PGN - DEMANDANTE No le asiste razón en cuanto a la nivelación salarial reclamada

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-En contra de sentencia del Consejo de Estado que confirmó fallo de Tribunal de Cundinamarca negando pretensiones de demanda frente al reconocimiento y pago de nivelación salarial COMPETENCIA-Del Consejo de Estado para conocer del recurso extraordinario de revisión, según lo establecido en el primer inciso del art.249 del CPACA modificado por ley 2080 de 2021 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-La demanda se interpuso dentro del término legal habilitado para tal efecto CADUCIDAD-No ocurrió como fenómeno jurídico dentro del sub lite RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-No constituye una tercera instancia dentro del proceso, según sentencia del Consejo de Estado RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Por causal consistente en nulidad originada en sentencia que puso fin al proceso NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA-Ocurre cuando esta carece totalmente de motivación incurriéndose en pretermisión absoluta de medios de prueba practicados en el proceso con incidencia directa en la decisión DEMANDANTE-No le asiste razón en cuanto a la nivelación salarial reclamada ….Así, se puede observar que lo pretendido reiteradamente por el extremo demandante, es que bajo los mismos argumentos -que han sido derrotados en las diversas etapas procesalesse someta a estudio aspectos que han venido siendo decantados en dos instancias diferentes, los cuales se puede advertir se ha hecho de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable al caso, en sendas decisiones de las que no se evidencia se hayan incurrido en las vulneraciones legales y constitucionales reclamadas. Como se ha dejado zanjado tanto en primera instancia como en segunda, a la demandante no le

asiste razón en cuanto a la nivelación salarial reclamada, en atención a que el cargo frente al cual se hacía la comparación no existía dentro de la planta de personal del Hospital Simón Bolívar, toda vez que la instrumentación quirúrgica estaba ubicada en el nivel técnico y no en el profesional. Con ello y en el presente asunto, no es dable admitir que se acuda a la interposición de un recurso extraordinario para que nuevamente recaiga el esfuerzo del aparato judicial en estudiar un asunto que ha sido ampliamente objeto de análisis, sin presentarse nuevos elementos de prueba que permitan llegar a una conclusión diferente, o se señalen anormalidades que hayan tenido lugar dentro de la actuación procesal, y cuenten con la potencialidad de viciar de nulidad una sentencia. Por lo anterior se solicitará se declare infundado el recurso extraordinario de revisión y se apliquen las consideraciones pertinentes previstas en el articulo 255 del CPACA. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 1 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-Se debe declarar infundado en el sub examine Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 2 Bogotá D.C., 11 de enero de 2023 Concepto No. 202301RE– 004

Doctor

MILTON CHAVES GARCIA

Magistrado Ponente Sala 5ª Especial de Decisión. Consejo de Estado – Sala Plena

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-15-000-2022-04927-00

RECURSO: RECURSO EXTRAORDINARIO DE

REVISIÓN

DEMANDANTE: ANA TULIA SIERRA SUÁREZ

DEMANDADO: E.S.E. HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR

SENTENCIA: SEGUNDA INSTANCIA

PROFERIDA POR LA SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN “B” DEL CONSEJO DE ESTADO.

Respetado Magistrado: Procede esta Agente del Ministerio Público1 a emitir concepto en el asunto de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la ciudadana ANA TULIA SIERRA SUÁREZ contra la sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en el proceso radicado con número 2500023420002013044001 (2876-2015)

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. La ciudadana ANA TULIA SIERRA SUÁREZ se vinculó desde el día 17 de marzo de 1986 a la E.S.E Hospital Simón Bolivar, en calidad de Instrumentador Hospitalario. 1.1.2. Por Acuerdo 08 del 15 de septiembre de 2005, se ajustó la planta de personal del Hospital, en donde SIERRA SUÁREZ fue incorporada para desempeñar el cargo de Técnico Área Salud 323, Grado 06. 1.1.3. La ciudadana ANA TULIA SIERRA SUÁREZ optó por el título de

Instrumentador Quirúrgico Profesional, profesión que le fue autorizada ejercer por 1 En virtud de la Agencia Especial N° 001 del 4 de enero de 2023 ordenada por el Viceprocurador General de la Nación encargado de funciones como Procurador General de la Nación. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 parte de la Fundación Universitaria de Ciencias en Salud, mediante Resolución 003711 del 4 de mayo de 2000. 1.1.4. El 23 de diciembre de 2002, se expidió la Ley 784,2 por medio de la cual se reglamentó el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional, determinándose entre otros, su naturaleza, propósitos, requisitos para su ejercicio y campos de aplicación. 1.1.5. La prenotada disposición, estableció así mismo que las entidades hospitalarias, públicas o privadas, debían emplear profesionales de instrumentación quirúrgica que cumpliesen con los requisitos allí consignados, y quienes no los tuvieran tendrían un plazo de 3 años para acreditarlos. 1.1.6. El Decreto 785 de 20053, determinó la nomenclatura y clasificación especifica de los empleos públicos del nivel profesional, estableciendo entre ellos los de Profesional Universitario Área Salud, código 237, y Técnico Área Salud 323, Grado 06. 1.1.7. El Ministerio de la Protección Social y el Director Administrativo de la

Función Pública, expidieron la Circular Conjunta N° 0076 del 21 de noviembre de 2005, a través de la cual precisaron que “las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Empresas Sociales del Estado de naturaleza pública de orden nacional y territorial podrán modificar su planta de personal de acuerdo con las necesidades del servicio, los requerimientos de habilitación del servicio según el nivel de atención y sostenibilidad financiera a efectos de contar con empleos de Profesional Universitario Área Salud código 237”. 1.1.8. La señora SIERRA SUÁREZ, presentó derecho de petición ante la E.S.E demandada, solicitando se ordenara reconocer y pagar en favor de aquella “la diferencia salarial y prestacional que existe entre el cargo de Técnico Área salud 323, que actualmente desempeño, y el cargo de Profesional Universitario 237 del Área Salud y/o su equivalente”. 1.1.9. A dicha petición, el Gerente de la E.S.E demandada dio respuesta mediante Oficio G Nº 05394 del 2 de noviembre de 2012 -acto demandado en el proceso primigenioen la que informó que la misma no se podía acceder dado que en el Hospital Simón Bolívar “no existe cargo de Profesional en el Área de la Salud con requisito de Instrumentador Quirúrgico”. 1.1.10.Dicho acto administrativo fue demandado por SIERRA SUAREZ, asunto que fue resuelto en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 30 de abril de 2015, que negó las súplicas impetradas, al no encontrar desvirtuada la presunción de legalidad del acto acusado.

1.1.11.Contra tal decisión, se interpuso recurso de apelación, el cual fue evacuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por medio de providencia de 25 de noviembre de 2021 confirmando el fallo de primera instancia. 2 Por medio de la cual se reforma la Ley 6ª de 27 de diciembre de 1982. 3 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 1.1.12.Frente a la anterior sentencia, la demandante interpuso Recurso Extraordinario de Revisión, el mismo que fue admitido el 30 de noviembre de 2022. 1.2. Sentencias de primera y segunda instancia 1.2.1. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 30 de abril de 2015, negó las súplicas de la demanda, toda vez que no encontró desvirtuada la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

Se refirió a la naturaleza jurídica del Hospital Simón Bolívar, entidad donde presta sus servicios la demandante, señalando que aquella es una Empresa Social del Estado prestadora del servicio de salud, y que la demandada tiene la condición de empleada pública de carrera, encontrándose sometida a los presupuestos de la Ley 909 de 2004 y del

Decreto 785 de 2005, disposiciones que establecen entre otros, el sistema de nomenclatura, clasificación, funciones y requisitos de los empleados de las entidades territoriales. Recordó que las referidas disposiciones establecen que la conformación de las plantas de personal de las entidades prestadoras de salud al interior de las entidades territoriales compete a los concejos municipales -artículo 313 superiory para el caso de Bogotá, el Cabildo Distrital dejó en cabeza la respectiva entidad hospitalaria la función de aprobar la planta de personal para su adopción por el Gerente4. Señaló que el Hospital Simón Bolívar ajustó su planta de personal -Acuerdo 08 del 15 de septiembre de 2005a la nomenclatura y clasificación de empleos prevista en el Decreto 785 de 2005, mismo que referente al cargo de Instrumentador Quirúrgico, lo identificó de la siguiente manera: Con lo anterior advirtió que el cargo respecto del cual se aspira nivelación salarial no existe, toda vez que dentro de la planta de personal del Hospital Simón Bolívar –y según la normatividad analizadano se encuentra contemplado el empleo dentro del nivel profesional sino en el nivel técnico. Recordó el hecho que la demandada fue nombrada y posesionada en un cargo de nivel técnico, por lo que no era posible que fuese ascendida vía judicial a uno de nivel profesional por el simple hecho de contar con un título de pregrado, toda vez que dicha circunstancia no tiene por sí sola y de forma automática la capacidad de mutar el estatus al interior de la estructura de la entidad prestadora de salud. 4 Acuerdo 17 del 10 de diciembre de 1997 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Página 5 Por lo anterior, advirtió que el acto acusado - Oficio G Nº 05394 del 2 de noviembre de 2012no adolecía de ilegalidad alguna, pues fue expedido con apego al ordenamiento jurídico, y se evidenciaba que la demandada había venido recibiendo el sueldo correspondiente y previsto para el cargo que ocupaba. Igualmente descartó que se presentara trato discriminatorio alguno, pues no se logró acreditar que existieran instrumentadores quirúrgicos que recibían una asignación salarial mayor a la de la demandante y que cumplieran con las mismas funciones a ella asignadas al interior de la entidad demandada. Hizo mención a un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, referido a hospitales de Bogotá, en el que se indicaba que el empleo que desempeña la accionante podía ser catalogado como profesional o como técnico, reiterando que es el Concejo de Bogotá el competente para hacer dicha ubicación, donde se debía tener en cuenta los topes máximos salariales establecidos por el Gobierno Nacional. Evidenció que según el testimonio rendido por el Jefe Jurídico del Hospital Simón Bolívar, el no haber dado cumplimiento a lo previsto en la Ley 784 de 2002, obedeció a insuficiencia presupuestal. Finalmente, advirtió que de conformidad con el Manual de Funciones de la entidad hospitalaria demandada, el empleo de instrumentador quirúrgico se encuentra en el nivel técnico área Salud, mientras que en otros hospitales -El Tunal, San Vicente de Arauca,

Fundación Santa Fe de Bogotá y Militar Centralaquellos los catalogan en el nivel profesional, y tienen funciones adicionales a las que cumple la accionante, reafirmando la conclusión de no evidenciar violación al derecho a la igualdad. 1.2.2. Sentencia de segunda instancia La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió sentencia de segundo grado el 25 de noviembre de 2021, resolviendo en contra de las pretensiones de la demandante. Advirtió que los motivos de inconformismo giraron en torno a “los mismos argumentos esgrimidos en el libelo de la demanda”, los cuales identificó de la siguiente manera: iSi con la expedición de la Ley 784 de 23 de diciembre de 2002 para el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional se requiere de título de idoneidad universitario y si se le otorgó un plazo de 3 años a las instituciones hospitalarias públicas y privadas para emplear a profesionales en dicho oficio de conformidad con el artículo 9° ídem. iiSi la entidad distrital demandada no dio cumplimiento al anterior mandato legal, vulnerando el derecho constitucional al trabajo y las garantías laborales, asuntos consignados en los artículos 25 y 53 superiores. iiiSi a la accionante se le vulneró su derecho a la igualdad, al devengar como Técnico y no como Profesional Universitario del Área de la Salud, cargo que se encuentra en la planta de personal de los hospitales El Tunal, San Vicente y Militar Central. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 ivSe desconoció la Sentencia C-064 de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional trazó las directrices sobre la profesión de Instrumentador Quirúrgico.

Fijó el problema jurídico a resolver en los siguientes términos: “En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A que negó las súplicas de la demanda, al considerar el apoderado de la demandante que sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la nivelación salarial pretendida por su prohijada, por cuanto a pesar de desempeñar funciones que considera idénticas a las del cargo de Profesional Universitario 237 Área Salud en Instrumentación Quirúrgica, no obstante devenga el salario del cargo Técnico Área Salud 323 grado 06, en vista de la falta de implementación de la Ley 784 de 2002 por parte de la entidad hospitalaria demandada”. Para resolverlo, expuso la evolución normativa de la carrea de Instrumentador Quirúrgico y del marco legal para la adopción de plantas de personal de una entidad de salud a nivel territorial. Advirtió que, en Sentencia de 17 de julio de 2020 del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado número 25000-23-42-000-2013-01320-01 (4988-15)5, dicha corporación en sede de apelación había analizado el mismo acto hoy atacado -Oficio G Nº

05394 del 2 de noviembre de 2012y bajo iguales argumentos, pero diferente demandante6, por lo que las consideraciones allí expuestas serian acogidas en el presente asunto. Adujo que teniendo en cuenta que en ambos casos las partes demandantes detentaban el mismo empleo -Técnico Área Salud como Instrumentadoras Quirúrgicas-, y se trataba de igual entidad demandada -ESE Hospital Simón Bolívar-, y que el motivo de inconformidad devenía contra el mismo acto administrativo -que les negó la reclamación en virtud de la cual pretendían el mejoramiento de sus ingresos salariales y prestacionales por cuanto desempeñan la instrumentación quirúrgica a nivel profesional por haber optado al título de idoneidad universitariala Sala procedió a reiterar “mutatis mutandi para el caso en estudio, las razones esgrimidas en la providencia del 17 de julio de 2020, por lo que desde ya se anuncia la confirmación del fallo impugnado”. Recordó que el cargo frente al cual se solicita nivelación salarial “no existe -o existía para la fecha de las reclamaciones incoadas en sede administrativa y contenciosa-, en la plata de personal de la ESE Hospital Simón Bolívar y no resultaba suficiente el argumento de que la demandante desempeñaba las mismas funciones que las del Profesional Universitario”. Advirtió que no era posible acoger los argumentos de la apelación, pues no bastaba el haber cumplido la exigencia de formación académica profesional y el ejercicio de algunas funciones relacionadas a la profesión de Instrumentadora Quirúrgica, pues se debía partir “del presupuesto de la existencia del cargo dentro de la estructura o planta de cargos del

Hospital de cara al respectivo Manual de Funciones y Competencias Laborales, que no obstante compartir algunas actividades, las que cumplía la actora se ceñían a las del cargo de Técnico en Área de la Salud”. 5 M.P. Carmelo Perdomo Cuéter 6 Gloria Amparo Bedoya Caicedo Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 7 Llamó la atención sobre el hecho que si bien el artículo 18 del Decreto 785 de 2005 previó el empleo de Profesional Universitario Área Salud, dicha situación no implicó que de manera automática “quienes desempeñaban el empleo de Instrumentador Quirúrgico en las instituciones hospitalarias del país, adquirieron este estatus profesional como lo reclamó la parte actora, pues resultaba necesaria la implementación a nivel institucional de dicho empleo en la planta de personal de cada institución hospitalaria, fue por esta razón que en algunos hospitales ubicaron este empleo a nivel profesional y en otros se mantuvo a nivel técnico como ocurrió en el Hospital Simón Bolívar”. Reiteró que la conformación de las plantas de personal de las entidades prestadoras de salud al interior de las entidades territoriales, compete a los concejos municipales -artículo 313 superiory que para el caso de Bogotá, el Cabildo Distrital dejó en cabeza la respectiva entidad hospitalaria la función de aprobar la planta de personal para su adopción por el Gerente7, y que en el caso del Hospital Simón Bolívar, al adelantar el ajuste de su planta de

personal por medio del Acuerdo 08 del 15 de septiembre de 2005, en su artículo 1, frente al a cargo de instrumentador quirúrgico, había establecido que: Por lo anterior, señaló que para el año 2005 “la Junta Directiva del Hospital Simón Bolívar ubicó el empleo “Instrumentador Quirúrgico” en el nivel Técnico Área Salud, es decir, que reprodujo el artículo 21 del Decreto 785 de 2005 que establece las equivalencias, lo que significa que aún en vigencia de la Ley 785 de 2002 y de su decreto extraordinario del año 2005, en el Hospital Simón Bolívar el empleo de Instrumentador Quirúrgico se mantuvo en el nivel Técnico”. Indicó que el anterior supuesto no resultaba ilegal en momento alguno “por cuanto hasta tanto la planta de personal no hubiera dispuesto que el empleo de Instrumentador quirúrgico no se encontraba en un nivel distinto al Técnico, es decir, en el Profesional, su remuneración correspondía a la del empleo en el nivel Técnico”. Con ello concluyó que “la remuneración salarial y prestacional que el hospital retribuía a la accionante, era la que correspondía al empleo que desempeñaba tal y como así lo consignó el acto administrativo acusado, de tal suerte que la entidad demandada estaba impedida para remunerar un empleo por encima de la nomenclatura y clasificación que se tenía fijada para el Instrumentador Quirúrgico en el Nivel Técnico, como quiera que aceptar la tesis de la parte actora desconoce mandatos superiores como el artículo 122 de la Carta Política8 y el artículo 3º de la Ley 4ª de 19929”.

Finalmente, en lo que atañe a la presunta trasgresión al derecho a la igualdad, expuso que 7 Acuerdo 17 del 10 de diciembre de 1997 8 Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 9 ARTÍCULO 3º. - El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 las funciones asignadas a los instrumentadores quirúrgicos del nivel técnico y del profesional no son las mismas, pese a tener algunas en común, razón por la que tampoco se advertía la vulneración alegada.

Para terminar, se refirió a las consideraciones esgrimidas por la Corte Constitucional en Sentencia C-064 del 7 de febrero de 200210, de la que concluyó que la interpretación que la parte demandante le dio al sentido y consideraciones de tal providencia era “equivocada” pues “en ningún momento dicho fallo afirmó que las funciones del cargo de Técnico Área Salud correspondían a las del Profesional Universitario Área Salud”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA

DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Caducidad Dado que la sentencia de segunda instancia que fue emitida el 25 de noviembre de 2021, y frente a la cual se presentó solicitud de aclaración resuelta el 28 de abril de 2022, decisión que fue notificada por estado el 25 de mayo del mismo año, de conformidad con el artículo 251 del CPACA, la parte interesada tenía hasta el 26 de mayo de 2023 para interponer el recurso extraordinario de revisión, y como lo instauró el 13 de septiembre de 2022, se colige que la demanda se interpuso dentro del término legal habilitado para el efecto. 2.2. Competencia El Consejo de Estado es competente para conocer del recuso, según lo establecido en el primer inciso del artículo 24911 del CPACA modificado por la Ley 2080 de 2021, toda vez que, de acuerdo con el artículo 86 de esta misma ley, los recursos interpuestos se rigen por las normas vigentes al momento de su interposición, máxime cuando en este caso no se advierte ninguna situación que imponga la sujeción del trámite a las disposiciones que existían antes de su publicación, pues no se observan recursos por resolver, práctica de pruebas decretadas antes de su publicación, audiencias convocadas antes de su entrada en vigor, diligencias, incidentes, notificaciones o términos en curso para el 25 de enero de 2021, que es la fecha a partir de la cual rige la nueva legislación, a excepción de las normas alusivas a las competencias jurisdiccionales, las cuales empezaron a regir el 22 de enero de

2022. 2.3. Legitimación En este punto se indica que la demandante inicial fue ANA TULIA SIERRA SUÁREZ y

quien interpone el recurso extraordinario de revisión es su apoderado, luego esta se encuentra legitimada para controvertir la decisión. 2.4. Medidas cautelares: no hubo peticiones al respecto. 2.5. Petición de pruebas: tampoco hubo solicitudes sobre ese particular. 10 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 11Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 2.6. Problema jurídico Para el Ministerio Público el debate gira en torno a establecer si es procedente el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negando las pretensiones de la demanda, y en caso afirmativo, cual debe ser la decisión adoptar.

Para el efecto se expondrán algunas generalidades sobre el recurso extraordinario de revisión, así como de la causal en la que basó sus reclamaciones la parte recurrente, para finalmente referirnos al caso en concreto. 2.6.1. Generalidades del Recurso Extraordinario de Revisión12

El recurso extraordinario de revisión constituye un medio de impugnación excepcional contra la sentencia, el cual, permite el rompimiento del principio de cosa juzgada y su finalidad se contrae a restablecer tanto el imperio de la justicia, como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por decisiones injustas. Este recurso, está regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, y su ámbito de acción está restringido a las causales previstas por el legislador, las cuales no admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada. Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA, y en síntesis se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación al debido proceso, y se trata de causales que no aluden a errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo ha precisado el Consejo de Estado, “No es un recurso que proceda por violación de la ley”14. En otras palabras, “el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia.”15. Las sentencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las

12 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2021-00011-00. Sentencia de 15 de diciembre de 2021. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse igualmente y entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267. Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad. 11001-03-15-000-2012-00231-00, Actor: Víctor Daniel Viveros Villegas. 13 Con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, arts. 68, 69 y 70. 14 Cfr., Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 3, sentencia de 4 de agosto de 2021. Rad.

11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad.

11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso.”16

En suma, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al debido proceso y el restablecimiento de la justicia material. De manera que, como lo ha indicado el Consejo de Estado, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto. 2.6.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso La causal escogida por la recurrente para atacar la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la contemplada en el numeral 5º. del artículo 250 del CPACA, disposición que reza: “Son causales de revisión:

(…) “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación” Esta causal se estableció por el legislador para dar cuenta de una irregularidad proveniente de la providencia atacada, pero bajo el entendido de que los elementos de convicción que sirven de sustento a la pretensión se soporten en vicios graves e insaneables17, inferidos del contenido mismo de la decisión, o, inescindiblemente relacionados con aquella, provenientes del desconocimiento de las reglas y ritualidades sustantivas a las que está sometida la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada. La Sección Tercera, Subsección C, en providencia de 12 de febrero de 2014, dentro del radicado número: 47001-23-31-000-2009-00301-01(41859), acerca de esta causal de revisión fundada en una nulidad naci