PGN - DENUNCIA PENAL Por omitir la notificación de revisión de tutela

DENUNCIA PENAL-Por omitir la notificación de revisión de tutela Observa el Ministerio Público que los hechos no cuentan con relevancia jurídico penal que amerite la acción punitiva del Estado, por cuanto los mismos no cumplen con los elementos estructurantes de los tipos penales imputados, y es por este motivo que este Despacho considera que lo que pretende hacer valer el denunciante en el escrito de su denuncia como delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y abuso de función pública, no es más que el desconocimiento del trámite regular que se sigue por la Corte Constitucional en la revisión de las sentencias señalado en el reglamento interno de la Corte Constitucional. Con el acervo procesal existente, conforme a la lectura integral de la denuncia, las conductas que se predican de los Magistrados de la Corte Constitucional, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentan no constituyen delitos de falsedad ideológica en documento público, tampoco de prevaricato por omisión, mucho menos de abuso de autoridad señalados por el denunciante. Para esta Procuraduría, en este caso no se afecta o pone en peligro el bien jurídico tutelado por el Estado, de la administración pública, la fe y la función pública, y la existencia del principio de la función reglada que exige que las funciones públicas se encuentren debidamente expresadas y señaladas por la ley. Al examinar detenidamente el fundamento de la denuncia, sobre el tema objeto de censura, brota con nitidez que los doctores, en su condición de Magistrados de la Corte

Constitucional, no transgredieron los tipos penales atribuidos, porque para que objetivamente pueda predicarse tipicidad en su comportamiento se requiere, en primer lugar, que la conducta omisiva y abusiva de los servidores públicos se realice con el desarrollo normal de las funciones que le son asignadas legal y constitucionalmente, es decir que los verbos rectores de omitir, retardar y realizar sean cumplidos contra el marco de legalidad exigido con ocasión de su investidura, de acuerdo con esta regla, en el presente caso no podría haberse configurado entonces la conducta de prevaricato por omisión. FUNCIÓN PÚBLICA-Sólo puede ser ejercida por quien está investido de la calidad de servidor público. El servidor público sólo puede hacer lo que esté expresamente permitido y los particulares todo lo que no está expresamente prohibido, y por ello es que la función pública en principio sólo puede ser ejercida o realizada por quien está investido de la calidad de servidor público. Lo anterior significa que, pese a que el denunciante endilga la hipótesis delictiva de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y abuso de la función pública, a los Magistrados de la Corte Constitucional, del análisis de los elementos allegados al expediente podemos observar la atipicidad de las conductas mencionadas. Se aprecia en la denuncia que ésta versa sobre la fecha en que fue proferida la sentencia T284 de 2006 y la presunta omisión de los Magistrados de la Corte Constitucional de notificarla a los sujetos procesales. REVISIÓN DE PROVIDENCIAS-Magistrados actuaron apropiadamente de conformidad con el estatuto procedimental aplicable al caso

| No sólo se puede evidenciar que los Magistrados actuaron apropiadamente de conformidad con el estatuto procedimental aplicable para la revisión de las sentencias sino que también cumplieron con el reglamento interno de la Corte Constitucional, atendiendo el artículo 34 del acuerdo 05 de 1992, que señala el procedimiento que se sigue para la deliberación y el estudio de los fallos, ponencias y tutelas asignadas por reparto para su revisión,… Teniendo en cuenta lo anterior, la revisión de los fallos , ponencias o tutelas tienen un procedimiento propio asignado legalmente por la reglamentación mencionada, y tenemos entonces que el 5 de abril del 2006 fue el día que, de acuerdo con ese reglamento, la Sala se reunió en pleno para estudiar el caso del señor denunciante, y fue en ese momento que se adoptó la decisión contenida en la sentencia T284 del 05 de abril del 2006; por lo tanto es esa la fecha que le corresponde a la providencia, de acuerdo no sólo a la explicación proporcionada por la doctora en la versión libre que rindió ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sino también por el Estatuto mencionado; ahora, que esa instrucción no exija la formalidad de que el documento salga redactado de la sala el día en que los magistrados se reúnen para tomar la decisión, como sugiere el peticionario, no quiere decir esto que el fallo no pueda tomarse verbalmente y posteriormente sea proyectado por cada uno de los Magistrados ponentes, como legalmente lo señala el acuerdo mencionado y como efectivamente ocurrió en este caso. FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO-Formas de presentarse

La acción delictiva que se sanciona con este tipo penal, puede presentarse de varias maneras puede consistir en consignar una falsedad o callar total o parcialmente la verdad, significa esto que la conducta punible puede darse por acción o por omisión; es por acción cuando el servidor público hace constar en el documento que expide, algo que no es cierto y es una conducta omisiva cuando el agente omite consignar de manera parcial o total la verdad, es decir lo que debidamente debe constar o decirse en el documento público . FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO-Objeto material Como quiera el hecho delincuencial tiene como objeto material el “documento público”, pues es aquí donde se consigna la falsedad, se requiere necesariamente que el servidor público al expedir dicho documento lo haga bajo dos condiciones:  Que sea dentro del ejercicio de sus funciones, porque si éste se emite pero hay incompetencia del servidor público para hacerlo, se estaría entonces frente a un documento privado no público.  Debe tener conocimiento de que el documento sobre el que opera es una prueba, y por lo anterior su acción tiene que ir dirigida a menoscabar o destruir esa calidad. FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO-Tipo penal de mera conducta No se requiere pues que el daño se produzca, solamente puede ser que se emita una declaración de autoridad en contra o a favor de algo o alguien, y es un tipo penal de mera conducta porque se consuma con el sólo acto de consignar algo que no es cierto u omitirlo simplemente. FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO-funcionarios denunciados en ningún momento han consignado o declarado sobre el documento

objeto de revisión 2 Al analizar la decisión discutida queda plenamente establecido que en ningún momento los funcionarios denunciados han consignado o declarado sobre el documento en este caso la sentencia T284 de 2006, hechos que no son ciertos ya que la acción constitutiva del tipo penal mencionado es expresar o señalar sobre un documento juicios de valor que han de tener la fuerza suficiente probatoria para lesionar, dañar, o herir o el crédito de la persona contra quien se dirija la acción. Circunstancia que no se aprecia en el asunto en cuestión, pues en la citada providencia proferida por los Magistrados en ningún momento se falta a la verdad u omite un acto valorativo por los Magistrados, por el contrario ella obedeció a un criterio jurídico sobre la decisión de revocar el fallo que declaró nula la elección del Gobernador de Córdoba. ACTO ADMINISTRATIVO-No se atacó la función pública Se puede deducir sin lugar a dudas que, en el acto administrativo pronunciado por los Magistrados de fecha 5 de abril del 2006, no existe contenido ofensivo o clara intención de atacar la función pública, por el contrario quedó determinado en las diligencias que los Magistrados desarrollaron dentro de su competencia la función que le correspondía constitucionalmente como fue la de revisar la sentencia mencionada, que si bien es cierto el reglamento interno de la Corte Constitucional exige que esta revisión se realice conforme al artículo 34 del acuerdo 05 de 1992,, también lo es necesariamente que esta circunstancia es desconocida por el accionante y al no estar de acuerdo con la fecha de comunicación de la sentencia instauró la denuncia objeto de controversia.

Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2011 Concepto No. 0261IJP Doctor

H. Representante Investigador

Comisión de Investigación y Acusación

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ciudad Rad. 1980

Contra: Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Otros

Magistrados Corte Constitucional Solicitud de Inhibitorio JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ, en mi condición de representante del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia, concurro a su Despacho a fin de solicitar que se profiera resolución inhibitoria a favor de los doctores Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, en su condición de Magistrados de la Corte Constitucional, por los motivos y consideraciones que a continuación expongo. 3 HECHOS Las presentes diligencias se originaron del escrito presentado el 28 de junio del 2006, por el señor Reginaldo Enrique Montesa Álvarez, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mediante el cual instaura denuncia penal contra los doctores Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, Magistrados de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional , por incurrir presuntamente en los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y abuso de autoridad. Conforme a lo señalado por el ciudadano, éste fue elegido en el cargo de Gobernador de Córdoba para el periodo 20042007, elección que fue declarada en firme mediante acuerdo No. 003 del 17 de diciembre del 2002 por parte del

Consejo Nacional Electoral. La nulidad de tal elección fue demandada por varios ciudadanos, al considerar que el señor López Cabrales se encontraba inhabilitado por haber contratado con la cooperativa ECOGESTAR, demanda que se hizo ante la Sección Quinta del Consejo de Estado y próspero, declarándose nula su elección el 24 de agosto del 2005 por la citada corporación. Ante esta circunstancia, el señor Montesa Álvarez demandó la mencionada providencia a través de acción de tutela por considerar que mediante aquella se habían vulnerado, entre otros derechos fundamentales, el debido proceso y ejercicio de funciones públicas, la que fue interpuesta ante la Sección Primera del Consejo de Estado y fue denegada por la misma Corporación el 20 de octubre del 2005. A la Sala Número 12 de la Corte Constitucional, le correspondió por reparto la mencionada decisión mediante auto del 09 de diciembre de 2005, asignando el caso para su revisión a los Honorables Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, en su condición de Magistrados de la Corte Constitucional. El día 08 de mayo de 2006, se asignó formalmente a la doctora Clara Inés Vargas Hernández, y el 12 de junio de 2006 fue recibido en secretaría el expediente con sentencia aprobada, la cual fue comunicada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. 4 El 28 de junio del 2006 el señor Reginaldo Montes Álvarez presentó denuncia penal ante la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes en contra

de los señores Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, por lo delitos enunciados en precedencia. De esta manera el quejoso declara, que la acción prevaricadora de los doctores Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, Magistrados de la Corte Constitucional, consiste en haber omitido la notificación de la providencia T284 de 2006 y que, como consecuencia de ello, no se vincularon al proceso otras personas que se vieron afectadas con la mencionada decisión. ANTECEDENTES PROCESALES Conforme a lo anterior, se tiene que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes asignó el conocimiento de las diligencias, el 3 de mayo del 2007, al Representante Investigador Germán Alonso Olano Becerra, y por esta razón se asume como última fecha de apertura de investigación previa en contra de los Magistrados de la Corte Constitucional la del 3 de mayo de 2007, fecha en la que el Representante Investigador avocó las diligencias.1 Con ocasión de los hechos anteriormente relatados, fueron aportadas a la actuación, entre otras pruebas, las siguientes: 1.-Denuncia del 28 de junio de 2006, suscrita por el señor Reginaldo Enrique Montes Álvarez contra los doctores Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y abuso de la función pública, en el trámite de revisión de la acción de tutela del 05 de abril del 2006 2

2. Providencia T284 del 5 de abril del 2006, proferida por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, por medio de la cual se revisó la acción de tutela instaurada por el doctor Libardo José López Cabrales, contra la decisión del 24 de agosto del 2006 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró nula su elección como Gobernador del Departamento de Córdoba para el periodo 2004 – 2007. 3 1 Folio 217 cuaderno original 2 Folio 1 cuaderno original 3 Folio 150 cuaderno original 5 3.-Diligencia de versión libre que rinde la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández Magistrada el 1 de octubre del 2008, ante la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes.4

DEL CASO EN CONCRETO La presente investigación guarda relación con la aparente omisión de los doctores Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, Magistrados de la Corte Constitucional, en la notificación de la sentencia T284 de 2006 del 05 de abril del 2006, por medio de la cual se revisó el trámite de acción de tutela instaurado por el señor Reginaldo Enrique Montes Álvarez, contra la Sala Quinta del Consejo de Estado, que declaró nula su elección como Gobernador del Departamento de Córdoba, constituyendo esto para el denunciante la configuración de los delitos falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y abuso de autoridad, contemplados en los artículos 286, 414 y 428, del Código Penal. Señala el denunciante que su inconformidad radica fundamentalmente en que la

providencia T284 del 2006 fue proferida el 5 de abril del 2006 y sólo hasta el 12 de junio de 2006 fue comunicada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conducta omisiva que vulneró de alguna manera derechos fundamentales de otras personas que se vieron afectadas con la mencionada decisión. Al analizarse lo cuestionado, observa el Ministerio Público que los hechos no cuentan con relevancia jurídico penal que amerite la acción punitiva del Estado, por cuanto los mismos no cumplen con los elementos estructurantes de los tipos penales imputados, y es por este motivo que este Despacho considera que lo que pretende hacer valer el denunciante en el escrito de su denuncia como delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y abuso de función pública, no es más que el desconocimiento del trámite regular que se sigue por la Corte Constitucional en la revisión de las sentencias señalado en el reglamento interno de la Corte Constitucional. CONSIDERACIONES Actuación ante la Cámara de Representantes 4 Folio 388 cuaderno original 6 El artículo 424 del Código Procesal Penal dispone que si surgiere alguna duda sobre la procedencia de la apertura de investigación, se ordenará abrir diligencias previas por el término máximo de seis ( 6 ) meses , con el objeto de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal.

Y el parágrafo: “Una vez vencido el término anterior el representante investigador dictara auto inhibitorio o de apertura de investigación. El auto inhibitorio será discutido y aprobado por la Cámara de Representantes.”

Con el acervo procesal existente, conforme a la lectura integral de la denuncia, las conductas que se predican de los Magistrados de la Corte Constitucional, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentan no constituyen delitos de falsedad ideológica en documento público, tampoco de prevaricato por omisión, mucho menos de abuso de autoridad señalados por el denunciante. Para esta Procuraduría, en este caso no se afecta o pone en peligro el bien jurídico tutelado por el Estado, de la administración pública, la fe y la función pública, y la existencia del principio de la función reglada que exige que las funciones públicas se encuentren debidamente expresadas y señaladas por la ley. Así lo dispone el artículo 122 de la Constitución Nacional. “.. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectivas planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente…” Como bien sabemos “el servidor público sólo puede hacer lo que esté expresamente permitido y los particulares todo lo que no está expresamente prohibido”, y por ello es que la función pública en principio sólo puede ser ejercida o realizada por quien está investido de la calidad de servidor público. Lo anterior significa que, pese a que el denunciante endilga la hipótesis delictiva de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y abuso de la función pública, a los Magistrados de la Corte Constitucional, del análisis de los elementos allegados al expediente podemos observar la atipicidad de las

conductas mencionadas. Se aprecia en la denuncia que ésta versa sobre la fecha en que fue proferida la sentencia T284 de 2006 y la presunta omisión de los Magistrados de la Corte Constitucional de notificarla a los sujetos procesales. 7 Al examinar detenidamente el fundamento de la denuncia, sobre el tema objeto de censura, brota con nitidez que los doctores Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis, y Jaime Araujo Rentería, en su condición de Magistrados de la Corte Constitucional, no transgredieron los tipos penales atribuidos, porque para que objetivamente pueda predicarse tipicidad en su comportamiento se requiere, en primer lugar, que la conducta omisiva y abusiva de los servidores públicos se realice con el desarrollo normal de las funciones que le son asignadas legal y constitucionalmente, es decir que los verbos rectores de omitir, retardar y realizar sean cumplidos contra el marco de legalidad exigido con ocasión de su investidura, de acuerdo con esta regla, en el presente caso no podría haberse configurado entonces la conducta de prevaricato por omisión . Al llegar a este punto, es de advertir que los funcionarios estudiaron jurídicamente el caso sobre la finalidad de revisar la sentencia, con un determinado criterio jurídico y conforme a la disposición contenida en el artículo 31 del Decreto o 2591 de 1991 que señala : Artículo 31 Efectos de la Revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez

o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta. Del anterior extracto, no sólo se puede evidenciar que los Magistrados actuaron apropiadamente de conformidad con el estatuto procedimental aplicable para la revisión de las sentencias sino que también cumplieron con el reglamento interno de la Corte Constitucional, atendiendo el artículo 34 del acuerdo 05 de 1992, que señala el procedimiento que se sigue para la deliberación y el estudio de los fallos, ponencias y tutelas asignadas por reparto para su revisión, el cual textualmente consagra: “…Articulo 34. Reglas para las deliberaciones. El estudio en sala de las ponencias de fallo se sujetará a las siguientes reglas: “…1a. El autor del proyecto por discutirse lo leerá y, si lo desea, hará además explicación oral de su contenido. 2a. Si hubiere varios estudios o informes, se dará luego lectura a los demás en orden alfabético de apellidos de sus autores. 3a. Los comentadores expondrán oralmente o leerán las razones de su opinión. 4a. El Presidente concederá la palabra por turno riguroso a quienes deseen presentar sus observaciones. 8 5a. Antes del cierre del debate y en cuanto los términos lo permitan, cualquier Magistrado podrá solicitar en rotación el proceso en estudio, por un lapso no mayor de ocho días, durante los cuales, se suspenderá la discusión. Se entenderá agotado el debate cuando, oídos los que quisieron intervenir y, anunciado por el Presidente que va a cerrarse la discusión, ningún Magistrado pida la palabra para continuarla.

Entonces el Presidente la declarará cerrada. 6a. Terminado el debate, se hará la votación, primero sobre la parte resolutiva y después sobre la motiva o sobre las conclusiones del informe. La parte resolutiva requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los Magistrados. La parte motiva se podrá aprobar por mayoría relativa. Para aprobar los informes de comisión y demás documentos se requerirá mayoría absoluta. 7a. Cuando en materia constitucional haya varios estudios en discusión, cerrada ésta, se votará en primer lugar el del ponente y si fuere negado se abrirá la votación sobre el o los que le siguen, en el orden indicado en la regla segunda. 8a. Si se pide que se decida sobre suficiente ilustración, así se hará, salvo que alguno de los Magistrados solicite plazo para estudiar el asunto con más amplitud, caso en el cual, la Sala podrá concederle uno prudencial, si así lo permite el término constitucional para decidir. 9a. Cuando el proyecto o estudio obtenga la mayoría legal de los votos de los Magistrados, a cada uno de los demás se concederá el plazo fijado en el Decreto 2067 de 1991 para aclarar o salvar su voto. Si el proyecto principal no obtiene en la Sala ese mínimo de votos, el negocio pasará al Magistrado que corresponda, que designe el Presidente entre el grupo de Magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto en el que se exponga la tesis de la mayoría, si el Magistrado ponente original no acepta hacerlo. El nuevo estudio será sometido oportunamente a votación. En este caso y cuando, como consecuencia de las deliberaciones haya que efectuar ajustes a la ponencia, el magistrado

sustanciador dispondrá de un plazo de diez (10) días para depositar en la Secretaría el texto definitivo, copia del cual se hará llegar a los magistrados disidentes, con el objeto de que presenten dentro de los cinco días siguientes, el correspondiente escrito de salvamento o aclaración de voto. (Acuerdo 01 de 1995) 10a. Cuando las discrepancias no se refieran al fondo sino a la forma de la providencia, también podrán expresarse por escrito, los motivos de la salvedad o aclaración dentro de un plazo de cinco días, con el fin de que se agreguen al texto de la decisión principal.”. Teniendo en cuenta lo anterior, la revisión de los fallos , ponencias o tutelas tienen un procedimiento propio asignado legalmente por la reglamentación mencionada, y tenemos entonces que el 5 de abril del 2006 fue el día que, de acuerdo con ese reglamento, la Sala se reunió en pleno para estudiar el caso del señor Reginaldo Enrique Montesa Álvarez, y fue en ese momento que se adoptó la decisión contenida en la sentencia T284 del 05 de abril del 2006; por lo tanto es esa la 9 fecha que le corresponde a la providencia, de acuerdo no sólo a la explicación proporcionada por la doctora Clara Inés Vargas Hernández en la versión libre que rindió ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sino también por el Estatuto mencionado; ahora, que esa instrucción no exija la formalidad de que el documento salga redactado de la sala el día en que los magistrados se reúnen para tomar la decisión, como sugiere el peticionario, no quiere decir esto que el fallo no pueda tomarse verbalmente y posteriormente sea

proyectado por cada uno de los Magistrados ponentes, como legalmente lo señala el acuerdo mencionado y como efectivamente ocurrió en este caso. Por otra parte si retomamos el artículo 31 del Decreto o 2591 de 1991, “... Las sentencias en que se revise una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte...” Podemos demostrar que en el caso, se cumplió con el trámite regular exigido. El Consejo de Estado, el 12 de junio del 2006, comunicó la sentencia T284 del 2006, conforme lo exige la normatividad. De igual manera la doctora Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General de la Corte Constitucional, en el oficio No. 231 del 10 de junio del 2008 manifestó: “…Por último, la sentencia T284 de 2006 de fecha 5 de abril del 2006 fue recibida en la secretaría General el día lunes 12 de junio del 2006, y comunicada al Consejo de Estado mediante oficio No. STB – 312 del 14 de junio de 2006, de acuerdo a lo ordenado en la parte resolutiva que dispuso lo siguiente: Cuarto.- Líbrese por Secretaria, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991...” Después de haber indicado el estatuto procedimental que se aplicó en la Corte Constitucional respecto del proyecto de la sentencia T284 de 2006, confirma este Despacho que los Magistrados de la Corte Constitucional no incurrieron en

conducta reprochable alguna, sin embargo se hace necesario dilucidar en lo que tiene que ver con cada una de las conductas penales descritas por el señor Reginaldo Enrique Montes Álvarez, para culminar el análisis de los hechos objeto de investigación. El tipo penal de Falsedad Ideológica en Documento Público está definido por el Código Penal Colombiano: Artículo 286. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la 10 verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco ( 5) a diez (10 ) años. La acción delictiva que se sanciona con este tipo penal, puede presentarse de varias maneras puede consistir en consignar una falsedad o callar total o parcialmente la verdad, significa esto que la conducta punible puede darse por acción o por omisión; es por acción cuando el servidor público hace constar en el documento que expide, algo que no es cierto y es una conducta omisiva cuando el agente omite consignar de manera parcial o total la verdad, es decir lo que debidamente debe constar o decirse en el documento público . Como quiera el hecho delincuencial tiene como objeto material el “documento público”, pues es aquí donde se consigna la falsedad, se requiere necesariamente que el servidor público al expedir dicho documento lo haga bajo dos condiciones:  Que sea dentro del ejercicio de sus funciones, porque si éste se emite pero hay incompetencia del servidor público para hacerlo, se estaría entonces frente a un documento privado no público.  Debe tener conocimiento de que el documento sobre el que opera es una

prueba, y por lo anterior su acción tiene que ir dirigida a menoscabar o destruir esa calidad. No se requiere pues que el daño se produzca, solamente puede ser que se emita una declaración de autoridad en contra o a favor de algo o alguien, y es un tipo penal de mera conducta porque se consuma con el sólo acto de consignar algo que no es cierto u omitirlo simplemente. En este caso, al analizar la decisión discutida queda plenamente establecido que en ningún momento los funcionarios denunciados han consignado o declarado sobre el documento en este caso la sentencia T284 de 2006, hechos que no son ciertos ya que la acción constitutiva del tipo penal mencionado es expresar o señalar sobre un documento juicios de valor que han de tener la fuerza suficiente probatoria para lesionar, dañar, o herir o el crédito de la persona contra quien se dirija la acción. Circunstancia que no se aprecia en el asunto en cuestión, pues en la citada providencia proferida por los Magistrados en ningún momento se falta a la verdad u omite un acto valorativo por los Magistrados, por el contrario ella obedeció a un criterio jurídico sobre la decisión de revocar el fallo que declaró nula la elección del Gobernador de Córdoba. 11 De lo anterior, se puede deducir sin lugar a dudas que, en el acto administrativo pronunciado por los Magistrados de fecha 5 de abril del 2006, no existe contenido ofensivo o clara intención de atacar la función pública, por el contrario quedó determinado en las diligencias que los Magistrados desarrollaron dentro de su competencia la función que le correspondía constitucionalmente como fue la de

revisar la sentencia mencionada, que si bien es cierto el reglamento interno de la Corte Constitucional exige que esta revisión se realice conforme al artículo 34 del acuerdo 05 de 1992,, también lo es necesariamente que esta circunstancia es desconocida por el accionante y al no estar de acuerdo con la fecha de comunicación de la sentencia instauró la denuncia objeto de controversia. Con respecto al delito de prevaricato por omisión, el que se encuentra descrito en el artículo 414 de la ley 599 del 2000: Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehusé o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años. Los elementos constitutivos del llamado delito de prevaricato por omisión son los siguientes: 1.- Que el agente tenga la calidad de empleado oficial 2.- Que la acción recaiga sobre un acto propio de las funciones del servidor público. 3.- Que se omita, rehúse, retarde o deniegue el cumplimiento de ese acto funcional. Lo anterior, nos permite comprender que la