PGN - DERECHO A CONTROVERTIR PRUEBAS Posibilidad para ejercer contradicción de los informe

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., agosto veintitrés (23) de dos mil siete (2007). Aprobado en Acta de Sala No. 34 A. Radicación 1613559 (022-111121/05).

Disciplinada: Doris del Socorro Mattos Walter.

Cargo y Entidad: Tesorera Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Fecha Hechos: 2001 a 2003.

Asunto: Apelación auto que negó pruebas.

P.D. Ponente: Dra. MARTHA LUCÍA ZAMORA AVILA.

Corresponde a la Sala Disciplinaria en el ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 del 2000 y en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la disciplinada Doris del Socorro Matos Walter, revisar la providencia del 23 de enero de 2007 emitida por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante la cual negó una prueba solicitada en el memorial de descargos. El Procurador General de la Nación por auto de agosto 16 de 2007, aceptó el impedimento propuesto por la doctora Gloria Inés Segovia Quintero, Procuradora Segunda Delegada de la Sala Disciplinaria (E), designando a la suscrita Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal para integrar la Sala Disciplinaria y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 23 de enero de 2007. AUTO DE PRUEBAS Y RECURSOS DE APELACIÓN La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares por auto del 23 de enero de 2007 decidió sobre las pruebas solicitadas por la implicada en el memorial de descargos (fls.

919 a 923 C.O.5), contra el cual el apoderado de la disciplinada interpuso recurso de apelación (fls. 982 y 983 C.O.5). CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Se hará referencia al cargo formulado a la disciplinada, las pruebas solicitadas en el memorial de descargos que fueron negadas, las razones aducidas por el a quo para Radicación No. 161-3559. adoptar esta determinación, la argumentación expuesta en el recurso de apelación y se procederá a decidir teniendo en consideración que la valoración para la admisibilidad o negación de una prueba impone verificar su conducencia, pertinencia y utilidad, entendiendo por conducencia que el hecho cuestionado se pueda demostrar en el proceso con el empleo de un específico medio probatorio; la pertinencia como la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son objeto de investigación; y la utilidad como el servicio que presta un medio probatorio en el proceso de convicción del fallador, es decir que no sea irrelevante, inocuo o superfluo. Cargo formulado a la disciplinada DORIS DEL SOCORRO MATOOS WALTER. Por auto del 15 de noviembre de 2006 la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares le formuló la siguiente imputación: “…en su condición de Tesorera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAB-, por el período comprendido entre el 2001 y 2003 presuntamente incurrió en mal manejo de los dineros que ingresaron a la institución, lo que se manifestó al reportar saldos en libros al cierre de cada una de las vigencias sin que en caja existieran

físicamente los recursos, llegando a un posible faltante de ochenta y siete millones de pesos aproximadamente ($87.000.000) contabilizado en el año 2003, como lo expresó la Contraloría General de la República en su hallazgo y fue verificado mediante auditorias realizadas a esa dependencia durante los años 2003 y 2004; al no consignar al día siguiente hábil los recursos captados en efectivo sino con demoras de días e incluso de semanas; al no llevar adecuadamente el libro control de caja ni registrar los ingresos en el sistema oportunamente; al no efectuar el registro de los recibos de caja en secuencia numérica y cronológica; al plasmar los saldos en libros a lápiz generando duda sobre su realidad, conforme fue plasmados en cada uno de los mencionados informes y que obran a folios 12 a 87 del Cuaderno Original No. 1.” (fls. 867 a 884 C.O.5). Prueba solicitada y negada. De las pruebas solicitas en el memorial de descargos visible a folios 890 a 895 del C.O.5, el a quo por auto del 23 de enero de 2007 negó la petición de efectuar una auditoria detallada a la legalización, como ente autónomo, indicando que como fue la Contraloría General de la República, como ente autónomo y especializado, la que rindió el informe sobre las presuntas irregularidades ocurridas en la UNAB, no se consideraba pertinente realizar una nueva auditoria (fls. 919 a 923 C.O.5). Recurso de Apelación. 2 Radicación No. 161-3559. El apoderado de oficio de la disciplinada, mediante memorial visible a folios 982 y 983

del C.O.5, interpuso recurso de apelación contra la anterior negativa de prueba, señalando que cuando la disciplinada solicita la nueva auditoria, es porque no esta conforme con los estudios, trabajos o peritajes realizados por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAB-; por lo que solicita, en aras de que se garantice el derecho a la defensa y el derecho de contradicción de la prueba, atemperarse a lo dispuesto en el artículo 254 del C.P.P. en armonía con el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, para la aclaración, ampliación, adición o aceptación de las mencionadas estipulaciones, que es lo que pretende la disciplinada al solicitar una nueva auditoria. Análisis de la situación. En el recurso de apelación se manifiesta que cuando la disciplinada en el memorial de descargos solicitó “una auditoria detallada a la legalización, como ente autónomo”, quiso significar que no estaba conforme con los estudios, trabajos o peritajes realizados por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAB-, ante lo cual el apoderado con fundamento en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, solicita dar aplicación al artículo 254 del C.P.P, que regula la contradicción del dictamen. Es admisible el argumento que al solicitar la disciplinada la práctica de una auditoria detallada, implique que no esta de acuerdo con los informes de auditoria efectuados por la Contraloría y la Oficina de Control Interno de la UNAB, por lo tanto se procederá a

resolver el recurso de apelación interpuesto, con el alcance dado en el mismo a la petición de prueba, el cual pretende garantizar la legalidad de las mismas al ser soporte de la imputación que se formuló a la disciplinada. El proceso disciplinario se originó con fundamento en el informe oficial remitido el 2 de junio de 2004 por la Contraloría Delegada para el Sector Social de la Contraloría General de la República, sobre la auditoria gubernamental con enfoque integral abreviado practicada a la Universidad Abierta y a Distancia UNAB, a través del cual se dio traslado de los presuntos hallazgos de naturaleza disciplinaria y pruebas documentales soportes, entre ellos del siguiente: “Hallazgo 1: La Caja General de la UNAB, reporta saldos durante el cierre de las vigencias 2001 de $69.2 millones; 2002 de $60.4 millones y 2003 de $88.2 millones. Recursos que no existían físicamente, solamente había en caja $738 mil, consignados 13 de enero del 2004. (Carpeta No. 1 con 82 folios).Auditor responsable: Claudia Duran Sánchez (…) Qué ocurrió? (Hechos): Se establece por tanto un posible faltante de $87,5 millones. 3 Radicación No. 161-3559. El manejo de los recursos careció de cumplimiento de normas administrativas, elaboración de comprobantes, expedición de registros, consignación oportuna y los reportes e informes no correspondían a la situación financiera real de la Entidad. Cuándo? (Fecha): Durante las vigencias 2001 al 2033(sic).(…)” (fls. 3 a 11 C.O.1). Los soportes documentales remitidos con el referido informe obran a folios 12 a 87

C.O.1, entre los cuales se encuentra un informe de revisión efectuado por la Oficina de Control Interno de la UNAB al Libro de Caja General de la Pagaduría, fechado septiembre de 2003 (fls. 61 a 66 C.O.1), e informe de visita efectuada a la Pagaduría por la Oficina de Control Interno de la UNAB de fecha junio 25 de 2003 (fls. 67 y 68 C.O.1). La Contraloría al dar traslado del hallazgo disciplinario cumplió el deber consagrado en el artículo 70 de la Ley 734 de 2002 que reza “Obligatoriedad de la acción disciplinaria. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere. (…)”. La Ley 734 de 2002 en el Título VI desarrolló lo referente a las pruebas, disponiendo en el artículo 130: “Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.(…) Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulan, respetando siempre los derechos fundamentales.” Las pruebas sobre las cuales versa el recurso de apelación, tienen el carácter de informes técnicos efectuados por la Contraloría Delegada para el Sector Social de la

Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno de la UNAB, prueba en particular de la cual no se ocupó el CUD, por tanto en virtud de la remisión autorizada en el artículo 130 ídem debemos acudir al C.P.P, para observar su regulación. El Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, en los artículos 263 a 265 se ocupó de los informes técnicos, previendo el último de los artículos “Los informes se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días para que se puedan solicitar aclaraciones o complementaciones”, por tanto se debe dar aplicación a esta disposición para garantizar el derecho de contradicción consagrado en los artículos 90 y 92 de la Ley 734 de 2002 y la legalidad de la prueba en los términos del artículo 128 ídem. 4 Radicación No. 161-3559. En consecuencia se revocará la decisión objeto de impugnación, disponiendo que se de traslado a la disciplinada y su apoderado de los informes técnicos rendidos por la Contraloría y la Oficina de Control Interno de la UNAB, de conformidad con lo previsto en el artículo 265 del C.P.P. En mérito de lo expuesto, LA SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la parte resolutiva del auto del 23 de enero de 2007 proferido por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante el cual negó la práctica de una nueva auditoria, en el sentido de disponer que se de traslado a la disciplinada y su apoderado de los informes técnicos rendidos por la

Contraloría y la Oficina de Control Interno de la UNAB, en los términos previstos en el artículo 265 del C.P.P, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: Por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares COMUNICAR la presente decisión al recurrente de conformidad con la ley 734 del 2002, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

TERCERO: REGISTRAR las constancias de rigor y DEVOLVER las diligencias a la

Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado

MARTHA LUCÍA ZAMORA AVILA

Procuradora Segunda Delegada Ad Hoc Gloria Cáceres Martínez. 5 Radicación No. 161-3559. Rad. No. 161-3559 (022-111121/05). 6