PGN-DEPENDENCIA-Coordinadora Centro Zonal

Bogotá, D.C., 17 de julio de 2009 C131-2009

PAD n.° 2718

DOCTORA

CAROLINA PELÁEZ RÍOS S

PERSONERÍA MUNICIPAL ANORÍ (ANTIOQUIA) Ref.: Su oficio sin fecha dirigido a la procuradora regional de Antioquia (e), doctora Blanca Nubia Carvajal Mejía, recibido en este organismo de control el 16 de junio de 2009, bajo el número 175499, y radicado en esta dependencia el 23 de junio del citado año.

Apreciada doctora: En el oficio de la referencia, puso en conocimiento de la Procuradora Regional de Antioquia (e), algunas inquietudes que frente a sus funciones expuso el Presidente del Concejo Municipal, lo atinente a la solicitud de dicho funcionario de que se le informe a esa corporación cuándo usted deba ausentarse, y lo manifestado por la Coordinadora Zonal del ICBF, quien en una reunión le expresó que debía dictar los cursos a los padres cuando se les haya amonestado por parte de la comisaría de familia.

Manifiesta sobre este último punto, que no sabe si le corresponde dicha función, ya que en la comisaría cuentan con otros profesionales, y que dada la carga laboral a su cargo sería imposible dictarlos. Ante todo, se advierte que en desarrollo de la función consultiva asignada a este Despacho, (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no es posible absolver casos particulares o concretos, de acuerdo con lo señalado en la Resolución número 127 de 3 de abril de 2008, proferida por el señor Procurador General de la Nación, por la cual se

reglamenta el ejercicio del derecho de petición en este organismo de control. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 1 Carrera 5ª. N.° 1580 Piso 23. www.procuraduria.gov.co Se comienza por decir que a los personeros, como agentes del Ministerio Público, les corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, proteger el interés general y vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, igualmente ejercen el control administrativo del municipio. Específicamente, las atribuciones del personero municipal se encuentran señaladas en los artículos 178 a 181 de la Ley 136 de 1994, y vale la pena resaltar que las funciones de este servidor público se fortalecieron con la expedición de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, la que en el artículo 24, señaló que “en los municipios donde no exista contraloría municipal, el personero ejercerá funciones de veedor del tesoro público”. Asimismo, la Ley 734 de 2002, en los artículos 67 (ejercicio de la acción disciplinaria), 69 (competencia preferente de los personeros frente a la administración distrital o municipal), 75 (segunda instancia), 104 (notificación por comisionado), 133 (práctica de pruebas por comisionado) y 160 (medidas preventivas). Respecto a lo manifestado por el Presidente del Concejo, sobre el deber que tiene en su condición de personera municipal de informar cuando se ausenta, ciertamente, el artículo 172 de la Ley 136 de 1994, se ocupa de lo relacionado en caso de faltas absolutas y temporales de dicho servidor. Y su último inciso reza:

“Compete a la mesa directiva del concejo lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesión de licencias, vacaciones y permisos al personero”. Por lo tanto, por mandato legal, es su deber informar al concejo municipal, órgano competente para decidir lo que corresponda respecto de las solicitudes referidas y en caso de ser necesario suplir las faltas temporales. Finalmente, en lo que atañe a una de las medidas de restablecimiento de derechos, de los niños, las niñas y los adolescentes, contemplada en el artículo 54 del Código de la Infancia y la Adolescencia, esto es, la amonestación que “consiste en la conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 2 Carrera 5ª. N.° 1580 Piso 23. www.procuraduria.gov.co vulneran o amenazar los derechos de los niños, niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto” (Subraya la dependencia), es preciso resaltar que de acuerdo con la norma transcrita, no sería la personería la encargada de dictar el curso pedagógico, razón por la cual se le sugiere comunicarse con la Defensoría del Pueblo Regional (Antioquia), con el fin de que se le suministre información acerca de si a la fecha el curso aludido viene dictándose a quienes

deben cumplir con las obligaciones que les corresponde o que la ley les impone, con el propósito de enterar lo que corresponda a la Coordinadora Zonal del ICBF. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

JAIME BURGOS MARTÍNEZ

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e) C-131/2009

JBM-MCVA

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