PGN - DEPOSITOS JUDICIALES Procedimiento y control

Bogotá, D.C. 11 de octubre de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 6 y 10 (parciales) de la Ley 66 de 1993 “por la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento de los depósitos judiciales y se dictan otras disposiciones”

Actor: José Guillermo Roa Sarmiento

Magistrado Sustanciador: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA

Expediente No. D-5937 Concepto No. 3952 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano JOSE GUILLERMO ROA SARMIENTO, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 6, y 10 (parciales) de la Ley 66 de 1993, referentes a los intereses de los depósitos judiciales y el destino que se les debe dar a los mismos una vez son recibidos por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. Planteamiento de la demanda El ciudadano Roa Sarmiento manifiesta que las disposiciones demandadas vulneran el Preámbulo y los artículos 2, 13, 34 y 58 de la Constitución Política,

por las siguientes razones:

1.1. De las disposiciones demandadas se deduce que la expresión de aprovechamiento, no es otra cosa que apropiarse de los réditos que generan los Procurador General depósitos judiciales, lo cual conduce inexorablemente a una confiscación proscrita por la Constitución Política o una expropiación administrativa sin ninguna indemnización. 1.2. El producto de los depósitos judiciales a favor de la Nación, constituye una especie de “pena o sanción” que trasgrede el derecho a la propiedad, pues los rendimientos de dichos depósitos corresponden al usuario que la administración de justicia decida y no a la administración pública en los términos de las normas demandadas.

2. Problema jurídico Corresponde al Ministerio Público establecer si el giro a la Dirección Nacional del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los rendimientos financieros que producen los dineros que deben consignarse en el Banco Agrario a órdenes de los despachos judiciales, vulneran el precepto constitucional que proscribe la confiscación y el derecho a la propiedad.

Al respecto, el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente.

3. Alcance de los depósitos judiciales. 3.1. En términos generales los depósitos judiciales son aquellas cantidades de dinero que deben consignarse a órdenes de los despachos de la Rama Judicial con el fin de preservar o conservar una cosa que es de interés en sí misma o como garantía y satisfacción de un derecho. Es decir, que lo perseguido con los depósitos judiciales es la garantía de pago de un dinero a quien le corresponde,

que se le debe entregar en su totalidad una vez haya decisión judicial en firme. Sin lugar a dudas constituye un mecanismo idóneo de guarda de la garantía en dinero como consecuencia de un conflicto que debe ser dirimido por la autoridad judicial. 2 Procurador General La forma como se lleva cabo la constitución del depósito judicial es mediante la correspondiente orden judicial impartida, para que se efectúe la consignación, hoy en el Banco Agrario. Dicho Banco emite un título que es remitido al juzgado respectivo, por el banco o por el depositario. El juzgado debe archivar el título en sus instalaciones y velar por su custodia. El Consejo Superior de la Judicatura ejerce el control sobre los recursos captados mediante los depósitos judiciales, conforme a lo establecido en el Acuerdo 1676 de 2002, entre otros acuerdos de la Sala Administrativa. 3.2. De acuerdo a lo establecido en la Ley 66 de 1993, los depósitos judiciales gozan de una rentabilidad consistente en la más alta de las tasas que se paguen de interés trimestral de las secciones de ahorro del Banco Agrario, liquidación que se llevará conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo segundo de la citada disposición legal. Por tanto, la ley garantiza que a los depósitos judiciales se les aplique una tasa preferencial de interés, lo cual pareciera, en principio, una protección del derecho que le asiste a la persona, demandado o demandante, a la que con posterioridad el juez le va a reconocer en una decisión definitiva su derecho. Sin embargo, la referida normativa establece que los intereses pasarán a cargo de la Dirección Nacional del Tesoro del Ministerio de Hacienda con el fin

de financiar los planes, programas y proyectos de inversión prioritariamente y los de capacitación que se establezcan en el plan de desarrollo para la Rama Judicial. Los títulos tienen un término de prescripción de cinco años, contados a partir de la terminación del proceso respectivo. Esta prescripción se consagra en favor del Tesoro Nacional que entrega los recursos obtenidos a la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura para financiar los programas de inversión y capacitación de la Rama Judicial, prioritariamente en los departamentos en donde se capten. 3 Procurador General

4. No existe justificación constitucional para que los rendimientos de los depósitos judiciales se giren a favor de la Nación. La apropiación del “producto” de dichos depósitos desconoce el principio constitucional de la prohibición de confiscación y vulnera el derecho a la propiedad privada. 4.1. La estructuración del Estado colombiano, como social y constitucional de derecho, implica la protección de los derechos y garantías sociales que le corresponden a todos los asociados a través de los mecanismos consagrados en la Constitución y la ley, es decir, que cualquiera sea la intervención, restricción o limitación de los derechos por parte del legislador, éste debe encontrar una debida justificación en las normas constitucionales, de tal manera que el sacrificio que le corresponda a determinadas personas asumir por ciertas situaciones deben encontrar fundamentación en los cimientos en los que se erige nuestro Estado, es por tanto necesario reiterar el aforismo de la doctrina constitucional alemana consistente en que en el Estado constitucional de Derecho la ley vale en el ámbito de los derechos y no los derechos en el ámbito de la ley como sucedía

en el estado legal de derecho. Es por ello, que la decisión del legislador que incida en un derecho, de tal forma que lo restrinja o limite debe encontrar fundamento en una norma superior que lo autorice para afectar ese derecho. 4.2. En este orden, es la misma Constitución Política la que se encarga, a través de todo su articulado de la protección del derecho a la propiedad privada e igualmente de preceptuar las condiciones de su restricción, especialmente respecto a la proscripción de la confiscación entendida como la pérdida del patrimonio a favor del Estado. Es por ello que bajo ninguna circunstancia le es dable Estado apoderarse de la propiedad privada, pues ni siquiera se ha considerado que la acción de extinción de dominio consagrada en el artículo 34 de la Constitución Política sea una forma de confiscación, pues ha sido definida como una acción constitucional autónoma en respuesta del Estado a la adquisición de bienes por el camino de la ilicitud. 4 Procurador General Igualmente, la propiedad definida en términos generales por la doctrina como aquel derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas en la ley o por voluntad del propietario, encuentra una especial protección constitucional que ha sido recogida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los siguientes términos: “La regulación del derecho de propiedad se incardina en ese marco. Ella está contenida en el Titulo II, “De los derechos, las garantías y los deberes”. En particular, en el capítulo II. Éste regula una serie de instituciones como la protección de la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las

leyes civiles (Art.58), la procedencia de la expropiación (Arts. 58 y 59), la promoción estatal del acceso a la propiedad (Art.60…” La protección constitucional de la propiedad implica: “i) Reconocimiento expreso del derecho de propiedad privada. ii) Reconocimiento expreso de los derechos adquiridos. iii) Condicionamiento de la adquisición de aquél y éstos con arreglo a las leyes civiles. iv) Un mandato de no desconocimiento o vulneración de la propiedad y demás derechos adquiridos. v) Un mandato de prevalencia del interés público y del interés social sobre el interés privado. vi) Una concepción de la propiedad en cuanto función social y ecológica. vii) Un mandato de promoción y protección de las formas asociativas y solidarias de propiedad. viii) Una facultad de expropiar por motivos de utilidad pública o interés social y mediante sentencia judicial e indemnización previa”. (Sentencia C-740 de 2003). Como se ve, la consagración constitucional de la propiedad, como todo derecho, está sujeta a las limitaciones que el mismo Constituyente impone y conforme al desarrollo legal, las cuales son admisibles siempre y cuando se ajusten al esquema que la norma superior estableció como parámetro en cuanto a su connotación positiva -el derecho a poseer exclusivamente una cosa y gozar de 5 Procurador General ella, uso, goce y disfrute del bieny negativarespecto a las limitaciones que autoriza la misma Carta. Este desarrollo jurisprudencial es lo que se ha denominado el sistema de limitaciones intrínsecas o internas, referidas al contenido propio esencial del derecho, contenido mínimo que ha sido definido como la facultad de disfrutar y

usar el bien para el provecho personal, en el caso de la propiedad privada, o para la utilidad social en el evento de la propiedad pública y el sistema de limitaciones externas de la propiedad, referidas al interés público que requieren intervención del legislador previa sentencia judicial o de la autoridad administrativa, siempre sujeta a control contencioso administrativo y con la respectiva indemnización, como sucede en el ordenamiento colombiano. Es decir, que si el legislador restringe el derecho a la propiedad, debe ser lo suficientemente claro e insertar en las cláusulas legales las suficientes razones para que el juez o la administración decidan sobre la procedencia de dicha expropiación, por lo que no es admisible que de manera soterrada y desconociendo las pautas constitucionales se intervenga la propiedad privada, desmembrando alguno de sus atributos. 4.3. Así las cosas, este Despacho se pregunta ¿a quién pertenecen los depósitos judiciales? Por la naturaleza de los mismos, es un desprendimiento temporal de la facultad de disponer libremente de la propiedad de ese dinero que debe ser definida por el juez una vez dirima la controversia en decisión que haga tránsito a cosa juzgada, es decir, quien legítimamente está facultado para disponer de los dineros en comento, no pueden ser otros que el demandante o el demandado, conforme al fallo del juez. Por ello, la única limitación para el ejercicio de la propiedad respecto del dinero que se encuentra en el depósito judicial es la decisión del juez. Es absolutamente evidente que el dinero depositado no es de propiedad de la Nación, a pesar de que las cuentas estén a nombre de los

despachos judiciales, por lo que dichas sumas y sus frutos son del depositante hasta que el juez decida a quien le corresponde. 6 Procurador General Entonces, al quedar claro que el depósito judicial es de propiedad de alguno de los litigantes, previa decisión judicial, no hay razón alguna para manifestar que los intereses producidos por la cuenta de ahorros abierta a nombre del despacho judicial, no sean de propiedad de quien se señale en la providencia como sujeto de devolución del depósito judicial. No obstante esa apreciación lógica, que los frutos de la propiedad son inescindibles de la misma y por tanto constituyen un solo cuerpo para efectos de goce y disfrute, el último inciso del artículo 2 de la Ley 66 de 1993, aduce que la respectiva entidad del sistema financiero, girará a la Dirección del Tesoro Nacional el “producto” trimestral de los depósitos judiciales y más adelante señala la manera como se han de invertir los dineros recibidos. La decisión del legislador corresponde a una indebida intervención al derecho a la propiedad, consagrando un apoderamiento de los intereses de los dineros de los particulares que por la única razón de acudir a los estrados judiciales se ven sometidos a la apropiación de una porción de su patrimonio sin justificación alguna. Apoderamiento que tiene todos los visos de una confiscación proscrita por el ordenamiento constitucional y por ende una vulneración al derecho de la propiedad de manera arbitraria y desproporcionada. 4.4. Los intereses que son traslados a la administración pública para que sean aprovechados por la rama judicial, se erige en una cercenación del derecho a la

propiedad y somete a los usuarios de la administración de justicia a una congelación en el tiempo de sus haberes, causándoles además un detrimento patrimonial que no deben soportar. Igualmente, pareciera, que la constitución de un depósito judicial autorizara la imposición de los llamados aranceles judiciales, esto es, la contraprestación por el ejercicio de la función pública de administrar justicia, situación que va en contravía de la gratuidad en el acceso a la misma, conforme a lo reglado en el artículo 229 de la Constitución Política. 7 Procurador General No puede el legislador darle un alcance distinto al derecho a la propiedad, al que por su naturaleza lo tiene, es decir, que por su misma connotación debe tener un manejo unívoco y no es constitucionalmente admisible que el producto, como los denomina la ley, de los depósitos judiciales, inmediatamente dejan de pertenecer a la propiedad privada y pasen a las arcas públicas, sin ninguna justificación que la de ser usuario de la administración de justicia, circunstancia que no es suficiente para que el legislador restrinja tal derecho. Además, que el legislador, sin indemnización alguna, está arrebatando al dueño del depósito judicial de uno de los atributos intrínsecos a la propiedad, como es el uso y disfrute de los intereses, pues sólo se entregará el capital, lo cual sin lugar a dudas constituye una expropiación que no consulta motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, con una vulneración adicional de la norma constitucional que es confiscatoria puesto que no está de por medio un indemnización previa. En consecuencia, se solicitará a la Corte Constitucional que declare la

inexequibilidad del mandato contenido en el artículo 2 de la Ley 66 de 1993, consistente en el giro a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los intereses que producen las cuentas de ahorro que se constituyen por mandato judicial.

5. Conclusión En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación solicita a la Honorable Corte Constitucional hacer las siguientes declaraciones: 5.1. Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD del inciso tercero del artículo 2 de la Ley 66 de 1993 que señala “ El Banco Popular y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, girarán a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el producto trimestral de los depósitos judiciales. Los

8 Procurador General giros se realizarán durante el mes siguiente al respectivo trimestre.” Entendiéndose que la institución financiera recaudadora a que se refiere la norma es el Banco Agrario. 5.2. Declarar la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del inciso primero del artículo 6 y el artículo 10 de la Ley 66 de 1993, bajo el entendido que no se incluyen los intereses de los depósitos judiciales. Señores Magistrados,

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación

SPTB/AEB

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