PGN - DEMANDANTE Incumplió regla de procedibilidad que impide juzgamiento de fondo
Detalles
- Título
- PGN - DEMANDANTE Incumplió regla de procedibilidad que impide juzgamiento de fondo
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra actos que negaron reconocimiento y pago de pensión gracia de docente DOCENTE-Procedencia de pensión gracia según regulación legal CONCILIACIÓN PREJUDICIAL-Es requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa DEMANDANTE-Incumplió regla de procedibilidad que impide juzgamiento de fondo Es criterio jurídico de esta Procuraduría Delegada, que la recurrida sentencia, en un principio, no puede ser fallada substantivamente por omisión de un requisito de procedibilidad que obliga a un fallo INHIBITORIO, pero por razones sustanciales, procede el éxito de las súplicas…… CONCILIACIÓN-Es mecanismo de solución de conflictos utilizado como complementario de administración de justicia según Corte Constitucional PENSIÓN GRACIA-Los presupuestos para su reconocimiento en el sub examine deben ser objeto de conciliación En el presente evento, para la Procuraduría Delegada los presupuestos del reconocimiento pensional en los términos reclamados en la demanda, deben ser objeto de conciliación pues si bien es cierto esta controversia gira en torno al derecho especial de la graciosa jubilatoria, la cual, en principio y por aquello del cumplimiento mínimo de los requisitos de edad biológica (50 años) y tiempo de servicio (20 años docente territorial) se identificaría con un derecho cierto e indiscutible, tal deducción dejaría al garete el análisis de las otras exigencias que la tornan peculiar, una de las cuales, precisamente, es el tema central de este proceso y es la que se refiere a observar buena conducta. Así las cosas, es exigencia adjetiva de carácter sustancial agotar la conciliación
prejudicial en derecho en casos contenciosos subjetivos en los que los derechos a discutir entren en la categoría de inciertos y discutibles, pues conforme a jurisprudencia del Consejo de Estado, los otros, los antitéticos o contrarios, esto es, los derechos ciertos e indiscutibles no son sujetos de transacción o de conciliación…: 2 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación. Exp. No. 410012331000201200144 01
R. I: No. 4107 / 2016. SIAF: 2016 - 411445 …. Se sigue de la doctrina expuesta que no es posible aplicar un rasero para inferir que “el derecho pensional” engloba un derecho irrenunciable, imprescriptible, y, como tal, cierto e indiscutible, pues viene de verse que en casos como éste en el que se controvierte el incumplimiento de un requisito especial, por lo mismo, contemplado para una pensión especial, como lo es la de gracia para los docentes territoriales, se torna, en sentir de esta Agencia de la Sociedad, indispensable agotar el requisito de procedibilidad de adelantar la conciliación prejudicial en derecho antes de, eventualmente, acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que al no llevarla a cabo se genera la ineptitud sustantiva de la demanda que conduce a un fallo inhibitorio.
De ahí, que la Delegada solicite al Ad Quem declare tal deficiencia adjetiva y
profiera decisión insustancial. ACTOS ADMINISTRATIVOS-Fueron expedidos con falsa motivación ….la Delegada avizora en esta función de resultado sustancial que la impugnada sentencia debe ser revocada y han de proceder las súplicas porque los actos cuestionados en su legalidad, contenidos en las Resoluciones de CAJANAL UGM017051 de 2011 -15 de noviembre – (fls. 12 a 14) y UGM 029326 de 2012 -26 de enero – (fls. 16 a 19) incurrieron en falsa motivación toda vez que su razón para decidir o, ratio decidendi, en realidad de verdad es ambiguo, etéreo, y, por lo tanto, no sirven para sostener correctamente la decisión administrativa, ya negativa ora positiva, que se imponía en derecho frente a las aspiraciones del peticionario, hoy actor ….. El sustentarle la negación del reconocimiento a la pensión gracia con fundamento en una conditio iuri, no prevista por el ordenamiento, y, por lo demás, sobre unos supuestos inciertos, arrojan como resultado una falsa motivación fáctica y jurídica. CAUSAL DE MALA CONDUCTA-No es suficiente para considerarse en el sub examine como causal de imposibilidad de otorgamiento de pensión/ FALLO INHIBITORIO-Debe verificarse su viabilidad por no agotarse requisito de procedibilidad de surtirse trámite de conciliación prejudicial/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Debe revocarse dado que actos administrativos acusados se expidieron con falsa motivación ….Detalla esta Procuraduría que entrambos no existió la debida armonía y
congruencia que estableciera o determinara la eficiente real causa-efecto de la mala conducta, porque, ni de la enunciación de los deberes ni de las mencionadas causales, así tengan por epígrafe, “de mala conducta”, se puede colegir la que pregona la jurisprudencia con la suficiente índole y envergadura para tenerla como eficiente presupuesto para dar por satisfecha la causal de imposibilidad de otorgamiento, y, también advierte este Despacho que la suspensión laboral no remunerada destacada en los actos censurados ni se detalló en el lapso en el que tuvo lugar, ni el porqué de ella, cuestiones necesarias para a partir de esas precisiones verificar si incidió o no en la labor educativa que le correspondía legalmente atender al Sr. …. ….. Como resultado de lo expuesto estima la Procuraduría Delegada que hay vocación de prosperidad, de donde la solicitud es de revocación del fallo de mérito denegatorio que impartió el día 11 de junio de 2015 el Tribunal Administrativo del 3 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación. Exp. No. 410012331000201200144 01
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Huila. Por lo dicho, esta Agencia del Ministerio Público adoptando una posición bifronte solicita respetuosamente al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, que se verifique la eventualidad del fallo inhibitorio por no agotarse el requisito de procedibilidad de surtir el trámite de la conciliación prejudicial en derecho, y, si se trata de materia sustancial REVOQUE la providencia apelada, al haberse establecido que los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación. 4 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación. Exp. No. 410012331000201200144 01
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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 423 – 2016 15 – XI - 2016
SIAF: 2016 - 411445
S e ñ o r e s
CONSEJEROS DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”
CONSEJERO PONENTE: PALOMINO CORTÉS
E. S. D.
REFERENCIA : EXP. 410012331000201200144 01 (R. I: No. 4107/2015) ACTOR : LUIS ÁLVARO PEREA LEUDO C. C. 82.360.039 de Tadó
DEMANDADA : CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL
ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DERECHO
ASUNTO : VISTA FISCAL 2ª INSTANCIA
Tema : Pensión gracia. Subtema: Mala conducta.
I. INTRODUCCIÓN Procede esta Agencia del Ministerio Público dentro de la oportunidad legal a que se contraía el inciso 5° del artículo 212 del otrora Código Contencioso Administrativo1 , a emitir su concepto en el referido proceso, del cual conoce el Consejo de Estado (Sección Segunda – Subsección “B” -), en virtud de la alzada interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Huila, el día 11 de junio de 2015, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES 2. 1. Solicitud anulatoria El ciudadano actor, LUIS ÁLVARO PEREA LEUDO, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (arts. 85 del C.C.A., y 15 D. L. 2304 de 1989)2, a través de apoderado judicial especial, formuló demanda, el día 28 de marzo 1 “Modificado, artículo 51 decreto 2304 de 1989. Apelación de sentencias…Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará correr traslado a las partes, por el término común de diez (10) días, para alegar de conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Ministerio Público por diez (10) días, para que emita su concepto…”.
5 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo
Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación. Exp. No. 410012331000201200144 01
R. I: No. 4107 / 2016. SIAF: 2016 - 411445 de 2012, -fl. 30 -, ante el citado tribunal administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de invalidez de las “resoluciones No. UGM 017051 del 15 de noviembre de 2011 y UGM del 26 de enero de 2012, expedidas por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E. I. C. E. –EN LIQUIDACIÓN -, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión de gracia, y se desató el recurso de reposición interpuesto, respectivamente”. 2. 2. Reparación dineraria A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicita que se ordene tal especial reconocimiento a la graciosa jubilatoria “con el 75% de todos los factores salariales, devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el status de pensionado, efectiva a partir del 8 de enero de 2009, con las mesadas que en derecho le correspondan, sin prescripción y debidamente indexadas”, en los términos previstos en los artículos 176 a 178 del Decreto 01 de 1984, y, además, que a la entidad accionada se le condene en costas y agencias en derecho. 2. 3. Preceptiva infringida y razón de ello El accionante citó como disposiciones violadas los artículos 1°, 2°, 4°, 13, 23,
25, 29, 46, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; 1° a 4° de la Ley 114 de 1913; 1° de la Ley 24 de 1947; 6° de la Ley 116 de 1928; 3° de la Ley 37 de 1933: 37-k Decreto 1135 de 1952; 15-2-A Ley 91 de 1989 y el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 o Estatuto docente, estimando que la entidad demandada CAJANAL E. I. C. E. –En liquidación -, incurrió en la causal de nulidad de falsa motivación, porque: “…negó la pensión gracia a mi representado, en tanto en el certificado de tiempos de servicios aparece una suspensión por quince días en el ejercicio de sus funciones, luego de la cual retornó a la actividad escolar en la cual permanece activo hasta la fecha sin ninguna anotación disciplinaria o tacha sobre su conducta. Obra en el certificado de tiempos de servicios una anotación insular de suspensión por un tiempo ínfimo que no impacta gravemente sus más de treinta años de servicio público en el ejercicio de la docencia, transcurridos en la más absoluta normalidad. De otro lado, en la certificación de antecedentes disciplinarios de la PGN, no aparece ninguna anotación disciplinaria que sugiera una mala conducta profesional de mi arrogado durante todo el tiempo dedicado a la docencia. La Constitución Política de 1991 establece como principio fundante del Estado la presunción de la buena fe de las personas, en todas sus actuaciones frente a la Administración. Al parecer, Cajanal niega la pensión gracia a mi
representado pues presume su mala conducta en el ejercicio de la docencia, al establecer que existe una suspensión de quince días, de la cual sospecha obedece a su mala conducta, por lo que hasta tanto no se precise la casual por la cual fue suspendido, la duda le sirve de fundamento suficiente para negarle su derecho pensional. Deja entonces de lado la entidad en su análisis, que la Carta no sólo presume la buena fe en todas las actuaciones de los particulares frente a la Administración, sino que también funda sus pilares en el principio de la presunción de inocencia, esto es, la buena conducta de las personas se presume, y la mala conducta debe comprobarse. Pero en este liviano esfuerzo por determinar si mi representado, soslayó un hecho elocuente a su favor: “desde la efímera suspensión de quince días, mi arrogado viene laborando como docente nacionalizado en la ciudad de Neiva hasta la fecha de esta demanda, sin ninguna interrupción, por espacio de aproximadamente dieciocho años”. 2 Preceptiva adjetiva a tener en cuenta por la data de presentación del libelo introductorio que, a vista del folio 30, lo fue el 28 de marzo de 2012, y, de conformidad a lo dispuesto sobre el particular por el inciso 3° del artículo 308 del Copaca. 6 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación. Exp. No. 410012331000201200144 01
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En apoyo de sus manifestaciones transcribió pasajes jurisprudenciales contenidos en los fallos de la Sección 2ª del CE del 2 de diciembre de 1999, rad. 1321/99, C. P. OLAYA F; del 24 de abril de 2003, exp. 4251/02, C. P. LEMOS B; y, del 12 de marzo de 2009, proceso 2528/07, C. P. VERGARA Q, en los cuales se realza, en términos generales, que la mala conducta para que sea fundamento negativo para conceder la graciosa debe ser permanente y de una índole de suprema gravedad. 2. 4. De los hechos El extremo activo fundamentó sus pretensiones aduciendo que la entidad demandada no tuvo en cuenta para el reconocimiento de la citada pensión gracia la presunción de inocencia, surgida del postulado de la buena fe, que a tenor de lo normado por el canon constitucional 83 le asistía, aunque obrara en su contra una suspensión no remunerada en el ejercicio docente, que CAJANAL NO había establecido verazmente a través de los actos acusados (fls. 3 a 11). Al libelo demandatorio se le adjuntó el poder judicial especial (fl. 2); los actos acusados (fls. 12 a 20); el certificado de tiempo de servicio expedido por la Alcaldía de Neiva (fl. 21 a 24); el decreto de nombramiento de la Alcaldía de Tadó (Chocó) del 25 de enero de 1980 y el acta de posesión del 1° de febrero
de 1980 (fls. 25-26); el agotamiento de la vía gubernativa (fl. 27); el certificado – negativo – de antecedentes disciplinarios (fl. 28); y, fotocopia simple de la cédula del ciudadano LUIS ÁLVARO PEREA LEUDO (fl. 29). Su alegato de conclusión, obrante a los folios 68 a 72, aumentó el sustento jurisprudencial de la argumentación de prosperidad.
III. CONTESTACIÓN La entidad pública accionada (de ahora en adelante, CAJANAL), contestó el libelo demandatorio oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones porque el peticionario si incurrió, con la suspensión laboral educadora por 15 días, en la causal de mala conducta, luego incumplió el requisito de observar buena conducta contemplado en el literal c) del artículo 4° de la Ley 114 de 1913, y, para mayor afirmación de su argumento trajo a colación apartes de la sentencia, también de la Sección 2ª del CE del 28 de junio de 2000 proferida dentro de la radicación No. 168584682000 con conducción del ex consejero ORJUELA G, conforme a la cual: “Lo que se discute en este proceso se circunscribe a establecer si el actor a pesar de haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones por noventa días por mala conducta, tiene derecho al beneficio de la pensión gracia. De conformidad con el art. 4 de la Ley 114 de 1913, para gozar de la gracia de pensión será preciso que el interesado compruebe: “4. Que observe buena conducta”. La buena conducta
a que se refiere la norma en comento hace relación, a todo el tiempo de desempeño en la docencia, puesto que se trata de un estímulo a los educadores, entre otras razones por su buen comportamiento y dedicación. Por su naturaleza, el sentido de la norma es premiar a quienes han tenido durante el desempeño de sus funciones como docente una conducta intachable. En este orden no es viable la aplicación del artículo 7° del Decreto 2480 de 1986, 7 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación. Exp. No. 410012331000201200144 01
R. I: No. 4107 / 2016. SIAF: 2016 - 411445 que se refiere a la caducidad de la acción disciplinaria y a la prescripción de la sanción impuesta al docente, puesto que la norma no contempla la situación especialísima de la PENSIÓN GRACIA. En este orden de ideas, fuerza concluir que como el actor fue suspendido por 90 días por mala conducta, es evidente que no tiene derecho al otorgamiento de la Pensión Gracia, puesto que no se reúne uno de los requisitos de que trata el artículo 4° de la Ley 114 de 1913…”.
De otra parte, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción y la innominada. (fls. 50 a 54). En su alegato de conclusión reiteró el planteamiento anterior de incumplimiento de la observancia de la buena conducta por parte de
educador-accionante, razón por la cual, a su vez, el señor LUIS ÁLVARO PEREA LEUDO dejó de cumplir el requisito que en dicho y preciso sentido se establece en el artículo 4° de la Ley 114 de 1913 para ser derechohabiente a la graciosa jubilatoria (fls. 65 a 67).
IV. FALLO DE 1ª INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 11 de junio de 2015, previa la desestimación de las excepciones, denegó las súplicas, teniendo en cuenta, básicamente, que ciertamente el educador-demandante PEREA LEUDO fue sancionado con suspensión laboral por el término de 15 días, sin derecho a remuneración, ante la comisión de conductas reiterativas atentatorias a la buena conducta que debe observar y traducir en el trato externo todo servidor que se dedique a la profesión educadora.
Sobre el punto razonó el juez A Quo: “…En el presente asunto tenemos que, el Gobernador del Huila, mediante Decreto 734 de 1° de agosto de 1994, sancionó disciplinariamente al señor LUIS ÁLVARO PEREA LEUDO con suspensión en el ejercicio del cargo por 15 días sin derecho a remuneración, por haber trasgredido, de manera reiterada, los numerales c) y f) del artículo 44 y artículo 45 del Decreto 2277 de 1979…Para la Sala es evidente que el demandante fue sancionado con amonestación verbal, amonestación escrita, con multa y suspendido del cargo por 15 días, por haber incurrido en violación a las disposiciones consagradas en el decreto 2277 de 1979, lo cual se constituye en una mala
conducta al incumplir los deberes de los docentes vinculados al servicio oficial. Además debe tenerse en cuenta que el mismo Decreto 734 de 1994, suspendió en el ejercicio de su cargo al demandante, por cuanto “la conducta probada se considera grave porque afecta el normal desarrollo de clases de la institución, perjudicando directamente a los Educandos y menoscaba la imagen del gremio docente y de la propia Administración”. Revisado el expediente, la Sala observa que no se allegó el expediente disciplinario del actor, ni fue solicitado por alguna de las partes, por lo que se desconocen de manera exacta los hechos u omisiones que motivaron la imposición de la sanción, solo las causales que dieron origen a ella. Sin embargo, es del caso resaltar, que la suspensión está prevista para faltas graves; y que el comportamiento negativo del docente LUIS ÁLVARO PEREA fue descrito en el Decreto 734 de 1° de agosto de 1994 como reiterativo, y pese a que se ignora si el mismo, efectivamente, tuvo incidencia en el ámbito escolar, esa conducta repetitiva que originó la imposición de la sanción, desvirtúa la buena conducta que se exige a un educador. En ese orden de ideas, considera la Sala que el actor no satisfizo el requisito establecido en el artículo 4, numeral 4 de la Ley 114 de 1913; de contera, no le asiste el derecho a acceder a la pensión gracia…” (fls. 159 a 165). 8 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo
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V. RECURSO DE APELACIÓN La parte accionante impugnó la providencia de mérito negativa a sus intereses exponiendo que las conductas descritas en los literales c) y f) del artículo 44 del Estatuto Docente, por tratarse sobre incumplimiento de horarios, no “tienen la entidad suficiente para negarle a mi representado el derecho a la pensión gracia, por cuanto no están mencionadas en el mencionado decreto como causales de mala conducta”; y, de otra parte, se le desconoció la presunción de inocencia que, como postulado constitucional, obraba en su beneficio, cuestión que ha sido reconocida por la jurisprudencia del CE según las transcripciones parciales arrimadas a su memorial (fls. 168 a 177).
VI. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 6. 1. Planteamiento general del concepto Es criterio jurídico de esta Procuraduría Delegada, que la recurrida sentencia, en un principio, no puede ser fallada substantivamente por omisión de un requisito de procedibilidad que obliga a un fallo INHIBITORIO, pero por razones sustanciales, procede el éxito de las súplicas, según las siguientes y sendas razones: 6. 2. El sub examine El debate en este estadio procesal de la segunda instancia, con arreglo al marco de la alzada conforme a la previsión positiva consagrada, para la época de la presentación de la demanda, por el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil según la remisión que en dicho peculiar aspecto determinaba el otrora artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, giraría en torno a determinar si al actor educador LUIS ÁLVARO PEREA LEUDO se le debe reconocer la pensión de jubilación gracia, pese a obrar en su contra una suspensión laboral por 15 días y sin remuneración, la cual se estima, por analogía, como causal de mala conducta, prevista en el artículo 4° de la Ley 114 de 1913 como impedimento para ser acreedor a dicho especial beneficio jubilatorio, sino se observare que el demandante incumplió una regla de procedibilidad que impide el juzgamiento de fondo. 6. 3. Examen del sub lite 6. 3. 1. Panorama de la prestación. Su desarrollo legislativo La pensión gracia consagrada en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913 -4 de diciembre -3 es una prestación que se otorga a los docentes con fundamento en 3 “Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela. Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: 1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931). 3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no 9 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo
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R. I: No. 4107 / 2016. SIAF: 2016 - 411445 normas especiales. Fue establecida, en un principio, con carácter restringido a favor de los maestros que se desempeñaban en las escuelas primarias oficiales. Posteriormente, dicho beneficio fue extendido por la Ley 116 de 1928, en favor de los docentes de las escuelas normales, de los Inspectores de Instrucción Pública y posteriormente, la Ley 37 de 1993 lo extendió a quienes hubiesen prestado sus servicios en establecimientos de enseñanza secundaria.
El artículo 6º de la Ley 116 de 1928, dispuso: “Los empleados y profesores de Escuelas Normales y los Inspectores de instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.”. A su vez, la Ley 37 de 1933 estableció en su artículo 3º, inciso 2º: “Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria” Por otra parte, la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, previó en su artículo 15: “... Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de la leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme el Decreto 081 de 1986 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”. Como consecuencia de todo lo expuesto, los requisitos que debe acreditar el solicitante para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, son los siguientes: a) Haber prestado sus servicios en el magisterio por un lapso no menor de veinte años en enseñanza primaria, secundaria o normal o en labores de inspección de la educación, en planteles departamentales, municipales o nacionalizados obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento Ver Artículo 19 Ley 4 de 1992 Artículo 6 Ley 60 de 1993 Decreto Nacional 224 de 1972 4. Que observe buena conducta”. 10 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación.
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R. I: No. 4107 / 2016. SIAF: 2016 - 411445 b) Haberse vinculado en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980. c) Demostrar la idoneidad en el desempeño del cargo. Observar buena conducta. d) Tener cincuenta años de edad, o acreditar que el solicitante se encuentra incapacitado por enfermedad u otra causa para ganar lo necesario para su sostenimiento. e) No recibir pensión de carácter nacional. Este último aspecto ha sido objeto sin embargo de varias precisiones por el Consejo de Estado, razón por la cual ahora no es posible predicar, sin más, ésta como una condición invariable.
Así, por ejemplo, en sentencia de marzo de 2009, esta alta corporación contenciosa señaló: ”… “Tanto la pensión de jubilación como la de invalidez tienen su origen en una relación laboral y están condicionadas a los aportes que el afiliado haga a la seguridad social, por el contrario, la pensión gracia por tratarse de un régimen especial no necesita de la afiliación. La compatibilidad de la pensión de jubilación con la pensión gracia está consagrada expresamente en el numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Dicha disposición es el soporte legal para que un trabajador goce tanto de la pensión de jubilación como de la pensión gracia simultáneamente, beneficio que se causa en razón a que las dos prestaciones tienen regimenes diferentes y por ende, su reconocimiento no se contrapone al mandato constitucional referido a la prohibición de percibir dos asignaciones del tesoro público.
“…”. 4 Para llegar a esta conclusión toma en cuenta lo que dispone la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo de Pensiones del Magisterio, en cuyo artículo 15 prevé expresamente, como lo transcribe en la cita sentencia: “2. Pensiones. A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”. (Resalta la Sala). Bajo ese entendido, se pasa a examinar el caso sometido a debate. 4 Consejo de Estado, sentencia Radicación número: 25000-23-25-000-2006-05328-01(1166-08) de 26 de marzo de 2009. M. P. ARENAS M. 11 Procuraduría 3a Delegada ante el Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 423/ 2016 -15 noviembreContencioso subjetivo de Luis Álvaro Perea Leudo Vs. Cajanal. E. I. C. E. En liquidación. Exp. No. 410012331000201200144 01
R. I: No. 4107 / 2016. SIAF: 2016 - 411445
6. 3. 2. Conciliación prejudicial o extrajudicial como requisito de procedibilidad Evolución normativa y jurisprudencial de la conciliación extrajudicial Desde antes de la expedición de la Constitución de 1991, el legislador estableció la posibilidad de que previamente a demandar en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se presente una solicitud de conciliación prejudicial.
Así, expidió la Ley 23 del 21 de marzo de 1991 “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones”, en cuyos artículos 59 a 65 incorporó la conciliación contencioso administrativa. El original artículo 59 de la Ley 23 de 1991, en lo pertinente señalaba lo siguiente: “ARTÍCULO 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículo 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. (…) PARÁGRAFO. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario”. Más que una exigencia, la norma buscaba precaver las controversias o conflictos particulares de contenido patrimonial, limitándolo a las acciones judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales a que aludían los artículos 85, 86 y 87 del entonces Código Contencioso Administrativo, con la finalidad de
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