PGN - DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTE Según la j

ACCIÓN POPULAR-Marco constitucional El artículo 88 de la Constitución Política de 1991 establece la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza conforme a la definición legal. ACCIÓN POPULAR-Marco Legal Por su parte, el artículo 2º de la Ley 472 de 1998 define la acción popular como el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, indicando que la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. ACCIÓN POPULAR-Procedencia La misma Ley dispone, en su artículo 9º, que las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que haya violado o amenace violar los derechos e intereses colectivos, y en su artículo 4º señala como derechos e intereses colectivos susceptibles de ser protegidos mediante esta acción, entre otros, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTESegún la jurisprudencia del Consejo de Estado Con relación al derecho comprometido en esta oportunidad y con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resulta pertinente aclarar que el derecho a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles se refiere a la posible afectación de los derechos colectivos por la alteración grave de la vida normal de la colectividad, que requieran atención inmediata de carácter humanitario o de servicio social para la comunidad. ACCIÓN POPULAR-Estructura especial según la jurisprudencia de la corte constitucional Frente al ejercicio del medio de control que nos ocupa, para la hacer cesar la amenaza o vulneración del derecho, la propia Corte Constitucional ha insistido en que las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo de protección de los derechos colectivos, a partir de lo cual, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se pretenden proteger, sin que tal decisión constituya en forma alguna un capricho del juez constitucional. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONALFunciones de evaluación, control y seguimiento ambiental en fuentes hídricas SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRESMarco legal -0500 12 33 3000 2016 01304 01 5aCdeE/JADV/Al

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 18 de febrero de 2022 Doctor

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 22-46

Medio de Control: Acción Popular para la protección de los derechos e intereses colectivos Radicado: 050012333000201601304-01

Actor: LA HACIENDA S.A.S.

Demandados: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE GIRARDOTA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA Vinculados: CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S., TOPCO S.A., MINCIVIL S.A., ARÉA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el asunto de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y del municipio de Girardota, en contra de la sentencia de 14 de septiembre de 2021, proferida 1 por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia , con fundamento en los argumentos que se exponen a

continuación: ANTECEDENTES DEMANDA El 19 de mayo de 2016, la sociedad La Hacienda S.A.S. interpuso demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos -acción popular-, en contra del Departamento de Antioquia, municipio de Girardota y Corporación

Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, con el propósito de que se protejan los derechos colectivos establecidos en los literales a), b), c) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, presuntamente vulnerados por dichas entidades. Expuso como fundamentos de hecho que las autoridades accionadas al otorgar permisos y licencias ambientales, aprobaciones de planes de manejo ambiental, licencias de exploración y/o explotación minera, contratos de concesión minera y autorizaciones municipales, han impactado de manera negativa el río Medellín, generando la inundación de terrenos aledaños y que bordean al mencionado río. Igualmente, cuestionó la construcción de unos jarillones, el incumplimiento del plan de abandono y recuperación del área y el manejo a los escombros, con ocasión del contrato de concesión minera 456, para la explotación de una mina ubicada en Girardota. A juicio del demandante, los derechos vulnerados o amenazados son los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y 1 Auto admisorio del recurso de apelación de 8 de febrero de 2022, proferido por el Consejero Ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado. 2

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0500 12 33 3000 2016 01304 01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-089574 -0500 12 33 3000 2016 01304 01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-089574 vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. VINCULADOS En el trámite de la acción popular se vincularon a las siguientes personas jurídicas: Canteras de Colombia S.A.S., TOPCO S.A., MINCIVIL S.A., Área Metropolitana del Valle de Aburrá. CONTESTACIÓN Departamento de Antioquia Adujo que la entidad no ha ocasionado daño alguno y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los concesionarios tienen autonomía para la ejecución de las obras y son responsables de cualquier afectación generada por cuenta de la concesión. CORANTIOQUIA Afirmó haber adelantado las acciones pertinentes en la zona de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues ha actuado con diligencia, realizado visitas, impuesto medidas preventivas, iniciado procesos sancionatorios, expedido informes y actos frente a las empresas comprometidas; igualmente, propuso la excepción de sujeción a las funciones señaladas en la Ley y competencia de los municipios frente a la regulación y manejo de escombros.

MINCIVIL S.A. y TOPCO S.A.

Se opusieron a las pretensiones de la demanda, informando que las inundaciones de los predios rivereños al río datan de 1994 y

se han producido por causas naturales, motivo por el cual no se pueden atribuir a las demandadas. Municipio de Girardota Propuso las excepciones de incongruencia de la demanda y falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la responsabilidad del recurso hídrico corresponde a la Corporación Autónoma Regional. Igualmente, propuso la excepción de inexistencia de violación o amenaza de los derechos colectivos invocados, alegando que los hechos no fueron probados. Argos S.A. Afirmó que no ha adelantado actividades mineras en la zona, no ha construido jarillones, ni es titular de ningún título minero en la zona. Con fundamento en lo expuesto, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Canteras de Colombia S.A. Se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó que sus acciones se ajustaron a la normatividad vigente. Asimismo, sostuvo que a la parte demandante le correspondía acreditar los riesgos a los que está sometida la población y las causas del desbordamiento del río; igualmente, si dichos hechos son atribuibles fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas. 3

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Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, cumplimiento de la normatividad vigente e inexistencia de nexo causal. SENTENCIA Con providencia de 14 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la amenaza de los derechos colectivos a la prevención de desastres técnicamente previsibles, en concordancia con el derecho al ambiente sano, por los hechos ocurridos en las Veredas San Diego y La Palma del Municipio de Girardota, relacionados con procesos de erosión, socavación e inundaciones en el Río Medellín. Para el a quo, a pesar de conocerse las inundaciones y los posibles impactos de las actividades realizadas en las Veredas San Diego y La Palma del Municipio de Girardota, en relación con el comportamiento del Río Medellín, no se han realizado los estudios necesarios de evaluación de riesgo. Además, la autoridad ambiental ha venido autorizando intervenciones en la zona, pese a que ha reconocido la necesidad de evaluar el impacto de jarillones y otras actividades sobre el comportamiento hidrológico del Río Medellín. APELACIÓN CORANTIOQUIA Interpuso recurso de apelación frente a las órdenes impuestas, aduciendo que las obras de mitigación corresponden a los explotadores mineros demandados, o a los mismos demandantes con la supervisión de la autoridad minera, a la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia y al Municipio de Girardota. Insistió en que demostró el cabal cumplimiento de sus obligaciones con relación a la protección de la zona y que la competencia

para acometer las obras de mitigación y realizar el control recae sobre la autoridad minera, el ente territorial y los explotadores, quienes son los que causan el impacto. Además, adujo que la resolución 742 de 2017 regula el depósito de materiales de construcción y escombreras y establece las competencias de los municipios en el manejo, control y vigilancia de su plan de abandono. Municipio de Girardota Interpuso recurso de apelación, argumentando que no se evidencia la violación de los derechos e intereses colectivos por parte del Municipio de Girardota y que la entidad que otorgó las licencias de explotación minera fue la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia; además afirmó que el control en materia ambiental estaba a cargo de CORANTIOQUIA, situación que evidencia una ausencia de imputación jurídica del daño o en su defecto, una falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

PROBLEMA JURÍDICO

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 0500 12 33 3000 2016 01304 01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-089574 -0500 12 33 3000 2016 01304 01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-089574 ¿Se encuentran amenazados o vulnerados los derechos colectivos previstos en los literales a), b), c) y l) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998 y CORANTIOQUIA y el municipio de Girardota están llamados a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar la

2 amenaza o vulneración de los mismos ? MARCO JURÍDICO El artículo 88 de la Constitución Política de 1991 establece la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza conforme a la definición legal. Por su parte, el artículo 2º de la Ley 472 de 1998 define la acción popular como el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, indicando que la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. La misma Ley dispone, en su artículo 9º, que las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que haya violado o amenace violar los derechos e intereses colectivos, y en su artículo 4º señala como derechos e intereses colectivos susceptibles de ser protegidos mediante esta acción, entre otros, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Por su parte, el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 dispone que cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. En todo caso, cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. Precisamente, mediante Sentencia C-644 de 2011, la Corte Constitucional declaró exequible la expresión: “sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos”, contenida en el artículo 144 ejusdem, al encontrarla acorde con los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, pues consideró que la expresión cuestionada no desconoce el debido proceso judicial sino que por el contrario lo fortalece. 2 El problema jurídico se plantea frente a la responsabilidad de las entidades y el objeto del recurso de apelación admitido, dentro del asunto que nos ocupa. 5

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Con relación al derecho comprometido en esta oportunidad y con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resulta pertinente aclarar que el derecho a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles se refiere a la posible afectación de los derechos colectivos por la alteración grave de la vida normal de la colectividad, que requieran atención inmediata de carácter humanitario o de servicio social para la comunidad. La alta corporación ha precisado que dicho derecho pretende garantizar que la sociedad no este expuesta a padecer posibles o inminentes alteraciones de las condiciones normales de vida o daños graves causados "por fenómenos naturales y efectos catastróficos de la acción accidental del hombre, que demanden acciones preventivas, restablecedoras, de carácter humanitario o 3 social, constituyéndose en un derecho de naturaleza eminentemente preventiva" . De allí que el juez popular en su decisión deba emitir la orden de hacer o de no hacer que defina de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger dicho derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a la pretensiones del demandante, máxime cuando pueden verse comprometidos, además de los derechos colectivos enunciados, el derecho a la vida ante una eventual emergencia, de mayores magnitudes. Frente al ejercicio del medio de control que nos ocupa, para la hacer cesar la amenaza o vulneración del derecho, la propia Corte

Constitucional ha insistido en que las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo de protección de los derechos colectivos, a partir de lo cual, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se pretenden proteger, sin que tal decisión constituya en forma alguna un 4 capricho del juez constitucional . Y es por lo anterior que un elemento esencial de las acciones populares sea el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes con miras a la defensa de los derechos colectivos, que le facultan para proferir fallos en los que se den órdenes que van más allá de lo pedido por el actor, pues el fin último de este mecanismo no es proteger al demandante, sino resguardar a 5 la comunidad que resulta afectada, comoquiera que el titular de los derechos colectivos es toda la colectividad . Para el Consejo de Estado, es propio del juez de la acción popular amparar los derechos colectivos, incluso yendo más allá de lo pedido por quien la inició, pues el fin último de este mecanismo no es solo la protección del demandante sino la de la comunidad afectada, atendiendo que el titular de los derechos colectivos es ésta, aun cuando su defensa pueda activarse por iniciativa de cualquiera de sus miembros, y que tales derechos guardan una relación estrecha con otros derechos como la vida y la salud, 6 todos ellos, valga recordar, fundamentales . Pues bien, en el caso que ocupa nuestra atención los derechos e intereses colectivos vulnerados son los siguientes:

1. 7

El derecho a la prevención de desastres previsibles técnicamente ; en concordancia con, 3 Sentencia del Consejo de Estado de 8 de junio de 2011, Rad.: 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP). Sentencia de 22 de enero de 2009, Rad.: 03002-01. 4 Entre otras, en la sentencia T-443 de 2013. 5 T-443 de 2013. 6 Entre otras, en la sentencia del Consejo de Estado de 9 de agosto de 2012, Exp. 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP). 7 Literal l) artículo 4 de la Ley 472 de 1998. 6

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 0500 12 33 3000 2016 01304 01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-089574 -0500 12 33 3000 2016 01304 01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-089574 ii) 8 El derecho al ambiente sano En efecto, en el sub lite, a partir de los hechos acreditados y relacionados con actividades de extracción de materiales de construcción, explotación minera, construcción de jarillones y actividades de escombreras en las veredas San Diego y la Palma en el municipio de Girardota, se determinó la vulneración de los derechos colectivos enunciados. La primera instancia, luego de encontrar vulnerados los derechos colectivos a la prevención de desastres previsibles

técnicamente, en concordancia con el derecho al ambiente sano, dispuso las medidas necesarias para superar la situación padecida por la colectividad. Con la claridad sobre los antecedentes referidos, resulta necesario analizar los argumentos contenidos en los recursos de alzada. Para el recurrente CORANTIOQUIA, debe revocarse la decisión proferida por la primera instancia, pues la competencia para acometer las obras de mitigación y control recae sobre la autoridad minera, el ente territorial y los explotadores, y la competencia frente a las escombreras y el manejo, control y vigilancia de su plan de abandono, recae sobre los municipios, motivo por el cual, no está llamado a responder. Por su parte, el municipio de Girardota estima que se debe revocar la decisión de primera instancia, pues la entidad que otorgó las licencias de explotación minera fue la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia y el control en materia ambiental estaba a cargo de CORANTIOQUIA, motivo por el cual no está llamado a responder. Pues bien, de acuerdo con las normas que rigen la materia, la vulneración a los derechos colectivos no resulta ajena a 9 CORANTIOQUIA quien, de conformidad con la ley , posee competencias en la ejecución de las políticas, planes y programas nacionales y regionales en materia ambiental; en la celebración de contratos y convenios para la defensa y protección del medio ambiente y recursos naturales; en el otorgamiento de concesiones y licencias para el aprovechamiento de recursos que puedan afectar al medio ambiente; en la ejecución, administración, operación y mantenimiento, en coordinación con las entidades territoriales, de proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la

defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, entre otras. En efecto, la corporación tiene funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental en fuentes hídricas y, conforme a lo establecido en el artículo 31 (numeral 20) de la ley 99 de 1993, funciones relacionadas con la ejecución, administración, operación y mantenimiento en coordinación con las entidades territoriales, de proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Frente a la prevención y atención de desastres y de conformidad con el artículo 14 de la ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como integrante del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, le corresponde apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los 8 Literal a) artículo 4 de la Ley 472 de 1998. 9 Entre otras, Ley 99 de 1993, Decreto 1640 de 2012 y Ley 1523 de 2012. 7

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5aCdeE/JADV/Al E-2022-089574 estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y e integrarlos a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. Por ese motivo, frente a los argumentos del recurrente, quien afirmó que ha actuado con diligencia dentro del ámbito de sus funciones establecidas en la Ley, este despacho considera que la orden impartida a esa corporación no busca subrogar competencias, sino superar la amenaza de los derechos colectivos comprometidos. Nótese que el tribunal de primera instancia no desconoció las acciones adelantadas por la corporación, pues en efecto manifestó: “Del material probatorio la Sala observa que CORANTIOQUIA ha emitido actos administrativos para conceder licencias ambientales, ha expedido diferentes informes técnicos en relación con las actividades que se desarrollan alrededor del cauce del río, ha emitido recomendaciones, ha impuesto medidas preventivas e incluso ha adelantado procedimientos sancionatorios”. En su decisión, el a quo resaltó las medidas adelantadas por CORANTIOQUIA, tales como medidas preventivas de suspensión de construcción de jarillones, órdenes para la construcción de obras hidráulicas de mitigación y estudios integrales de la zona, recomendaciones a propietarios de predios vecinos, visitas para identificar la necesidad de las obras e inicio de proceso sancionatorio e imposición de medidas de restauración ambiental por irregularidades en la escombrera. Es decir, el a quo concluyó que no había duda de que CORANTIOQUIA estuviese haciendo presencia en la zona y hubiese utilizado herramientas legales para superar las dificultades presentadas, conminando a las sociedades a cumplir o prohibiendo actividades advertidas contrarias y riesgosas para el ambiente y la población de la zona. Sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que, pese a que hubiese iniciado actuaciones administrativas desde el año 1999 en relación con la construcción de los jarillones y evidenciado la necesidad de estudios de impacto de estas intervenciones sobre el cauce del río, a la fecha de expedición de la sentencia, no tuviese claro los efectos de ello sobre el comportamiento hidrológico y las inundaciones presentadas; Además, señaló que pese a las decisiones emitidas dentro del procedimiento administrativo, no se advierte la conclusión de ese procedimiento. En efecto se indicó en la sentencia: “resulta reprochable que más de 20 años después desconozca los impactos de estas actividades sobre el comportamiento del río” Asimismo, el Tribunal llamó la atención sobre el hecho de que, aun con duda, se hubiese expedido el acto administrativo 160ANRES1704-1901 de 20 de abril de 2017, por medio del cual se otorgó una ocupación del cauce, para aumentar el tamaño de los jarillones construidos por Áridos de Antioquia, hoy titular Canteras de Colombia, sin que tales estudios hubiesen sido adelantados; finalmente, concluyó que está acreditada la necesidad de que haya cobertura vegetal en la ribera del río: “frente a lo cual, no se evidencian acciones como autoridad ambiental, y contrario sensu, preocupa que (…) recomiende a propietarios de la zona la construcción de barreras para protegerse de inundaciones (…) sin saber cuáles (…) son los los impactos de estas barreras sobre las

inundaciones (…) La propia autoridad ambiental reconoce la necesidad de estos estudios, pero luego autoriza otras intervenciones sin disipar las dudas”. Por ello, le ordenó a la Corporación, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva: i) apoyar a los municipios en la implementación de los procesos de gestión de riesgo y en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, en específico, los estudios hidrológicos para la determinación de los impactos de los jarillones y actividades industriales en la zona, sobre el comportamiento del río y ii) realizar actividades de análisis, seguimiento, 8

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Así las cosas, para el Ministerio Público las órdenes impartidas están orientadas a ser cumplidas teniendo en cuenta las competencias normativas de la Corporación, con mayor razón, aquellas relacionadas con la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como funciones de apoyo a la entidad territorial para el conocimiento y la reducción del riesgo encontrado. En suma, a juicio del Ministerio Público, el recurso interpuesto por CORANTIOQUIA no está llamado a prosperar. Ahora bien, el artículo 311 de la Constitución Política dispone que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. A su turno, el artículo 3º de la ley 136 de 1994 dispone que a los municipios les corresponde velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. En materia de prevención y atención de desastres, el artículo 14 de la ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dispone que a los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. Por ello, dispone que el alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de

desastres en el área de su jurisdicción. La mism