PGN - DERECHO A LA LIBERTAD Marco constitucional

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Contra la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Ejército Nacional por los perjuicios generados con la presunta privación injusta de la libertad de los actores CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Marco legal RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Perjuicios por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos esenciales para su configuración CULPA-Clases DERECHO A LA LIBERTAD-Marco constitucional

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02

CONCEPTO No. 098 / 2021

Bogotá D.C., 04 de noviembre de 2021. Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200800892 02 (66969)

ACCIÓN: Reparación Directa DEMANDANTE: Luis Freddy Murillo y otros DEMANDADO: La Nación - Fiscalía General de la Nación y otros Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia proferida / Se encontró configurado el daño antijurídico invocado por los 15 demandantes en calidad de víctimas directas / Se acreditaron los elementos necesarios para deprecar la responsabilidad civil y administrativa de la demandada / Si bien todo ciudadano se encuentra en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, no es

cierto que tenga que soportar una detención injusta / La medida de aseguramiento se impuso con base en simples conjeturas fundamentándola en señalamientos que luego se concluyó que carecían de verdad / La Fiscalía como ente investigador debía establecer con un mínimo grado de certeza, si el hecho investigado realmente ocurrió, si se encuentra tipificado en la ley penal, y quiénes son los autores o partícipes del mismo / La restricción a la libertad significa conculcar los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos / Control de Convencionalidad / Título de imputación falla en el servicio del régimen subjetivo / Deber de incoar la acción de repetición. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda - Pretensiones.

2 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 Cada uno del grupo de personas que conforma la parte activa en el expediente, demandan en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del

Código Contencioso Administrativo, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Ejército Nacional, con el fin de que sean declarados responsables administrativa y patrimonialmente, por los presuntos perjuicios generados con la presunta privación “injusta” de la libertad ocasionada a los señores Luis Eduardo Murillo García, Luis Enrique Domínguez Domínguez, Darío Benítez Vergara, Reinel Martínez Murillo, Francisco Emilio González, Álvaro Valencia Mina, Julio César Asprilla longa, Jonathan Arley Narváez, José Esneider Martínez Murillo, Andrés Hurtado Murillo, Miguel Ángel Murillo García, Luis Fernando Pérez Lotero, Diego Luis Murillo, Rubén Antonio Ospina Roldan, Juan Guillermo Caicedo, y Jeferson Andrés Mosquera valencia; quienes fueron capturados masivamente el 25 de abril de 2005, señalados de cometer el punible de rebelión, captura que fue adelantada por las Unidades de la Tercera Brigada del Batallón Contraguerrilla No 54 del GAULA del Ejército, a órdenes de la Fiscalía 132 Seccional Delegada y posteriormente conducidos a la Cárcel de Vista Hermosa de la ciudad de Cali. Señala la demanda, que el día 05 de mayo del 2005, la Fiscalía Seccional No 047 delegada ante los jueces Penales del Circuito de Buenaventura - Valle del Cauca, resolvió la situación jurídica de los sindicados, imponiéndoles medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención preventiva en centro penitenciario y carcelario.

El 20 de agosto de 2005, mediante auto interlocutorio se declaró el cierre de la investigación, emitiendo resolución de preclusión, concluyendo el ente investigador que los sindicados no eran coautores del delito de rebelión que se les imputó, decisión que fue notificada a cada uno de los procesados el 20 de octubre de 2005, fecha en la que además recobraron su libertad. Así las cosas, se tiene que, desde el momento de la captura de los hoy demandantes, hasta la fecha de su libertad, transcurrieron cinco (5) meses y 25 días. En consecuencia, los grupos demandantes invocaron las siguientes pretensiones: 3 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 Como consecuencia de los hechos que sustentan la demanda, solicitaron se condene al extremo pasivo a reconocer y pagar en favor de los demandantes: 1° Qué se declare que la Nación – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es administrativamente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los señores (as) LUIS EDUARDO MURILLO GACRCÍA y otros. 2° que como consecuencia obligada de la anterior declaración a la NACIÓN – MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a cada uno de los actores los perjuicios morales subjetivos y materiales causados a cada uno de los actores, como sigue a continuación:”  Con ocasión a los perjuicios morales, la suma equivalente a 50 SMLMV para todas y cada una de las víctimas tanto directas como a sus familiares (padres, esposas o compañeras permanentes de las víctimas directas, hijos y hermanos).  En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, invoca el escrito petitorio el reconocimiento de la suma de dos millones setecientos setenta mil quinientos pesos moneda legal ($2.770.500,oo) para todos y cada uno de las víctimas directas, lo anterior correspondiente al tiempo que cada uno de ellos permaneció privado de la libertad. 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1. La Fiscalía General de la Nación, mediante apoderado judicial, contestó la demanda encontrándose dentro del término legal dispuesto para ello, oponiéndose en todo a las pretensiones incoadas en su contra, argumentando que la Litis carece de los fundamentos fácticos y jurídicos. Plantea que, si bien es cierto, el artículo 68 de la Ley 270 de marzo 7 de 1996, establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por privación injusta de la libertad, no es menos cierto, que la antijuridicidad del daño debe estar demostrada y no aparece en el expediente la demostración objetiva de los daños que se imputan a la Fiscalía General de la Nación

pues, la demanda no se acompaña de prueba alguna en contra del funcionario judicial del conocimiento. 4 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 Presenta como excepciones de mérito la denominada: “innominada”, en desarrollo del caso concreto, por cuanto no se estructuran los supuestos esenciales que permitan constituir la responsabilidad patrimonial en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. 1.2.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante apoderado judicial, presentó contestación de la demanda, invocando que no le constan los hechos narrados en su contra, y advirtiendo que no existe elementos para endilgar la responsabilidad administrativa en contra de la entidad. Respecto a la participación del Ejército Nacional en la retención de los demandantes, manifestó que la actuación de los integrantes de la Policía Nacional fue desplegada en el cumplimiento de su deber constitucional, además que su responsabilidad cesó a partir del mismo momento en que asumió el conocimiento la fiscalía, quedando bajo la órbita de competencia de este ente judicial la suerte de los implicados. Por otro lado, manifestó que en el expediente no obra prueba suficiente que demuestre la concreción del daño alegado, por lo tanto, advierte que no es posible reconocer el resarcimiento de unos perjuicios inexistentes. Concluyó el apoderado que la responsabilidad por la libertad de los actores, radicó en la

denuncia que presentó el Ejército Nacional ante la Fiscalía, y no, por la judicialización y definición de la situación Jurídica que escapa de su órbita de competencia. Conforme lo anterior, propuso como excepciones de mérito la de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, puesto que los argumentos expuestos por el demandante no vinculan de manera directa acciones u omisiones atribuibles a las fuerzas armadas. 1.3. Sentencia de primera instancia. A través de Sentencia del 10 de septiembre de 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronunció en primera instancia accediendo a las pretensiones de la demanda, sin imponer condena en costas ni agencias en derecho, argumentando, en 5 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 síntesis, lo siguiente:  Procedió la Sala a analizar la caducidad de la acción, indicado que en el expediente obra resolución interlocutoria con radicado No 113291 proferida por la Fiscalía 41 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura, el 20 de agosto de 2005, mediante la cual precluyó la investigación penal en favor de los entonces sindicados Luis Eduardo Murillo García, Luis Enrique Domínguez Domínguez, Darío Benítez Vergara,

Reinel Martínez Murillo, Francisco Emilio González, Álvaro Valencia Mina, Julio César Asprilla longa, Jonathan Arley Narváez, José Esneider Martínez Murillo, Andrés Hurtado Murillo, Miguel Ángel Murillo García, Luis Fernando Pérez Lotero, Diego Luis Murillo, Rubén Antonio Ospina Roldan, Juan Guillermo Caicedo, y Jeferson Andrés Mosquera valencia; de los cargos imputados en su contra como autores del delito de rebelión, que establece una pena de prisión de 6 a 9 años y multa de 100 a 200 SMLMV, ordenando en consecuencia librarse a favor de los acusados las correspondientes órdenes de libertad. De esta manera, precisó el A Quo que, la libertad de los hoy demandantes se materializó el 20 de octubre de 2005, por lo que el término de caducidad de la acción de reparación directa que nos ocupa debe contarse a partir del día siguiente, esto es, a partir del 21 de octubre de 2005; transcurriendo el término de 2 años, hasta el 21 de octubre de 2007, día no hábil por lo que se prorrogó hasta el 22 del mismo mes y año, fecha en la que se radicó la demanda que nos convoca. Por lo tanto, el Tribunal determinó que la acción fue ejercitada dentro del término previsto para ello.  Seguidamente, la Sala efectuó el estudio de la legitimación en la causa por activa de los demandantes, en cuanto a las víctimas directa como a sus núcleos familiares, resolviendo que la totalidad de los actores se encuentran legitimados directa e

indirectamente a consecuencia del título de imputación de privación injusta de la libertad, atendiendo los documentos que se aportaron con el fin de acreditar los parentescos correspondientes.  En cuanto a la legitimación por pasiva de las demandadas, el Tribunal precisó que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Fiscalía General de 6 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 la Nación, a las cuales se acusa de ser la causante de los perjuicios cuya indemnización reclama la parte activa de la litis, por lo tanto, encontró legitimadas como parte demandada en el asunto de la referencia, habiéndose notificado en debida forma y con capacidad jurídica para comparecer al proceso.  Procedió la primera instancia a efectuar análisis de los presupuestos propios de la responsabilidad del Estado derivada de la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación impuesta a los señores Luis Eduardo Murillo García, Luis Enrique Domínguez Domínguez, Darío Benítez Vergara, Reinel Martínez Murillo, Francisco Emilio González, Álvaro Valencia Mina, Julio César Asprilla longa,

Jonathan Arley Narváez, José Esneider Martínez Murillo, Andrés Hurtado Murillo, Miguel Ángel Murillo García, Luis Fernando Pérez Lotero, Diego Luis Murillo, Rubén Antonio Ospina Roldan, Juan Guillermo Caicedo, y Jeferson Andrés Mosquera valencia; el 05 de mayo de 2005.  Así las cosas, la Sala encontró debidamente acreditado el elemento constitutivo del daño alegado por el extremo activo, con ocasión de la detención preventiva de que fueron objeto los señores Luis Eduardo Murillo García, Luis Enrique Domínguez Domínguez, Darío Benítez Vergara, Reinel Martínez Murillo, Francisco Emilio González, Álvaro Valencia Mina, Julio César Asprilla longa, Jonathan Arley Narváez, José Esneider Martínez Murillo, Andrés Hurtado Murillo, Miguel Ángel Murillo García, Luis Fernando Pérez Lotero, Diego Luis Murillo, Rubén Antonio Ospina Roldan, Juan Guillermo Caicedo, y Jeferson Andrés Mosquera valencia; desde el 05 de mayo de 2005 hasta el 20 de octubre del mismo año, fecha en la que recobraron su libertad, esto es por un lapso de 05 meses y 15 días, conforme lo demuestra la resolución de preclusión de la instrucción penal proferida el 20 de agosto de 2005 por la Fiscalía 41 Seccional de Buenaventura y la certificación suscrita por la Dra. Claudia Patricia Giraldo Sossa – Directora del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Cali -INPEC, mediante oficio No 7616 del 10 de julio de 2015, en la que consta que los demandantes

estuvieron recluidos hasta el 20 de octubre de 2005.  En este orden de ideas, procedió el Tribunal a determinar la antijuricidad del daño generado a las víctimas, efectuando el estudio de la conducta de los capturados y si esta 7 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 incidió en la apertura de la investigación penal adelantada en su contra y la consecuente imposición de medida de aseguramiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000. Al respecto, precisó que valorado el caudal probatorio descarta la presencia de elementos como el dolo o culpa civil en el comportamiento de los demandantes en el momento previo o concomitantes a la investigación penal como origen de la imposición de medida de aseguramiento dictada, pese a que la unidad de investigación de la Policía judicial mediante el informe de resultados de la acometida del 24 de abril de 2005, precisaron haber efectuado captura en flagrancia, información que fue controvertida por la Fiscalía quien señaló que los procesados resultaron capturados de manera desprevenida en sitios diferentes como bailaderos, etc. Por lo anterior, el Tribunal encontró desvirtuada la flagrancia de la conducta típica al momento de la captura de las 17 personas retenidas el 05 de mayo de 2005, concluyendo

que se encuentra probado que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, consistentes en los dos indicios graves de responsabilidad, porque los testimoniales y el reconocimiento de algunos de los nombre de los sindicados provenientes de quienes pretendían concesiones del Estado, no otorgaban a la Fiscalía General de la Nación la certeza necesaria para restringir el derecho a la libertad de los sindicados, circunstancia que le exigía recabar más elementos de juicio para corroborar la información suministrada, en consideración a que tales señalamientos, aunado a que se hicieron meses antes de la captura, eran vagos y confusos y porque las actividades que se advirtieron realizadas por los sindicados frente a las conocidas por policía judicial, que los individualizó como aserradores y trabajadores de la madera, no le permitían señalar que los demandantes eran autores de la conducta delictiva imputada, máxime existiendo otras medidas de protección de la instancia penal. En este sentido, consideró la Sala que la Fiscalía de conocimiento debió abstenerse de imponer la medida de aseguramiento en contra de los hoy demandantes, sin perjuicio de poder continuar con el trámite penal haciendo uso de otras medidas menos lesivas que aseguraran su comparecencia a la investigación penal, por lo que consideró que las 8 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 entidades demandadas deberán responder patrimonialmente por los perjuicios causados por la privación de la libertad de los actores, a título de falla en el servicio.  En este orden de ideas, concluyó que habiéndose acreditado que la relación jurídico sustancial de la cual se desprende la responsabilidad extracontractual de la imputada Fiscalía General de la Nación, procedió a excluir de responsabilidad al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por cuanto no encontró probado el nexo causal con el hecho generador del daño, o las acciones desplegadas por la demandada, teniendo probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de las entidades mencionadas. 1.4. Argumentos de apelación. La Fiscalía General de la Nación, mediante apoderado judicial incoo recurso de apelación en contra de la sentencia que impuso condena en su contra, manifestando su inconformidad en los siguientes términos:  La medida de aseguramiento de detención preventiva, puede cumplirse en un establecimiento de reclusión o de carácter especial o en el propio domicilio del sindicado, y se aplica cuando contra el inculpado resultare por lo menos dos -indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso. En este sentido, advirtió que la medida de aseguramiento impuesta en contra de los demandantes estuvo debidamente fundamentada reuniendo los requisitos legales.  De otro lado, resaltó que al haberse producido la detención preventiva mediante una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no es otra que el error Jurisdiccional, y

para que se esté en presencia de este se requiere que la providencia a la cual el mismo se imputa contenga una decisión abiertamente ilegal o arbitraria, y esto en ningún momento sucedió en el presente caso, todo lo contrario, se presentaron hechos indicadores graves que comprometían la responsabilidad del imputado, precisando que en ningún momento las garantías fundamentales de los hoy demandantes fueron vulneradas por la medida privativa de la libertad. 9 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02  De lo anterior, estableció en cuanto al daño antijurídico, que este no puede ser atribuido en el asunto en cuestión a la Fiscalía General de la Nación, porque la entidad desplegó su actuación en estricto acatamiento de la normatividad Constitucional y legal, con fundamento en la denuncia, declaraciones, experticias, entre otros. Resaltando que, la detención preventiva fue ocasionada por un vinculación directa y concreta, causa exclusiva del daño, y en tales condiciones no es posible endilgarle responsabilidad a la fiscalía General de la Nación. En los términos anteriores, solicitó se revoque la sentencia impugnada, dictando en su lugar la que en derecho deba remplazarla por cuanto está determinado a través de la controversia jurídica que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva

impuesta al señor Luis Eduardo Murillo García y otros, para la época de los hechos no fue injusta y que no se causó perjuicio alguno para que apareje responsabilidad a cargo de la administración, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, máxime, si se tiene en cuenta, que no se demostró por parte de los demandantes, la injusta de la medida de aseguramiento.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De acuerdo con el trámite surtido y los reparos manifestados en el recurso de apelación, el Ministerio Público considera como problemas jurídicos a resolver los siguientes:  ¿La conducta desplegada por los actores, a quienes se les impuso la medida de detención preventiva, debe ser analizada al momento de establecer responsabilidad del Estado, con el fin determinar si en el proceso penal se configuró el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima?  ¿Las actuaciones surtidas por parte de la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso penal adelantado bajo el No 113291 en contra del señor Luis Eduardo Murillo García y otros, por el presunto punible de rebelión, se encuentran ajustadas a los preceptos legales y constitucionales vigentes para la época de los hechos?

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02  ¿De acuerdo a las situaciones fácticas que soportan la presente demanda, debe responder administrativa y patrimonialmente la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión a la privación injusta de la libertad de los actores?  ¿Con las actuaciones surtidas por parte de la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso penal adelantado contra del señor Luis Eduardo Murillo García y otros, se desconocieron derechos fundamentales y normas Constitucionales e internacionales que lo protegen? 2.2. Análisis fáctico – probatorio. Es preciso señalar que en el expediente existe abundante material probatorio que correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez verificado lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destacará las pruebas relevantes para emitir concepto de fondo.  El grupo actor allegó los documentos necesarios para demostrar la legitimación en la causa por activa, así como en los vínculos de consanguinidad y afinidad invocados, correspondiendo los folios, así:

1. Luis Eduardo Murillo García (Fls 70 al 77 y 79 del cuaderno principal)

2. Miguel Ángel Murillo García (Fl 69, 72, al 77 del cuaderno principal)

3. Darío Benítez Vergara (Fls 81 al 83 del cuaderno principal)

4. Reynel Martínez Murillo y Álvaro Valencia Mina (Fls 50, 68 y 60 del cuaderno principal)

5. Álvaro Valencia Mina (Fls 57, 58 y 60 del cuaderno principal)

6. Andrés Hurtado Murillo (Fls 41 al 47 del cuaderno principal)

7. Luis Enrique Domínguez Domínguez (Fls 62, 63, 64, 65, 66, 67, 143, 242 del cuaderno principal)

8. Jhonatan Arley Narváez (Fl 248 del cuaderno principal)

9. Julio Cesar Asprilla Longa (Fls 108. 109, 110, 111, 112, 244, y 247 del cuaderno principal)

10. José Esneider Martínez Murillo (Fls 86, 91, 92, 93, 94,96, 96, 104 del cuaderno principal)

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11. Diego Luis Murillo (Fls 92, 93, 94, 95, 102, 104, 105, 106 del cuaderno principal)

12. Luis Fernando Pérez Lotero (Fls 115, 117, 118, 119 y 120 del cuaderno principal)

13. Juan Guillermo Caicedo (Fls del 122 al 131 del cuaderno principal)

14. Jefferson Andrés Mosquera Valencia (Fls 133 al 135 del cuaderno principal)

15. Rubén Antonio Ospina Roldán (Fls 137 al 139 del cuaderno principal)

 Se aportó a folio 140 al 147 del cuaderno principal, informe rendido por la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Grupo de Acción Unificada por la Libertad personalGAULA del Valle del Cauca, del 25 de abril de 2005, mediante el cual se específica del procedimiento de captura realizado por Unidades del Ejército Nacional – Tercera Brigada Unidades del Batallón de Contraguerrilla No 54, así: Sujetos Procesados Alias Ocupación Residencia Luis Eduardo Murillo García Pocho Agricultor, aserrador Bajo Calima Diego Luis Murillo Agricultor, aserrador Bajo Calima Darío Benítez Vergara Agricultor, aserrador Bajo Calima Jefferson Andrés Mosquera Valencia Aserrador Bajo Calima Reynel Martínez Murillo Fausto Aserrador Bajo Calima José Esneider Martínez Murillo Matuchan Paletero Bajo Calima Juan Guillermo Caicedo Paletero Bajo Calima Álvaro Valencia Mina Oficios Varios Bajo Calima Luis Fernando Pérez Lotero Lucho Aserrador, Paletero Bajo Calima Luis Enrique Domínguez Domínguez Lucho Aserrador, Paletero Bajo Calima Julio César Asprilla Longa Aserrador, Paletero Bajo Calima Francisco Emilio González Aserrador Bajo Calima Jhon Jaison Mosquera Ibarguen Papi Paletero Bajo Calima Andrés Hurtado Murillo Aserrador, Paletero Bajo Calima Rubén Antonio Ospina Guzmán Comerciante de Bajo Calima madera, abarrotes Miguel Ángel Murillo García Pimba Estudiante Bajo Calima Jhonatan Arley Narváez Paletero Bajo Calima  A folio 148 al 152 obra Resolución interlocutorio No 020 del 5 de mayo de 2005,

mediante la cual, procedió la Fiscalía Seccional 41 de Buenaventura a resolver la 12 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 situación jurídica de los sujetos sindicados del delito de rebelión, imponiendo medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación de los entonces sindicados, advirtiendo encontrar reunidos los requisitos del artículo 356 del Código Procedimiento Penal.  Del folio 153 al 159 del cuaderno No 1, obra resolución interlocutoria proferida dentro de la investigación penal No 113291 del 20 de agosto de 2005, por la Fiscalía 41 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura, mediante la cual calificó el mérito sumarial, resolviendo precluir la investigación penal adelantada en contra de los sindicados Luis Eduardo Murillo García, Luis Enrique Domínguez Domínguez, Darío Benítez Vergara, Reinel Martínez Murillo, Francisco Emilio González, Álvaro Valencia Mina, Julio César Asprilla longa, Jonathan Arley Narváez, José Esneider Martínez Murillo, Andrés Hurtado Murillo, Miguel Ángel Murillo García, Luis Fernando Pérez Lotero, Diego Luis Murillo, Rubén Antonio Ospina Roldan, Juan Guillermo Caicedo,

y Jeferson Andrés Mosquera valencia.  A folio 160 del cuaderno principal, obra memorial de notificación de la decisión adoptada por la Fiscalía 41 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura, el 20 de octubre de 2005.  Se aportó certificación No 7616 del 10 de julio de 2015, suscrita por la Dra. Claudia Patricia Giraldo Ossa – Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Cali – INPEC, mediante la cual consta que los demandantes Luis Eduardo Murillo García, Luis Enrique Domínguez Domínguez, Darío Benítez Vergara, Reinel Martínez Murillo, Francisco Emilio González, Álvaro Valencia Mina, Julio César Asprilla longa, Jonathan Arley Narváez, José Esneider Martínez Murillo, Andrés Hurtado Murillo, Miguel Ángel Murillo García, Luis Fernando Pérez Lotero, Diego Luis Murillo, Rubén Antonio Ospina Roldan, Juan Guillermo Caicedo, y Jeferson Andrés Mosquera valencia, estuvieron privados de la libertad recluidos en dicho establecimiento hasta el 20 de octubre de 2005 (Fls 33 y 34 del cuaderno No 1). 2.3. Análisis jurídico – Caso concreto. 13 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (66969) 760012331000200800892 02 Procede esta Delegada del Ministerio Público, a emitir su concepto dentro del presente proceso, con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, atendiendo la decisión proferida en primera instancia y el recurso de apelación impetrado por la Fiscalía General de la Nación, los cuales se entran a solucionar en el mismo orden, permitiéndose antes efectuar las siguientes consideraciones: De las pruebas analizadas en el acápite anterior, resalta el Mini