PGN - DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION Como manifestación del derecho de defensa

Honorables Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dr. Javier Zapata Ortiz Ref. Demanda de Casación presentada por el defensor de JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN contra la Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que lo condenó como autor de homicidio agravado Rad. 26836.

Señores Magistrados: El Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia adiada el 9 de marzo de 2005, condenó a JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN a la pena principal de trescientos treinta (330) meses de prisión, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un término de veinte (20) años y al pago en concreto de los perjuicios causados, al hallarlo penalmente responsable del concurso de delitos de homicidio agravado y hurto.

Apelada la decisión por la Procuradora 21 Judicial Penal II y el defensor de oficio del procesado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 10 de mayo de 2006, decretó la nulidad parcial de la acusación y del fallo, con el fin de que la fiscalía califique nuevamente el mérito del sumario respecto del delito de hurto, y la confirmó por el homicidio agravado, disminuyendo la pena a trescientos veinte (320) meses de prisión. El fallo del Tribunal, a su turno, es ahora objeto de estudio en sede de casación al haber sido recurrido por el defensor público del procesado. Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. En virtud de lo anterior, la Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal

presenta a consideración de la honorable Corte el concepto de rigor sobre la demanda presentada.

1. HECHOS Las constancias procesales informan que en la madrugada del 8 de junio de 2003, en el barrio Dorado Bajo, sur de esta ciudad capital, resultó muerto el señor Jesús David Garzón Ramírez, como consecuencia de siete heridas producidas con arma cortopunzante, luego de haber estado en la taberna “Los Costales”, donde departió con algunos familiares hasta aproximadamente las tres de la madrugada, y donde cortejó a una joven que se encontraba en ese lugar con su novio JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN, alias “Chanchalo”, quien por tal motivo le protestó, suscitándose entre ellos una disputa verbal.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se pudo establecer que el presunto responsable del homicidio había sido el señor JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN por razón del incidente presentado con Jesús David Garzón en la taberna “Los Costales” y además, por hurtarle las zapatillas y el buzo que portaba esa noche. En virtud de ello, el 27 de noviembre de ese año fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Adelantada la investigación, la Fiscalía acusó a JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN como presunto coautor responsable únicamente del delito de homicidio agravado del cual fue víctima Jesús David Garzón Ramírez, mediante resolución de fecha 24 de marzo de 2004.

Realizado el juicio, el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá condenó al acusado en sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, en la forma como anteriormente quedó anotado. 2 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. En esa decisión, el Juzgado igualmente dispuso compulsar copias ante al Fiscalía con el fin de investigar la probable participación de alias “Chocolate” y demás personas que acompañaban a JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN la madrugada de los hechos. El fallo de segunda instancia -como también se anunció- fue recurrido en casación por el defensor público del procesado.

3. LA DEMANDA 3.1. Primer Cargo: falso juicio de legalidad El actor acusa las sentencias de primera y segunda instancia de darle valor probatorio a una “declaración – confesión” que realizó el procesado al momento de ser capturado por el agente Germán Ricardo Camargo Torres.

Aduce que lo denominado por el Tribunal como confesión no es desmentido por el procesado, empero éste afirma que fue obligado a decir ciertas manifestaciones, pues “le lanzaron gases en la cara, le colocaron una pistola en la cabeza y le propinaron unas cuantas patadas”. Añade el demandante que la aducción de esta prueba vulnera los artículos 280 de la Ley 600 de 2000 y 29 de la Carta Política y, por tanto, es inexistente jurídicamente. Tal yerro es trascendente, porque los falladores otorgaron plena credibilidad a la mencionada “confesión” y con fundamento en ella dictaron las sentencias de primera y segunda instancia. De no haber sido valorada esta prueba, dada su

evidente ilegalidad, no se habría arribado al grado de certeza exigido para condenar, pues las restantes pruebas no tienen la suficiente contundencia probatoria para declarar la responsabilidad del procesado. 3 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. La enmienda del yerro anotado conduce entonces a demostrar la duda y a declarar un fallo de carácter absolutorio. 3.2. Segundo Cargo: falso raciocinio Según el casacionista, como consecuencia del error de hecho por falso raciocinio, los fallos de instancia violaron indirectamente los artículos 232, 284 y 287 de la Ley 600 de 2000, por aplicación indebida, lo cual a su turno condujo a la falta de aplicación del principio del in dubio pro reo. A juicio del recurrente, la sentencia de condena se basó en la errónea valoración de la prueba testimonial e indiciaria y, por tanto, no existe prueba de la responsabilidad del acusado. Agrega que los “medios de prueba que incurren en falso raciocinio” son los testimonios de Ricardo Garzón Ramírez, Cristian Andrés Garzón Ramírez, Jesús David Garzón Ramírez y de JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCUN. Basado en esta prueba testimonial el tribunal infiere la existencia de indicios de presencia, motivo y oportunidad. No obstante, la deducción del ad quem riñe con las reglas de la lógica, pues “de todos esos indicios mediatos no se da sino uno sólo inmediato” consistente en hacer más fuerte el motivo de sospecha respecto de JUAN CARLOS ASCENCIO

SUESCÚN pero excluyendo a las demás personas que asistieron a la fiesta, en la cual se presentó el incidente entre Jesús David y JUAN CARLOS, y de ese sólo hecho se dedujo la responsabilidad de éste último, a través de una inferencia que sólo da como resultado suposiciones, conjeturas y especulaciones. De acuerdo con las máximas de la experiencia -continúa el actorquien ha cometido un delito y pretende evitar que lo descubran, tiende a ocultar cualquier rastro o situación que delate su conducta, nada de lo cual realizó el procesado en este caso, quien, por el contrario, narra espontáneamente el encuentro que tuvo en la taberna con el hoy occiso. 4 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. Empero el Tribunal infiere que la presencia en la taberna y la mínima reclamación efectuada por el procesado a Jesús David, por estar “gusaniando” a su novia, dio como resultado la muerte de éste último a manos de ASCENCIO SUSCÚN, lo cual no coincide con la regla de la experiencia que indica que todo homicida trata de ocultar el delito, pues el procesado en ningún momento evitó relatar los hechos que podían comprometerlo, ni trató de huir de la vecindad. Luís Alfredo Garzón Ramírez sólo refiere lo escuchado por el supuesto testigo presencial de los hechos Juan Carlos N., y, sin embargo, el Tribunal le otorgó credibilidad para fundamentar el fallo de condena, desconociendo principios de la lógica y la experiencia, pues apenas se trata de un testimonio de oídas que no tiene conocimiento directo, propio y personal, por lo que no se sabe si reproduce

fielmente la realidad. En tales condiciones, el testimonio de Luís Alfredo Garzón no puede tenerse como razón suficiente de la certeza requerida para declarar la responsabilidad del procesado. En criterio del defensor, el fallo se encuentra fundamentado en las conjeturas y rumores que surgieron de los hechos ocurridos en la taberna y de los cuales la familia dedujo la posible participación de ASCENCIO SUESCÚN en el crimen de Jesús David, tal como sucede con la declaración de Lucila Pinilla quien por haber acompañado a Luís Alfredo Garzón el 8 de junio de 2003 a buscar al presunto homicida de su sobrino, era conocedora de muchas situaciones narradas por este último. El Tribunal también vulnera los principios de no contradicción y de identidad, por cuanto los testigos refieren diferentes colores de las zapatillas que la víctima había comprado el día anterior y que el procesado tenía puestas al día siguiente y, sin embargo, corrobora la conclusión del juzgado cuando afirma que no existen contradicciones en cuanto a este aspecto. Además, no está probado que las zapatillas que tenía puestas el procesado al día siguiente, fueran las mismas que el interfecto llevara el día del crimen. 5 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. De no haber incurrido en los referidos errores, el fallador no habría podido declarar la responsabilidad del procesado, por la existencia de dudas razonables sobre todo el acontecer fáctico. El acervo probatorio es débil y en ese sentido el juicio se soporta en meras probabilidades y conjeturas, por lo cual surge la necesidad de aplicar el principio universal del in dubio pro reo, en garantía de de

los derechos fundamentales del procesado. El Tribunal, como consecuencia de los errores mencionados, violó indirectamente los artículos 7, 232, 284 y 287 del Código de Procedimiento Penal; y 103 y 104 del Código Penal. En consecuencia, el defensor público solicita a la Corte Suprema casar la sentencia impugnada y, en su lugar, proferir fallo de reemplazo de carácter absolutorio.

4. ALEGATO ESTIMATORIO La Procuradora 21 Judicial II Penal, en su condición de no recurrente, avala la demanda presentada por el defensor público y en ese sentido indica que el fallador de segunda instancia apreció de manera defectuosa la prueba indiciaria, al desconocer la sistematización señalada en los artículos 284 y 287 del Código

de Procedimiento Penal. Agrega que el Ministerio Público, acorde con lo alegado en las instancias, considera que no existe ningún testigo directo de la conducta punible investigada y la prueba indirecta es insuficiente para conformar un juicio razonable que constituya certeza sobre la autoría material del delito, pues algunos de los declarantes que comparecieron evidencian indiscutible interés en razón del parentesco y las relaciones estrechas con la víctima, por lo cual, su notoria parcialidad impide al juzgador conformar un juicio razonable de verdad, amen de las contradicciones en aspectos decisivos de la investigación. 6 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. Si algo indica la prueba, es que en el lugar había muchas personas y algunas de ellas, no determinadas, abordaron a la víctima para agredirla mortalmente.

No obstante la precariedad de la prueba testimonial, el Tribunal valoró como confesión una versión que formalmente no puede tenerse como tal. Además, a la luz de la lógica y la argumentación jurídica, el indicio tampoco está suficientemente probado porque el hecho indicador se pretende demostrar con testimonios de frágil calidad. En consecuencia, al no haber sido posible superar racionalmente las dudas que existen en el proceso, se impone dictar un fallo a favor del reo, tal como lo solicita el defensor público del señor JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL Cuestión previa La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha venido señalando que una vez admitida la demanda de casación, surge para el recurrente el derecho a un pronunciamiento de fondo con el único propósito de analizar aquellas falencias que ameritan una reflexión jurídica atenta, por las posibles fallas a las garantías fundamentales que pudiese revelar lo actuado en instancias1.

Lo anterior, sin embargo, no significa que el libelo así admitido necesariamente deba prosperar, pues de lo que se trata justamente es de verificar la “posible” vulneración de las garantías fundamentales de los sujetos procesales, tras el estudio de fondo del tema planteado en la demanda. Sobre el particular no sobra recordar que la sentencia de segunda instancia arriba al tribunal de casación amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, esto es, que los hechos declarados como probados se ajustan a la 1 Cfr., por ejemplo, sentencia del 17 de septiembre de 2008, radicado 21691 y sentencia del 23 de febrero

de 2009, radicado 29418. 7 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. actividad probatoria, y la norma sustancial escogida era la llamada a gobernar el asunto, presunción que compete al casacionista derrumbar de acuerdo con las causales de casación legalmente establecidas y con argumentos lógicos y coherentes que lleven al juez de casación a colegir en la real existencia del vicio denunciado. Tras esta breve precisión, procede la Delegada a estudiar de fondo los reproches formulados, como sigue: 4.1. Primer Cargo: falso juicio de legalidad El tema de discusión propuesto por el casacionista consiste en establecer si las manifestaciones realizadas por JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN al momento de su captura, podían ser valoradas como “confesión” por los jueces de instancia, o si, por el contrario, debía ser excluida del análisis probatorio por vulnerar los artículos 29 de la Carta Política y 280 de la Ley 600 de 2000. Así presentado el reproche, la Delegada estima que asiste parcialmente la razón tanto al defensor como a la representante del Ministerio Público, en cuanto aciertan al considerar que la tal confesión debe ser considerada jurídicamente inexistente, por haber sido incorporada al proceso con violación de las formalidades legales establecidas para su aducción, empero se equivocan al momento de acreditar la trascendencia del yerro denunciado, pues pasan por alto la existencia de otros medios de convicción legalmente allegados al proceso, los

cuales permiten soportar el fallo de condena proferido contra el acusado, tal como lo concluyeron los jueces de instancia en unidad jurídica inescindible. (i) En efecto, en primer término, conviene precisar el contenido de los conceptos de prueba ilícita e ilegal, pues a la luz del artículo 29 de la Cata Política, es claro que la regla general de exclusión opera de diversas maneras y genera consecuencias procesales distintas, según se trate de prueba ilícita o prueba ilegal. 8 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. Para un sector importante de la doctrina2, la prueba ilícita es aquella que atenta directamente contra la dignidad humana, por haber sido obtenida a través de una conducta ilícita o con violación de derechos y garantías fundamentales, como la confesión que directamente se extrae mediante la tortura a que fue sometido el imputado, la manifestación incriminatoria que realiza el acusado inmediatamente después de conocerse la interceptación clandestina de sus comunicaciones, la evidencia que se obtiene tras un registro o allanamiento practicado sin orden judicial, etc. En tales eventos es indiscutible que se afectan derechos fundamentales como la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación o la solidaridad íntima3. La consecuencia en estos casos es inexorable: “La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales. En cada caso, de confirmad con la Carta y las leyes deberá determinarse

si excepcionalmente subsiste alguna de las pruebas derivadas de una prueba ilícita, o si corren la misma suerte que ésta”4. La prueba ilegal, a su turno, es aquella que vulnera la legalidad ordinaria, al haber sido incorporada sin las formalidades legalmente establecidas para la obtención y práctica de la prueba, es decir, sin el respeto de la ritualidad instituida para su producción e ingreso al proceso, como cuando se recibe indagatoria bajo juramento o cuando se omiten los requisitos previstos en los artículos 280, 281 y 282 de la Ley 600 de 2000 para la aducción y análisis de la confesión, o 267, 269 y 276 ejusdem, para la admisión del testimonio, etc. En estos casos ciertamente se afecta el procedimiento, esto es, la formalidad externa prevista en la ley para incorporar la prueba. 2 Cfr. por ejemplo, Manuel Miranda Estrampes, Marcelo Sebastián Midón o Hernando Devis Echandía, citados por RAÚL CADENA LOZANO, en “Cláusula de Exclusión y Argumentación Jurídica en el Sistema Acusatorio”, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá 2005, págs. 31 y ss. 3 Constitución Política, Artículo 33: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Norma declarada exequible, en la forma señalada en la sentencia C-1287 de 2001). 4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 2 de marzo de 2005, radicado 18103.

Tesis reiterada en el Radicado 29416 del 23 de abril de 2008. 9 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. Cuando ello ocurre, la jurisprudencia tiene establecido que es “al juez a quien corresponde determinar si el requisito legal omitido es esencial o no”5, es decir, si incide de manera real y efectiva sobre el debido proceso, pues la omisión de alguna informalidad insustancial, por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba. (ii) Sentadas las anteriores premisas, nos corresponde entonces verificar si los jueces de instancia otorgaron el carácter de “confesión” a la manifestación del procesado efectuada al momento de su captura, como lo afirma el demandante, o si las constancias procesales informan lo contrario. Al respecto, la Procuraduría advierte que el Tribunal en el capítulo cuarto que denomina “De la Responsabilidad del Procesado JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN”, expresamente señala lo siguiente: “Por demás en este informe6, también, expresan los investigadores que el incriminado, de manera voluntaria y espontánea, afirmó que se encontraba allí por la muerte de un joven que le estaba “gusaneando” a la novia en una taberna; con esto la Sala quiere subrayar que, según las pruebas que obran en este proceso, el enjuiciado confesó sin que hubiera presión alguna y que no sólo fue testigo el intendente Camargo sino, también, los investigadores del C.T.I. Con fundamento en lo anterior no puede quedar duda respecto de la responsabilidad en los hechos por parte del sentenciado JUAN CARLOS ASECENCIO SUESCÚN alias “Chanchalo”, porque obran pruebas

fehacientes que permiten demostrar su participación y que cumplen con los requisitos legales; en primer lugar están las declaraciones rendidas por Germán Ricardo Camargo Torres, Lucila Pinilla Chaparro, Daniel Ricardo Garzón Ramírez, Criastian Andrés Garzón Ramírez, Luís Alfredo garzón Ramírez; y, en segundo término está la confesión que el mismo encausado hizo cuando fue capturado, declaraciones totalmente claras y espontáneas rendidas en presencia del intendente Camargo y los investigadores del C.T.I. con todas las garantías constitucionales y legales requeridas para tal diligencia, por lo que no puede admitir lo que pretenden demostrar tanto el defensor como el agente del Ministerio público al afirmar que esta confesión la hizo porque estaba bajo el influjo de amenazas.

Y agrega: 5 Radicado 18103. 6 Se refiere al informe presentado por los investigadores del CTI sobre la captura del procesado.

10 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. …. y, por este motivo se le da plena credibilidad a la confesión de JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN quien, probablemente, concibió que si confesaba, recibiría los mismos beneficios que se le otorgaron por parte del Juzgado 9 Penal del Circuito de esta ciudad, cuando fue condenado por hurto calificado y agravado” (subrayamos)7. De acuerdo con lo anterior se tiene entonces que el juez corporativo efectivamente otorgó valor probatorio de confesión a las manifestaciones del procesado realizadas al momento de su captura y, en virtud de ello, les confirió plena credibilidad para fundamentar el fallo de condena. En eso consiste el yerro

denunciado, pues a juicio de esta Delegada, no resulta ser cierto que “la confesión” del procesado cumpla con todas “las garantías constitucionales y legales” y que ello, en consecuencia, permita otorgarle plena credibilidad para fundamentar el juicio de responsabilidad del procesado, como equivocadamente lo anota el juez corporativo de segunda instancia. El cotejo de los requisitos previstos en el artículo 280 de la Ley 600 de 2000 con la realidad procesal, fácilmente permite advertir que ellos no se cumplen en este caso, pues es claro que las manifestaciones del procesado se efectuaron “al momento de ser capturado por el agente de la Policía Germán Ricardo Camargo Torres”, es decir, no fueron realizadas ante funcionario judicial, no estuvo asistido por su abogado defensor, no fue informado del derecho a no declarar contra sí mismo y, por consiguiente, al no habérsele enterado de este último derecho, tampoco puede afirmarse que su confesión hubiese sido efectuada en forma consciente y libre. En esas condiciones, resulta evidente que las manifestaciones del capturado no podían ser valoradas como “confesión”, por no reunir los requisitos esenciales exigidos por la Constitución y la ley para incorporar y valorar esta clase de pruebas. (iii) Tales requisitos son esenciales, porque se refieren directamente a los derechos fundamentales de defensa y no autoincriminación, garantizados no 7 Págs. 14 y 15 del fallo impugnado. 11 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. solamente por la constitución y la ley colombiana, sino además, por instrumentos

internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica8, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9, entre otros. De allí que, en orden a garantizar efectivamente el derecho de defensa, el artículo 305 de la Ley 600 de 2000 expresamente disponga que se consideran inexistentes para todos los efectos procesales, aquellas diligencias practicadas con la asistencia e intervención del procesado sin la de su defensor. El derecho de no autoincriminación, como una de las manifestación del derecho de defensa, está consagrado en el artículo 33 de la Carta Política10, el cual establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes cercanos, lo cual significa que ninguna persona está obligada a confesarse culpable de la conducta punible que se le imputa, todo lo cual indefectiblemente deberá ser informado por el funcionario judicial que reciba la primera versión del imputado o sindicado, en presencia de su abogado defensor. Esa información busca asegurar que el incriminado tenga conciencia de que es titular de esa garantía, y que si decide confesar el hecho o declarar contra las personas que la norma protege, es porque desea hacerlo voluntariamente. Busca, entonces, “evitar que la declaración incriminatoria pueda presentarse por desconocimiento del derecho, o porque el implicado entienda o pueda entender equivocadamente que tiene un compromiso indisoluble con la verdad”11. En esas condiciones, es claro que todas las manifestaciones que las personas capturadas realicen ante las autoridades de policía al momento de su aprehensión física, o incluso, ante funcionarios de la fiscalía o judiciales, sin la presencia de su defensor, se consideran inexistentes, pues constituyen prueba

ilegal por omitir requisitos esenciales estrechamente vinculados con el derecho 8 Aprobado por la Ley 16 de 1972. 9 Aprobado por la Ley 74 de 1968. 10 En armonía con los artículos 267, 324 y 337 de la Ley 600 de 2000. 11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 2 de julio de 2008, radicado 27690 12 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. de defensa, los cuales, por ende, no pueden de ninguna manera desconocerse, porque ello quebranta de manera real y efectiva el debido proceso penal. Por consiguiente, al margen de que no se encuentre probada la alegada violencia o presión supuestamente ejercida por los agentes de policía que practicaron la captura de JUAN CARLOS ASENCIO SUESCÚN, para que “confesara” su responsabilidad en el homicidio, lo cierto es que el Tribunal no podía otorgar valor probatorio de “confesión” a esas manifestaciones, pues como bien lo anotan el defensor y la agente del Ministerio Público, esa prueba (“la confesión”) es jurídicamente inexistente, por no haberse cumplido los requisitos esenciales para su aducción. (iv) Lo anterior, sin embargo, como también se anunció, no significa que el cargo esté llamado a prosperar, pues el demandante se limita a denunciar el yerro de legalidad de la prueba, empero no demuestra la manera como, excluyendo la mencionada “confesión”, los restantes medios de prueba resultarían insuficientes para arribar al grado de certeza requerido para dictar sentencia condenatoria. El

reproche, en tales condiciones, resulta insustancial, pues por virtud de los principios de autonomía y autosuficiencia de los cargos, no es posible cuestionar de manera aislada la prueba irregularmente aportada al proceso, para demandar, por ese sólo hecho, la absolución del acusado. En efecto, el juez de primera instancia, después de explicar razonadamente el mérito asignado a cada una de las pruebas allegadas, señaló: “Por lo demás y aparte de las pruebas documentales y los testimonios de oídas que constituyen prueba válida, opera en contra del encartado una serie de indicios como los de presencia en el lugar de los hechos, oportunidad, motivo y mala justificación que sumado a todo lo anterior, evidencia que se compromete la responsabilidad del mismo en todos y cada uno de los hechos investigados, por ello y cumpliéndose la materialidad de los ilícitos habrá de proferirse sentencia de carácter condenatorio por el punible de homicidio agravado, concurrente con hurto, acogiendo los planteamientos de la Fiscalía Delegada, más no los del Ministerio Público ni la defensa, pues es un hecho claro que el encartado actuó la madrugada en dicho lugar, motivado por el cortejo que a su novia 13 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. suscitaba la víctima. Por tal la prueba es clara para establecer la responsabilidad del encartado en los hechos investigados”. En el mismo sentido, el Tribunal en el capítulo dedicado a estudiar la responsabilidad del procesado, afirmó: “Para esta Corporación, con base en el razonamiento lógico probatorio

efectuado, es evidente que se está frente a los indicios de presencia, motivo y oportunidad; el primero porque el inculpado se encontraba en el lugar de los hechos; el segundo por el agravio originado en la taberna con la novia del enjuiciado; y el último porque el occiso salió sólo de la taberna y en estado de embriaguez, situación que fue aprovechada para ajustar cuentas y en consecuencia terminar con su existencia”. Frente al anterior razonamiento, el demandante simplemente señala que las restantes pruebas no tienen la suficiente contundencia probatoria para declarar la responsabilidad del procesado, pero no elabora un ejercicio dialéctico tendiente a desvirtuar cabalmente el fundamento probatorio del fallo impugnado. El actor critica aisladamente la prueba ilegal, sin cuestionar la prueba documental, testimonial e indiciaria que sirvió de fundamento al fallo de condena por el homicidio agravado, lo cual permite concluir que la censura quedó huérfana de demostración, al no haberse acreditado la trascendencia del yerro denunciado. El cargo, en consecuencia, no puede prosperar. 3.2. Segundo Cargo: falso raciocinio El demandante denuncia falta de aplicación del principio del in dubio pro reo, por considerar que el sentenciador se equivocó al valorar la prueba testimonial e indiciaria. Estima que el ad quem deduce la responsabilidad del procesado únicamente del incidente presentado en la taberna entre la víctima y JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN, pese a que de ese mero hecho sólo surgen suposiciones, conjeturas y especulaciones. Según el casacionista, el Tribunal quebrantó la regla de la experiencia que indica

que quien ha cometido un delito, pretende evitar que lo descubran y tiende a 14 Cas. Nº 26836 Juan Carlos Ascencio Suescún. ocultar cualquier rastro que delate su conducta, lo cual no ocurre en este caso. También habría vulnerado los principios de la lógica y la experiencia al haber otorgado credibilidad a los testigos de oídas, Luís Alfredo Garzón Ramírez y Lucila Pinilla. El fallador de segundo grado igualmente habría infringido el principio de no contradicción y de identidad, porque los testigos refieren colores diferentes de las zapatillas de la víctima y sin embargo el Tribunal afirmó que no habían contradicciones en cuanto a este aspecto. Todo lo anterior, a juicio del recurrente, conduce a la existencia de dudas razonables sobre el acontecer fáctico, por lo cual surge la necesidad de aplicar el principio universal del in dubio pro reo, en garantía de de los derechos fundamentales del procesado. Frente a la censura planteada, esta representación del Ministerio Público estima pertinente, en primer término, precisar los conceptos de (i) reglas de la experiencia, (ii) principios lógicos de no contradicción y de identidad, (iii) certeza, duda razonable e in dubio pro reo; y, finalmente, (iv) verificar si en verdad el sentenciador vulneró estas reglas de la sana crítica, como lo postula el defensor público, con apoyo de la Procuradora Judicial que actuó como Agente del Ministerio Público en las instancias, o si, por el contrario, se trata de un simple enfrentamiento de criterios con el fallador.

(i) Reglas de la experiencia De antaño la jurisprudencia ha definido las reglas de le experiencia como patrones de comportamiento con pretensiones de generalidad en un contexto sociohistórico determinado. Frente a la valoración d