PGN - DERECHO AL BUEN NOMBRE Responsabilidad de la policía nacional por realizar aseveraci

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Parámetros fijados por el Consejo de Estado para exonerar de responsabilidad a la administración CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Ausencia de nexo de causalidad entre el hecho y el daño Conforme a lo anterior, encuentra la Delegada que en el presente asunto no se configura la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que, se demostró que la participación del demandante en la liberación del secuestrado, tuvo lugar por la orden que en dicho sentido le impartió su superior jerárquico (Defensor del Pueblo), y que su actuación se limitó a acompañar a la misión humanitaria para indicarles la forma de llegar al sitio objeto de encuentro. Del mismo modo, en su diligencia de versión libre señaló su ajenidad en la conducta punible que se le imputaba, describiendo la manera en que se dio su participación en la liberación de un secuestrado y de quien provino la orden en dicho sentido. No siendo atendida su defensa y habiéndose irrogado en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, atacó la citada determinación, obteniendo una decisión favorable a sus intereses por haber demostrado la veracidad de sus afirmaciones y su inocencia frente a los actos que se le imputaban. RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Deber de la Fiscalía General de la Nación de responder por los daños causados en ejercicio de sus facultades Se hace necesario finalmente dejar sentado que si bien es cierto, las autoridades judiciales tienen facultades constitucionales y legales que les permiten asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal mediante la imposición de la medida de

aseguramiento – detención preventiva -, también lo es que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. El artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad del Estado se ha establecido de manera objetiva, porque basta con que se pruebe la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no tenga la obligación de asumir para que su causante responda por los perjuicios ocasionados. En relación con el tercer problema jurídico consignado, como ya se expuso la Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades publicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. 540012331000200501049 01(38873) Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Teléfono 5878750 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 De esta manera, el hecho que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya

realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. DERECHO A LA LIBERTAD-Prohibición de aplicar medidas arbitrarias o desproporcionadas También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. Lo anterior es indicativo de que la autoridad procedió a imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva, dando únicamente credibilidad a los señalamientos de una guerrillera en proceso de reinserción y desestimando los hechos y defensa planteada por el demandante en su indagatoria, con lo cual se produjo un daño que no estaba obligado a soportar y que debe ser reparado por la Fiscalía General de la Nación. DERECHO AL BUEN NOMBRE-Responsabilidad de la Policía Nacional por realizar aseveraciones sobre la culpabilidad de un detenido De otra parte, frente a las divulgaciones realizadas por la Policía Nacional en los medios de comunicación de las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga, encuentra la Delegada que debe responsabilizarse a la entidad, toda vez que contenían aseveraciones que dieron por ciertos hechos de los cuales no se había emitido decisión judicial que demostrara su ocurrencia y la responsabilidad del detenido.

Tales hechos se constituyen en actos arbitrarios e imprudentes que perjudicaron el buen nombre del demandante, los cuales además de tener incidencia en su esfera personal, también debieron afectar su entorno familiar y todo su contorno social, razón por la cual debe responsabilizarse a la Policía Nacional al no existir presupuestos fácticos, ni normativos que le permitieran exponer al escarnio a un ciudadano sin tener certeza de su responsabilidad en los hechos con los que se lo relacionaba. 2 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 26 de enero de 2011

Doctor

DANILO ALONSO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11 - 15

Acción de Reparación Directa 540012331000200501049 01(38873) Actor: Elicenia Parada Herrera y otros Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía NacionalFiscalía General de la Nación Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las condenadas – Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

Antecedentes 1-. Demanda 3 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 El señor JORGE OMAR RINCÓN, litigando en causa propia, ELICENIA PARADA HERRERA actuando en nombre propio y en representación del menor FABIÁN ANDRÉS RINCÓN HERRERA, y los señores JAIME OMAR RINCÓN PARADA y OSCAR IVÁN RINCÓN PARADA, instauraron demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN con el objeto que se las declarara administrativamente responsables y se las condenara al pago de los perjuicios materiales y morales causados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO, y por el posterior sometimiento al escarnio público por parte de las autoridades de policía presentándolo a los medios de comunicación como presunto autor del delito de rebelión. 2-. Contestación de la demanda Ministerio de Defensa Adujo que no había lugar a la declaratoria de responsabilidad en cabeza de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por cuanto la actuación de la autoridad policial en los hechos fundamento de la acción, se cumplió dentro de las funciones que le corresponde desarrollar conforme al ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, razón por la cual solicitó que se le exonerara de todo tipo de responsabilidad administrativa. De la misma manera, propuso la excepción de “FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL”, por cuanto los asuntos de reparación directa en razón del

territorio se determinaban por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas y que en el sub-lite, la captura del actor se produjo en Bucaramanga, Departamento de Santander, surgiendo la falta de competencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por 4 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 cuanto el conocimiento del asunto estaría a cargo de los Juzgados Administrativos de Bucaramanga(folios 186 a 189 – cuaderno 1). Fiscalía General de la Nación Señaló que a la entidad le correspondía conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, de oficio o mediante denuncia investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes y para al efecto la Fiscalía General de la Nación debía entre otras cosas, asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal adoptando las medidas de aseguramiento, por lo cual era claro que la detención preventiva de que fue objeto el señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO no tuvo connotación de injusta, que el daño que pudo sufrir no fue antijurídico porque se encontraba en el deber de soportar las consecuencias de la actividad judicial, por existir graves indicios de responsabilidad en su contra(folios 201 a 207 – cuaderno 1) 3-. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en decisión del 2 de marzo de

2010 declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO; y al MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL – por los perjuicios causados con las divulgaciones realizadas en los medios de comunicación frente a la citada detención, conforme a las consideraciones que se sintetizan de la siguiente manera: 5 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 “(…) En este orden de ideas se tiene probado que el señor Jorge Omar Rincón Carrillo fue privado de la libertad desde el 18 de julio de 2003 hasta el 21 de agosto de la misma anualidad, fecha en la cual la Fiscalía Tercera Delegada Unidad de Seguridad Pública, resolvió reponer la medida de aseguramiento de detención preventiva a favor de Jorge Omar Rincón Carrillo, ordenando librar la correspondiente boleta de libertad ante la Sijin. Las circunstancias fácticas descritas evidencian que el sindicado referido fue privado del libre ejercicio de su derecho a la libertad por 33 días sin que el Estado pudiera desvirtuar la presunción de inocencia, pues por el contrario, después de valorar el material probatorio allegado al proceso el ente investigador concluyó que no existía dolo haciendo inexistente el deseo o intención del señor Jorge Omar Rincón Carrillo de atentar contra el gobierno. En el contexto, fáctico normativo y jurisprudencial no cabe duda que los

daños reclamados por el señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO en la demanda por motivo de la medida de detención preventiva de que fue objeto, si tienen la calidad del antijurídicos, dada la injusta privación de la libertad a la que fue sometido y por consiguiente, debe ser reparado patrimonialmente, junto con su núcleo familiar demandante de conformidad a los registros civiles válidos allegados. …. (…) Se advierte también que no se efectuó una valoración probatoria adecuada, toda vez que no se estudio(sic)el contexto de los aspectos favorables al procesado, por el contrario se optó por desechar sus argumentos, sin ni siquiera recepcionar los testimonios por el solicitados antes de definir su situación jurídica. Pruebas que fueron recaudadas en el curso de la 6 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 instrucción, además, de explicar el alcance de la misión humanitaria a la cual fue convocado por el Defensor del Pueblo desde el mismo momento de su indagatoria(según el contenido de las providencias), por tanto nacía la obligación para el ente investigador de averiguar tanto lo favorable como lo desfavorable al procesado, a pesar de lo cual se dictó en su contra medida de aseguramiento, que por lo demás se hizo efectiva, causando a éste un perjuicio que no estaba en la obligación jurídica de soportar. (…) De otra parte se advierte por la Sala, la actuación desproporcionada de la Policía Nacional, la que expuso al accionante en dos oportunidades ante los medios de comunicación sindicándole de ser miembro del frente Juan

Fernando Porras y que operaba en las zonas urbana y rural de Arboledas, vulnerando de contera los derechos fundamentales del accionante en especial el de la presunción de inocencia, según el cual, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable, así como el derecho al buen nombre, respecto del cual, el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar y no como sucedió en el sub lite, en el cual la misma autoridad de policía se encargó de publicitar al accionante como miembro de un grupo insurgente, cuando la realidad y según quedó demostrado dentro del proceso penal, arrojó todo lo contrario destacándose como un profesional que mientras estuvo en el cargo de Personero, lo que hizo fue colaborar con la gente del Municipio de Arboledas, inclusive promoviendo marchas por la paz, con el fin de lograr la armonía de nuestro país. En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que en la ocurrencia del daño concurrieron las conductas dañinas de la Fiscalía General de la Nación como de la Policía Nacional estructurándose su responsabilidad, por lo que condenará solidariamente a pagar la correspondiente indemnización en cuanto a los perjuicios ocasionados a los hijos, y a la señora Elicenia Parada 7 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 Herrera, así como los perjuicios materiales ocasionados al señor Jorge Omar Rincón Carrillo(art. 1568 y 2344 C.C.) por cuanto, entre los condenados (deudores), surge obligación conjunta y por tanto divisible(1568 y 1581 C.C.)

y por ello esta Corporación estima que las demandadas coparticiparon con sus conductas irregulares respectivamente en un 50% en la ocurrencia del daño. Adicionalmente, se condenará en forma independiente al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a pagar a la víctima directa, esto es, al señor Jorge Omar Rincón Carrillo, la suma de cien salarios mínimos mensuales vigentes, por la falla en el servicio al extralimitarse en sus funciones al convocar a los medios de comunicación para presentarlo esposado y sindicado de pertenecer al frente “Juan Fernando Porras Martínez” del ELN. Al respecto, basta con observar los recortes de periódicos La Opinión y Vanguardia Liberal, en donde se registra la captura del accionante por el delito de Rebelión. A su vez, el VCD aportado como prueba al expediente y en el cual se registra la noticia de la captura en los noticieros CARACOL y RCN en los cuales se presentó al doctor Jorge Omar Rincón Carrillo esposado, y respecto del cual se dijo por parte de ellos, lo siguiente: En el primero: “Un abogado que se desempeñó como Concejal, Registrador y Personero del Municipio de Arboledas en Norte de Santander, fue capturado por la Policía, acusado de pertenecer al ELN, se trata de JORGE OMAR RINCON CARRILLO, aprehendido en Bucaramanga y trasladado a Cúcuta donde es procesado por rebelión” Por su parte en el noticiero RCN, una vez fue presentado el doctor Jorge Omar Rincón esposado, el Comandante de Policía Norte de Santander, para 8 540012331000200501049 01(38873)

5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 la época de los hechos, se refirió frente a la captura del accionante en los siguientes términos: “Tenía orden de captura desde la época en que se hizo la operación Arboledas, hace unos dos meses, pero se nos había fugado, tuvimos que ir a Bucaramanga a darle captura” De donde se prueba en forma fehaciente, el daño irrogado en la reputación del doctor Jorge Omar Rincón Carrillo, por parte de las autoridades de policía al enrostrarle en forma pública ante todo el país la comisión del delito, sin permitirle previamente que fuera sometido a un juicio en donde se determinara su inocencia o culpabilidad, vejamen que ni el accionante ni sus familiares estaban en la obligación de soportar. (…)” 4-. Recurso de Apelación Dentro de la oportunidad legal, tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Policía Nacional, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que se revocara y que en su lugar, se les exonerara de responsabilidad, impugnaciones de las cuales se resaltan los siguientes fundamentos:

Fiscalía General de la Nación: “(…) Es preciso señalar que existen en el proceso circunstancias exonerativas de responsabilidad que militan a favor de mi representada y que no se 9 540012331000200501049 01(38873)

5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 evidencia hubieran sido tenidas en cuenta en la sentencia, siendo preciso resaltar:  No existe prueba demostrativa de la detención física, con el

documento CONDUCENTE que lo hubiera sido la constancia del correspondiente director del establecimiento carcelario con la indicación exacta de las fechas de entrada y salida del interno JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO, indicando la autoridad proceso por el cual estuvo privado de la libertad. Este documento es fundamental para saber a ciencia cierta si de verdad estuvo privado de la libertad o se le sustituyó la medida o en fin, poder probar la detención física, pero por ineptitud sustantiva y probatoria solo atribuible al accionante no se dispone de él. A ciencia cierta, con el material probatorio obrante en el expediente no se puede determinar el lapso de detención y las condiciones en que se cumplió, es decir privación de la libertad no está probada. (…) Veamos como se configuran los requisitos jurisprudenciales de la CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA en el caso concreto: a. El señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO, violó las obligaciones a la cuales está sujeto el administrado al participar en diligencias para la liberación de secuestrados, dado que el manejo del orden público corresponde al Poder Ejecutivo y existe la Consejería para la Paz, instancia a la cual le corresponde realizar las gestiones para la liberación de secuestrados por razones humanitarias, en estricta coordinación con la fuerza pública. 10 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 b. Ante las numerosas irregularidades, cometidas por el señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO, al participar en la liberación de

secuestrados sin la previa autorización del Gobierno nacional y la posterior denuncia de la reinsertada AMPARO GALVIS, ellas constituyeron la causa eficiente de la investigación que en su contra inició la Fiscalía General de la Nación y en las cuales gracias a la rápida acción probatoria de la entidad que represento estuvo detenido por un breve(sic). (…)” Policía Nacional “(…) Así, respetuosamente manifiesto que no es de recibo lo esbozado por

H. Tribunal en el inciso segundo del numeral 7.1 CUESTION PREVIA de las CONSIDERACIONES del fallo impugnado, que a la letra reza que la Excepción propuesta no está llamada a prosperar: “…por cuanto si bien la detención del actor se produjo en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, la privación de la libertad que sufrió el accionante se materializó en la ciudad de Cúcuta en las instalaciones de la Sijin donde permaneció recluido, aunado a que el proceso se adelantó en la Fiscalía Tercera de Seguridad Pública de Cúcuta, razón por la cual, el accionante se encontraba facultado para escoger cualquiera de los departamentos para instaurar la acción” (subrayado fuera de texto). 11 540012331000200501049 01(38873)

5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 Pues tal y como se extrae del libelo, de la prueba que cabalga en el plenario y de lo afirmado por el H. Tribunal, el cumplimiento de ejecutar la orden de captura del hoy actor, por parte de la Policía Nacional tuvo ocurrencia en la ciudad de Bucaramanga Departamento

de Santander, comprobándose entonces la prosperidad de la declaratoria de falta de competencia del Despacho para conocer de la presente demanda, por cuanto para dicho efecto sería competencia del Tribunal Administrativo de Santander, y así no pasar por alto lo reglamentado en la norma en cita, afirmando que a capricho del actor se determina la competencia para el asunto en cuestión. (…) … para efectos de determinar si existe o no responsabilidad por parte del estado en el sub judice, debemos analizar el artículo 90 de la Constitución Nacional que se constituye como cláusula general de responsabilidad, estudiando la antijuridicidad del daño y la imputabilidad del mismo, y en el caso en cuestión, si bien es evidente que se produjo un daño el mismo no se le puede imputar a LA NACIÓN – MINISETERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, que actuó de conformidad con la orden de captura vigente como claramente se extrae del Oficio No. 414/GRUCA-SIJIN por el cual se deja a disposición de la Seccional Policía Judicial Departamento de Santander al capturado señor JORGE OMAR RINCON CARRILLO, citándose: “…el antes mencionado fue capturado el día de hoy 18-07-03 a las 19:00 horas en la residencia ubicada en la calle 53 No. 12-09 del Barrio Candiles de Bucaramanga, momentos en que se encontraba en la residencia en mención; dándose cumplimiento a la orden de captura 12 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms

IUS-2011-23390 No. 0334855 de fecha mayo 15 de 2003, emanada de la unidad primera de seguridad pública fiscal tercero de la ciudad de Cúcuta, según proceso No. 56.584 por el delito de REBELION (…) Anexo: Acta del Capturado…” (…) …. la Policía Nacional puso a disposición de la Fiscalía al señor RINCON CARRILLO, una vez retenido, y fue la Fiscalía quien lo tuvo bajo su disposición hasta el momento que recuperó la libertad, siendo tal ente por mandato Constitucional, al que se le imponía como deber investigar el delito a fin de establecer si se cometió o no y quienes fueron los actores para acusarlos ante el Juez competente; … . Así las cosas, no es la entidad por mi representada la llamada a responder por los perjuicios ocasionados a la parte actora, por lo que respetuosamente solicito al H. Corporación exonerar de toda responsabilidad a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL.

(…)”

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO 13 540012331000200501049 01(38873)

5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son:  Puntualizar si la Fiscalía General de la Nación al cumplir con los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de un hecho punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución

Política o sí en el caso bajo examen tuvo ocurrencia la culpa exclusiva de la víctima.  Determinar si la Policía Nacional de Colombia se extralimitó en sus funciones al exponer al accionante privado de la libertad ante los medios de comunicación como un delincuente perteneciente a un grupo rebelde.  Establecer si se configura la responsabilidad a cargo del Estado. ANÁLISIS FÁCTICO PROBATORIO En cumplimiento a la orden de captura del 15 de mayo de 2003 emitida por la Fiscalía Tercera Unidad de Seguridad Pública de la ciudad de Cúcuta(folio 51 – cuaderno 1), según se advierte del informe que dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación al retenido, la Policía Nacional el 18 de julio de 2003 dio captura del señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO en la ciudad de Bucaramanga, en cumplimiento a la decisión emitida por la autoridad judicial(folio 3 – cuaderno 3). De la citada captura las autoridades de policía dieron cuenta a los medios de comunicación de Bucaramanga(Santander) y Cúcuta(Norte de Santander), en los que se informó que su captura obedeció a que era sindicado del delito de rebelión por pertenecer al frente “Juan Fernando Porras Martínez” del ELN(folios 109 a 112 – cuaderno 1). 14 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 Del mismo modo, tal como se trascribió en la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander, la noticia de la captura fue registrada en los canales CARACOL y RCN en los cuales se presentó al señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO, como un abogado que se había desempeñado como Concejal, Personero, Registrador y Personero del Municipio de Arboledas en Norte de Santander, a quien se lo acusaba de pertenecer al ELN. La información transmitida por el último de los citados noticieros, incluyó la intervención del Comandante de Policía de Norte de Santander, quien señaló que el privado de la libertad tenía orden de captura desde la operación Arboledas y que al haberse fugado tuvieron que desplazarse a Bucaramanga para darle captura(folios 492 a 493 – cuaderno 4). Mediante resolución del 25 de julio de 2003 la Fiscalía General de la Nación a través de funcionario competente resolvió la situación jurídica del señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO, irrogando en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional por el delito de rebelión y disponiendo que se librara la correspondiente orden de detención ante las autoridades respectivas(folios 13 s 17 – cuaderno 3). Tal determinación fue impugnada por la defensa con el fin de obtener la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta(folios 21 a 23 – cuaderno 3), solicitud que fue atendida por la Fiscalía General de la Nación por resolución del 21 de agosto de 2003, revocando la medida de aseguramiento privativa de la libertad, como así mismo

ordenando su libertad inmediata garantizada bajo caución juratoria, al considerar que lo manifestado por el señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO en su diligencia de indagatoria era cierto y que su participación en la liberación de un secuestrado obedeció a orden expresa de su superior jerárquico(Defensor del Pueblo) en una labor netamente humanitaria(folios 24 a 30 – cuaderno 3). Las anteriores consideraciones fueron reiteradas en la resolución del 10 de octubre de 2003, en la que se precluyó la investigación en favor del señor JORGE OMAR RINCÓN CARRILLO, por haberse demostrado las razones y el objeto de su participación en los hechos motivo de investigación(folios 670 a 682). 15 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 ANÁLISIS JURÍDICO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Culpa exclusiva de la víctima Arguye que los hechos por los que se responsabilizó la entidad tuvieron ocurrencia por la culpa exclusiva de la víctima, en atención a que participó en actividades de liberación de secuestrados sin contar con la autorización previa del Gobierno Nacional, ya que el manejo del orden público correspondía al Poder Ejecutivo, y que a su vez existía la Consejería para la Paz, instancia a la cual le correspondía realizar dichas gestiones humanitarias, en estricta coordinación con la fuerza pública. Sobre este particular la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido los parámetros con fundamento en los cuales resulta forzoso reconocer que la

responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder activo u omisivo de quien sufre el perjuicio. Veamos: «Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado: “… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos 16 540012331000200501049 01(38873) 5aCdeE/AGM/Llms IUS-2011-23390 anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el

daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”1 En otro de sus pronunciamientos el Consejo de Estado precisó lo siguiente: “…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: -Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. -El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera