PGN - DEMANDANTE Incumplió con la carga de la prueba al no acreditar en debida forma el el

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reembolso de condena dentro de proceso de reparación directa por falla de servicio médico que ocasionó muerte de persona ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos para su prosperidad según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la existencia de la condena impuesta ….Ahora bien, adentrándonos en el primer requisito para la prosperidad de la acción de repetición (conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), advierte esta Procuraduría Delegada del M.P. que en el caso que nos ocupa, quedó demostrado que mediante sentencia de fecha 16 de agosto de 2006, el Tribunal Administrativo del Caquetá, declaró que el Hospital Comunal Malvinas era administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a las demandantes por la muerte del joven……,condenándola a pagar con cargo a su presupuesto y a favor de….perjuicios morales en el equivalente a cien (100) SMLV para cada una de ellas, (fls. 7-21 CP) En consecuencia, considera la Delegada que se cumple el primer elemento para que se configure la responsabilidad del servidor público, ex servidor público, o del particular que desarrolle funciones públicas, esto es, que la entidad haya sido condenada y tal como ocurre en el presente caso, al Hospital Comunal Malvinas se le generó la obligación de pagar una suma de dinero con ocasión del fallo de reparación directa por falla en la prestación del servicio médico. SERVIDOR PÚBLICO-En sub examine están acreditadas sus calidades Referente a la condición de agentes o de ex agentes del Estado de los demandados, se

tiene que en lo que atañe al accionado……,en el expediente obra copia del Decreto No. 0047 del 12 de enero de 2001, emitido por el Alcalde de Florencia, por medio del cual se nombra en el cargo de Gerente encargado del Hospital Comunal Malvinas, así como su respectiva acta de posesión de la misma fecha, proferida por el Área de Bienestar Social y Talento Humano del Departamento del Caquetá. Así mismo, en relación con el demandado….., se observa a folio 24 del cuaderno principal, la Resolución No. 010 del 15 de marzo de 1999, por medio del cual se realiza su nombramiento en provisionalidad en el cargo de médico general tiempo completo de la Empresa Social del Estado - Hospital Comunal Malvinas. En consecuencia, se encuentra acreditado este presupuesto, por cuanto los señores….. demandados en este asunto, contaban con la calidad de agentes estatales para la época de los hechos. PAGO DE LA CONDENA-Se encuentra demostrado en sub examine El pago de la suma determinada en la sentencia por parte de la entidad pública condenada. Respecto del pago de las sumas contenidas en la sentencia judicial, se señala que en el expediente obra i) orden de pago No. 2006001109 de fecha 07/12/06 por concepto de "pago proceso judicial de reparación directa de…….y Otros, representante legal….Abogado”, por la suma de $81.600.000 M/cte, la cual se encuentra suscrita por el Subdirector Administrativo y Gerente del Hospital Comunal Malvinas; b) comprobante de egreso Nro. 2006001212 del 13 de diciembre de 2006 correspondiente, c) cheque de

Exp No (62748) 18001233100020140001-01 gerencia Nro. 648628 del 14 de diciembre de 2006, correspondiente al Banco Caja Social, siendo beneficiario el doctor…., quien suscribe el mismo y quien fue facultado para recibir según poder otorgado por la demandante. Los documentos antes mencionados, soportan el cumplimiento de este presupuesto de especial trascendencia para los efectos de la acción de repetición, conforme a lo dispuesto por el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dice: “(…) Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. Resulta pertinente resaltar que lo anteriormente expuesto, de ninguna forma comporta un cambio jurisprudencial en relación con la acreditación del pago en las acciones de repetición, simplemente, al haberse presentado la demanda después de entrar en vigencia la Ley 1437 de 2011, se da aplicación a la disposición específica que sobre el tema contiene dicha norma. De esta manera, se tiene por acreditado el tercero de los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición, esto es el pago. DEMANDADO-No se demostró que su conducta haya sido dolosa o gravemente culposa ….Ahora bien, en opinión de esta Delegada del Ministerio Público, en el presente proceso de medio de control de repetición, no se puede deducir la responsabilidad de los demandados, teniendo como prueba de la misma, la valoración probatoria que realizó el

Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia que declaró la responsabilidad administrativa por falla en el servicio médico en el proceso de Reparación Directa. Al respecto, la Sección Tercera de Consejo de Estado, en varias oportunidades, ha advertido acerca de la improcedencia de tener como prueba en los juicios de repetición, la sentencia definitiva del proceso primigenio que “declaró nulo un acto administrativo y que dio origen a la condena en contra del Estado” para efectos de acreditar el dolo o culpa grave con la cual habría actuado el funcionario o ex-funcionario demandado, como quiera que si bien de la mencionada providencia se podría deducir la existencia de un proceso, la naturaleza del mismo, la Corporación que la profirió y la fecha y decisión final correspondiente, lo cierto es, que no sirve para probar los hechos que fundamentaron la conducta de los demandados, pues allí lo que se establece es la responsabilidad administrativa y patrimonial de la demandada, entonces no puede constituirse en prueba del dolo o de la culpa grave del funcionario que estuvo involucrado en los hechos, puesto que, de ser ello posible, comportaría la ocurrencia de situaciones incompatibles con el debido proceso, en la medida en que se estarían teniendo en cuenta medios probatorios en relación con los cuales el demandado en el juicio de reparación no intervino en su producción o contradicción, salvo que hubiere sido llamado en garantía, además de que ello supondría que el juez en el proceso de repetición no sería a quien le correspondería valorar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, dado que estaría obligado a aceptar el juicio realizado por otro funcionario

judicial, sumado al hecho de que la finalidad que persigue el proceso primigenio y la valoración de las pruebas que allí se realiza, no se encuentra encaminada a enjuiciar la conducta asumida por el funcionario que intervino en los hechos que fueron material de debate. De manera que, para esta Delegada de la Procuraduría, no se encuentra configurado el dolo o la culpa grave de los señores……en los hechos que desafortunadamente dieron lugar al fallecimiento del joven….. y más bien por el contrario, lo que se presume es que se actuó de manera conforme a la lex artis que demandó la prestación del servicio médico en el caso del joven….. 2 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01 CARGA DE LA PRUEBA-Según sentencia del Consejo de Estado DEMANDANTE-Incumplió con la carga de la prueba al no acreditar en debida forma el elemento subjetivo De conformidad con el material probatorio aportado se concluye que no existe ningún elemento que demuestre irregularidad en el proceder de los funcionarios demandados que permita endilgarle responsabilidad patrimonial alguna, encontrándose de esta manera, desvirtuada la presunción de culpa grave por falsa motivación que se endilga sobre la actuación de los señores…. en su condición de gerente del Hospital Comunal Malvinas y médico general para la época de los hechos. De tal manera que, al no encontrar probados uno de los elementos esenciales de la acción de repetición, conforme a las disposiciones legales aplicables al caso, encuentra esta Delegada que la entidad demandante, incumplió con la carga de la prueba, para que prosperen las pretensiones de la demanda, toda vez que no se acreditó en debida forma

el elemento subjetivo, esto es el dolo o la culpa grave de los funcionarios, razón por la cual, no se les puede endilgar responsabilidad alguna. 3 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 052 / 2019

Bogotá D.C, 24 de abril de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente Doctora: Martha Nubia Velásquez Rico.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 18001233100020140001-01 (62748) MEDIO DE CONTROL REPETICIÓN – Ley 1437 de 2011

ACTOR: HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS DEMANDADO: JHON ERNESTO GALVIS QUINTERO Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido/ NO se cumplió con la carga probatoria por parte de la entidad para acreditar la totalidad de los elementos del medio de control invocado en contra de los demandados / NO se acreditó la conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados / Improcedencia de tener como prueba en los juicios de repetición, la sentencia definitiva del proceso primigenio que declaró nulo un acto administrativo y que dio origen a la condena en contra del Estado / No se puede deducir la responsabilidad del demandado, teniendo como prueba de la misma, la valoración probatoria que realiza el juez en el proceso primigenio de reparación directa.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso

de la referencia, para decidir el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento y protección del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales y del Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda El HOSPITAL COMUNAL MALVINAS, en ejercicio del medio de control de repetición consagrada en la Ley 678 de 2001 en armonía con al Artículo 142 del C.P.A.C.A., presentó demanda ante el Consejo de Estado radicada el día 22 de junio de 2007, en contra de los señores Jhon Ernesto Galvis Quintero quien se desempeñó como gerente del Hospital Comunal Malvinas durante el período comprendido entre el 16 de enero de 2001 y el 7 de diciembre del 2003 y Gustavo Trujillo González, quien se desempeñó en provisionalidad como médico general desde el 15 de marzo de 1999 a la fecha.

4 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01 Indica que las señoras María Lucy Cubillos Cuellar y Ana María Betancourt Cubillos, impetraron demanda de reparación directa contra el Hospital Comunal Malvinas ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, para que le fueran resarcidos los daños morales ocasionados por el deceso del joven Diego Fabián Valencia Cubillos, como consecuencia de una falla del servicio médico, condenándose a la entidad accionada al pago de ochenta y un millones seiscientos mil pesos ($81.600.000.oo), que fueron debidamente cancelados el día 14 de diciembre de 2006.

Solicita la parte demandante que se declare responsable a los accionados de los perjuicios ocasionados al HOSPITAL COMUNAL MALVINAS, por haber resultado condenada administrativamente por él Tribunal Administrativo del Caquetá, como consecuencia de la falla del servicio médico en hechos ocurridos el 03 de junio de 2003, en los que resultó afectado Diego Fabian Valencia Cubillos. 1.2. Contestación de la demanda Por intermedio de sus apoderados judiciales, los demandados presentaron contestación a la demanda oponiéndose a cada una de las pretensiones, frente a las cuales manifestaron: 1.2.1. Gustavo Trujillo González (fls. 522-533 C.3) Adujo que no es responsable bajo ninguna modalidad de culpa por los hechos que culminaron con la muerte del señor Diego Fabián Valencia Cubillos. Manifiesta el apoderado, que el galeno Truijllo González se encontraba en consulta con un paciente pediátrico en el momento en que fue llevado el señor Valencia Cubillos al Hospital Malvinas, sin embargo, al momento de realizar la valoración clínica del paciente, se efectuó conforme a las ayudas diagnósticas y protocolos médicos con los cuales contaba el centro de primer nivel, realizándose la remisión oportuna a la Clínica UBA de Florencia, por tratarse su patología de una infección aguda denominada meningitis bacteriana que tiene un curso natural de pronóstico fatal, desencadenando finalmente la muerte del paciente. Propone la exceptiva de prescripción del derecho y caducidad, afirmando que el derecho a ejercer la acción de repetición se encuentra extinguido, teniendo en cuenta que el pago de la condena a cargo del Hospital Malvinas se hizo efectiva el 13 de diciembre de 2006,

según comprobante de egreso Nro. 2006001212, es decir, que los dos años previstos en el artículo 11 de la ley 678 de 2001, fenecieron el 14 de diciembre de 2008, empero, la notificación de la demanda se surtió en el mes de abril del año 2011, cuando ya habían transcurrido tres (3) años más seis (6) meses desde la notificación del auto admisorio de la demanda. Finalmente, propones las exceptivas de causa extraña como determinante del resultado dañoso y falta de defensa técnica en el proceso de reparación directa por parte del Hospital Comunal Malvinas. 1.2.2. Jhon Ernesto Galvis Quintero (fls. 537-544 C.3) Expuso que en el caso de marras no se cumplen los presupuestos de la Ley 678 de 2001, relativos a los aspectos sustanciales y procesales de dolo y/o culpa determinante frente al daño causado al tercero desarrollada por el accionado, máxime que a través de la sentencia condenatoria de reparación directa no se reprocha la actuación del señor 5 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01 GALVIS QUINTERO en calidad de gerente de la E.S.E., evidenciándose la falta de relación causa-efecto con el daño antijurídico acreditado intra-proceso por tratarse de una falla en la prestación exclusiva del servicio médico. Pese a lo anterior, aclara que las actuaciones de los galenos tratantes del señor VALENCIA CUBILLOS fueron analizadas por el Tribunal de Ética Médico, entidad que concluyó la ausencia de méritos para

formular cargos en contra de estos, situación que permite desvirtuar el primer elemento de la acción de repetición. Propone las siguientes excepciones a) inexistencia de conducta del demandado que sea determinante del daño, b) inexistencia de una actuación dolo o gravemente culposa, y c) genérica. Así mismo, plantea la excepción de inexistencia del dolo y de la culpa grave conforme lo señala el artículo 2o de la ley 678 de 2001, reiterando que no hay lugar a la acción de repetición al demostrarse en el sub examine que el demandado desplegó una actividad diligente en la atención clínica objeto de controversia. 1.3.Decisión de primera instancia – Tribunal Administrativo del Caquetá Mediante sentencia del once (11) de julio de 2018 el Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Segunda de Decisión, Denegó las pretensiones de la demanda. Decisión que respaldó señalando que pese a declararse la responsabilidad patrimonial del Estado dentro del proceso de reparación directa, a juicio de esa Sala no acontecía lo mismo para la acreditación de la conducta individual es decir, la culpa grave de los demandados dentro de la acción de repetición, dado que no se probó que la causa de la muerte del joven DIEGO FABIAN VALENCIA CUBILLOS hubiese acaecido por la tardía prestación del servicio médico, y/o se hubiese errado en el diagnóstico, como en el tratamiento de su sintomatología, circunstancia que a juicio de ese Tribunal que impide tener por acreditada la responsabilidad de los señores Trujillo González y Galvis Quintero, de tal forma que permita satisfacer la exigencia del dolo o culpa grave prevista en los artículos

5º. y 6º. de la Ley 678 de 2001, por lo cual consideró denegar las suplicas de la demanda. 1.4. Recurso de apelación La parte demandante inconforme con el fallo de primera instancia apeló la decisión, señalando que en la sentencia objeto de impugnación, a la hora de acreditar el elemento subjetivo de la acción de repetición desconoció el precedente horizontal plasmado en la sentencia de fecha 06 de agosto de 2006 proferida por la misma Corporación, al decidir el proceso de Reparación Directa en el cual se condenó al Hospital Malvinas, proceso dentro del cual se reconoció la actuación del médico Gustavo Trujillo carente de diligencia en la atención del paciente cuya muerte dio origen a la condena judicial cuya existencia dio génesis al presente asunto. Agrega en dicho pronunciamiento judicial se dieron apreciaciones técnicas y científicas basadas en las pruebas periciales allegadas para concluir la negligencia del médico, no obstante, faltando a las reglas de la autonomía judicial y desconociendo tal pronunciamiento que constituye precedente horizontal, en esta ocasión desconoce el actuar negligente del galeno basado exclusivamente en un pronunciamiento de un Tribunal de ética médica sin llegar a argüir precisamente las razones jurídicas para apartarse de dicho precedente, tal y como lo exige la jurisprudencia constitucional, a la hora de apartarse de un precedente judicial sea vertical u horizontal.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

6 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01

2.1. Problemas jurídicos Establecer si quedaron demostrados los presupuestos objetivos y el subjetivo para la prosperidad de las pretensiones de la demanda en la presente acción. Determinar si los señores Gustavo Trujillo González y John Ernesto Galvis Quintero son responsables patrimonialmente, de los perjuicios causados a la entidad demandante, con ocasión de la condena judicial que ésta tuvo que pagar a favor de los familiares del joven Diego Fabián Valencia Cubillos. Determinar si la parte demandante cumplió con la carga probatoria que le asiste para la prosperidad del presente medio de control de repetición. 2.2. Material probatorio La Delegada del M.P. consideró pertinente tener en cuenta el material probatorio que se aportó oportuna y legalmente al proceso (documentos y testimonios), que se menciona a continuación:  Copia de la sentencia de fecha 16 de agosto de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual declaró que el Hospital Comunal Malvinas era administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a las demandantes por la muerte del joven Diego Fabián Valencia, condenándola a pagar con cargo a su presupuesto y a favor de María Lucy Cubillos y Ana María Betancourt Cubillos perjuicios morales en el equivalente a cien (100) SMLV para cada una de ellas, (fls. 7-21 CP).  En relación con el pago de la condena como consecuencia del proceso de Reparación Directa: - Copia simple de la orden de pago No. 2006001109 de fecha 07/12/06 por concepto de "pago proceso judicial de reparación directa de

María Lucy Cubillo y Otros, representante legal Samuel Aldana Abogado), por la suma de $81.600.000 M/cte, la cual se encuentra suscrita por el Subdirector Administrativo y Gerente del Hospital Comunal Malvinas; - Copia simple del comprobante de egreso Nro. 2006001212 del 13 de diciembre de 2006 correspondiente, - Copia simple del cheque de gerencia Nro. 648628 del 14 de diciembre de 2006, correspondiente al Banco Caja Social, siendo beneficiario el doctor Samuel Aldana, quien suscribe el mismo (fls. 25-28 CP).  En relación con el accionado Jhon Ernesto Galvis Quintero, en el plenario obra Copia simple del Decreto No. 0047 del 12 de enero de 2001, emitido por el Alcalde de Florencia, por medio del cual se nombra en el cargo de Gerente encargado del Hospital Comunal Malvinas, así como su respectiva acta de posesión de la misma fecha, proferida por el Área de Bienestar Social y Talento Humano del Departamento del Caquetá (fls. 22-23).  Así mismo, en relación con el demandado Gustavo Trujillo González, copia simple de la Resolución No. 010 del 15 de marzo de 1999, por medio del cual 7 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01 se realiza su nombramiento en provisionalidad en el cargo de médico general tiempo completo de la Empresa Social del Estado - Hospital Comunal Malvinas. (fl. 24 del c. pal.).  Copia simple del proceso Ético Disciplinario No. 1461, promovido por la señora Lucy Cubillos Cuellar en contra de los galenos tratantes Gustavo Trujillo

González y Héctor Fabio Peña, por inconformidad en la atención médica recibida por el usuario Valencia Cubillos durante los días tres (03) y cuatro (04) de junio del año 2003. Dentro de este proceso se encuentra la versión sobre los hechos rendida por el médico Trujillo González (fls. 255-339). 2.3. Caso concreto En el sub judice se analizará si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de los señores Jhon Ernesto Galvis Quintero quien se desempeñó como gerente del Hospital Comunal Malvinas durante el período comprendido entre el 16 de enero de 2001 y el 7 de diciembre del 2003 y Gustavo Trujillo González, quien se desempeñó en provisionalidad como médico general desde el 15 de marzo de 1999 a la fecha, es decir, si se cumple con los requisitos exigidos para la prosperidad del medio de control de repetición, de conformidad con el material probatorio recaudado. Ahora bien, para determinar la normatividad aplicable al caso bajo análisis, se precisa que los hechos que dieron origen a la condena proferida el dieciséis (16) de agosto de 2006 por el Tribunal Administrativo del Caquetá en contra de la entidad demandante, se produjeron el 03 de junio de 2003, fecha en la cual fue atendido el joven Diego Fabián Valencia Cubillos, quien finalmente falleció el día 6 de junio de 2003. De tal manera, que en los aspectos de orden sustancial y procesal, son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. Al respecto el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dicho:

"Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servicio público, son posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave (...). Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o con dolo serán las videntes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al estado. En síntesis, la ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha de su entrada en vigencia, pues los ocurridos con antelación a dicha fecha y, por ende, la responsabilidad del agente público se debe analizar 8 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01 conforme a la normativa anterior, excepto las normas sustanciales posteriores favorables; en lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre los actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es obligado a concluir que se aplica para los jurídicos de repetición en curso y pendientes a dicha fecha, incoados a la luz de la Ley 446 de 19981." (Subrayado y negritas de la Delegada). Conforme al antecedente normativo y jurisprudencial citado, y dado que los

hechos que dieron origen a la responsabilidad de la entidad tuvieron ocurrencia en el año 2003 como ya se anotó, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, será esta y su contenido, el que se debe tener en cuenta para determinar y enjuiciar la falla personal de los agentes públicos. En este orden de ideas, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos; i) la existencia de una condena judicial, de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) que el pago se haya realizado; iii) la calidad de la demandada como agente o ex agente del Estado y iv) la culpa grave o el dolo. En este entendido, en caso de que alguno de los anteriores presupuestos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás. 2.3.1. Ahora bien, adentrándonos en el primer requisito para la prosperidad de la acción de repetición (conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), advierte esta Procuraduría Delegada del M.P. que en el caso que nos ocupa, quedó demostrado que mediante sentencia de fecha 16 de agosto de 2006, el Tribunal Administrativo del Caquetá, declaró que el Hospital Comunal Malvinas era administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a las demandantes por la muerte del joven Diego Fabian Valencia, condenándola a pagar con cargo a su presupuesto y a favor de María Lucy Cubillos y Ana María Betancourt Cubillos perjuicios morales en el equivalente a cien (100) SMLV para

cada una de ellas, (fls. 7-21 CP) En consecuencia, considera la Delegada que se cumple el primer elemento para que se configure la responsabilidad del servidor público, ex servidor público, o del particular que desarrolle funciones públicas, esto es, que la entidad haya sido condenada y tal como ocurre en el presente caso, al Hospital Comunal Malvinas se le generó la obligación de pagar una suma de dinero con ocasión del fallo de reparación directa por falla en la prestación del servicio médico. b) El pago de la suma determinada en la sentencia por parte de la entidad pública condenada. Respecto del pago de las sumas contenidas en la sentencia judicial, se señala que en el expediente obra i) orden de pago No. 2006001109 de fecha 07/12/06 por concepto de "pago proceso judicial de reparación directa de María Lucy Cubillo y Otros, representante legal Samuel Aldana Abogado”, por la suma 1 Consejo de EstadoSala de lo Contencioso AdministrativoSección Tercera C.P.: Dra. Ruth Stella CorreaSentencia del 26 de mayo de 2010Radicación No. (36085). 9 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01 de $81.600.000 M/cte, la cual se encuentra suscrita por el Subdirector Administrativo y Gerente del Hospital Comunal Malvinas; b) comprobante de egreso Nro. 2006001212 del 13 de diciembre de 2006 correspondiente, c) cheque de gerencia Nro. 648628 del 14 de diciembre de 2006, correspondiente al Banco Caja Social, siendo beneficiario el doctor Samuel Aldana, quien suscribe el mismo y quien fue facultado para recibir según poder otorgado por la demandante. (fls.

25-28 CP). Los documentos antes mencionados, soportan el cumplimiento de este presupuesto de especial trascendencia para los efectos de la acción de repetición, conforme a lo dispuesto por el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dice: “(…) Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. Resulta pertinente resaltar que lo anteriormente expuesto, de ninguna forma comporta un cambio jurisprudencial en relación con la acreditación del pago en las acciones de repetición, simplemente, al haberse presentado la demanda después de entrar en vigencia la Ley 1437 de 2011, se da aplicación a la disposición específica que sobre el tema contiene dicha norma. De esta manera, se tiene por acreditado el tercero de los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición, esto es el pago. c) Referente a la condición de agentes o de ex agentes del Estado de los demandados, se tiene que en lo que atañe al accionado Jhon Ernesto Galvis Quintero, en el expediente obra copia del Decreto No. 0047 del 12 de enero de 2001, emitido por el Alcalde de Florencia, por medio del cual se nombra en el cargo de Gerente encargado del Hospital Comunal Malvinas, así como su respectiva acta de posesión de la misma fecha, proferida por el Área de Bienestar Social y Talento Humano del Departamento del Caquetá (fls. 22-23).

Así mismo, en relación con el demandado Gustavo Trujillo González, se observa a folio 24 del cuaderno principal, la Resolución No. 010 del 15 de marzo de 1999, por medio del cual se realiza su nombramiento en provisionalidad en el cargo de médico general tiempo completo de la Empresa Social del Estado - Hospital Comunal Malvinas. En consecuencia, se encuentra acreditado este presupuesto, por cuanto los señores Galvis Quintero y Trujillo González, demandados en este asunto, contaban con la calidad de agentes estatales para la época de los hechos. 2.3.2. Respecto del requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente 10 J.C.R. Exp No (62748) 18001233100020140001-01 culposa, esta Delegada pone de presente lo que ha explicado el Consejo de Estado en diferentes oportunidades2, que para efectos de determinar la culpa grave o dolo, se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos, en este caso, las disposiciones la Ley 678 de 2001, que define en sus artículos 5 y 6, las presunciones de dolo y de culpa grave. Señala la entidad demandante, que para el presente caso, la presunción de dolo o culpa grave se concreta en el contenido de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá de fecha dieciséis (16) de agosto de 2006 al resolver la demanda de reparación directa, pues en este proveído el Tribunal Administrativo dentro de sus considerac