PGN - DENUNCIA Información suministrada carece de fundamento que la haga admisible

TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO-No se configura esta conducta/TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICORecomendación para ocupar un cargo o postulación de una persona no conforma una influencia punible Si lo que quiere expresar la denunciante es que los Magistrados escogieron, presentaron o postularon en el cargo al doctor Edgar Saúl Fajardo Cardozo, tampoco podríamos afirmar que en este caso se configura la conducta de tráfico de influencias de servidor público, porque en el evento de que efectivamente uno de los Magistrados denunciados hubiera mediado para tal nombramiento, esta recomendación no constituye vulneración del bien jurídico tutelado por la administración pública, debido a que la sola recomendación para ocupar un cargo o la postulación de una persona no conforma una influencia punible salvo cuando pueda demostrarse que está asociada a presiones o factores de favoritismo o en su defecto carezca de las condiciones legales exigibles. ACTUACIÓN ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES-Compete a la comisión de investigación y acusación investigar a los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Compete a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes investigar a los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y dicha facultad no puede ser ejercida con fundamento en escritos que no revistan seriedad alguna, porque no se concretan los cargos o éstos no se apoyan en medio de convicción específico, o porque sean manifiestamente temerarios y no ofrezcan mérito para activar el sistema de investigación penal o disciplinario contra aforados

constitucionales, como es el caso que nos ocupa. FORMULACIÓN DE LA NOTICIA CRIMINAL-Requisitos para poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional Los precisos términos en los cuales debe ser puesto el funcionamiento del aparato jurisdiccional para la investigación de delitos, imponen al denunciante, querellante o peticionario la obligación de formular la noticia criminal bajo juramento, así sea que se presente verbalmente o por escrito, con la relación detallada de los hechos que sean susceptibles de ser constitutivos de delitos. Si estos requisitos no son satisfechos, o la denuncia carece de fundamento por no suministrar pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación, la autoridad judicial, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes lo es, no tiene alternativa distinta a inadmitirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley 600 de 2000. DENUNCIA-Información suministrada carece de fundamento que la haga admisible Es claro para esta Procuraduría que la información suministrada por la denunciante carece de fundamento que haga admisible la denuncia, toda vez que no aporta medio de convicción alguno del que se puede inferir siquiera la comisión de un hecho punible o de una falta disciplinaria, máxime si se tiene en cuenta que ha sido renuente a comparecer a la diligencia de ratificación y ampliación a la que fue convocada en dos oportunidades por el Tribunal Superior de Bogotá. 2 INVESTIGACIÓN PREVIA-Vencido el término de seis (6) se podrá dictar auto inhibitorio

Como es claro para el Ministerio Público, en el caso objeto de estudio debe darse aplicación al parágrafo del artículo 424 de la ley 600 de 2000, según el cual una vez vencido el término de seis meses para establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal el representante investigador podrá dictar auto inhibitorio, el que debe ser discutido y aprobado por la Cámara de Representantes en pleno. Bogotá, D.C., 15 de abril 2010 Concepto No. 0161IJP Doctor

H. Representante Investigador

Comisión de Investigaciones y Acusaciones

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ciudad Rad. 2865

Contra: Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura

Solicitud de Archivo Honorable Representante: En mi condición de agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, con mi acostumbrado respeto concurro a su Despacho a fin de solicitar se dé aplicación al artículo 424 de la Ley 600 de 2000, profiriendo auto inhibitorio, por los motivos y consideraciones que a continuación expongo.

I. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES Las presentes diligencias se originaron del escrito presentado el 2 de enero del 2010, por la señora Josefina Hernández Alcocer , a la Procuraduría General de la Nación en el que manifiesta su inconformidad por la manera como se nombró al doctor Edgar Saúl Fajardo Cardozo como Director

Seccional de Administración Judicial de Sucre. 3 Al carecer de competencia para adelantar cualquier investigación en contra de los denunciados, por expreso mandato del numeral 3° del artículo 178 de la Constitución Política, la Entidad Disciplinaria, mediante auto del 8 de

febrero del 2010, envió el correo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Una vez recibida la queja por parte de la Comisión de Acusación, la presidencia asignó las diligencias al representante investigador ALVARO PACHECO ALVAREZ, quien avocó el conocimiento el 24 de mayo del 2010, y dispuso abrir investigación preliminar comisionando a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que adelantara la diligencia de ratificación y ampliación de denuncia, la que no se llevó a cabo porque la denunciante no compareció, no obstante haber sido citada en dos oportunidades.

II. PRUEBAS RECAUDADAS En desarrollo de esta investigación se allegaron al proceso, entre otros, los siguientes elementos de juicio con base en los cuales se resolverá: 1.- Escrito del 2 de enero del 2010, suscrito por la señora Josefina Hernández Alcocer contra los Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, presuntamente al haber incurrido en una falta disciplinaria en el nombramiento del señor Edgar Saúl Fajardo Cardoso.

1

2. Auto del 24 de mayo del 2010 mediante el cual el Representante Investigador avoca el conocimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 331 de la ley 5 de 1992. 2

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 1 Folio 8 cuaderno original 2 Folio 17 cuaderno original

4 Como se indicó en el acápite precedente, las diligencias se originaron por el escrito enviado por la señora Josefina Hernández Alcocer, a la Procuraduría

General de la Nación, en el que manifiesta cierta inconformidad por la designación del doctor Edgar Saúl Fajardo Cardozo, como Director Seccional de Administración Judicial de Sucre, afirmando que los Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura pudieron tener alguna injerencia en la postulación del funcionario para el mencionado cargo. La denuncia fue presentada por la quejosa en los siguientes lacónicos términos: “.. Tengo información de que en pasada ocasión, el doctor Roberto Badel puso en conocimiento de ustedes el oscuro contubernio que se estaba gestando entre el senador Antonio Guerra de la Espriella (Patrocinador de Edgar Saúl Fajardo Cardoso) y el Diputado de la Asamblea de Sucre, señor Carlos Fajardo Cardozo, hermano del designado del Director Seccional de Administración Judicial, alianza que se traducía en el hecho de que Guerra de la Espriella hacia nombrar a Edgar Saúl Fajardo y el señor Carlos Fajardo Cardozo lo apoyaba políticamente, consignando en las próximas elecciones para el Congreso, los cerca de tres mil votos con los que el diputado cuenta en el Departamento. La Sala que usted preside hizo caso omiso de la denuncia del doctor Badel y precedió a repartir instrucciones al Director Ejecutivo Nacional para que nominara al ternado Edgar Saúl Fajardo Cardozo, desconociendo claros principios de transparencia e idoneidad que deban primar en la elección de los funcionarios públicos y en especial los de la rama judicial, pues estamos ciertos que en el tema que estructuró la Sala a finales de julio de 2009 estaban profesionales de ética y académicamente mejor

preparados que el mencionado Fajardo Cardoso” (Sic) En el escrito remitido por la Procuraduría General de la Nación a la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes, la señora Josefina Hernández Alcocer insinúa que los Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, influyeron el nombramiento del señor Edgar Saúl Fajardo Cardoso, como Director Seccional de Administración Judicial de Sucre, tales afirmaciones para esta Procuraduría Delegada carecen de fundamento, pues en la citada comunicación no se indica claramente en qué consiste realmente el comportamiento irregular desplegado por los Magistrados para que el doctor Fajardo Cardozo, fuese nombrado en ese cargo. 5 Ahora, si bien es cierto la señora Hernández Alcocer insinúa en el escrito de su denuncia que el Magistrado Hernando Torres Corredor presentó el nombre de un candidato del Senador Guerra de la Espriella y que este pudo ser el del doctor Fajardo Cardozo, también es cierto que sólo con esta afirmación no podríamos establecer la indebida influencia de los Magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, para que se nombrara al Director Seccional de Administración Judicial de Sucre. Por otra parte, si lo que quiere expresar la denunciante es que los Magistrados escogieron, presentaron o postularon en el cargo al doctor Edgar Saúl Fajardo Cardozo, tampoco podríamos afirmar que en este caso se configura la conducta de tráfico de influencias de servidor público, porque en el evento de que efectivamente uno de los Magistrados denunciados hubiera mediado para tal nombramiento, esta recomendación no constituye

vulneración del bien jurídico tutelado por la administración pública, debido a que la sola recomendación para ocupar un cargo o la postulación de una persona no conforma una influencia punible salvo cuando pueda demostrarse que está asociada a presiones o factores de favoritismo o en su defecto carezca de las condiciones legales exigibles. En esas condiciones no es posible vincular directamente a los Magistrados con los acontecimientos revelados por la quejosa, como para que se predique la necesidad de desplegar la actividad investigativa del Estado en materia criminal y de esa forma se considere indispensable la verificación de unos hechos muy inciertos, pues se advierte en el estudio de las diligencias que no ha sido posible la comparecencia de la señora Josefina Hernández Alcocer, con el fin de que ratifique los hechos objeto de investigación. 3 Ahora bien, compete a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes investigar a los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y dicha facultad no puede ser ejercida con fundamento en escritos que no revistan seriedad alguna, porque no se concretan los cargos o éstos no se apoyan en medio de convicción 3 Folios 30, 31 , 32 cuaderno original 6 específico, o porque sean manifiestamente temerarios y no ofrezcan mérito para activar el sistema de investigación penal o disciplinario contra aforados constitucionales, como es el caso que nos ocupa. Los precisos términos en los cuales debe ser puesto el funcionamiento del aparato jurisdiccional para la investigación de delitos, imponen al denunciante, querellante o peticionario la obligación de formular la noticia criminal bajo juramento, así sea que se presente verbalmente o por escrito,

con la relación detallada de los hechos que sean susceptibles de ser constitutivos de delitos. Si estos requisitos no son satisfechos, o la denuncia carece de fundamento por no suministrar pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación, la autoridad judicial, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes lo es, no tiene alternativa distinta a inadmitirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley 600 de 2000. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pacíficamente ha establecido lo siguiente: “Una “denuncia” de esta características, en lugar de posibilitar la clarificación de los hechos puestos en conocimiento de las autoridades, por si misma obstruye los canales de acceso a la verdad de lo sucedido. Además de que por su carácter no permite obtener una ampliación de los datos en ella consignados, puesto que se torna imposible localizar para ese efecto a su autor, la escasez de las referencias suministradas impide que la investigación se delante de una manera eficaz” (Sala de Casación Penal. Auto de única instancia del 27 de mayo de 2003. Rad. 16353). Ello acontece en el caso en estudio, donde la quejosa en escrito dirigido a la Procuraduría General de la Nación se limita, genéricamente, a manifestar que: “Señor presidente, en los pasillos del palacio de justicia, en la Dirección ejecutiva y en las Direcciones Seccionales, se comenta con asombro y preocupación, la cada vez mayor politización con la que la Sala Administrativa escoge a los funcionarios de la rama. En el caso que nos ocupa, sé que el

Magistrado Hernando torres Corredor, presentó el nombre de un candidato del Senador Guerra de la Espriella, porque éste se ha comprometido con él a apoyarlo en su aspiración a un cargo diplomático una vez culmine su periodo como Magistrado…” 7 Así las cosas, es claro para esta Procuraduría que la información suministrada por la denunciante carece de fundamento que haga admisible la denuncia, toda vez que no aporta medio de convicción alguno del que se puede inferir siquiera la comisión de un hecho punible o de una falta disciplinaria, máxime si se tiene en cuenta que ha sido renuente a comparecer a la diligencia de ratificación y ampliación a la que fue convocada en dos oportunidades por el Tribunal Superior de Bogotá. Como es claro para el Ministerio Público, en el caso objeto de estudio debe darse aplicación al parágrafo del artículo 424 de la ley 600 de 2000, según el cual una vez vencido el término de seis meses para establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal el representante investigador podrá dictar auto inhibitorio, el que debe ser discutido y aprobado por la Cámara de Representantes en pleno.

III. PETICION Conforme a los razonamientos planteados, insisto en mi petición inicial al señor Representante Investigador, conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 424 de la Ley 600 de 2000, en concordancia con el artículo 427 ibidem de proferir AUTO INHIBITORIO dentro de las presentes diligencias.

Atentamente,

JORGE ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal

JGV / IRMM