PGN - DERECHO A LA LIBERTAD Cuando esta no cumple con los principios de proporcionalidad y

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Por homicidio agravado y concierto para delinquir DERECHO A LA LIBERTAD-Es un derecho fundamental/PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Cuando esta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad Si bien la Constitución Política de Colombia y la ley permiten al ente investigador, en determinados casos, detener preventivamente a una persona como medida de aseguramiento, siempre y cuando sea por unas causas legales establecidas, ésta medida restrictiva de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, para lo cual la jurisprudencia se ha encargado de determinar lo que en verdad puede considerarse como justa causa. Se ha dicho entonces que la privación de la libertad se torna en injusta cuando esta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad, aun cuando no es absoluto, sí es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia de la Corte Constitucional PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Por abuso del poder funcional Ahora bien, la conducta de prolongación ilícita de privación de la libertad está consagrada en el artículo 175 del Código Penal así: “El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de libertad de una persona, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y pérdida del empleo o cargo público”. De la anterior descripción típica se infiere que esta conducta supone el abuso del

poder funcional de un servidor público, que se traduce en una “ilícita” prolongación de la privación de la libertad, más allá del término permitido por la ley. Considerando que el concepto de “ilicitud” que intrínsecamente implica la presencia de dolo, no puede cometerse esta conducta sin dicha modalidad, pues tiene que estar presente el ánimo y la voluntad en el servidor público de querer prolongar ilícitamente la privación de libertad de una persona, tiene este que tener conocimiento de la ilegalidad de la prolongación de la libertad, sin justificación legal, como también tener conciencia que con su actuar se está vulnerando el derecho de la libertad. LIBERTAD CONDICIONAL-Requisitos En criterio de esta Procuraduría, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Tribunal para acceder a la libertad condicional, esto es, la caución y el diligenciamiento del acta de compromiso, y habiendo librado la orden de libertad, le correspondía única y exclusivamente al Director de la Penitenciaría de San Isidro de Popayán hacerla efectiva, disponiendo la libertad inmediata del interno, pues el hecho se materializó el 12 de enero de 2005 notificándole la orden de libertad, y en cambio mantuvo detenido al demandante hasta enterarse de la solicitud de la, boleta de detencióne. Bogotá, DC. 29 de agosto de 2011

CONCEPTO Nº 043 -1IJP

Doctora.

NORMA ANGELICA LOZANO SUAREZ

Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad.

REF.: Investigación Previa N° 12.672-01

Investigada: YOLANDA PRADO RUÍZ

Cargo: Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Distinguido señor Fiscal: En mi calidad de representante del Ministerio Público dentro de las diligencias preliminares de la referencia, respetuosamente solicito a su Despacho dar aplicación a lo previsto en el artículo 327 de la Ley 600 de 2000 y proferir resolución inhibitoria a favor de la investigada, teniendo en cuenta que la conducta por la cual se le investiga dentro del presente proceso es atípica, por las siguientes consideraciones: HECHOS: El señor EDGARDO JOSÉ MALDONADO RICO fue condenado por el Juzgado Penal Especializado de PopayánCauca, a setenta y dos meses (72) de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, mediante sentencia de 27 de junio de 2003, pena que cumplió en el Centro

Penitenciario y Carcelario de San Isidro en Popayán-Cauca. Una vez cerrada la investigación dentro del proceso anteriormente citado (Rad. 1054) por el delito de concierto para delinquir, se vinculó al señor MALDONADO RICO por homicidio agravado en la persona de JOSÉ 2 HERMES DELGADO, resolviéndosele situación jurídica mediante decisión de 14 de enero de 2005 con detención preventiva, decisión emitida por la Fiscalía 21 Especializada de UNDH y DIH de Bogotá. El 18 de enero de 2005 el señor EDGARDO JOSÉ MALDONADO RICO, quien se encontraba purgando su condena por el delito de concierto para

delinquir fue notificado personalmente de la decisión mediante la cual se le resolvía situación jurídica por homicidio agravado. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, conforme solicitud realizada por el señor MALDONADO RICO mediante apoderado, concedió en providencia de 29 de noviembre de 2004 el beneficio de la libertad provisional previas caución prendaria y suscripción de diligencia de compromiso, decisión que fue notificada al condenado en la misma fecha. El 12 de enero de 2005 se notificó personalmente al condenado de la decisión de 29 de noviembre de 2004, se suscribió la correspondiente diligencia de compromiso como requisito para acceder a la medida otorgada, se constituyó la caución y se libró boleta de libertad al señor MALDONADO RICO. Como consecuencia de la decisión de 14 de enero de 2005 emitida por la Fiscal Dra. YOLANDA PRADO RUIZ (Fiscal 21 Especializada de la Unidad de DDHH y DIH), ésta emitió el mismo día “boleta de detención” con destino al Director de la penitenciaría de San Isidro de Popayán, solicitando mantener privado de la libertad, teniendo en cuenta que dentro del radicado 1054 se le había impuesto detención preventiva tras resolver su situación jurídica por el delito de homicidio agravado. El 21 de febrero de 2006, el procesado dentro del radicado 1054, solicitó a la Fiscalía 21 Especializada la libertad provisional por vencimiento de términos. Mediante providencia de 8 de marzo de 2006, la Fiscal Dra. YOLANDA

PRADO RUÍZ (Fiscal 21 Especializada de la Unidad de DDHH y DIH) negó la solicitud invocada, bajo el argumento de desconocer el pronunciamiento por medio del cual se le otorgó la libertad provisional y que el condenado haya quedado a disposición de esa Fiscalía una vez otorgada la misma. La anterior situación generó la interposición de una acción de “habeas corpus” por parte del señor MALDONADO RICO, la cual se tramitó en el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá, Juzgado que en decisión de 6 de abril de 2006 concedió la libertad al accionante y ordenó compulsar copias en contra del Director de la cárcel de San Isidro en Popayán, y a la Fiscal Dra. YOLANDA PRADO RUIZ, tras evidenciar una presunta prolongación ilegal de la privación de la libertad desde el 12 de enero de 2005 hasta el 6 de abril de 2006. 3 ACTUACION PROCESAL Mediante decisión de 20 de octubre de 2009, tras adecuar el trámite procesal a la ley 600 de 2000, el Fiscal 1° Delegado ante la H. Corte Suprema de Justicia decretó la apertura de la investigación previa y decretó la práctica de algunas pruebas, entre ellas la acreditación de la calidad foral y la práctica de una inspección judicial al radicado 1054. La calidad foral de la Dra. YOLANDA PRADO RUIZ, en el cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, se encuentra acreditada mediante acta de posesión No. 000583 de 7 de abril de 2008.

El 20 de enero de 2011 se practicó inspección judicial al radicado 1054 que cursa en la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional de derechos Humanos de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en decisión de 20 de octubre de 2009 incorporándose a la actuación documentos relevantes. El 7 de marzo de 2011 se recibió versión libre a la Dra. YOLANDA PRADO RUÍZ. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA Este Despacho es competente para conocer las presentes diligencias en la que se investiga la conducta presuntamente punible de la Dra. YOLANDA PRADO RUIZ según lo preceptuado en el numeral 7° del artículo 277 de la Constitución Política, en armonía con lo estipulado en el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal y el numeral 4° del artículo 29 del Decreto 262 de 2000. En compulsa de copias que realizare el juez OSCAR IVÁN CASTAÑEDA DAZA, quien reconoció la acción de habeas corpus invocada por el señor EDGARDO JOSÉ MALDONADO RICO, aquel manifestó que la acá investigada “…omitió remitir la comunicación oficial que exigiera de parte de la autoridad judicial que cumplía con la privación de la libertad o del Director del Centro Penitenciario que una vez fuera puesto en libertad EDGARDO JOSÉ MALDONADO RICO, quedara a disposición de su despacho Fiscal y no crear la errada interpretación que dio visos de legalidad a la boleta de detención emitida el 14 de enero de 2005; más aún teniendo conocimiento que EDGARDO JOSÉ

MALDONADO RICO se encontraba privado de la libertad a punto que llegó a admitirlo en dos de sus decisiones emitidas como ya se dijo el 18 de agosto de 2005 y el 23 de diciembre del mismo año como a órdenes dentro del proceso que adelanta su Despacho; no le imprimió el procedimiento, la atención que merecía con mayor juicio por tratarse de un sindicado privado de la libertad, así sea por cuenta de otra autoridad, y , mayor aún la irregularidad evidente en el presente caso, que al día de hoy, EDGARDO JOSÉ MALDONADO RICO se encuentra pendiente de ser representado por profesional de derecho que defienda sus intereses...”. 4 Siendo la conducta de prolongación ilícita de privación de libertad, la que presuntamente realizó la acá denunciada Dra. YOLANDA PRADO RUÍZ, debe analizarse con precisión en que consiste tal conducta como primera medida, para posteriormente determinar si se ajusta a lo realizado por ésta: Si bien la Constitución Política de Colombia y la ley permiten al ente investigador, en determinados casos, detener preventivamente a una persona como medida de aseguramiento, siempre y cuando sea por unas causas legales establecidas, ésta medida restrictiva de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, para lo cual la jurisprudencia se ha encargado de determinar lo que en verdad puede considerarse como justa causa. Se ha dicho entonces que la privación de la libertad se torna en injusta cuando esta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad, aun

cuando no es absoluto, sí es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en relación con la privación injusta de la libertad, precisó el alcance del término “injusto” referido a dicha medida señalando que: “…se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención…”1. Ahora bien, la conducta de prolongación ilícita de privación de la libertad está consagrada en el artículo 175 del Código Penal así: “El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de libertad de una persona, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y pérdida del empleo o cargo público”. De la anterior descripción típica se infiere que esta conducta supone el abuso del poder funcional de un servidor público, que se traduce en una “ilícita” prolongación de la privación de la libertad, más allá del término permitido por la ley. 1 Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996 5 Considerando que el concepto de “ilicitud” que intrínsecamente implica la presencia de dolo, no puede cometerse esta conducta sin dicha modalidad, pues tiene que estar presente el ánimo y la voluntad en el servidor público de

querer prolongar ilícitamente la privación de libertad de una persona, tiene este que tener conocimiento de la ilegalidad de la prolongación de la libertad, sin justificación legal, como también tener conciencia que con su actuar se está vulnerando el derecho de la libertad. Así las cosas, debe en este caso responderse a los siguientes cuestionamientos: ¿Tuvo la doctora YOLANDA PRADO RUIZ la voluntad de realizar el tipo penal de prolongación ilícita de privación de la libertad y conocía las circunstancias objetivas del hecho?. O ¿Con conocimiento y voluntad de lo que hacía, la Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior quiso, en forma intencional, mantener ilegalmente privado de su libertad al señor EDGARDO JOSÉ MALDONADO RICO? Esto fue, en resumen, lo que realizó la Fiscal investigada: Estando el señor EDGARDO JOSÉ MALDONADO condenado por concierto para delinquir por un Juzgado Penal del Circuito de Popayán y detenido en la Penitenciaría de San Isidro de la misma ciudad purgando su pena, la Fiscal, Dra. YOLANDA PRADO RUÍZ continuó la investigación en su contra, respecto del homicidio de JOSE HERMES DELGADO GARCÍA, imponiéndole, mediante decisión de 14 de enero de 2005, medida de aseguramiento de detención preventiva. El mismo día y mediante oficio, libró boleta de detención dirigida al Director de la Penitenciaría antes nombrada, solicitando mantener privado de la libertad en esas instalaciones al señor MALDONADO RICO, por la medida de aseguramiento impuesta. El 18 de enero de 2005, enterado de dicha decisión

el señor MALDONADO RICO, se notificó de la misma. Ante la solicitud de libertad provisional que hiciere el señor EDGARDO JOSÉ MALDONADO RICO el 21 de febrero de 2006, la Fiscal en decisión de 8 de marzo del mismo año, la negó, disponiendo oficiar inmediatamente al Tribunal Superior de Popayán, con el fin de que remitiera a ese Despacho la decisión mediante la cual se le había otorgado libertad condicional al peticionario el 29 de noviembre de 2004, toda vez que éste en su solicitud manifestaba dicha circunstancia sin tener la Fiscal conocimiento de la misma, como tampoco de que había quedado a disposición de dicha Fiscalía. En dicha decisión, hizo saber al investigado el deber de nombrar un defensor para representar sus intereses dentro de la investigación. Del estudio del caso se pudo establecer que, efectivamente, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán mediante providencia de 29 de noviembre de 2004 concedió al señor MALDONADO RICO el beneficio de libertad condicional, disponiendo en el numeral segundo de la parte resolutiva 6 lo siguiente: “…Suscrita la diligencia de compromiso y constituida la caución, líbrese la respectiva boleta de libertad, siempre y cuando no se encuentre reclamado por otra autoridad judicial”.(Subrayado fuera de texto). No así como lo dice el condenado, que se consignó en dicha providencia que quedaba a disposición de la fiscal YOLANDA PRADO RUIZ por el proceso No. 1054. El pago de la caución y la diligencia de compromiso como requisitos para disfrutar del derecho a la libertad condicional, se materializaron el 11 y 12 de

enero de 2005, respectivamente, como se prueba con los documentos que reposan en el expediente. (Acta que fue suscrita en la sede del Tribunal Superior del Distrito Judicial de PopayánSala Penal). Ahora, dos (2) días después, la Dra. YOLANDA PRADO RUIZ, según la decisión de 14 de enero de 2005, solicita al Director de la Penitenciaria mantener privado de la libertad al interno por el homicidio agravado, desconociendo el otorgamiento de la libertad condicional que había otorgado el Tribunal Superior de Popayán. En criterio de esta Procuraduría, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Tribunal para acceder a la libertad condicional, esto es, la caución y el diligenciamiento del acta de compromiso, y habiendo librado la orden de libertad, le correspondía única y exclusivamente al Director de la Penitenciaría de San Isidro de Popayán hacerla efectiva, disponiendo la libertad inmediata del interno, pues el hecho se materializó el 12 de enero de 2005 notificándole la orden de libertad, y en cambio mantuvo detenido al señor MALDONADO RICO hasta enterarse de la solicitud de la Dra. YOLANDA PRADO, quien dentro del sumario 1054 libró el 14 de enero, (2 días después), boleta de detención. Es por esto que el señor MALDONADO RICO continuó privado de su libertad hasta desatarse la acción de habeas corpus que reconoció la libertad a la cual tenía derecho. Respecto de este punto, no ha debido enterarse el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán de que el señor MALDONADO RICO era requerido por la

Fiscalía 21, pues éste despacho solo y a partir de la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva de 14 de enero de 2005, requirió al mismo, decisión que es posterior al otorgamiento de la libertad condicional de 12 de enero del mismo año. Cosa diferente es que no se haya percatado, como así debió hacerse al resolver la petición del condenado, que a instancia de la Fiscalía dirigida por la acá investigada se seguía un proceso por homicidio agravado en contra del señor MALDONADO RICO, pues ha debido avisar a dicho Despacho inmediatamente acerca del otorgamiento de la libertad condicional, por si éste lo pudiere requerir eventualmente. Se observa que en la providencia de 24 de noviembre de 2004 sólo se mencionan como antecedentes, la condena proferida por concierto para delinquir por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán, desconociendo, eso cree esta Delegada, que la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos había decretado un cierre parcial de la 7 investigación y la había continuado por el homicidio agravado en la persona de JOSÉ HELMER DELGADO, situación que permite concluir fue el motivo por el cual no se le dio aviso a la Fiscal Dra. YOLANDA PRADO RUÍZ y ésta se enteró de dicha situación sólo en febrero de 2006. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, si bien la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos inició un proceso por concierto para delinquir, al final y teniendo en cuenta la ruptura de la unidad procesal y el

cierre parcial, terminaron siendo dos procesos, independientes cada uno, en contra del señor MALDONADO RICO. Así las cosas, la libertad condicional se le otorgó al mismo por el concierto para delinquir estando cumpliendo la pena impuesta, por cumplir una serie de requisitos procesales, pero estando vigente la investigación por el homicidio agravado. Entiende esta Procuraduría que una vez sentenciado el señor MALDONADO RICO a 72 meses de prisión por el Juzgado del Circuito Especializado de Popayán, no quedó a disposición de la Fiscalía 21; en cambio, una vez obtenida la libertad condicional por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán (que nunca se hizo efectiva) y librada la boleta de detención por el delito de homicidio agravado por la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el señor MALDONADO RICO entró a disposición de la Fiscalía 21, Despacho que lo requería por el delito antes mencionado. Del estudio específico del proceso seguido en contra del señor MALDONADO RICO por homicidio agravado podemos decir que: La Fiscal, Dra. YOLANDA PRADO RUIZ, recibió indagatoria al procesado el 2 de octubre de 2002, resolvió su situación jurídica mediante providencia de 14 de enero de 2005, día en que libró la boleta de detención dirigida al Director de la Penitenciaría con el fin de mantener al señor MALDONADO RICO detenido. Ahora, el procesado solicitó mediante oficio de 21 de febrero de 2006 a la Dra. PRADO RUÍZ el beneficio de libertad provisional en razón a que habían

transcurrido ya más de 180 días desde que quedó a disposición de ese Despacho y no se le había calificado la instrucción, conforme lo ordenado en el artículo 365 de la ley 600 de 2000. Observa esta Delegada que desde el 14 de enero de 2005 al 8 de marzo de 2006, fecha en la cual la Fiscal negó la libertad provisional invocada, transcurrieron más de 120 días, como lo dice la norma, aproximadamente 13 meses, lo que implica que el procesado sí tenía derecho al reconocimiento del derecho invocado. Es de advertir que tampoco en este caso se cumple con lo consagrado en el inciso primero del numeral 4° del artículo 365 de la ley 600 de 2000, que estipula una ampliación del término cuando fueren tres (3) o más los sindicados, como así lo indica la denunciada en diligencia de versión libre de 7 de marzo de 2011. 8 Aún con lo anterior, y teniendo en cuenta que el tipo penal de prolongación ilícita de la privación de la libertad es una conducta dolosa, no se observa en la conducta de la Fiscal investigada dicha intención en su acción, no existe prueba en el expediente de que actúo con dicha modalidad y nunca estuvo acompañado su actuar de una intención delictiva, por el contrario, confió en que seguía detenido por cuenta de otro Despacho judicial. Como así lo sostiene en diligencia de versión libre rendida el 7 de marzo de 2011: “Quiero agregar que es muy difícil establecer la situación de cada una de las personas que han sido vinculadas y puestas a disposición de otras autoridades y en este caso especialmente cuando ya tenía una condena y se presume que estará

físicamente recluido en un centro carcelario por un largo tiempo. Adicionalmente, en ese despacho la cantidad de sindicados que se contaba y que en los mismos se tenia conocimiento a través de las labores investigativas de su participación en varios hechos que conocía el mismo despacho…”. (Sic). Por tanto, nada tiene que ver en este caso que no se le haya notificado a la Fiscal Dra. YOLANDA PRADO RUIZ la decisión de 24 de noviembre de 2011, pues si bien se libró boleta de libertad el 12 de enero de 2005, el procesado por homicidio quedó a disposición de la Fiscalía 21 una vez la Dra. YOLANDA PRADO RUIZ libró la boleta de detención al establecimiento penitenciario, es decir, desde el 14 de enero de 2005, tiempo desde el cual empieza a correr el término de que trata el No. 4 del artículo 365 de la ley 600 de 2000. Si bien se reprocha la demora en la calificación de la investigación a la Fiscal, lo anterior comprueba la ausencia de dolo y de intención de perjudicar al procesado. Así las cosas, confió la Fiscal en que el condenado seguía purgando su pena en la Penitenciaría de San Isidro de Popayán, sin percatarse del tiempo transcurrido desde que ordenó su detención por el homicidio agravado, pero sin conocimiento de la manifiesta ilegalidad de la prolongación de la detención, ni conciencia de la vulneración del bien jurídico de la libertad, dándose así respuesta a los cuestionamientos antes señalados, pues la conducta desarrollada se encuadra en mayor medida en una afectación de deberes funcionales que en este tipo penal doloso.

Por lo anterior, concluye el Ministerio Público que la conducta ejecutada por la investigada es atípica y en consecuencia se permite solicitar al Despacho abstenerse de abrir instrucción en contra de la doctora YOLANDA PRADO RUÍZ, y en consecuencia proferir resolución inhibitoria. Atentamente,

JORGE ALBERTO GONZALEZ VÁSQUEZ

Procurador Primero Delegado para la 9 Investigación y el Juzgamie151nto Penal

JAGV / MFBD Rad. 12.672-1

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