PGN - DERECHO A LA PROPIEDAD Noción

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada en la ciudad de washington el 15 de junio de 2015, así como de la ley 2055 de 2020, por la cual se aprueba dicho instrumento CORTE CONSTITUCIONAL-Alcance integral del control sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias FACULTADES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN-Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad DERECHO A LA IGUALDAD-Marco constitucional DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Marco constitucional DERECHOS-De las personas mayores

NACIONALIDAD-Noción

DERECHO A LA INTIMIDAD-Marco constitucional DERECHO A LA SALUD-Elementos esenciales

DERECHO A LA PROPIEDAD-Noción

DIGNIDAD HUMANA-Noción

DERECHO DE ASOCIACIÓN-Marco constitucional Bogotá, D.C., 9 de julio de 2021 Honorables Magistrados Corte Constitucional Cuidad

Expediente: LAT-463

Referencia: Revisión de constitucionalidad de la Ley 2055 de 2020, “Por medio de la cual se aprueba la «Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores», adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015”.

Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

Concepto No.: 6971

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes

En atención a lo dispuesto en el artículo 241.10 superior, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió para su revisión a la Corte Constitucional copia auténtica de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en la ciudad de Washington el 15 de junio de 2015, así como de la Ley 2055 de 2020, por medio de la cual se aprueba dicho instrumento2, cuyos textos pueden consultarse en el Diario Oficial 51.433 del 10 de septiembre de 2020. El 24 de septiembre de 2020, el magistrado encargado Luis Javier Moreno Ortiz asumió el examen del asunto de la referencia, ordenó la práctica de pruebas y dispuso que una vez recaudadas las mismas se diera traslado a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.

II. Concepto del Ministerio Público En atención al alcance integral del control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, el concepto de la Procuraduría versará sobre los aspectos formales del proceso de formación de los actos controlados3, así como sobre los contenidos materiales del acuerdo y de su ley aprobatoria. 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5.

Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 2 Cfr. Oficio OFI20-00201759/IDM 13010000 del 11 de septiembre de 2020. 3 El control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratado internacional es automático e integral

(artículo 241-10) y, en relación con el trámite legislativo, se debe verificar el cumplimiento de lo previsto para las leyes ordinarias en los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Carta Política. 2 En relación con el análisis material, el Ministerio Público recuerda que el mismo, en principio, “ha sido entendido tradicionalmente en la jurisprudencia constitucional como un estudio eminentemente jurídico del convenio y de su ley aprobatoria, que no examina las ventajas u oportunidad práctica del acuerdo a nivel económico, social, ni su conveniencia política, o las razones de oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento, o las consecuencias prácticas de su celebración, por tratarse de reflexiones que le competen al Presidente de la República y al Congreso, respectivamente”4. a) Análisis formal de constitucionalidad Con base en el expediente de constitucionalidad trasladado a la Procuraduría General de la Nación, así como de la revisión de las páginas web de la Corte Constitucional y del Congreso de la República, el Ministerio Público advierte que la Ley 2055 de 2020 (Proyecto de Ley 137 de 2019 Senado - 306 de 2019 Cámara) surtió el siguiente trámite legislativo:

N° FECHA ACTUACIÓN

I. Fase pre-parlamentaria 1 10/08/19 El Presidente de la República impartió la Aprobación Ejecutiva mediante la cual autorizó y ordenó someter a consideración del Congreso de la República el instrumento bajo examen5. 2 15/08/19 El Gobierno Nacional, por conducto de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Salud y Protección Social, radicó ante el Senado de la

República el respectivo Proyecto de Ley con el fin de aprobar el acuerdo objeto de examen, el cual se identificó para el correspondiente trámite legislativo con los números 137 de 2019Senado y 306 de 2019-Cámara6.

II. Fase parlamentaria a) Comisión Segunda del Senado de la República 3 15/08/19 En la Gaceta del Congreso No. 796 de 2019, se publicó el articulado del Proyecto de Ley junto con la correspondiente exposición de motivos7. 4 18/09/19 El senador Iván Cepeda Castro, ante la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado, presentó informe de ponencia para primer debate, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 896 de 20198. 5 24/09/19 Se anuncia el Proyecto de Ley No. 137 de 2019-Senado para discusión y votación, según da cuenta el Acta No. 05 de 2019, publicada en la Gaceta del Congreso No. 37 de 20209. 6 01/10/19 Previa verificación del quórum, se hizo la correspondiente presentación del Proyecto de Ley No. 137 de 2019-Senado por parte del ponente y, posteriormente, se abrió su discusión y votación, de acuerdo con lo consignado en el Acta No. 06 de 2019, publicada en la 4 Sentencia C-098 de 2020 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). A modo de excepción no aplicable a este asunto por su naturaleza, cabe señalar que la Corte Constitucional ha utilizado el juicio de razonabilidad para

ejercer un control de constitucionalidad más amplio sobre los tratados internacionales de inversión (Cfr.

Sentencia C-252 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido). 5 La Aprobación Ejecutiva del 10 de agosto de 2019 se encuentra anexa al Oficio No. S-GTAJI-20-020957 remitido por la Cancillería de Colombia, dentro del trámite de constitucionalidad. 6 Gaceta del Congreso No. 896 del 18 de septiembre de 2019, p. 2.

7 Páginas 6 a 30. 8 Páginas 1 a 8. 9 Página 15. 3 Gaceta del Congreso No. 37 de 202010. Se sometió el proyecto de ley a votación nominal de la siguiente manera: (a) aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia, con 8 votos por el SÍ y ninguno por el NO; (b) aprobación de la omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 137 de 2019 Senado, con 8 votos por el SÍ y ninguno por el NO; y (c) aprobación del título del Proyecto de ley número 137 de 2019-Senado y el querer de los honorables Senadores que este tuviera segundo debate, con 8 votos por el SÍ y ninguno por el NO. En consecuencia, se autorizó el envío del proyecto de ley a la Plenaria del Senado de la República para surtir el trámite del segundo debate. b) Plenaria del Senado de la República 7 15/10/19 El senador Iván Cepeda Castro, ante la designación respectiva, rindió el informe de ponencia para segundo debate, el cual se publicó en la

Gaceta del Congreso No. 1025 de 201911. 8 05/11/19 La Secretaría General del Senado anunció el Proyecto de Ley No. 137 de 2019-Senado, para su discusión y votación, como consta en el Acta No. 25 de 2019, publicada en la Gaceta del Congreso No. 136 de 202012. 9 06/11/20 Se sometió a discusión y votación el Proyecto de Ley No. 137 de 2019-Senado, según consta el Acta No. 26 de 2019 de la sesión ordinaria respectiva, publicada en la Gaceta del Congreso No. 105 de 202013. En concreto, previa intervención del senador ponente y de la lectura de la proposición con que termina el informe de ponencia, el Proyecto de Ley se aprobó por votación nominal y pública, con la omisión de lectura del articulado y la aprobación del proyecto de ley y del título, así como el querer de los Senadores para que este pase a la Cámara de Representantes, con 62 votos por el SÍ. En consecuencia, se dispuso enviar el proyecto a la Cámara de Representantes para lo de su competencia. c) Comisión Segunda de la Cámara de Representantes 10 22/05/20 El Representante Héctor Javier Vergara Sierra, ante la designación respectiva, rindió el informe de ponencia para primer debate, según da cuenta la Gaceta del Congreso No. 224 del 22 de mayo de 202014. 11 01/06/20 Se anunció para discusión y votación en primer debate el Proyecto de Ley, como consta en el Acta No. 26 de 2020, publicada en la Gaceta

del Congreso No. 30 del 2 de febrero de 202115. 12 03/06/20 El Proyecto de Ley fue sometido a debate y votación, según consta en el Acta No. 27 de 2020, publicada en la Gaceta del Congreso No. 31 del 15 de febrero de 202116. 10 Páginas 17 a 21. 11 Páginas 26 a 34. 12 Página 12. 13 Páginas 27 a 29. 14 Páginas 1-8. 15 Página 21. 16 Páginas 8-10. 4 En concreto, el proyecto de ley se sometió a votación nominal y pública de la siguiente manera: (a) aprobación de la proposición con que termina el Informe de Ponencia con 15 votos por el SÍ y ninguno por el NO; (b) aprobación del articulado del Proyecto de Ley con 15 votos por el SÍ y ninguno por el NO; y (c) aprobación del título del Proyecto de Ley y el querer de los Honorables Representantes de que este se someta a segundo debate y se convierta en Ley de la República, con 15 votos por el SÍ y ninguno por el NO. d) Plenaria de la Cámara de Representantes 13 16/07/20 El Representante Héctor Javier Vergara Sierra, ante la designación respectiva, rindió el informe de ponencia para segundo debate, según da cuenta la Gaceta del Congreso No. 520 del 16 de julio de 202017. 14 20/07/20 Se anunció para discusión y votación el Proyecto de Ley, como consta en el Acta No. 142 de 2020, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1150 del 20 de octubre de 202018.

15 28/07/20 Se discutió y voto el Proyecto de Ley, como consta en el Acta No. 143 de 2020, publicada en la Gaceta del Congreso No. 104 del 4 de marzo de 202119. En concreto, el Proyecto de Ley se sometió a votación nominal y pública de la siguiente manera: (a) aprobación de la proposición con que termina el Informe de Ponencia con 151 votos por el SÍ y 0 votos por el NO; (b) aprobación del articulado del Proyecto de Ley, con 136 votos por el SÍ y 1 por el NO; y (c) el título del proyecto y la pregunta de si se quiere que sea ley de la República, con 151 votos por el SÍ y 0 votos por el NO, razón por la cual el proyecto se aprobó en segundo y último debate en la Cámara de Representantes.

III. Fase post-parlamentaria 16 10/09/20 Previo envío del Proyecto de Ley a la Corte Constitucional por parte de la Secretaría General del Senado, el Presidente de la República procedió a su sanción, publicándose el texto de la Ley 2055 de 2020 en el Diario Oficial No. 51.433. 17 11/09/20 La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República envió copia auténtica de la Ley 2055 de 2020, así como de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” a la Corte Constitucional para su revisión, de conformidad con lo consignado en el artículo 241.10 de la Carta

Política. A partir de la información reseñada, por un lado, el Ministerio Público advierte que

el Estado colombiano estuvo debidamente representado en la negociación del instrumento objeto de control (numerales 1 y 2), porque: (i) Al tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 7.2 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969, en concordancia con el artículo 189.2 de la Constitución, “en virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado (…) los Jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado”20; 17 Páginas 15-24. 18 Página 55. 19 Páginas 69-74. 20 “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, artículo 7.2. 5 (ii) En el proceso de formación de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” participó, en nombre de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de una mesa interinstitucional de trabajo dirigida por la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, con la participación de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo del entonces Embajador Andrés González Díaz; y (iii) El día 10 de agosto de 2019, el Presidente de la República impartió la correspondiente Aprobación Ejecutiva, mediante la cual autorizó y ordenó someter a consideración del Congreso de la República el referido convenio. Por otro lado, la Procuraduría constata que el Congreso de la República observó los trámites constitucionales en la expedición de la ley aprobatoria del convenio

bajo examen, por las siguientes razones: (i) El Proyecto de Ley y las ponencias fueron publicados en la Gaceta del Congreso de conformidad con lo previsto en los artículos 157.1 de la Constitución, así como 144 y 156 de la Ley 5ª de 199221 (numerales 3, 4, 7, 10 y 13). (ii) El Proyecto de Ley aprobatoria del tratado internacional inició su trámite en la Comisión Segunda del Senado de la República, respetando la competencia temática determinada en el artículo 2° de la Ley 3ª de 199222, así como el artículo 154 superior, el cual dispone que las leyes referentes a las relaciones internacionales deben iniciar su trámite en dicha corporación (numerales 3 a 6). (iii) El deber de anuncio previo, establecido en el artículo 160 de la Constitución, se atendió, porque: (a) el proyecto fue discutido y votado en las sesiones previamente anunciadas; y (b) el anuncio se hizo en sesión distinta a la que se realizó la votación (numerales 5, 8, 11 y 14). (iv) En todas las sesiones se respetó tanto el quórum deliberatorio como el decisorio, así como la aprobación del proyecto se hizo según las mayorías requeridas, de conformidad con los artículos 145 y 146 de la Constitución Política y 116 a 118 de la Ley 5ª de 1992 (numerales 6, 9, 12 y 15). (v) La votación del Proyecto de Ley se realizó de manera nominal y pública en todos los debates en atención al artículo 133 de la Carta Política (numerales 6, 9, 12 y 15).

(vi) La aprobación del Proyecto de Ley se dio dentro del término de dos legislaturas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 162 de la Carta Política, esto es, desde la radicación del trámite del proyecto hasta su aprobación en cuarto debate (numerales 2 y 15). 21 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”. 22 “Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones”. 6 (vii) El Proyecto de Ley se tramitó respetando los lapsos de ocho y quince días establecidos en el artículo 160 de la Constitución (numerales 6, 9, 12 y 15). (viii) El Congreso de la República no modificó el contenido del tratado (artículo 217 de la Ley 5ª de 1992) y, en consecuencia, se respetaron a cabalidad los principios de consecutividad e identidad flexible contemplados en los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución. (ix) El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 2055 de 2020, y la remitió a la Corte Constitucional dentro del término de seis días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165, 189.10 y 241.10 de la Constitución (numerales 16 y 17). Por último, en relación con el deber de cumplir con la consulta previa en el caso de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el Ministerio Público advierte lo siguiente: (i) En virtud de lo dispuesto en los artículos 1, 7, 70 y 330 de la Constitución

Política, que encuentran refuerzo en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)23, la consulta previa se hace exigible cuando las medidas legislativas de que se trate afecten directamente a las comunidades étnicas diferenciadas o tengan incidencia verificable en la conformación de su identidad. (ii) En atención a que la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” y su Ley aprobatoria no incluyen medidas que puedan afectar de forma directa a las comunidades étnicas o que incidan en la conformación de su identidad cultural, se considera que el deber de realizar la consulta previa no aplica para el caso específico que se analiza. En efecto, las normas han sido expedidas de manera uniforme para la generalidad de la población y no contienen disposiciones que afecten de forma específica a los grupos culturalmente diferenciados24. En síntesis, la Vista Fiscal observa que el trámite de negociación del instrumento internacional y su procedimiento de aprobación por parte del Congreso de la República se ciñeron a lo prescrito por el ordenamiento superior. b) Análisis material de constitucionalidad de la Ley 2055 de 2020 23 “La consulta previa se desprende de que Colombia se constituye como una república democrática, participativa y pluralista (C.P. art. 1), que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural como un valor constitucional (C.P. art. 7 y 70) y que las comunidades étnicas gozan de plenos derechos constitucionales fundamentales. Además la Constitución reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios (CP art. 330), por lo cual Colombia es un Estado multicultural y multiétnico, y la consulta previa es

un instrumento y un derecho fundamental para amparar esos principios constitucionales (…). Además, el derecho a la consulta previa se incorpora vía bloque de constitucionalidad, a través de varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018. 24 Sin embargo, el Ministerio Público considera que lo anterior no obsta para que las disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan eventualmente, en desarrollo y aplicación de la Convención, surtan la consulta previa obligatoria respecto de las comunidades indígenas y tribales si alguna de ellas es susceptible de afectarles de manera específica y directa. 7 La Ley 2055 de 2020 “Por medio de la cual se aprueba la «Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores», adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015”, se compone de tres artículos que el Ministerio Público considera conformes al ordenamiento superior, puesto que: (i) En el artículo 1° el Congreso de la República manifiesta inequívocamente su voluntad de aprobar integralmente dicho instrumento internacional, lo cual se encuentra dentro de su competencia en los términos del artículo 150.16 de la Constitución25; (ii) En el artículo 2° se señala que el instrumento obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, según lo estipula la Ley 7ª de 194426, atendiendo con ello a lo dispuesto en el artículo 224 de la Carta Política27; y (iii) En el artículo 3°, respetando el principio superior de publicidad de las

leyes28, se indica que el cuerpo normativo rige “a partir de fecha de su publicación”. c) Análisis material de la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores Teniendo en cuenta los variados y diversos asuntos que se regulan en la Convención objeto de estudio en relación con los derechos de las personas mayores, el análisis material se dividirá en cinco bloques temáticos: 1. Preámbulo, principios y deberes generales de los Estados parte; 2. Derechos de las personas mayores; 3. “Toma de conciencia”; 4. Mecanismos de protección y seguimiento; y

5. Reglas instrumentales.

1. Preámbulo, principios y deberes generales de los Estados parte (artículos 1 a 4) Para empezar, en relación con el Preámbulo de la Convención objeto de control, la Procuraduría advierte lo siguiente: 25 Constitución Política, artículo 150: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”. 26 “Sobre vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales, y su publicación”. 27 Constitución Política, artículo 224: “Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso.

Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este

caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado”. 28 “En definitiva la promulgación de la ley es una exigencia constitucional expresamente señalada en los artículos 165 y 166 de la Carta de 1991, por lo tanto la omisión de esta etapa del procedimiento legislativo supone una vulneración de la Constitución, una de las formas en que se puede materializar tal infracción es cuando una disposición prevé la entrada en vigor de una ley antes de su publicación, porque esto supone que una ley comience a producir efectos jurídicos sin haber sido promulgada”. Corte Constitucional, sentencia C932 de 2006. 8 (i) Se afirma tanto la necesidad de reconocer la dignidad e igualdad inherentes a todo ser humano, como la de abordar los asuntos de vejez desde una perspectiva de derechos humanos. (ii) Uno de los ejes transversales de la Convención es eliminar toda forma de discriminación por motivos de edad y fomentar un envejecimiento activo; y (iii) Resalta la necesidad de incorporar y priorizar en las políticas públicas de los Estados parte aquellas medidas dirigidas a lograr “(…) una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política”, con un enfoque de género y el reconocimiento de la identidad pertinentes. De la lectura del Preámbulo de la Convención, se advierte que busca fomentar, promover y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor así como un trato digno, manifestaciones que se han de comprender como

herramientas para la interpretación de compromisos concretos adquiridos29. Esos postulados y valores en los que se funda la Convención no evidencian contradicción alguna con la Constitución Política, pues, de manera general, guardan armonía con aquellas disposiciones que establecen los fines y la garantía de los principios, derechos y deberes constitucionales, dentro del marco del Estado social de derecho (art. 1 y 2, C.P.). Al mismo tiempo, se avienen a aquellos artículos que refieren el derecho a la igualdad y la protección de quienes son más vulnerables (art. 13, C.P.), el libre desarrollo de la personalidad (art. 16, C.P.), así como la protección y asistencia a las personas de la tercera edad (art. 46, C.P.), entre otros. Por su parte, los artículos 1, 2 y 3 de la Convención formulan el objeto y ámbito de aplicación, las definiciones y los principios aplicables. En términos generales, se observa que ninguna de estas disposiciones contradice los postulados constitucionales sino que, por el contrario, propenden por la garantía de varios derechos fundamentales y principios constitucionales recogidos en la Constitución Política. En efecto, la Convención refiere la promoción, protección y aseguramiento del pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor y su plena inclusión, integración y participación en la sociedad (art. 1), los que se configuran como fines que contribuyen al respeto de la dignidad humana, la solidaridad y la participación, en el marco del Estado Social de Derecho (art. 1 y 2, C.P.). Sin duda, la norma

desarrolla la especial protección de las personas mayores a cargo del Estado y la sociedad, como deberes que conllevan a su integración en la vida comunitaria (art. 13 y 46, C.P.). 29 “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, expone que el preámbulo y los anexos forman parte del contexto necesario para la interpretación de las cláusulas convencionales. La jurisprudencia constitucional ha señalado que contiene la base axiológica que soporta todo el entramado normativo, los principios que guían la interpretación de sus disposiciones y los fines que se pretenden alcanzar, por lo que tiene carácter vinculante para los Estados parte”. Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2015. Además, ver los fallos C-335 de 2014, C-941 de 2010, C-446 de 2009 y C-750 de 2008. 9 Tampoco existen objeciones constitucionales a las definiciones plasmadas en el artículo 2 de la Convención (abandono, cuidados paliativos, discriminación, discriminación múltiple, discriminación por edad en la vejez, envejecimiento, envejecimiento activo y saludable, maltrato, negligencia, persona mayor, persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo, servicios socio-sanitarios integrados, unidad doméstica u hogar y vejez), las cuales se adaptan plenamente a los mandatos superiores que exigen del Estado la especial protección del adulto mayor en la esfera pública y privada, así como a los importantes desarrollos legales y jurisprudenciales en materia de muerte digna (derecho que comprende

los cuidados paliativos)30, protección al adulto mayor31, prohibición de discriminación y acciones afirmativas en favor de los grupos poblacionales en condiciones de desigualdad32. En cuanto a los principios generales contemplados en el artículo 3 de la Convención (promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, con un enfoque diferencial y de género, su valorización, autonomía, igualdad, integración, bienestar, seguridad, autorrealización, solidaridad, buen trato y protección judicial efectiva), estos no solo contribuyen a garantizar la protección del adulto mayor en diferentes esferas, sino que también aplican un enfoque diferencial y de género, con lo cual se adaptan plenamente a los mandatos constitucionales relacionados con la diversidad étnica y cultural de la nación (art. 7, C.P.), así como la protección especial de la mujer (art. 13 y 43, C.P.). El artículo 4 de la Convención establece que los Estados Parte se comprometen a salvaguardar, sin discriminación, los derechos humanos y libertades fundamentales de los adultos mayores, para lo cual tendrán que cumplir una serie de deberes generales cuyo contenido, como se explica a continuación, resulta acorde con los postulados constitucionales. En concreto, la prevención, sanción y erradicación de aquellas prácticas que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes contra las personas mayores (como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, negación de nutrición, infantilización y tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados), responden al mandato constitucional

contenido en el artículo 12 Superior, conforme al cual se prohíben las torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de los particulares y el Estado. Este mandato también ha sido desarrollado en declaraciones, pactos y convenciones internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y constituyen un imperativo de derecho internacional que no permite ningún tipo de acuerdo en contrario33. 30 Corte Constitucional, sentencias T-493 de 1993, C-239 de 1997, C-233 de 2014, T-970 de 2014, T-132 de 2016, C-327 de 2016, T-322 de 2017, T-423 de 2017, T-544 de 2017, T-721 de 2017, y T-060 de 2020. 31 En el ámbito legislativo, se pueden consultar: Ley 1171 de 2007, Ley 1251 de 2008, Ley 1276 de 2009, Ley 1315 de 2009, y Ley 1850 de 2017. 32 Corte Constitucional, sentencias C-371 de 2000, C-964 de 2003, T-1139 de 2005, C-293 de 2010, T-054 de 2011 y T-894 de 2014. 33 Al respecto, ver: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 3 y 5), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 1, 25 y 16), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 7 y 10), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5) , la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas frente a la tortura y a otros tratos crueles,

inhumanos o degradantes (art. 2), la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 70 de 1986) y la Convención Interamericana para Prevenir y 10 Así mismo, la adopción de medidas afirmativas y ajustes razonables necesarios para lograr la igualdad real y efectiva de las personas mayores y para asegurar su plena integración en la sociedad, tiene como propósito avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social y así cumplir plenamente con el mandato de igualdad contenido en el artículo 13 Superior. Incluso, la implementación de acciones afirmativas en favor de los adultos mayores ha sido aceptada jurisprudencialmente, en atención a que se trata de sujetos de especial protección constitucional que han sido discriminados tradicionalmente por razón de su edad34. En ese sentido, con la adopción de ajustes razonables, tratos diferenciados y preferenciales en favor de los adultos mayores, la Convención claramente busca evitar la posible vulneración de sus derechos humanos y persigue fines constitucionalmente legítimos. A su vez, el deber de implementar las medidas necesarias para alcanzar la plena efectividad de