PGN - DERECHO AL TRABAJO Concepto y finalidad

Dependencia: Segunda Delegada para la Vigilancia

Administrativa

Radicación: 014-82781-03

Investigados: Elías Ochoa Daza

Cargo y Entidad: Alcalde de Valledupar

Quejoso: José Nelson Montero, Presidente Sindicato de Trabajadores Públicos de Valledupar Fecha de la queja: 24 de julio del 2002

Fecha Hechos: Año 2002

Fecha Prescripción: Año 2007

Asunto: Auto de Archivo. Presunta omisión en el suministro de uniformes de dotación a los servidores públicos de la Alcaldía de

Valledupar. AUTO Bogotá DC 31 MAR. 2004 OBJETO Procede la Delegada a evaluar las diligencias radicadas bajo el No. 014-82781-03, originadas en la queja de fecha 16 de Julio del 2002, presentada ante el Personero Municipal de Valledupar, por el señor JOSÉ NELSON MONTERO MONTAÑO, Presidente del Sindicato de Trabajadores Públicos de la Alcaldía de Valledupar, y remitida el 08 de agosto del mismo ano a la Procuraduría Regional del Cesar (fIs. 14); contra el señor ELÍAS OCHOA DAZA, Alcalde de Valledupar, por presunta omisión en el suministro de 8 uniformes a los servidores públicos de esa Alcaldía.

HECHOS Narra el Quejoso: Que la Administración Municipal de Valledupar se comprometió, en el menor tiempo posible a suministrar los respectivos calzados y vestidos de labor a los servidores públicos que tienen derecho, sin que esta obligación se haya cumplido.

ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto del 24 de julio del 2002, el Personero Municipal del Valledupar remitió la queja por motivos de competencia a la Procuraduría Regional del Cesar (fl. 3). "Por medio de auto del 16 de agosto del 2002, la Procuraduría Regional del Cesar ordenó la apertura de indagación preliminar contra el señor ELÍAS OCHOA DAZA, Alcalde de Valledupar (fl. 5), y ordenó la práctica de pruebas. Posteriormente, según auto de fecha 23 de enero del 2003 (fl. 47), la Procuraduría Regional del Cesar remitió las diligencias, por razón de competencia funcional, a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, con destino a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, correspondiendo el reparto a esta Delegada.

PRUEBAS: Es de considerar el siguiente material probatorio allegado al expediente:

1. Acta de visita especial practicada en la Alcaldía Municipal de Valledupar, Oficina de la Secretaria Privada (fl. 9).

2. Copla del Contrato de Suministro NO.222 suscrito entre el Municipio de Valledupar y WALTER OSPINO MANSSUR-SastrerlaWalter y anexos (fIs. 11-14 y 42-45).

3. Copla de los Certificados de Registro Presupuesta No-2728, Disponibilidad Presupuestal No. 2187 (fls.15-17).

4. Copia de los oficios de fechas 19 de junio y 04 de julio del 2002, suscritos por EBED CARRILLO LEON, Director de Talento Humano y Gestión del Conocimiento,

GREGORIO FÉLIX DAZA AMAYA, Secretario General de la Alcaldía de Valledupar, y ANA MARÍA QUINTERO JAIMES, Representante de los Empleados, respectivamente (fls.19, 28, 29 y 41).

5. Copla del acta de evaluación de ofertas para el Contrato de Suministro de Dotación, de fecha 16 de septiembre del 2002 (fls. 39-40).

6. Copia de la Invitación Pública para el Contrato de Suministro de la dotación de uniformes de servicios generales, secretarias, auxiliares, conductores, operarios y administrativos del Municipio de Valledupar (fls. 20-26).

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA La Carta Política en su artículo 53 consagra el derecho al trabajo, desarrollando los mismos principios mínimos fundamentales, como lo son la igualdad de los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos legales establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, favorabilidad de la ley laboral, el concepto del contrato realidad, garantía a la seguridad social a la capacitación al adiestramiento y al descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad, y al trabajo del menor de edad. Así las cosas, dentro de los beneficios mínimos legales establecidos en las normas laborales, encontramos el Articulo 230 del código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 7 de la Ley 11 de 1984, en el sentido de que todo empleador que habitualmente ocupe más de un trabajador permanente, deberá suministrar cada

cuatro meses en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, al trabajador cuya remuneración sea hasta dos veces el salario mínimo legal, siempre y cuando éste haya cumplido más de tres meses al servicio del empleador. Esta disposición normativa es aplicable a todos los trabajadores del sector privado, porque para los empleados del sector público el régimen legal aplicable en esta materia, lo contempla la Ley 70 del 19 de diciembre de 1988, norma que reproduce las mismas condiciones antes mencionadas. En orden a lo anterior, es un derecho del rango constitucional en cabeza de los servidores públicos, y por lo tanto un deber legal de los administradores de los bienes del Estado, el suministrar el calzado y el vestido de labor a todos aquellos trabajadores a su cargo, que devenguen menos de dos salarios mínimos legales vigentes. l. ANÁLISIS PROBATORIO: Del análisis del material probatorio manifiesto dentro del expediente se desprende: En primer lugar que, la Alcaldía de Valledupar, representada por el Alcalde, señor ELÍAS OCHOA DAZA, celebró el Contrato No.222 del 30 de septiembre del 2002, con el señor WALTER OSPINO MANZUR, propietario del establecimiento del comercio Sastrería Walter, cuyo objeto fue el suministro de las dotaciones de uniformes de Auxiliares de Servicios Generales, Secretarias, Auxiliares (mensajeros), celadores, conductores, administrativos y operarios administrativos del Municipio de Valledupar, por un valor de $52.912.800.00 el cual tiene una etapa de ejecución de cuarenta y cinco días (fls. 9-14).

Que el Municipio de Valledupar contaba con un presupuesto de $65.000.000.00 para la adquisición de la dotación del calzado y vestido de labor de los servidores que tienen derecho a tal beneficio (fls.16-17). Que se advierte diligencia por parte de los funcionarios de la Alcaldía para cumplir con la obligación laboral en cuestión, como se desprende de los folios 19 y 28 en los cuajes el Director de Talento Humano y el Secretario General realizan gestiones tendientes a cumplir con dicha obligación.

II. I L I C I T U D SUSTANCIAL: En este orden de ideas, con fundamento en las pruebas anteriormente allegadas al expediente, se tiene en claro que, la Administración Municipal de Valledupar, encabezada por su Alcalde, señor ELÍAS OCHOA DAZA, hizo todo lo necesario para cumplir con la obligación señalada en el Articulo 1 de la Ley 70 de 1988, en el sentido de suministrar calzado y vestido de labor a los servidores públicos titulares de este derecho.

Ahora bien, si cierta actividad no se surtió en los primeros meses del año es importante destacar que el proceso de contratación exige tiempo y el cumplimiento estricto de términos, los cuales deben ser acatados por la entidad contratante y los licitantes términos que al parecer ge cumplieron a cabalidad, como se desprende del material allegado al Expediente. En este estado de cosas, por parte de esta Procuraduría Delegada no se avizora ninguna vulneración al deber funcional en cabeza del funcionario Implicado, por lo tanto no hay ninguna ilicitud sustancial tajante, que conlleve el merecimiento de

algún reproche disciplinario, como bien lo exige el articulo 5 de la Ley 734 del 2002, de manera que con fundamento en el articulo 73 y 164 concordante ejusdem, se ordenará el archivo de la9 presentes diligencias, en atención a los motivandos anteriores. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA DELEGADA SEGUNDA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus atribuciones legales, DISPONE: PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo de las diligencias radicadas bajo el No. 01482181-03, adelantada en contra el señor ELIS OCHOA DAZA, en su condición de Alcalde del Municipio de Valledupar, con fundamento en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Por Secretaría de la Procuraduría Regional del Cesar, comunicar la presente decisión al Quejoso, en la forma y términos establecidos en los artículos 109, 111 y 115 de la Ley 134 de 2002, indicándole que contra la misma procede el recurso de Apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, General de la Nación. Para tal efecto se libra m la respectiva comunicación, Indicando la decisión tomada, la fecha de la providencia.

TERCERO: Por Secretaria de la Procuraduría Regional del Cesar se comunicara de la presente decisión al Implicado, Para tal efecto, se dejan las constancias del caso.

Por Secretaria de esta Procuraduría Delegada efectúense las demás anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHERRY GARZÓN

Procuradora Segunda Delegada Vigilancia Administrativa

GEG/FS

Exp. No. 014-82781-03 Marthis