PGN - DERECHO A FORMULAR CONSULTAS No obligatoriedad de los conceptos rendidos por las aut

Bogotá, 10 de Agosto de 2006. PAD

C-244-2006

Doctora

MARTHA LUCÍA BUSTAMANTE SIERRA

Procuradora Regional de Antioquia Carrera 56A 49A 30, oficina 201 Medellín (Antioquia) Ref.: Su oficio 843 fechado el 13 de julio de 2006 y radicado en esta oficina el 28 del mismo mes y año.

Respetada Doctora: En el escrito de la referencia, pregunta usted lo siguiente: En ejercicio de la función preventiva asignada a la Procuraduría General de la Nación y con el fin de atender las directrices y políticas de gestión del señor Procurador General, desde el año inmediatamente anterior, en asocio con la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales , esta Procuraduría Regional conformó la Mesa Regional del Ministerio Público, donde además de tratar diferentes temas de trascendencia, se trabajan las diferentes inquietudes y dificultades que tienen los Personeros Municipales para el desarrollo de sus funciones.

En este sentido, fue que se conoció que en repetidas ocasiones las Personerías Municipales y las diferentes oficinas de Control Interno Disciplinario adoptan decisiones de carácter disciplinario, con fundamento en los conceptos que al respecto y a solicitud de las mismas ha rendido la Personería Municipal de Medellín. (…) Por lo anteriormente expuesto y a fin de llevar su concepto ante la Mesa Regional del Ministerio Público, le solicito, se informe si la actuación de la Personería de Medellín, corresponde a los preceptos 1 constitucionales y legales o si por el contrario, en relación a estos

hechos está extralimitando sus funciones. Al respecto, me permito manifestar: Como bien es conocido, el derecho de formulación de consultas (artículo 25 del C.C.A.) es uno de los que forman parte del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, ya que en él se distinguen, además, los siguientes: el derecho de petición en interés general (artículo 5.° del C.C.A.; el derecho de petición en interés particular (artículo 9.° y siguientes del C.C.A.), y el derecho a la información (artículo 17 y siguientes del C.C.A. y la Ley 57 de 1985). El mencionado derecho de petición se encuentra regulado en el artículo 25 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), que reza: ARTÍCULO 25. El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales. Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. Lo citado, sin lugar a dudas, lleva a inferir que la regla general es la de que las autoridades, cualquiera que sea, están facultadas para absolver consultas relacionadas con las materias a su cargo, sin menoscabo de que dicha atribución esté regulada en disposiciones especiales. En consecuencia, los personeros gozan de la capacidad para despachar consultas, sin necesidad de que el Decreto

2 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), la Ley 3.ª de 1990, la Ley 136 de 1994, entre otras, lo instituyan de manera específica. Finalmente y en este orden de ideas, se debe recordar que, por una parte, según las voces del último párrafo del artículo 25 del C.C.A., «las respuestas [de las consultas formuladas] en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución» y, por la otra, el artículo 5.° de la Ley 153 de 1887 enseña que «dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras ó incongruentes». La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-244-2006

MLRR/JBM

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