PGN - DERECHO A LA VIDA DEL RECLUSO Definición según la jurisprudencia de la corte suprema

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-En muerte de recluso por omisión de vigilancia PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Derechos fundamentales Derechos fundamentales de las personas sometidas a la privación de la libertad, desde esa perspectiva ha desarrollado características en dicha relación de sujeción a saber: i) la subordinación ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial tales como controles disciplinarios y administrativos y la posibilidad de limitar sus derechos incluso los fundamentales, desde luego autorizados por la constitución y la ley, con la finalidad de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos, mediante medidas dirigidas a garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad y así lograr el cometido principal de la pena la resocialización. La subordinación comporta derechos especiales, como las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud, los cuales deben ser garantizados por el Estado; igualmente esa relación de sujeción implica que el recluso se encuentra en estado de indefensión frente al Estado que a su vez genera una obligación de protección a su cargo. DERECHO A LA VIDA DEL RECLUSO-Obligación del estado de protegerla/ DERECHO A LA VIDA DEL RECLUSO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia/ DERECHO A LA VIDA DEL RECLUSO-Jurisprudencia del Consejo de Estado/RELACIÓN ESPECIAL DE SUJECIÓN-Conducta pasiva y omisiva del estado En palabras de la Corte: “En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares amenacen

contra la vida del interno; dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso enfrentar las amenazas contra la vida de los reclusos, aparejando la obligación de adoptar medidas de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Por su parte la jurisprudencia Contencioso Administrativa consideró originalmente que las obligaciones del Estado para con las personas retenidas debía entenderse bajo la figura del deposito necesario de personas, a la luz del artículo 157 del Código Civil, significando que cuando las autoridades capturaban legalmente a una persona, asumían su custodia y vigilancia, convirtiéndose en depositarios de ella, debiendo responder por su vida e integridad. En una segunda etapa la jurisprudencia administrativa señaló que las obligaciones del Estado frente apersonas retenidas eran de resultado y de dos tipos: a) de hacer, por que las autoridades responsables de la detención material deben preveer y evitar los peligros que pueda sufrir el retenido desde que es privado de la libertad hasta cuando es devuelto a ella y b) de no hacer, por que los agentes estatales de la detención deben abstenerse de cualquier conducta que vulnere o amenace los derechos del retenido. Se reconoce que la privación de la libertad es una limitación a varios derechos fundamentales y, siendo consecuencia del ejercicio de un poder legítimo del Estado, por si misma no genera responsabilidad patrimonial, pues es Procuraduria Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750

25000232600020040202401(40284) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-242918 una carga pública para el administrado que ha sido legalmente privado de la libertad. Finalmente ha sido renovada la anterior tesis, dado que lo se cuestiona es la conducta activa, pasiva y omisiva del Estado respecto de la obligaciones para con la vida e integridad de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, dentro de lo que se ha llamado relaciones especiales de sujeción, la jurisprudencia definió que la responsabilidad del Estado por daños sufridos por los reclusos proviene del sistema de imputación subjetivo de la falla del servicio, esto es, ya no bajo el entendido de que la obligación del Estado frente al recluso es de resultado, sino bajo el entendido de que el estado se obliga a la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad y de ese modo asume la garantía de su seguridad, por eso actualmente se analiza si hubo un incumplimiento de deberes positivos de custodia y vigilancia y pese a ello ocurrió el daño deberes codificados en la ley penitenciaria y carcelaria y en los correspondientes reglamentos internos de cada establecimiento carcelario. DERECHO A LA VIDA DEL RECLUSO-Omisión en el deber de vigilancia Como se observa en el caso dos de estos deberes fueron incumplidos por las autoridades del penal, el primero fue la falta de custodia y vigilancia visual sobre el retenido de haberse cumplido a cabalidad se habría podido evitar la muerte, y el segundo deber fue el descrito el literal d), relacionado con el defectuoso funcionamiento de las requisas por no haber detectado el arma blanca con la que se

produjeron las heridas, de haberse llevado acabo en forma eficiente las requisas a los demás detenidos, probablemente el arma se había detectado e incautado y así evitadas las heridas al occiso Igualmente de acuerdo al mandato constitucional que le corresponde al Estado, de proteger la vida, honra y bienes de los asocia, era deber de dicho centro de reclusión devolver al seno de la sociedad al retenido en condiciones similares a las que se encontraba cuando fue retenido, lo cual no sucedió por lo que resultó incumplido igualmente dicho deber. Para esta Delegada, no es aceptable la causal de exoneración expuesta por el apelante en el sentido de que el daño se produjo por culpa de un tercero, entendiendo por tercero, toda persona distinta de la víctima o del demandado, por que si el Estado – INPECCárcel Nacional Modelo de Bucaramanga, cumple con su deber consistente en la guarda de la persona frente a eventuales, agresiones o peligros que podía sufrir durante la retención, no se habría prestado el ataque al occiso, y con el su muerte, lo que igualmente se traduce en una omisión en el ejercicio de sus funciones. De otra parte, la omisión en el deber de vigilancia y custodia de los reclusos se hace más notoria, cuando se evidencia que las heridas que le ocasionaron la muerte del occiso, fueron producidas con arma blanca que de suyo, está prohibido su porte en los centros carcelarios, lo que aún más hace notar, la omisión en el cumplimiento de los deberes de protección y cuidado a los reclusos,

así como de las requisas a los internos para detectar las armas o artefactos con los que se puede llegar a causar daño así mismos y a los demás internos. 2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014)

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2011. Doctora.

RUTH STELLA CORREA PALACIO.

Consejera Ponente. Sección Tercera Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11 -201.

Consulta. Acción de Reparación Directa. Expediente No.680012331000-2003-01434-01(40014).

Demandante: Sonia Chía Rojas y otros.

Demandado: NaciónInstituto Nacional Penitenciario

INPEC. Honorable Señora Consejera. El asunto de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia del 10 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, actuación dentro de la cual esta Agencia del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES.

La demanda. Sonia Chía Rojas en nombre propio y en representación de sus hijos Juan Sebastian y Daniel Felipe Castañeda Chía; Martha Yaneth Mendieta, quien

también obra en nombre propio y en representación de sus hijos Nini Yohana, Marta Isabel, Jair Ricardo y Andrea Paola Castañeda Mendieta, 3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-373315 mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa – art. 86 C.C.A. – solicitaron se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación –Ministerio del Interior e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, por la muerte violenta del señor RICARDO CASTAÑEDA MORENO, ocurrida el día 15 de Agosto de 2001, en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Se afirmó en los hechos de la demanda, que el día 15 de Agosto de 2001, se produjo al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bucaramanga, la muerte del interno, quien se encontraba bajo medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la Fuerza Pública. Se atribuye el hecho al incumplimiento de los deberes consignados en el artículo 44 del Código Penitenciario y Carcelario, el cual impone a los guardianes, el deber de custodia y vigilancia visual sobre los internos, el cual se incumplió. La Contestación. Ministerio del Interior y de Justicia

Propone la excepción de indebida legitimación en la causa por pasiva y que el Decreto 2160 de 1992, creo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, razón por la cual asume directamente la representación judicial y extrajudicial de la entidad. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-, se opuso a las pretensiones de la demanda, explica que la muerte del señor Castañeda, no 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-373315 obedeció a una falla del servicio de su parte, sino a una riña entre internos, ocasional, imprevisible y ajena a cualquier responsabilidad del INPEC, posiblemente por ajustes de cuentas situación imposible de controlar por parte de la autoridad. Considera que en el caso se presente una causal de exoneración de responsabilidad con es la culpa de un tercero, representado en el grupo indeterminado de reclusos que participaron en el hecho violento. Sentencia de primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander mediante sentencia del 10 de septiembre de 2009, aceptó las pretensiones del demandante, bajo las siguientes consideraciones: “ (…) Todas las pruebas arrimadas al proceso confirman que efectivamente la muerte del señor RICARDO CASTASÑEDA

MORENO, sucedió dentro del Centro Carcelario y Penitenciario de Bucaramanga, mientras él estaba recluido por imposición de una medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía . Para el Tribunal no queda duda que el INPEC, tiene el control absoluto de cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la cárcel, así mismo debe ejercer su autoridad en cada uno de los espacios físicos de la infraestructura carcelaria (…) Es indudable que estamos frente a una omisión en el cumplimiento de los deberes de la guardia INPEC, que está a cargo de la seguridad de la cárcel de Bucaramanga. El nexo causal que enlaza la falla del servicio en la que incurrió la guardia del INPEC, con el daño sufrido, muerte del señor Castañeda, lo hallamos en la omisión del cumplimiento de los deberes de la guardia al permitir la entrada de armas blancas que llegaron desde el exterior de la cárcel hasta las manos de los reos y/o la fabricación de las mismas dentro de la prisión y esto derivo que el homicida tuviera la oportunidad de portar armas blancas dentro del penal. La responsabilidad administrativa por la muerte de esta persona recae sobre el INPEC, porque esta entidad debía efectuar de forma efectiva las requisas y controles de entrada de objetos a la cárcel, además es 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014)

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IUS-2011-373315 su obligación evitar que los presos puedan portar armas en los patios, así mismo tiene que ejercer el control y vigilancia de los reos y sus actos, todo esto evidencia la responsabilidad del INPEC, por tanto, el título jurídico de imputación es la falla en el servicio. El daño sufrido, que es la muerte del señor Castañeda, ha producido un perjuicio moral en los demandantes, sobre este punto debemos recordar que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha inferido el daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, de tal manera que demostrada la calidad de padres, hijos, hermanos abuelos, tiene permite asumir que el daño causado a sus parientes en esos grados de consanguinidad, les causa dolor moral; igual inferencia se ha predicado en relación con cónyuges y compañeros permanente (…)” El recurso de apelación. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, solicitando la revocatoria del mismo bajo la siguiente argumentación: “(…) el INPEC respecto a los reclusos que están privados de la libertad en las diversas instituciones carcelarias, no tiene ninguna responsabilidad civil que lo obligue a responder por los hechos cometidos por estos, es decir, no obra una responsabilidad por el hecho ajeno del INPEC, frente a los internos; en consecuencia, dentro de una relación procesal donde se demanda al INPEC por hechos cometidos por los internos, éstos últimos tienen la naturaleza de terceros, respecto al demandado y su actuación tiene el alcance de romper el nexo causal entre la falla imputada y el daño ocasionado.

La construcción del establecimiento fue dada para que en el patio se mantuvieran 160 internos, por celda dos internos, al ingreso del patio existe un cubículo de vigilancia de la guardia que se denomina exclusa, donde permanecen dos guardianes de día en la noche se relevan una vez se cierran las celdas, así mismo existen guardianes de patrulla alrededor de la parte posterior de los patios. La muerte del interno fue ocasionada dentro del patio, en su celda, indudablemente asegurar que fue por el hecho de un tercero, lo cual desvirtúa la responsabilidad del INPEC. (…) La clase de arma con que se dio muerte, no fue por omisión en la vigilancia a la entrada, estas armas cortopunzantes las elaboran los 6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-373315 internos con un lápiz, un pedazo de baldosa, de una lámpara y por ende de fácil confección para los terceros internos que ocasionaron la muerte. Debe precisarse que la obligación de seguridad que pesa sobre el INPEC, no conlleva a una responsabilidad objetiva, por el contrario dado el contenido de esa obligación que independientemente de su finalidad (resocialización del interno), es de medio y no de resultado, el presunto daño antijurídico habrá de estudiarse bajo el régimen general de la falla probada que como es de conocimiento implica la existencia

de una falla del servicio, el daño y el nexo causal. No puede confundirse la falla del servicio con la finalidad de la obligación de seguridad que corresponde al INPEC, frente a las personas privadas de la libertad, una es la falla del servicio que se materializa con el incumplimiento probado de la obligación de seguridad que puede haber operado pero no ser la causa eficiente o directa del daño y otra la finalidad del régimen penitenciario que de acuerdo alas normas nacionales e internacionales, no es otra que la readaptación social. Es claro que con base en la normativa que contiene el Código Penitenciario, ( ley 65 de agosto 19 de 1993) que la vigilancia interna de los centros de reclusión está a cargo del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, mientras que la vigilancia la fuerza pública y de los organismos de seguridad. Por tal motivo la sentencia debe revocarse porque no hay la falla del servicio probada. Inexistencia de pruebas legales para acreditar parentesco, la sentencia declara indemnización de perjuicios a favor de la señora MARTHA YANETH MENDIETA, expresando que era la compañera permanente sin tener pruebas legales, por que hay inexistencia de prueba de relación de compañera permanente con el interno fallecido. La sentencia se aparta de la ley, con el argumento de que el grado de parentesco de compañera se acreditó con testimonios, se quebranta de esta forma la normatividad la normatividad civil citada, de tal forma no hay lugar a que se declare la pretensión a favor de la supuesta compañera permanente, porque el actor no probó de era la compañera permanente conforme lo exige la ley 979 de 2005.

La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014)

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1. Por escritura publica ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. 2. por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el código de procedimiento Civil, con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia. (…)” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico. ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al plenario, es posible configurar responsabilidad a cargo del Estado, por la muerte del interno RICARDO CASTAÑEDA MORENO, dentro de la Cárcel Nacional Modelo de Bucaramanga, el día 15 de agosto de 2001, quien murió como consecuencia de unas heridas producidas con arma cortopunzante?

Análisis Jurídico. La Corte Constitucional ha señalado que entre los reclusos y el Estado existe una relación de especial sujeción y en este sentido se han extraído importantes consecuencias jurídicas para efectos de determinar aspectos centrales en relación con los derechos fundamentales de las personas sometidas a la privación de la libertad, desde esa perspectiva ha desarrollado características en dicha relación de sujeción a saber: i) la

subordinación ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial tales como controles disciplinarios y administrativos y la posibilidad de limitar sus derechos incluso los fundamentales, desde luego autorizados por la constitución y la ley, con la finalidad de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos, mediante medidas dirigidas a garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad y así lograr el cometido principal de la pena la resocialización. 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014)

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IUS-2011-373315 La subordinación comporta derechos especiales, como las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud, los cuales deben ser garantizados por el Estado; igualmente esa relación de sujeción implica que el recluso se encuentra en estado de indefensión frente al Estado que a su vez genera una obligación de protección a su cargo.

En palabras de la Corte: “En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares amenacen contra la vida del interno; dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso enfrentar las amenazas contra la vida de los reclusos, aparejando la obligación de adoptar medidas de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida1.

Por su parte la jurisprudencia Contencioso Administrativa consideró originalmente que las obligaciones del Estado para con las personas retenidas debía entenderse bajo la figura del deposito necesario de personas, a la luz del artículo 157 del Código Civil, significando que cuando las autoridades capturaban legalmente a una persona, asumían su custodia y vigilancia, convirtiéndose en depositarios de ella, debiendo responder por su vida e integridad. En una segunda etapa la jurisprudencia administrativa señaló que las obligaciones del Estado frente apersonas retenidas eran de resultado2 y de dos tipos: a) de hacer, por que las autoridades responsables de la detención material deben preveer y evitar los peligros que pueda sufrir el retenido desde que es privado de la libertad hasta cuando es devuelto a ella y b) de no hacer, por que los agentes estatales de la detención deben abstenerse de 1 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-958 de noviembre 7 de 2002

M. P. Eduardo Montealgre Lylett. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de junio 24 de 1998, exp.10530 CP. Ricardo Hoyos Duque.

9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-373315 cualquier conducta que vulnere o amenace los derechos del retenido. Se reconoce que la privación de la libertad es una limitación a varios derechos

fundamentales y, siendo consecuencia del ejercicio de un poder legítimo del Estado, por si misma no genera responsabilidad patrimonial, pues es una carga pública para el administrado que ha sido legalmente privado de la libertad. Finalmente ha sido renovada la anterior tesis, dado que lo se cuestiona es la conducta activa, pasiva y omisiva del Estado respecto de la obligaciones para con la vida e integridad de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, dentro de lo que se ha llamado relaciones especiales de sujeción, la jurisprudencia definió que la responsabilidad del Estado por daños sufridos por los reclusos proviene del sistema de imputación subjetivo de la falla del servicio, esto es, ya no bajo el entendido de que la obligación del Estado frente al recluso es de resultado, sino bajo el entendido de que el estado se obliga a la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad y de ese modo asume la garantía de su seguridad, por eso actualmente se analiza si hubo un incumplimiento de deberes positivos de custodia y vigilancia y pese a ello ocurrió el daño deberes codificados en la ley penitenciaria y carcelaria y en los correspondientes reglamentos internos de cada establecimiento carcelario. En providencia del 11 de febrero de 20093, con ponencia de la doctora Myriam Guerrero de Escobar, sobre la responsabilidad por los daños causados a personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, se expresó: “(…) Tratándose del régimen de responsabilidad por los daños causados a personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, la jurisprudencia inicialmente privilegió el régimen de

responsabilidad objetivo bajo la premisa central de que las entidades penitenciarias y carcelarias asumían frente al recluso una obligación de 3 Expediente No. 4400-1233-1000-1996-01216-01 (16750), demandante: Ángel Rafael Soto, demandado: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC. 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014) 5CdeE/IJJ/CHP IUS-2011-373315 resultado, en el entendido que implicaba devolverlo a la sociedad en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de ser privado de la libertad. Sin embargo, la jurisprudencia actual, ha favorecido y potenciado el régimen de responsabilidad subjetivo bajo el título de imputación de falla del servicio, pues, en rigor se evidencia el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso o tardío del servicio carcelario. En estos casos, el Estado asume obligaciones de custodia y vigilancia frente a las personas privadas de la libertad, y por esa vía garantiza la seguridad de los internos. El perfil actual de la jurisprudencia requiere analizar las obligaciones y cargas de las autoridades carcelarias, para determinar si desde el punto de vista jurídico incumplieron las obligaciones de custodia y vigilancia, y por ese camino si faltaron a los deberes de cuidado y protección de los reclusos, pues, en los casos en que aparezca involucrada la responsabilidad de la administración por la prestación del servicio

carcelario, ella se edifica bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por falla del servicio. La orientación actual implica que las obligaciones de seguridad comprenden las de velar por la integridad personal de los reclusos, para determinar si desde el punto de vista jurídico la autoridad carcelaria incumplió por acción u omisión los deberes de cuidado y protección y de control del centro carcelario. Constituye una carga para la institución carcelaria a través del personal de guardianes ejercer un control permanente sobre los reclusos, garantizar su seguridad e integridad personal, y adicionalmente impedir cualquier conducta que implique un intento de fuga, pues, el cumplimiento de la pena tiene una doble connotación, por un lado obedece al poder punitivo del Estado que sanciona la comisión de un delito y por el otro, se pretende la resocialización del sujeto activo del delito, para evitar que continúe delinquiendo. En suma en desarrollo de las normas penitenciarias y de una cabal observación de las cargas impuestas a unos y otros, corresponderá al juzgador evaluar en cada caso, si el servicio carcelario funcionó o no adecuadamente y por tanto, declarar o no la responsabilidad estatal como quiera que el defectuoso funcionamiento del servicio carcelario podría comprometer la responsabilidad de la administración por falla del servicio (…)”. Resaltado no es del original. Bajo la óptica de la referida orientación y con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, es menester concluir que en el caso presente sí se comprometió la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, en la muerte del recluso RICARDO CASTAÑEDA

MORENO, con arma cortopunzante dentro de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, el día 15 de agosto de 2001, teniendo en cuenta lo siguiente: 11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014)

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RESPONSABILIDAD EXTRACTRACTUAL EN EL CASO EN CONCRETO.

Se demostró en el proceso, que el señor Ricardo Castañeda Moreno, ingresó a la Cárcel la “Modelo” de Bucaramanga, el 13 de agosto de 2001, como se informa en el oficio No 410EPCBUC A.J.6899 del 22 de noviembre de 2004, suscrito por la Asesora Jurídica del INPEC, obrante en el folio 124 del cuaderno No 1 remitido al Tribunal Administrativo de Santander, en el que se informa que la víctima, ingresó al Establecimiento Carcelario, sindicado del delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las FF.MM a órdenes de la Fiscalía Quinta Especializada de Bucaramanga , proceso 105-520. Igualmente la muerte que le sobrevino al señor Ricardo Castañeda Moreno, ocurrida el 15 de agosto de 2001, dentro de las instalaciones de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, como resultado de las heridas propinadas con arma blanca, quedó debidamente probada, con los siguientes elementos de convicción:

-Fotocopia autenticada del Protocolo de Necropsia No. 732-2001-GPF-DPFDNO de agosto 15 de 2001, realizado por el Instituto Nacional de Medina legal y Ciencias Forenses Dirección Seccional Santander, en el que se concluyó lo siguiente: (fls. 99 a 109. c. 1)

9. Análisis, Correlación y Conclusión “Según acta de levantamiento No 613 practicada a Ricardo Castañeda Moreno, se encontraba en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, por cuenta de la Fiscalía Quinta Delegada y había ingresado al centro carcelario el lunes 13 de agosto de 2001, fue hallado en el interior del patio seis, en el baño, sitio aislado, con visibilidad obstruida por prendas de ropa colgada. No hay otros datos sobre lo ocurrido. La autoridad practicó el levantamiento como muerte violenta por arma blanca.

Como hallazgos positivos a la necropsia: laceración visceral toráxica, hemotórax, lesiones de extremidades, laceración vascular cervical, laceración traqueal y laríngea, fractura columna vertebral cervical, laceraciones en médula espinal cervical. 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. Exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX: 5878750 680012331000200030143401(40014)

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IUS-2011-373315 Correlacionando los aportes de acta de levantamiento y hallazgos de necropsia se concluye:

Probable manera de muerte: violenta, homicida.

Causa de Muerte: laceración visceral toráxica por lesiones por arma cortopunzante y laceración vascular cervical.

Mecanismo de Muerte: Shock hipovolémico, agravado con shock cardiogénico y medular” Registro Fotográfico de la Inspección del cadáver ( Fls 110 a 115) Registro Civil de Defunción ( Fl 5) Corresponde ahora determinar si se han estructurado los elementos de la responsabilidad del Estado en el caso que nos ocupa por la falla en el servicio carcelario presentada en la Cárcel Nacional Modelo de Bucaramanga, consistente en la omisión de la vigilancia y cuidado del

detenido Ricardo Castañeda Moreno, así: El Hecho generador. En el presente caso, el hecho generador no puede ser otro que el incumplimiento de los deberes descritos en la ley 65 de 1993 art. 9 modificado por el Decreto 2636 de 2004, por cuanto es evidente la omisión de vigilancia y custodia,