PGN - DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Pronunciamiento de la corte interamericana de derecho

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD-Se configura en razón a que el proceso terminó con sentencia en aplicación del in dubio pro reo RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Marco normativo El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Descansa sobre dos elementos Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. DAÑO ANTIJURÍDICO-Definición y alcances Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. En cuanto a la imputación, no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Sustento normativo del bloque de constitucionalidad/ RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO-Libertad personal y presunción de inocencia El artículo 93 de la C.P. indica … …Los derechos fundamentales, de la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en tratados internacionales los cuales han sido ratificados mediante leyes en el orden interno, Vr. gr., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en su artículo 9, numeral 1:… …En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7º dispone en sus numerales 1, 2 y 3: …

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 180012331000201000060 01 (58869)

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DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Pronunciamiento de La Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, señaló:… RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Marco legal en la privación injusta de la libertad La responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad fue prevista por el legislador estatutario en los artículos 65 a 68 de la Ley 270 de 1996, de la siguiente manera:… …Y de manera concreta, en el artículo 68 al indicar: …

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Evolución jurisprudencial/ PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Si la investigación culmina con preclusión o absolución con aplicación del in dubio pro reo se configura El Consejo de Estado, con fundamento en las normas en cita, viene elaborando diversas líneas jurisprudenciales respecto del texto del artículo 90 superior y la reglamentación específica del tema de la privación injusta de la libertad, cuya evolución permite entender las distintas tendencias tomadas, hasta llegar a su unificación. De manera puntual, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, existe jurisprudencia reiterada, fundamentada en los siguientes argumentos:… …Quiere decir lo anterior, que aun cuando la investigación se haya adelantado con el más alto rigor constitucional y legal, con imposición de medida de aseguramiento de detención, si finalmente la investigación culmina con preclusión de la investigación o absolución con aplicación del in dubio pro reo, el Estado adquiere la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con dicha medida; excepto en los eventos en que se encontrara en el deber de soportarlos, esto es, hecho exclusivo de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito, o culpa exclusiva y determinante de la víctima, etc. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD–Régimen de responsabilidad subjetiva De conformidad con lo anterior, puede concluirse que la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, se resuelve con fundamento en el régimen de la

responsabilidad subjetiva bajo el título de imputación denominado falla en el servicio, aun cuando la jurisprudencia mayoritaria del Consejo de Estado tenga la tendencia de hacerlo bajo una perspectiva objetiva cuando se acredita que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible, o se produjo la absolución como consecuencia del principio del in dubio pro reo. 180012331000201000060 01 (58869) 2

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PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Según sentencia de unificación del consejo de estado Pese a lo anterior, vale decir, a la aplicación de los dos regímenes de responsabilidad en el tema de la privación injusta de la libertad y, especialmente, de los títulos de imputación, para efectos de la resolución de casos con identidad fáctica y jurídica, resulta pertinente traer a colación la Sentencia de Unificación del 19 de abril de 2012 en la que se reconoce que su creación vía jurisprudencial se hizo para justificar y encuadrar la solución de los casos desde una perspectiva constitucional y legal; pero advierte que ellos no tienen un soporte constitucional en la consagración de la cláusula general en el artículo 90 superior, que imponga al juez la obligación de utilizar un determinado y exclusivo título de imputación, frente a explícitas situaciones fácticas. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-No se privilegió ningún régimen en particular sino que dejo en manos del juez construir la motivación En otras palabras, el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución

de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Como corolario, el uso de tales títulos por parte del juez, debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado. La razón para restarle importancia a los títulos de imputación se edificó en que el seguimiento estricto a cada uno de ellos conforme a los criterios de construcción disminuye el grado de discrecionalidad que debe tener el fallador, de quien se espera debe siempre buscar la respuesta más acertada, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser controvertida en tal motivación por vía de impugnación por las partes que se vean perjudicadas. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Cuando la preclusión o absolución se origina por la aplicación del principio de in dubio pro reo/ PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Solución a través de la institución del “daño especial” El 17 de octubre de 2013 se emitió la Sentencia de Unificación, en la cual se adoptó como criterio jurisprudencial decidir los eventos de privación injusta de la libertad cuando la preclusión o absolución se origina por la aplicación del principio de in dubio pro reo a través de la institución del “daño especial”.

Esa decisión se sustenta en que a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta se le causó un daño antijurídico, “en la medida en que mientras la causación de ese daño redunda en beneficio de la colectividad – interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatoriassólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el 180012331000201000060 01 (58869) 3 5aCdeE/MIPC/CHP IUS-E-2017-937646 ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional”. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Carga a la cual no se está obligada a soportar …Y además, porque “si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendenteen todo sentidoque el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que

informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo” (subrayado y negrilla dentro del texto). …En conclusión, es claro que permaneció privado de la libertad por el término de un (1) año más diecisiete (17) días, con lo que se evidencia un daño antijurídico el cual no estaba obligado a soportar, porque después de ser sometido a los trámites propios de un proceso penal y privado de la libertad fue absuelto de todo cargo en aplicación del in dubio pro reo con lo que su presunción de inocencia quedó incólume. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-La prueba en este tema es un acto complejo Sobre el tema, la doctrina nacional ha dicho que la prueba de la injusta privación de la libertad es un acto complejo que no pasa simplemente por demostrar que hubo una absolución o su equivalente, sino que se compone de varios elementos probatorios, “Por tanto, debe entenderse que el juicio de reproche con ocasión de una eventual privación injusta de la libertad pasa por la prueba de dos extremos, sin excepción alguna: i) la prueba de la detención; y ii) la prueba de la absolución o su equivalente, con nota de ejecutoria, que es lo que permite en realidad articular el razonamiento sustancial de la responsabilidad por esa vía, en la medida en que se justifica no solo en el hecho material de la privación de la libertad, sino en el examen de los motivos que la determinaron (…), que en últimas permite la imputación del daño”. DAÑO-Contraría los postulados ínsitos en los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia

Dicho daño es a todas luces antijurídico porque contraría los postulados ínsitos en los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, que se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como se señaló previamente. En este caso el derecho a la libertad se vio vulnerado porque ciertamente se privó de la libertad a una persona a quien no se le pudo demostrar su responsabilidad en la conducta investigada. 180012331000201000060 01 (58869) 4

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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-En el caso que nos ocupa se configura La responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, donde se consagró que el Estado es responsable patrimonialmente de los daños antijurídicos que le sean imputables, y en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que dispone que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios. Igualmente en las pautas jurisprudenciales del Consejo de Estado, referidas en precedencia, donde en desarrollo de tales preceptos normativos ha dicho que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad, como consecuencia, de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en

libertad en virtud de una decisión judicial, porque el hecho imputado no existió, porque el sindicado no lo cometió, porque el hecho no es punible, porque se absolvió con fundamento en el in dubio pro reo, y que además se demuestre que la privación de la libertad fue injusta, que lo será siempre que el proceso penal no termine con sentencia condenatoria; se configura un daño antijurídico imputable al Estado, el cual debe ser reparado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política. De cara a estas disposiciones; en el caso que nos ocupa resulta válido afirmar que la privación de la libertad padecida por el señor, fue injusta porque el proceso no terminó con sentencia condenatoria, sino con sentencia absolutoria y archivo de la investigación. …Por tanto, para esta Delegada se encuentran reunidos y probados los presupuestos del régimen de responsabilidad objetivo, en el que no es necesario demostrar la existencia de un error cometido por la autoridad judicial, una falla del servicio como lo refiere la apelante, sino que al perjudicado le basta con demostrar que se impuso en su contra una medida privativa de la libertad en el trámite de un proceso judicial, y que dicho proceso culminó con decisión favorable, así como el daño surgido a causa de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración, la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano. 180012331000201000060 01 (58869) 5

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Bogotá D.C., 11 de enero de 2018 Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 18-002

Acción: Reparación Directa Radicado: 180012331000201000060 01 (58869) Actor: LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y

Rama Judicial Honorable Señor Consejero, Estando en el término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada quien solicita la revocatoria de la sentencia condenatoria para cuyo efecto expone:

ANTECEDENTES.

La Demanda. En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, el señor LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO y su grupo familiar compuesto por sus hijos, compañera permanente, madre y hermanos, formularon demanda contra la NaciónFiscalía General y 180012331000201000060 01 (58869) 6

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Rama Judicial, por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor LUIS

OMAR CALDERÓN GORDILLO.

Contestación. Fiscalía General de la Nación. Propuso como excepción la culpa determinante de terceros. Argumentó que la medida de aseguramiento de detención preventiva librada en contra del demandante, se profirió porque en su contra

obraban testimonios que comprometían su responsabilidad en el delito de rebelión. Agregó que no controvirtió la medida de aseguramiento impuesta y que la responsabilidad objetiva sólo opera en los casos de daño especial y por actividades peligrosas, las cuales no son de recibo en el caso, por tratarse del servicio público de administración de justicia, que únicamente puede ser atacada desde el punto de vista subjetivo, esto es, desde la falla del servicio. Nación – Rama Judicial. Propuso como excepciones la falta de causa para demandar y la falta de legitimación en la causa por pasiva. En relación con las pretensiones manifiesta que se opone a todas y cada una de ellas y sobre los hechos señala que se atiene a lo que resulte probado. En cuanto a la primera excepción, considera que si bien el actor fue absuelto en sentencia de primera, esta decisión no lo legitima a 180012331000201000060 01 (58869) 7 5aCdeE/MIPC/CHP IUS-E-2017-937646 reclamar algún tipo de indemnización patrimonial, porque no se le causó daño antijurídico por parte del funcionario judicial que conoció de la etapa del juicio, que por el contrario fue ese funcionario judicial el que lo exoneró de responsabilidad. Indica que en su sentir fue sólo la Fiscalía la que le causó el problema y que como dicha entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, es quien debe responderle. Sentencia de primera instancia. Mediante providencia del 29 de septiembre de 2016, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá declaró probada la excepción de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, alegada por la Rama

Judicial y declaró la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación por los hechos objeto de demanda y, en consecuencia, la condenó al pago de los perjuicios que encontró demostrados en el plenario, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “De lo anteriormente probado, queda claro que el señor CALDERÓN GORDILLO, estuvo privado de la libertad desde el 11 de septiembre de 2006 al 28 de septiembre de 2007. El hecho de proferirse sentencia absolutoria a su favor da al daño sufrido por éste, consistente en la pérdida temporal de su libertad, las connotaciones de antijurídico, es decir, que no tenían por qué soportarlo y así se encuentra demostrado el primer elemento que configura el título de responsabilidad analizado. 5.4.3. La Imputabilidad al Estado. Como se desprende de las pruebas documentales allegadas al proceso, luego de la captura del señor CALDERÓN GORDILLO, la Fiscalía General de la Nación en virtud de la competencia constitucional consagrada en el artículo 350 de la Constitución Política y observando los requisitos del artículo 355 de la Ley 600 de 2000, emitió la respectiva medida de aseguramiento y posterior Resolución de Acusación en contra del actor, 180012331000201000060 01 (58869) 8 5aCdeE/MIPC/CHP IUS-E-2017-937646 manteniéndolo privado de su libertad al sindicársele del delito de rebelión. La anterior decisión se fundó en prueba testimonial obrante en el plenario, que lo señalaban como participe de

actividades propias de un grupo al margen de la Ley Penal Colombiana. Mediante sentencia de fecha 25 de septiembre de 2007, que cobró ejecutoria el 09 de octubre de 2007 (folios 86 a 108), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia absolvió al señor CALDERÓN GORDILLO del cargo de rebelión, al considerar lo siguiente. “Es evidente que los señores EDISON CAICEDO FISICUE y ANGEL CUSTODIO GARCÍA BELTRÁN quienes señalaban a LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO y al mismo JAVIER GALINDO MUÑOZ, son cuñados en la actualidad; para la época en que hacen el señalamiento, LUIS OMAR CALDERÓ GORDILLO convivió la señora DERLY CAICEDO, con la que procreó dos hijos un niño y una niña; la niña hoy a cargo de su señora madre doña OLGA GORDILLO; del niño nada sabe, pues precisamente su presencia en Bogotá y Soacha era averiguar por la situación del menor y no la inteligencia de que hablan. (…)” Así las cosas, no cabe duda que a LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO se le ocasionó un daño y éste le es imputable exclusivamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dado que la actuación del Juez Penal del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, se dirigió hacer un análisis del material probatorio y proceder a la absolución del implicado al considerar que las pruebas no eran certeras y dejaban muchas dudas acerca de la responsabilidad del libelista. Motivo este, por el cual se configura

la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la RAMA

JUDICIAL.

Por otra parte, es innegable que la única razón para que el actor fuera privado de su libertad fue la decisión legítima de la Fiscalía General de la Nación, de imponerle medida de aseguramiento sin que esa condición, de ser legítima enerve la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por su decisión, pues es el mismo ordenamiento jurídico quien la atribuye cuando éste, después de ejercer su función punitiva no logra desvirtuar la presunción de inocencia que como derecho fundamental cobija a todos los administrados. La imputación emerge bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución Nacional, es decir independientemente del artículo 414 del antiguo Código Procesal Penal, dado que estos asuntos se resuelven por el régimen objetivo y los títulos de imputación conocidos, en este caso como un daño especial al tratarse de un daño excepcional y anormal al derecho fundamental a la libertad 180012331000201000060 01 (58869) 9

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(art. 28 C.N:), que excede la carga pública que debe asumir un ciudadano ante la función punitiva estatal de hacer comparecer al proceso a quienes son investigados por la presunta comisión de un delito. Así entonces, sin importar el hecho de la legalidad de la medida de aseguramiento, basta que en la investigación penal no se desvirtué la presunción de inocencia y se afecte el derecho a la libertad, para que nazca el deber indemnizatorio del Estado, porque en ese caso el daño adquiere su antijuridicidad.

Ahora, es evidente que existe relación causal entre el obrar de la Fiscalía General de la Nación y el daño que produjera a los actores, con lo que se encuentran acreditados los presupuestos para declarar la responsabilidad estatal en este asunto.” Apelación. De la Demandada Fiscalía General de la Nación. Solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia por considerar que la privación de la libertad de que fue víctima el demandante CALDERÓN GORDILLO en el caso materia de la litis, no puede tildarse de “injusta”, porque dicha medida estuvo fundada en pruebas serias que fueron legalmente aportadas a la investigación y con ella no se vulneró ningún derecho fundamental, ajustándose la providencia que la determinó a las exigencias tanto de fondo como de forma que prevé la ley penal, como quiera que se encontraba plenamente acreditada la materialidad del hecho y existían por lo menos dos indicios graves de responsabilidad del sindicado. Agregó que a la Fiscalía “no se le puede imputar la comisión de los hechos fundamento de la litis, por consiguiente no puede llegar a apreciarse lo inexistente como anormalmente deficiente, simplemente en el caso que nos ocupa, dicha Entidad, mi representada, en el giro 180012331000201000060 01 (58869) 10 5aCdeE/MIPC/CHP IUS-E-2017-937646 ordinario de su actividad, cumplió con unos deberes que le impone la Ley y sus reglamentos, cuyo desconocimiento acarrearía consecuencias desfavorables tanto penales como disciplinarias, al funcionario que no cumple con dicho mandato” (folio 319). Indicó que la Fiscalía no incurrió en error judicial al privar de la libertad

al hoy demandante y que por ello no se causó grave perjuicio material y moral, porque lo que hizo fue cumplir con su obligación constitucional de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores, habiéndose apegado en todo a lo dispuesto en los códigos en materia de derecho de defensa, debido proceso y demás garantías a los procesados. Señaló que “no puede pretenderse que por el hecho de que el Juzgado haya resuelto absolver al señor CALDERON GORDILLO, se llegué a la conclusión absurda de que fue recluido en forma arbitraria el señor CALDERON GORDILLO para endilgar responsabilidad patrimonial, porque (…) debe entenderse que para decretar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al aquí demandante, no se exigía a la luz del anterior Código de Procedimiento penal la certeza sobre la responsabilidad, tal requerimiento solo era exigido cuando se trataba de imponer una sentencia condenatoria.” (folio 325). Manifestó que cuando se absuelve al enjuiciado por duda proveniente no de una falencia probatoria; “de un encuentro de pruebas no es procedente condenar al Estado, porque la incertidumbre no radica en si el hecho existió o si la persona lo cometió ya que estos elementos estarían demostrados; sino en que la contradicción probatoria impide al juez llegar a la certeza. En este último evento no es procedente indilgar responsabilidad al Estado, pues este cumplió con su deber de investigar y adelantar el proceso penal.” (folio 326). 180012331000201000060 01 (58869) 11

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Culmina insistiendo en que “se revoque la sentencia impugnada, dictando en su lugar la que en derecho debe reemplazarla por cuanto está determinado a través de la controversia jurídica que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta a LUIS OMAR CALDERON GORDILLO, para la época de los hechos no fue injusta y por ende no constituye error judicial que apareje responsabilidad a cargo de la administración, particularmente de la Fiscalía General de la Nación.” (folio 331). CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problemas Jurídicos ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad de las personas involucradas en la investigación de una conducta punible exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política? ¿La absolución de la persona privada de la libertad dentro de un proceso penal, por aplicación del in dubio pro reo, estructura la responsabilidad administrativa del órgano del Estado que adelantó la actuación y ordenó la medida, esto es, de la Fiscalía General de la Nación? Análisis jurídico El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 180012331000201000060 01 (58869) 12

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Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. En cuanto a la imputación, no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. Sustento normativo del bloque de constitucionalidad. El artículo 93 de la C.P. indica “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 180012331000201000060 01 (58869) 13

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Los derechos fundamentales, de la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en tratados internacionales los cuales han sido ratificados mediante leyes en el orden interno, Vr. gr., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que establece en su artículo 9, numeral 1:

"1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la Ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta." En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 en su artículo 7º dispone en sus numerales 1, 2 y 3: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs.

Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, señaló: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia,

ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.(…)”. 3 Ratif