PGN - DENUNCIA PENAL CONTRA FISCAL Presunta arbitrariedad por vinculación a investigación

DENUNCIA PENAL CONTRA FISCAL-Presunta arbitrariedad por vinculación a investigación penal Al denunciante le parece que la fiscal que lo investigó y acusó, arbitrariamente le cambió el sentido al informe rendido por aquél Tribunal, e incluso omitió la valoración del contenido que le es favorable. El coronel denunciante ve las cosas desde esa personal óptica, entonces le parece que la fiscal actúo incorrectamente al vincularlo a la investigación penal y al emitir en su contra acusación judicial. Empero, a juicio del Ministerio Público, nada de ello resulta acertado, pues además no deja de ser una perspectiva muy personal. Incluso que haberse denunciado a la doctora casi inmediatamente después de que la judicatura declarara su responsabilidad penal, con la consecuente imposición de esa considerable pena, tiene más significación en el campo de la retaliación, claramente entendible en el campo de lo humano, más que el ideal de justicia. DENUNCIA PENAL CONTRA FISCAL-La fiscal actuó acorde al cumplimiento de su deber La fiscal actuó con absoluta fidelidad oficial, esto es, sin atar a sus desempeños investigativos ninguna actitud malhadada, ni por supuesto deseo alguno de perjudicar injustamente al coronel que, por cierto, ya tenía bastante con ser públicamente señalado por la manera como actuó militarmente en la retoma del palacio de justicia. El Ministerio público está convencido de que la fiscal hizo lo que tenía que hacer, sin falsear absolutamente nada, sin prevaricar, y por eso lo justo es que el Señor Fiscal disponga el archivo de las diligencias, conforme la preceptiva del artículo 79 de la ley 906 de 2004.

El Ministerio Público es de la opinión de que, lejos de ser una conducta típica, el comportamiento de la doctora revela el cabal cumplimiento de su deber como Fiscal. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos mínimos para que un hecho pueda ser caracterizado como delito Bogotá, D.C., miércoles 27 de octubre de 2010 A-14

DOCTOR

LUIS ALFONSO TRIANA CASTIBLANCO

FISCAL 1 DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA

CIUDAD.

REFERENCIA: Radicado número 110016000102200900166-1

ANGELA MARIA BUITRAGO RUIZ Antecedentes: La toma que en el mes de noviembre de 1985 hicieron miembros del entonces M-19 del edificio en donde funcionaban la Honorable Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en esta ciudad capital, culminó, como es de público conocimiento, con el trágico fallecimiento de muchos seres humanos y la desaparición de otros tantos, a más de la destrucción física de la edificación y de los elementos de variada connotación y valor que se hallaban en las distintas dependencias. También se sabe de las distintas acciones legales instauradas a partir de ese suceso. Una de ellas, de clara expresión penal, tiene que ver con la suerte del Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, que en su condición de oficial adscrito a la fuerza pública tuvo responsabilidades propias en la oposición armada a esa acción delincuencial. La Fiscalía General de la Nación, en este caso representada por la fiscal Angela María Buitrago Ruiz, abrió formalmente investigación en su contra

2 y lo vinculó mediante indagatoria, por supuesto conforme las directrices procedimentales trazadas en la ley 600 de 2000. Al sindicado PLAZAS VEGA se le impuso prontamente la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario. Tras el cierre de la investigación, la fiscal delegada produjo, el 11 de febrero de 2009, resolución de acusación por los delitos de ‘secuestro’ y ‘desplazamiento forzado’, agravados. El proceso jurisdiccional se radicó ante el juzgado 3° penal del circuito especializado de Bogotá. Su titular dirigió la actuación hasta el proferimiento de la sentencia declaratoria de responsabilidad penal por el injusto de ‘desaparición forzada’, el 9 de junio de 2010, y en consecuencia lo condenó a purgar, en prisión inmediata, treinta (30) años. Esa sentencia, que comporta los restantes efectos que le son propios, fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. A la fecha no se ha producido la sentencia de segunda instancia. Pues bien, por toda esa actuación cumplida por la fiscal Buitrago Ruiz, el sindicado Plazas Vega eleva el 25 de junio último denuncia penal en su contra, porque le parece que incurrió en los delitos de prevaricato, fraude procesal y falsedad en documento público. En lo sustancial, la carpeta penal comporta el escrito de denuncia aludido, innecesariamente extenso por cierto, y el interrogatorio rendido por la 3 fiscal Angela María, que, como se verá, fue enteramente aprovechado para dejar absolutamente claro que nada de irregular, y menos de ilegal,

tiene toda aquella actividad investigativa que, en términos de la ley 600 de 2000, es apta para la práctica de prueba. Igual consideración hace la fiscal denunciada respecto de la providencia calificatoria que ella reseña como la síntesis de lo probado a plenitud, por supuesto dentro de lo debido de la actuación. Pues bien, valorado a plenitud todo aquello, y sólo en la perspectiva del ‘orden justo’ que es precisamente el cometido Constitucional del Ministerio público1, unido al derecho que en la misma perspectiva Constitucional tiene toda persona de no ser sometida sin límites en el tiempo a indagaciones o investigaciones y menos en el orden penal, más todavía cuando la idea de la ‘atipicidad’ de la conducta emerge de bulto, en este espacio se procura motivar al Señor Fiscal, respetuosa y cordialmente, la idea de que se archive la actuación, conforme la preceptiva del artículo 79 de la ley 906 de 2004. Razones de la denuncia y fundamento de la petición de archivo. El denunciante PLAZAS VEGA concibe absolutamente sujeta a la ley colombiana su comportamiento oficial aquellos fatídicos días 5 y 6 de noviembre de 1985, y se apoya incluso en el contenido del informe rendido por el Tribunal especial de Instrucción Criminal, autorizado merced al decreto 3300 de ese mismo año, cuyos integrantes emitieron el informe final el 31 de mayo del siguiente año. 1 Artículo 277, numeral 7 4 Y como el coronel denunciante ve las cosas desde esa personal óptica, entonces le parece que la fiscal Buitrago Ruiz actúo incorrectamente al vincularlo a la investigación penal y al emitir en su contra acusación

judicial. Que faltó ella a la verdad; que asumió decisiones venales; que hizo afirmaciones temerarias, puntualizó. Desde particular perspectiva, pues, le parece que la fiscal que lo investigó y acusó, arbitrariamente le cambió el sentido al informe rendido por aquél Tribunal, e incluso omitió la valoración del contenido que le es favorable. Empero, a juicio del Ministerio Público, nada de ello resulta acertado, pues además no deja de ser una perspectiva muy personal. Incluso que haberse denunciado a la doctora Angela María casi inmediatamente después de que la judicatura declarara su responsabilidad penal, con la consecuente imposición de esa considerable pena, tiene más significación en el campo de la retaliación, claramente entendible en el campo de lo humano, más que el ideal de justicia. Inexorablemente habría que comenzar por la plena individualización de la persona denunciada, porque así lo impone la idea de que nadie es bueno o malo de la noche a la mañana. La doctora Angela María Buitrago Ruiz, es justo advertirlo, ha sido reconocida por el país entero, y en particular por la población vinculada a la actuación penal colombiana en todas las sedes e 5 instancias, como una investigadora absolutamente integérrima, éticamente intachable, pero además como paradigma académico y garantía en los entornos del Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho. Desde la Fiscalía General de la Nación, desde donde ha sido mayormente connotada, se le reconoce puntual y profunda en los entornos de la criminalística, lo jurídico probatorio y lo procesal. Se quiere aludir a lo anterior para de una vez descartar, por merecimiento

personal y por regla Constitucional respecto a la ‘buena fe’ que tiene que reconocerse en la actuación de las gentes en Colombia2, que la fiscal Buitrago Ruiz actuó con absoluta fidelidad oficial, esto es, sin atar a sus desempeños investigativos ninguna actitud malhadada, ni por supuesto deseo alguno de perjudicar injustamente al coronel Plazas Vega que, por cierto, ya tenía bastante con ser públicamente señalado por la manera como actuó militarmente en la retoma del palacio de justicia que había sido criminalmente asaltado por quienes para entonces se agrupaban autodominándose M-19. Descartada sensatamente cualquier maledicencia, importa reconocer que la doctora Angela María Buitrago Ruiz para entonces era integrante de la Fiscalía General de la Nación, en calidad de Delegada ante al Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. A ella le correspondió legítimamente el abordaje del asunto desde el cual el coronel Plazas Vega deriva compromiso penal. Por lo tanto, ella era sin lugar a dudas competente para 2 ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 6 determinar la apertura de la investigación, disponer su vinculación mediante indagatoria, resolverle la primera situación jurídicas, lo que hizo por vía de imposición de medida de aseguramiento, componer la investigación, cerrarla y, finalmente, calificar el mérito sumarial. Si en todo ello hay total legitimidad, nada puede tacharse respecto de esos ejercicios, porque ni son arbitrarios, ni desbordados.

En la actuación penal bajo la dirección de la fiscal Buitrago Ruiz hubo espacio, y a plenitud, para la defensa tanto técnica como material. Plazas Vega y su defensor siempre fueron oídos. Las notificaciones y los traslados se escrutan radicalmente inmaculados. Algunas providencias se pronunciaron durante la fase investigativa, por cierto obra de la doctora Buitrago Ruiz. Todas ellas, cualquiera fuera su objeto, ostentan plausible motivación. Solo que al resultar contrarias a los intereses de la defensa, la admiración no tendría porque compartirse. Esa actitud, igualmente humana, también la reconoce y la comprende el Ministerio Público. La imposición de la medida de aseguramiento de detención y la acusación judicial, que es tanto como la formulación de la pretensión punitiva, ostentan los niveles de racionalidad que reclaman cada uno en su orden. Basta abordarlos sin prevención y con esmero. Merced a esos niveles, por ejemplo el que atañe a la valoración de la prueba, ostenta la fuerza jurídica que habría que imponerle quien, como la doctora Buitrago Ruiz, sabe a plenitud el oficio. Igual acontece respecto del juicio de adecuación típica, 7 más todavía tratándose de un caso tan público y de tanta trascendencia y significación nacional e internacional como el que motivó la apertura de la investigación. Pero en esa motivación, que se repite sí hay fuerza en el análisis y en sus conclusiones, no hay perversión, autoritarismo ni arrogancia. El Ministerio público está convencido de que la fiscal Angela María Buitrago Ruiz hizo

lo que tenía que hacer, sin falsear absolutamente anda, sin prevaricar, y por eso lo justo es que el Señor Fiscal disponga el archivo de las diligencias, conforme la preceptiva del artículo 79 de la ley 906 de 2004. Véase: “Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. “Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal”. La motivación precedente permite lógicamente aludir a la atipicidad de la conducta denunciada por el coronel Plazas Vega. “Para que un hecho pueda ser caracterizado como delito o su existencia pueda ser apreciada como posible, ha puntualizado la Honorable Corte Constitucional, se deben presentar unos presupuestos objetivos mínimos que son los que el fiscal debe verificar. Dichos presupuestos son los atenientes a la tipicidad de la acción. La caracterización de un hecho 8 como delito obedece a la reunión de los elementos objetivos del tipo. La posibilidad de su existencia como tal surge de la presencia de hechos indicativos de esos elementos objetivos del tipo. “Sin entrar en detalles doctrinarios sobre el tipo objetivo, se puede admitir que “al tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del delito, de una acción típica y por regla general también la descripción del resultado penado”.3 Cuando el fiscal no puede encontrar estos elementos objetivos que permiten caracterizar un hecho como delito, no se dan los presupuestos mínimos para continuar con la investigación y

ejercer la acción penal. Procede entonces el archivo” (C-1154 de 2005). Sólo con el empeño de lograr la decisión justa, el Ministerio Público es de la opinión de que, lejos de ser una conducta típica, el comportamiento de la doctora Angela María Buitrago Ruiz revela el cabal cumplimiento de su deber como Fiscal delegada ante la Sala Penal de la Corte, razón por la cual se reitera el pedimento atrás planteado. Del Señor Fiscal, atentamente. JUAN GUILLERMO JARAMILLO DIAZ Procurador 4° delegado para la investigación y juzgamiento. 3 Roxin, Claus. 1999. Derecho Penal. Parte General, Tomo I. Fundamentos la Estructura de la Teoría del Delito, p. 304. Madrid: Civitas. 9