabilidad a la luz del artículo 63 el Código Civil, norma vigente a la fecha de los hechos, esto es, 11 de mayo de 2011. “SEGUNDO: FRENTE A LA CULPA “(…) “(…) no puede atribuirse responsabilidad a los aquí demandados, tratándose de la seguridad jurídica que debe erigirse de los fallos judiciales, cuando no se encuentra probada más allá de la duda razonable una responsabilidad analizada en su todo, con el contexto que envuelven los hechos, sin perder de vista las circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde acaece el siniestro, generando en dicho precedente la temeridad de las actuaciones de los servidores públicos en la ejecución de sus funciones viéndose traducido el accionar diligente en una responsabilidad patrimonial. “(…) yerra el fallo el Tribunal Administrativo de Santander al predicar la responsabilidad de la Ex Inspectora de Policía con funciones de Directora de la Cárcel, EDILMA DE JESUS CHIIQUILLO GALEANO, respecto de un posible incumplimiento de las funciones asignadas en el Decreto 0382 de 02 de julio de 1999 respecto del cual se le asignó la función de “debía hacer cumplir las

órdenes y requerimientos de las autoridades con respecto a los internos del establecimiento carcelario”, lo anterior en sustento a la orden expedida por el Fiscal Octavo Delegado para los Jueces Penales del Circuito Judicial de Barrancabermeja en donde ordenó el traslado de los retenidos JOSE ANTONIO PEROZO MONTALVO, MARTIN BARRAZA MEJIA y LEONARDO HUMERTO CABRERA RICO con las respectivas medidas de seguridad al penal Circuital de Barrancabermeja quedando claramente estipulado que los hechos acaecidos el 11 de mayo de 2000 fueron ejecutadas de buena fe mediado oren de Autoridad Competente. “(…) “En este punto, necesariamente debe ponerse de presente que fueron probados a lo largo el proceso que para la época de los hechos, año 2000, el municipio de Sabana de Torres atravesaba una crisis económica grave, a tal punto que debió reducir los gastos de funcionamiento suprimiendo algunos cargos de orden municipal, clara evidencia del traslado de las funciones de la Dirección de la Cárcel Municipal de Sabana de Torres en cabeza de la Inspectora de Policía, aumentando su carga laboral, así mismo la imposibilidad de cancelar los salarios a los empleados y contratista del municipio evidenciaba la crisis que atravesó el municipio. “Por lo anterior, se puso en conocimiento a la Magistratura que siendo la Cárcel de Sabana de Torres del orden MUNICIPAL, dependiendo presupuestalmente del Municipio para su funcionamiento, no contaba con las condiciones de seguridad ni de infraestructura necesarias para la permanencia de retenidos ni el traslado de los mismos. Situación puesta

en conocimiento oportunamente por parte del Alcalde Municipal, Ricardo Alberto Silvestre Cediel, en oficio dirigido a la Coordinación de Fiscalías de Barrancabermeja, pese a lo anterior se ordenó el traslado de los detenidos. “(…) (…) se tiene que a lo largo el proceso quedó demostrado que la señora EDILMA DE JESUS CHIQUILLLO GALEANO realizó las acciones pertinentes para solicitar el acompañamiento de los cuerpos de seguridad, no solo para el traslado de los detenidos sino que también para su permanencia en las instalaciones de la Cárcel, con el fin de darle cabal cumplimiento a las órdenes impartidas desde la Fiscalía. “La señora EDILMA DE JESUS CHIIQUILLO GALEANO, en su condición de Inspectora de Policía con funciones de Directora de la Cárcel Municipal gestionó de manera diligente el acompañamiento, quedando demostrado así:  IMP 0146 de 7 de mayo de 2000 y IMP 156 de 10 de mayo de 2000 donde se solicita acompañamiento de seguridad para el traslado y para la cárcel durante la permanencia de los retenidos; oficios que demuestran la diligencia de mi prohijada por garantizar los derechos de los entonces retenidos MARTIN BARRAZA, JOSE ANTONIO PEROZO Y LEONARDO CABRERA RICO. “En respuesta a la anterior solicitud tanto el Ejército como la Policía negaron su acompañamiento sustentando la falta de personal y verbalmente su falta de interés, (…) el señor CLIMACO ARDILA, testigo importante dentro de la litis teniendo en cuenta su antigüedad en la Cárcel y su experiencia como Director de la misma, manifiesta en

reiteradas ocasiones: “…siempre que se pedía la colaboración a la policía pero siempre se negaba… siempre se hacía así…” “(…) la procedencia de la decisión de traslado de los detenidos no fue producto de una decisión intempestiva, imprevista e incalculable, muy por el contrario, fue una decisión planeada y en cumplimiento de una orden de Autoridad Competente la cual se evidencia en el oficio N° 637 de 10 de mayo de 2000, quien tenía conocimiento de las condiciones de la Cárcel Municipal de Sabana de Torres, tomando las medidas de seguridad que estaban a su alcance y cumpliendo los protocolos que de rutina se utilizaban para los traslados. Además, es importante destacar que en las declaraciones de testigos, puo determinarse que NO se conocían amenazas que recayeran sobre los detenidos que fueran objeto de traslado el día 11 de mayo de 2000. “(…) “(…), mediante el presente recurso se pretende un análisis conjunto de las pruebas sin perder de vista el contexto en el que ocurrieron los hechos, los presupuestos legales para el análisis de la responsabilidad de los hoy ex servidores públicos, esto es, la crisis financiera del municipio, las condiciones precarias de la cárcel y respecto de la dotación de los guardianes, la orden de Autoridad Competente que mediaba para el traslado, el cumplimiento de sus funciones, la negativa de acompañamiento de los cuerpos de seguridad la cual era una constante en los procedimientos, las gestiones realizadas para montar el operativo, la costumbre en la realización de dichos traslados pese al no acompañamiento de los cuerpos de seguridad, siendo esto una constante, la imprevisión del

siniestro debido al no conocimiento de amenazas sobre los retenidos, el conocimiento de la Coordinación de Fiscalías sobre las condiciones de seguridad de la Cárcel y en particular la advertencia hecha al Fiscal Octavo sobre dichas condiciones al momento de ordenar el traslado sin que se modificara dicha decisión. “(…) “TERCERO: FRENTE A LA CONFIGURACION DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCION DE REPETICION “(…) “No se encuentra probado que el pago que realizó el Municipio de Sabana de Torres a favor de los terceros afectados en el siniestro el 11 de mayo de 2000, efectivamente haya sido recibido a satisfacción, la actuación probatoria del emanante se limita a señalar que efectivamente se realizó el giro a favor de los afectados en el siniestro, sin comprobar el recibido a satisfacción y paz y salvo de las víctimas, tal como lo precisa el Consejo de Estado en providencia de 08 de marzo de 2007, Radicado 1997-00999-01. “Contrario sensu e lo anterior, simplemente se allega al expediente el comprobante de egreso N° 0000974 de 06 de julio de 2012, y la certificación de pago del Secretario de Hacienda del Municipio de Sabana de Torres de fecha 04 de abril de 2012, certificando que el pago en razón a la sentencia de fecha 1 de agosto de 2012, se efectuó mediante cheque del Banco de Bogotá, pero no incluye el documento público, que el coro lo realizó un tercero, ajeno al proceso, DIEGO FERNANDO BECERRA, sin cumplir con el requisito de recibo a satisfacción e indemnización integral de las víctimas. - El señor Ricardo Alberto Silvestre Cediel (fls. 523 a 545 C. Consejo de Estado)

alega que “Nótese que el Tribunal asume que yo como alcalde “autorice” el traslado de los internos, olvidando o pasando por alto el Honorable Tribunal, que quien da la orden de traslado de estos señores fue el Fiscal Octavo Seccional Delegado ante los Jueces el circuito de Barrancabermeja a la señora Inspectora y esta utiliza los medios a su alcance como un buen vehículo con vidrios oscuros, doble cabina, solicitud de esposas a la policía, solicitud de acompañamiento de seguridad a la policía para el traslado, no solo para el traslado también para la permanencia de estas personas en la cárcel municipal, se ofició al ejercito de igual forma, oficios estos que demuestran la diligencia también de la aquí demandada para garantizar los derechos de los entonces retenidos; yo solo autorizo el préstamo de un vehículo ante la solicitud hecha por la Inspectora, como cualquier procedimiento e préstamo e vehículo, yo no tenía la esfera del dominio del caso, y muy a pesar de ello, ya en fecha anterior había puesto en conocimiento del señor Coordinador de la Unidad de Fiscalías, la situación de la Cárcel Municipal en oficio que reposa en el expediente. Entonces no se puede decir que mi conducta es culposa cuando no lo prueba la parte demandante y el Tribunal no lo debe inferir. “(…), es dable recordar que no era de mi resorte funcional el traslado de internos, y que ante una solicitud de la inspectora de policía de préstamo de vehículo para cumplir una orden emanada por el ente investigador penal y con el ánimo de la colaboración entre las instituciones y la prestación

de un buen servicio se accedió al préstamo junto con el conductor el mismo. “(…) el Tribunal no tuvo en cuenta al analizar la prueba idónea que se encuentra en el expediente el oficio AMST-0433 d fecha 9 de mayo de 2000 donde le advierto y pongo de presente al Coordinador de la Unidad Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Barrancabermeja, tres días antes de que ocurran los hechos del 11 de mayo de 2000, donde categóricamente le advierto así: “…una cárcel de carácter municipal, que presta los servicios de delitos menores la cual no ofrece seguridad y garantías necesarias para mantener personas detenidas a disposición de la Unidad de Fiscalía”. Unidad de Fiscalía recién creada en Sabana de Torres y este como Jefe del Fiscal Octavo Delegado ante los Jueces Penales del Circuito (Dr. JOSE MANUEL RANGEL BENAVIDES), no le dice nada y por el contrario al otro día estando advertidos; mediante oficio N° 637 de 10 de 2000 le da la orden de autorización de traslado a una Inspectora de Policía, y mediante oficio 641 Sumario 19177 FISCALIA 8, de fecha 11 de mayo de 2000, notifica a la Inspectora y al Comandante de la estación de policía de Sabana su colaboración para mantener en calidad de RETENIDOS a MARTIN BARRAZA MEJIA C.C N° 8.828.691 de San Pablo (B), JOSE ANTONIO PEDROZOMONTALVO C.C. N° 8.828.750 de San Pablo (B), LEONARDO HUMBERTO RICO C.C. N° 91.447.466 de Barrancabermeja, cuando su

obligación era ordenarle al INPEC, dicha labor, quienes de acuerdo a su Manual de Funciones era esta la entidad con que debió coordinar el Fiscal. Entonces no se puede decir que está probada mi conducta gravemente culposa, cuando realice previo a los hechos no solo advertencias sino tramites tendientes a la prevención de los mismos, al igual la Inspectora de Policía hizo lo propio al recurrir a la misma policía y al Ejército con su base acantonada en Sabana de Torres (S). “(…) “En mi caudal de competencias como alcalde municipal no tenía el deber funcional de trasladar internos privados de libertad, esta era una función exclusiva radicada en cabeza de la Directora de la Cárcel y de las autoridades de seguridad correspondientes. Como lo asevera la Magistrada, efectivamente no era mi función, sin embargo, en aras de colaborar entre entidades estatales y según solicitud realizada por la Inspectora de Policía, pues facilité el vehículo como en otras ocasiones se hacía, proveyendo el conductor para que los guardas municipales pudieran ejercer bien la labor de custodia, todo en cumplimiento de una orden emanada por la Fiscalía General de la Nación dirigida obviamente a la Directora de la Cárcel. “Si se analiza de fondo mi actuación es palmaria la diligencia, prontitud y disposición que se tuvo para efectos de apoyar a la entidad (cárcel municipal) que la estaba necesitando, máxime cuando ella había ya oficiado a las autoridades policiales y militares para acompañar tal traslado. “(…) “(…) los hechos del presente caso se presentaron el 11 de mayo el 2000, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 678 de 2001, es decir, con anterioridad a la entrada

en vigencia de la ley 678 de 2001, estos se deben analizar a la luz de la legislación anterior, la cual no contempla la presunción de dolo o culpa grave en la conducta del agente el Estado, lo que indica que esta debía ser probada por parte del ente demandante. (Subraya nuestra). “(…) La condena impuesta a la entidad consistió en el pago de perjuicios morales y materiales a favor de los demandantes. Ahora bien, en cuanto al cumplimiento del segundo requisito, obra en el plenario Resolución N° 00103 de 2012, por medio, del cual se ordena el pago de una sentencia judicial, Orden de pago N° 00546 de 04 de julio de 2012, mediante la cual se acredita el pago a que se refiere esta demanda (visto al folio 14 de las pruebas de la demanda), comprobante de egreso N° 00000974 de fecha 06 de julio de 2012 (fl. 108), a nombre de DIEGO FERNANDO LOZANO BECERRA mediante el cual el municipio de Sabana de Torres, canceló a la parte demanda CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($464.483.015.oo), registro presupuestal por concepto de sentencia proferida en el proceso de reparación directa promovido por Beatriz Barraza Mejía y oficio de fecha 04 de abril de 2014, suscrita por el Secretario de Hacienda del Municipio de Sabana de Torres, certificando el pago por concepto de la condena impuesta y el pago que ni siquiera fue a favor del abogado emanante DR. HORACIO PERDOMO PARADA, pues este da

poder a DIEGO FERNANDO LOZANO BECERRA, identificado con C.C. N° 4.270.547 de Tamara (Casanare) (fl. 104), donde al parecer finalmente este cheque ingresa a la cuenta personal de este señor, cuenta N° 010164911 de Banco de Bogotá, porque aparece en el expediente, pero no se sabe a ciencia cierta a que cuenta fue a parar el dinero es de suponer que a esta; pero no se allega por parte de la aquí demandante (Municipio e Sabana de Torres) un documento que acredite que el abogado demandante o los beneficiarios recibieron a entera satisfacción el pago de la correspondiente condena. Solo tramites de la entidad. “(…) “No informa dicha certificación quien cobró, al parecer se pagó o se consignó a la cuenta de ahorros N° 010164911 Banco de Bogotá a nombre de DIEGO FERNANDO BECERRA, quien es un tercero ajeno al proceso, donde no se sabe si para pagarle una obligación a este por parte del abogado poderdante que autoriza mediante poder, lo cierto es que solo hay trámites administrativos, el Tribunal solo conoció un numero e cheque pero no el beneficiario el mismo, que no se sabe si fue el abogado poderdante HORACIO PERDOMO PARADA (folios 105, 108 y 109) u otro; pues nadie conoce quien fue el verdadero beneficiario de ese dinero; porque la certificación no lo dice quien figuró beneficiario de este dinero; por porque la certificación no lo dice quien figuró beneficiario de este cheque, se índice no nos consta, porque eso es lo que aparece en el expediente, sin que se allegue otro documento que el beneficiario recibió a entera satisfacción el

pago de la correspondiente condena, no prueba la parte demandante que se esté a paz y salvo por este concepto por parte del municipio e Sabana de Torres con los señores FLORENCIO PEDROZO RICO y otros y los señores SILVIA RICO ERAZO y otros aquí demandantes.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la acción de repetición. 2.1. CADUCIDAD La suma de dinero que se pretende recuperar corresponde al pago de una condena impuesta en sentencia del 24 de junio de 2009 por el Juzgado Administrativo de Descongestión y confirmada el 9 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander. El pago total se realizó el 1° de agosto de 2012 (fls. 108 y 109 C. 2). Como la demanda se presentó el 21 de abril de 2014 (fl. 111 C. 2) es evidente que la acción de repetición se ejerció dentro del término previsto por la ley.

2.2. PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DE LA PRETENSION DE REPETICIÓN Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a

cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. a) DE LA CONDENA IMPUESTA Se allegó copia de la providencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Santander del 9 de febrero de 2012 (fls. 58 a 76 C. 2). b) DE LA PRUEBA DEL PAGO CUYO REEMBOLSO SE PRETENDE En relación con la prueba del pago dentro de los procesos de repetición, la sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación 25000232600020060069901 (35758) precisa:

“Sobre la importancia de acreditar el pago en el juicio de repetición la Sala estima oportuno realizar las siguientes precisiones: El artículo 16251 del Código Civil establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por lo 1 (Pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo 2) Por la novación 3) Por la transacción 4) Por la remisión 5) Por la compensación 6) Por la confusión 7) Por la pérdida de la cosa que se debe 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión 9) Por el evento de la condición resolutoria 10) Por la prescripción. (...) tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida2. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago3, modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación4 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Y, respecto de esta relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala

que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.” O sea, que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma y el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo que aplicado en el caso en concreto, para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición se materializa en el deber, por parte de una entidad pública de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima. En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago,5 y en derecho comercial, el recibo6, documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “… el pago efectivo es la prestación de lo que se debe …” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem en el que se señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta; se concluye que correspondía a la entidad demostrar el pago, y en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al

proceso, que permitieran al juez llegar a la veracidad de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por una condena judicial”7. En línea con lo anterior, en punto a los medios de prueba idóneos para acreditar el pago dentro de las acciones de repetición, la Sala ha considerado: (…) para el efecto resulta absolutamente indispensable carta de pago8, recibo9, declaración proveniente del acreedor o cualquier otro medio de prueba que lleve al juez la convicción de que el deudor efectuó el pago debido al acreedor. Los documentos provenientes del propio deudor no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total -no sólo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el 2 (Pie de página de la cita) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc. 3 (Pie de página de la cita) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 4 (Pie de página de la cita) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002. 5 (Pie de página de la cita) Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil. 6 (Pie de página de la cita) Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

7 (Pie de página de la cita) Sentencia de 5 de diciembre de 2006, exp. 22.056, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en sentencias de 11 de febrero de 2009, exp. 29.926 y de 8 de julio de 2009, exp. 22.120, entre muchas otras. 8 (Pie de página de la cita) El Código Civil establece sobre el particular: “ART. 1628. —En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos determin