PGN - DERECHO A LA LIBERTAD Definición

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Por se el presunto responsable de los delitos de conservar cocaína y heroína sin permiso de autoridad competente y de haber concertado para traficar con la misma RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos estructurales/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación .Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos.Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuándo se torna injusta Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 630012331000200500405 01 (40681)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad patrimonial del estado La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. DRECHO A LA LIBERTAD-Definición También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 4 de octubre de 2011

Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 11–200

Acción: Reparación Directa Radicado: 630012331000200500405 01 (40681)

Actor: CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO y OTROS

Demandado: NACIÓN –RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN Honorable Señora Consejera: 2 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, mediante los cuales se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTRERPO, LILIANA PATRICIA MEDINA SALCEDO, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores ALEJANDRO AGUDELO MEDINA, ANDRES ALBERTO AGUDELO MEDINA y MATE AGUDELO GIRALDO, y MARINA RESTREPO FERNÁNDEZ, solicitaron al Tribunal Administrativo del Quindío declarar administrativamente responsables a las entidades demandadas, de los perjuicios materiales, morales y de daño a la vida de relación que se les ocasionaron con la privación de la libertad de la que fue objeto el señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO entre el 3 de septiembre de 2000 y el 4 de febrero de 2003, como presunto autor de conservar cocaína y heroína

sin permiso de autoridad competente y de haberse concertado para traficar con la misma. Contestación Fiscalía General de la Nación Manifestó no tener responsabilidad en los hechos objeto de demanda, pues existieron pruebas que vinculaban al demandante – perjudicado directo - con los delitos que se le imputaban, sin que hubiese existido un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, violación del debido proceso, o del derecho de defensa del actor. 3 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 Propuso la excepción culpa exclusiva y excluyente de la propia víctima, por no haber interpuesto los correspondientes recursos de ley contra la resolución de acusación. Rama Judicial Argumentó no tener responsabilidad en los hechos objeto de demanda, ya que en la investigación existieron interceptaciones telefónicas que señalaban al actor como el auto del delito investigado, lo cual constituía prueba suficiente para su vincularlo al proceso penal. Propuso las excepciones culpa de terceros, falta de legitimación por pasiva, caducidad de la acción, y la innominada o genérica. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2010 el Tribunal Administrativo del Quindío declaró no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, encontró demostrada la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, por los daños causados con la privación de la libertad de la que fue objeto el señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO. En consecuencia condenó al pago de perjuicios materiales, morales, y de daño

a la vida de relación en favor de los diferentes integrantes de la parte actora. Frente a la excepción de caducidad propuesta por la Rama Judicial, el Tribunal encontró que como la ejecutoria de la sentencia que puso fin al proceso se produjo el 5 de marzo de 2003 y la demanda se presentó el 4 de marzo de 2005, la acción fue impetrada dentro del término de caducidad que para tal efecto había establecido el Código Contencioso Administrativo. 4 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 Adentrado en el estudio del caso concreto, el A quo encontró demostrada la privación de la libertad del señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESREPO y la legitimación de los integrantes de la parte actora. En cuanto al régimen aplicable en el presente asunto, señaló que era el de la responsabilidad objetiva, en atención a que el procesado fue absuelto porque las pruebas recaudadas en la investigación no llevaron a la verdad o certeza necesaria para su condena. Partiendo del hecho de que el demandante demostró que el proceso adelantado en su contra culminó con sentencia en la que se reconoció la ausencia de prueba de la comisión de delito que se le endilgaba, para el Tribunal Administrativo del Quindío era claro que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación incurrieron en una detención injusta, que debía ser indemnizada al perjudicado directo y sus familiares. Frente al lucro cesante de 1500 dólares semanales cuyo reconocimiento solicitó la parte actora, se encontró que dicho ingreso no fue probado en debida forma

y, en consecuencia, dispuso la liquidación de dicho perjuicio conforme al salario mínimo legal mensual vigente. Respecto del daño emergente (honorarios de abogado que atendió la defensa penal) se consideró que como la única prueba tendiente a demostrar dicho perjuicio, no pudo practicarse por inasistencia del profesional del derecho que debía dar fe del servicio prestado, no existía prueba alguna que demostrara el pago realizado para tal efecto. Por perjuicios morales reconoció 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los demás demandantes, por estar demostrado el sufrimiento padecido con los diferentes testimonios arrimados al proceso. 5 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 En cuanto al daño a la vida de relación solicitado en la demanda, se reconocieron 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el perjudicado directo, considerando que por el tiempo en el que estuvo privado de la libertad se produjo una alteración del curso normal de sus actividades cotidianas. El mismo perjuicio fue negado para los demás integrantes de la parte actora, por cuanto no existió prueba idónea que demostrara la alteración de las condiciones de existencia de dichas personas. La apelación Parte Demandante Solicitó el reconocimiento del lucro cesante en la cuantía solicitada en la demanda, ya que considera que con la prueba pericial y testimonial obrante en el proceso, se encontraba demostrado que los mismos eran superiores al salario mínimo legal mensual reconocido en la sentencia.

Con argumentos similares solicitó el reconocimiento de los perjuicios morales tal como fueron solicitados en la demanda. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Señaló que como las decisiones con las que la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO se produjeron en la ciudad de Bogotá, el competente para conocer la demanda era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 D del Código Contencioso Administrativo. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, ya que tanto la fiscalía como el juzgado que condenó, tuvieron bases legales y jurídicas para la emisión de las decisiones objeto de demanda, pues las pocas pruebas con las que se contaba revestían total credibilidad, por ser fidedignas y espontáneas. Fiscalía General de la Nación 6 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 Indicó que las providencias proferidas contra el señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO contaron con indicios y pruebas que valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, permitieron su adopción en aplicación de la norma sustancial y procedimental vigente para para la época de los hechos. Agregó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, mediante el fallo del 4 de febrero de 2003, si bien es cierto, decidió absolver al señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO de los delitos que se le endilgaba, dicha determinación fue adoptada en aplicación del principio del IN DUBIO PRO

REO, más no porque fuera inocente de los mismos.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problemas Jurídicos Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son:  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política?  ¿Era el Tribunal Administrativo del Quindío la corporación judicial competente para avocar la acción objeto de estudio?  ¿Los perjuicios materiales reconocidos en la sentencia de primera instancia se encuentran soportados en las pruebas arrimadas al proceso? 7 630012331000200500405 01 (40681)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618

2. Análisis jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o

antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 8 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos3 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la

haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 9 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el

acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la 10 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”. De esta manera, el hecho que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione

con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128.

11 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

3. Caso concreto El señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO fue capturado el 3 de septiembre de 2000 en virtud de orden de allanamiento y captura proferida por la Fiscalía 21 Especializada de Bogotá por el supuesto delito de conservar cocaína y heroína sin permiso de autoridad competente.

Mediante resolución del 14 de septiembre de 2000 se definió su situación jurídica, providencia mediante la cual la Fiscalía 21 Especializada – Subunidad Ley 30 de 1986, le irrogó medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto responsable de los delitos de conservar cocaína y heroína sin permiso de autoridad competente y de haberse concertado para traficar con la misma. Por decisión del 2 de octubre de 2001 la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados Subunidad de Narcotráfico de Bogotá, profirió resolución de acusación en contra del señor CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO, por la presunta transgresión del artículo 33 de la ley 30 de 1986. Los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación fueron acogidos por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, que por sentencia del

31 de octubre de 2002 emitió condena en su contra, al encontrarlo culpable en el grado de coautoría de infringir el inciso primero del artículo 33 de la ley 30 de 1986. En virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa, mediante providencia del 4 de febrero de 2003 la Sala Penal del Tribunal Superior del 12 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 Distrito Judicial de Armenia, revocó la condena precitada, absolviendo al procesado de los hechos por los que fue llamado a juicio y disponiendo su libertad inmediata. Dentro de las consideraciones esgrimidas en la decisión absolutoria el Tribunal señaló: “(…) DE LAS INDAGATORIAS Carlos Alberto Agudelo Restrepo, (…) fueron escuchados en sendas indagatorias (…) en tales actos procesales los encartados negaron toda participación en el ilícito que se les imputara. Posteriormente fueron escuchados en ampliación y en esta oportunidad, aceptaron las transcripciones de las llamadas telefónicas correspondientes a las conversaciones que sostuvieron entre sí, pero aclarando que no todo lo que se dice en las mismas es cierto, pues en tales conversaciones jamás se habló de droga y menos tenían conocimiento de la incautación que se hiciera de la misma en la ciudad de Bogotá. Mucho menos que se hubiera incautado dentro de unos aperos o sillas de montar (…) (…) No podría la Sala pasar por alto su extrañeza, de que si las cosas sucedieron verdaderamente en la forma indicada en este trámite

procesal, porqué se tuvo que acudir a investigadores de la capital de la República, habiéndolos en esta ciudad; porqué aparecen los nombres de los agentes que actuaron en el proceso investigativo, o acaso fue que él fue realizado únicamente por López Calvo y Bermúdez Duque; y finalmente, si se descubrió que en las sillas de montar que iban a ser enviadas de Armenia a Bogotá estaba camuflada la droga estupefaciente, porqué no se actuó en esta ciudad para capturar en flagrancia a los autores e incautar la susodicha droga. Observemos que son múltiples las dudas que hay respecto de la responsabilidad de los incriminados de autos. Además, hay certeza de que las sillas de montar o galápagos que se enviaron de Armenia, son los mismos que se incautaron en Bogotá?. No hay la más mínima prueba de que esto hubiera sido así. Tal como lo decíamos recién empezó la redacción de este proveído, citando providencia de la H. Corte Constitucional, al funcionario judicial le está vedado decidir mediante suposiciones, conjeturas, o 13 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 conceptos personales, debiéndose siempre resolver después del correspondiente juicio de reproche (...) Si la prohibición a condenar por conjeturas personales es tan clara para el operador de justicia, qué no decir de un simple analista, cuya función no es más que dictaminar sino servir de colaborador a aquél. (…) La clara y precisa exposición hecha por el señor Agente del Ministerio Público, en aquella diligencia, revela a la Sala de

argumentar más, sobre las falencias de la investigación y de la misma providencia condenatoria. Por ello, utilizará la Sala, estos últimos espacios para determinar lo que es el in dubio pro reo y la certeza, para concluir, que lo justo y legal es absolver a los acusados, por falta de pruebas. (…) Lo anterior nos sirve para concluir que en este proceso, no se llegó a la verdad, o mejor será decir, a la certeza, cualidad exigida por la normatividad procedimental penal para condenar. Los funcionarios encargados de hacer la instrucción y el perfeccionamiento de ella, no se preocuparon por averiguar elementales detalles que hubieran determinado ciertamente, si los cuatro acusados, tenían constituida una empresa dedicada al narcotráfico, si tenían verdadera capacidad económica para ello, si las sillas decomisadas en Bogotá fueron las mismas despachadas desde esta ciudad, si el dueño de la talabartería y la señora Murillo, fueron quienes realizaron la actividad, etc. (…) Por consiguiente, las consideraciones anteriores, llevaran a la Sala a revocar íntegramente la providencia impugnada, y consecuencialmente a absolver a los sindicados de autos y a los cuales ella se refiere, porque evidentemente, no se allegó la prueba suficiente para condenar y se impone la absolución por falta de ellas, como bien lo dice el artículo 7º del Estatuto Procedimental Penal. Y así se hará. (…) No podría finalizarse esta providencia, sin hacer un llamado de atención, tanto a la Fiscalía Instructora como al Juzgador de primera instancia, por no utilizar la diligencia necesaria para la correcta

averiguación del punible, ya que como se ha dejado dicho a lo largo de ésta providencia, se dejaron de practicar pruebas importantes, y por ello se debe ahora entrar a absolver por falta de pruebas. (…)” 14 630012331000200500405 01 (40681) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-368618 Sin que sea menester que el Ministerio Público evalúe las decisiones emitidas en los procesos penales, lo cierto es que tal como se advirtió en la sentencia definitiva por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, tanto en la etapa investigativa como en la sumarial o de juicio, no existían los elementos de prueba necesarios para demostrar la ocurrencia d