PGN - DERECHO AL TRABAJO Definición

Procurador General Bogotá, D.C., abril 12 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 131 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 51 de la Ley 712 de 2001.

Demandante: JUAN DAVID VILLA JARAMILLO

Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D–5669 Concepto No. 3801 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, se procede a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Carta, instauró el ciudadano JUAN DAVID VILLA JARAMILLO contra las expresión “La cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo” contenida en el artículo 131 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, referente a la validez de la cláusula compromisoria en materia laboral para dirimir conflictos mediante arbitramento.

1. Planteamientos de la demanda El ciudadano VILLA JARAMILLO afirma que haberse establecido la validez de la cláusula compromisoria únicamente cuando conste en convención o pacto colectivo y haberla excluido para los contratos laborales individuales, vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades, de asociación negativa, de negociación colectiva libre y voluntaria y de acceso a la justicia para los trabajadores, al

exigirles a éstos sindicalizarse para poder pactar la cláusula compromisoria y acceder a la justicia arbitral. Procurador General Lo anterior, por considerar que la ley, los contratos, los acuerdos y las convenciones no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores, y porque no debe haber injerencias de las autoridades en el derecho a negociar libremente las condiciones colectivas de trabajo, lo que no sucede en el caso demandado ya que se discrimina al trabajador que individualmente quiera solucionar sus controversias mediante el arbitramento.

2. Problema jurídico Corresponde al Ministerio Público determinar si al haberse establecido la validez de la cláusula compromisoria únicamente cuando conste en convención o pacto colectivo y haberla excluido para los contratos laborales individuales, vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades, de asociación negativa, de negociación colectiva libre y voluntaria y de acceso a la justicia para los trabajadores, al exigirles a éstos sindicalizarse para poder pactar la cláusula compromisoria y acceder a la justicia arbitral.

Sobre el particular, este Despacho considera lo siguiente:

3. Omisión legislativa 3.1. Dado que la demanda en cuestión se refiere a una presunta omisión legislativa que vulnera el derecho a la igualdad de trato en cuanto a la validez de la cláusula compromisoria en asuntos laborales, se procede a analizar brevemente el contexto de la figura omisiva y determinar si para el caso concreto ella resulta aplicable. 3.2. Se configura la omisión legislativa cuando el legislador no cumple un deber

de acción expresamente señalado por el Constituyente, lo cual hace nugatorio algún derecho constitucional. De ella se predican dos clases, la absoluta y la relativa. Procurador General Se está en presencia de la primera cuando el legislador no ha producido ningún precepto encaminado a ejecutar el deber concreto que le ha impuesto la Constitución, como sucede a la fecha con la expedición del Estatuto del Trabajo (artículo 53 Constitucional). Frente a esta clase de omisiones, el control de constitucionalidad es improcedente, por cuanto no hay materia objeto de control, razón por la que ante tales acciones, la Corte Constitucional ha de declararse inhibida. La segunda clase, la omisión relativa, se presenta cuando el legislador ha expedido la ley, pero en ella sólo ha regulado algunas relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, con clara violación del principio de igualdad o del debido proceso, etc. (sentencia C-1549 de 2000). De la omisión legislativa relativa se tienen distintas modalidades, así: 3.2.1. Cuando en cumplimiento del deber impuesto por la Constitución, se favorece a ciertos grupos perjudicando a otros. 3.2.2. Cuando en cumplimiento del deber constitucional, el Legislador, en forma expresa o tácita, excluye a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga al resto. 3.2.3. Cuando el Legislador, al regular o constituir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella (sentencia C-543 de 1996). 3.3. Frente a una demanda por omisión legislativa se pueden presentar tres

situaciones desde el punto de vista de la decisión judicial, a saber: 3.3.1. Que la Corte se inhiba para proferir sentencia de fondo porque las situaciones fácticas que se consideran discriminadas son diferentes a simple vista, o porque el cargo no se dirigió contra un contenido normativo específico sino que se derivó de un sistema o conjunto de normas. Procurador General 3.3.2. Que se declare la inconstitucionalidad de la norma acusada por resultar en si misma violatoria del ordenamiento constitucional, y 3.3.3. Que a pesar de presentarse la violación al derecho a la igualdad, la Corte Constitucional observe que la norma puede permanecer en el ordenamiento, caso en el cual procede a modular la decisión (sentencia C-739 de 2001). Como la omisión legislativa relativa por discriminación se presenta cuando el legislador inevitablemente debió considerar todo el universo de hipótesis de hecho idénticas a las reguladas, entonces, se hace necesario utilizar el test de igualdad para determinar si a la luz del ordenamiento constitucional es procedente dar tratamiento diferente.

4. La cláusula compromisoria y el compromiso en asuntos laborales, en relación con la capacidad de las partes para su negociación 4.1. Como el tema a resolver es el de la desigualdad de trato en relación con la validez del pacto de la cláusula compromisoria en asuntos laborales, se hace necesario determinar la existencia de un trato legal diferente y sus justificaciones objetivas y razonables entre la convención o pacto colectivo y los contratos laborales individuales en cuanto a la capacidad de negociación de las partes. 4.2. Lo primero a resolver es si se configura un trato igual entre iguales o

diferente entre diferentes. Para poder determinar la aplicación de un juicio de igualdad se debe establecer un patrón o criterio que permita juzgar si dos personas o situaciones son diversas o idénticas desde un punto de vista que sea jurídicamente relevante. Así, en general el tertium comparationis es teleológico en cuanto a la norma que establece la diferencia de trato, porque a partir del objetivo perseguido por la disposición se puede determinar un criterio para saber si las situaciones son o no iguales (sentencia C-598 de 1997). En sentencia C-090 de 2001, la Corte consideró infundada una objeción presidencial porque desde la perspectiva jurídica la igualdad se manifiesta no Procurador General como la mera consideración formal que se traduzca en la constatación de una paridad mecánica y matemática, sino como un derecho relacional, por medio del establecimiento de criterios de distinción, que pueden involucrar cargas, bienes o derechos constitucionales o legales. Si bien normalmente no procede un examen de igualdad o tal no puede ser muy estricto cuando se fundamenta en la comparación de diversas normas legales que establezcan restricciones generales a un derecho constitucional, en algunas ocasiones resulta procedente hacer la comparación entre proposiciones jurídicas diferentes cuando se alega la falta de razonabilidad o de proporcionalidad de la diferencia establecida por el legislador (sentencias C-474 de 1999; C-618 de 1997). 4.3. Para el presente caso, el criterio relevante o tertium comparationis lo constituye la capacidad de negociación de las partes en asuntos laborales, para lo cual se analizará la que opera en las convenciones o pactos colectivos frente a los

contratos individuales de trabajo. 4.4. El derecho laboral tiene su origen en las luchas sociales por contrarrestar la racionalidad económica en contra de la explotación infrahumana del trabajador concebido como factor de producción regulado por la oferta y la demanda y adquirido bajo la concepción del contrato civil, en el cual las relaciones se consideran equilibradas. La realidad laboral indicaba que la concentración de riqueza y la revolución industrial generaban exceso de oferta de trabajo la cual tenía que someterse a las condiciones que impusiera la demanda. El derecho laboral se estructura a partir de reconocer que las relaciones de trabajo son desiguales, regidas por la subordinación, y desequilibradas desde el punto de vista de la negociación de las condiciones laborales, especialmente en el momento de vinculación. Lo anterior se explica por cuanto para las empresas, el trabajo es un factor de producción, una mercancía necesaria en el proceso de transformación, y para los trabajadores se constituye en el medio de subsistencia personal y familiar. Procurador General Por tanto, desde el punto de vista constitucional el trabajo se concibe como un derecho fundamental que materializa el respeto de la dignidad humana, encaminado a evitar tratamientos discriminatorios y circunstancias de debilidad económica manifiesta, mediante la garantía de las condiciones institucionales para que la igualdad sea real y efectiva, y la promoción de una justicia económica de redistribución de riqueza (artículos 1, 13, 25, 58, 333 y 334 Constitución Política). El derecho laboral responde a un tipo de intervención económica encaminada a mantener en equilibrio las relaciones patronales de las empresas con sus trabajadores, las que en la práctica tienden a lo contrario debido a la racionalidad

económica que las motiva (oferta y demanda laboral). Tal característica equilibrante ha estado presente en los análisis de esa Corporación al indicar que “(…) el derecho laboral tiene unos rasgos específicos que se reconocen en la Constitución debido a la situación de subordinación en la cual se encuentran los trabajadores lo cual representa un contexto en el que los derechos constitucionales mencionados en la providencia merecen especial protección del juez constitucional para evitar que la asimetría en la relación de poder entre el empleador y el trabajador derive en menoscabo de los derechos de este último.” (aclaración de voto del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, sentencia C-893 de 2001). En el anterior contexto debe el legislador ejercer su potestad de configuración política. 4.5. El contrato individual de trabajo es aquel en el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta quien a su vez debe remunerar a aquella. Esta fuente de obligaciones es por esencia desigual, y en el medio colombiano se constituye en contrato de adhesión, donde la capacidad de negociación por parte del aspirante a trabajar es casi nula. Procurador General El contrato de trabajo da origen a la relación laboral, la cual por su característica de desequilibrio en contra del trabajador, es intervenida por el legislador para proteger, en su celebración, ejecución y terminación los intereses del trabajador, como medio para mantener un equilibrio necesario entre las fuerzas del capital y del trabajo, impedir la explotación del asalariado y garantizar el cumplimiento de las obligaciones mutuas (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

sentencia de enero 24 de 1977). 4.6. Los derechos laborales colectivos de asociación, negociación y huelga están instituidos como mecanismos de unión de fuerzas de los trabajadores para poder equilibrar sus relaciones individuales frente a los empleadores, con el fin de mejorar sus condiciones económicas y sociales participando de la riqueza que contribuyen a generar. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. (artículos 39, 55 y 56 Constitucionales). La convención colectiva es el resultado del derecho de negociación de la misma índole, entendido como el acuerdo celebrado entre uno o varios patronos o asociaciones patronales con uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia (artículo 467 Código Sustantivo del Trabajo). Puede afirmarse que se trata de acuerdos entre iguales en la medida en que sus voluntades se entienden en las mismas condiciones (fuero sindical). A contrario de lo que sucede con los contratos individuales de trabajo que obran como simples generadores de obligaciones, las convenciones colectivas se convierten en fuentes de derecho de contenido normativo en cuanto a las condiciones materiales, económicas y jurídicas en que debe realizarse el trabajo (sentencia SU-1185 de 2001). Los pactos colectivos son también el resultado del derecho de negociación de la misma índole para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, sólo que una de las partes está representada por trabajadores no sindicalizados, por lo que también son acuerdos entre iguales en Procurador General la medida en que las voluntades se entienden en las mismas condiciones (la

contraprestación por no afiliarse al sindicato). 4.7. La cláusula compromisoria es el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral. El compromiso es un negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral (artículos 116 y 117, Ley 446 de 1998). La diferencia entre la cláusula compromisoria y el compromiso radica en el momento en el cual se pacta, en donde las condiciones y las capacidades de negociación son diferentes. La primera en la celebración contractual, instante en que no existe ningún conflicto entre las partes. El segundo procede al momento en que las partes se encuentran inmersas en un conflicto. 4.8. El artículo 131 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, contempla la validez de la cláusula compromisoria y del compromiso en los asuntos laborales. El hecho de que la primera opere sólo si consta en convención o pacto colectivo, obedece a que ésta es el resultado de una negociación entre partes que tienen verdadera capacidad de negociación sinalagmática y se comportan como iguales. La validez del compromiso sólo si consta en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia se comprende, en relación con los contratos individuales de trabajo, como un mecanismo de protección a quien aspira a participar en una relación de trabajo, en la medida en

que no se le impone el pacto de la cláusula compromisoria de manera unilateral. En relación con el pacto de la cláusula compromisoria en los contratos individuales de trabajo contenida en el antiguo artículo 131 del Código Procesal del Trabajo, la Corte indicó que tal cláusula debe ser el resultado de la libre manifestación de los contratantes y no como un mecanismo de presión de alguna de las partes para sacar provecho de su posición negocial superior. Procurador General Al respecto, se afirmó que: “Resulta contrario a los principios constitucionales y legales que sustentan el derecho laboral, considerar que el acuerdo de voluntades en que se origina el contrato de trabajo puede ser consecuencia de la aceptación forzada de una de la partes a las condiciones que señala la otra – usualmente con mayor poder-, antes que el fruto de la libre expresión de cualquiera de las partes.” (sentencia C-330 de 2000). Cuando las partes de una relación individual de trabajo se encuentran efectivamente inmersas en un conflicto, las fuerzas tienden a equilibrarse y necesariamente tienen que negociar si quieren pactar un compromiso, ya que el trabajador tiene a su favor el derecho de acceso a la administración de justicia impartida por la rama correspondiente del Poder Público. El desequilibrio contractual en las relaciones individuales de trabajo se percibe, en cuanto a los tribunales de arbitramento, en los elevados costos económicos en que deben incurrir las partes para su conformación y el pago de la defensa, lo que genera para el trabajador una barrera de acceso a la administración de justicia, si se tiene en cuenta que una vez pactada la cláusula compromisoria o el

compromiso, ésta es de obligatorio cumplimiento e impide acudir a la justicia estatal, que es de carácter gratuito y en donde opera el amparo de pobreza. 4.9. El legislador al regular la validez de la cláusula compromisoria y del compromiso en los términos vistos actuó en consonancia con la igualdad real y efectiva propia de las relaciones laborales con respecto a la capacidad de negociación de las partes que acuerdan el arreglo de sus litigios por la vía arbitral, desequilibrada al momento de firmar contratos individuales de trabajo por la subordinación imperante, y equilibrada en los momentos de celebrar convenciones o pactos colectivos o cuando las partes tienen un conflicto. Es decir, el trato legal diferente observado responde a la capacidad de negociación imperante en cada momento laboral, y tienen como finalidad garantizar la especial protección de que gozan los trabajadores, según la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 0 Procurador General laborales (artículos 13, 25 y 53 constitucionales). Por tanto, resulta ajustado a la concepción constitucional del derecho laboral no haber contemplado la validez de la cláusula compromisoria en los contratos individuales de trabajo. 4.10. De otra parte, el derecho a la igualdad si es respetado por el legislador en la medida en que pretende que la cláusula compromisoria y el compromiso sean el fruto de negociaciones reales y no aparentes mediante imposiciones unilaterales. Por la misma razón se garantiza el derecho de negociación libre y voluntaria propia del derecho laboral individual y del colectivo consagrados en la Carta y en

los tratados internacionales sobre la materia vigentes en Colombia. El artículo 4 del Convenio Internacional del Trabajo relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado mediante la Ley 27 de 1976 y señalado por el ciudadano Villa Jaramillo como vulnerado por ir en contra de la negociación colectiva libre y voluntaria, demuestra todo lo contrario con lo vigente para la validez de la cláusula compromisoria y el compromiso pactados en los asuntos laborales colombianos, al indicar que: “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. 4.11. Igualmente debe decirse que la administración de justicia puede ser impartida directamente por el Estado mediante la rama jurisdiccional, o también lo pueden hacer los particulares en la condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes, para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley (artículo 116 Constitución Política). El derecho de acceso a la justicia también se predica para quienes en su condición de trabajadores requieran resolver sus conflictos laborales, teniendo en cuenta la particular naturaleza del derecho al trabajo. Por tanto, puede el 1 Procurador General trabajador escoger libremente si reclama la protección de sus intereses por la vía jurisdiccional o por la vía privada arbitral, amén de la conciliación.

En este sentido, se presentan dos situaciones, una la vía para acceder a la administración de justicia, y otra, la manera procesal como se dirime el conflicto. Para acudir al juez laboral, se hace directa y unilateralmente, la más de las veces mediante apoderado, quien presenta la correspondiente demanda. De ahí en adelante se aplica el derecho procesal laboral. Para resolver los conflictos laborales a través de la justicia arbitral, se requiere la manifestación expresa de la voluntad de las partes, lo cual se hace mediante el pacto de la cláusula compromisoria o del compromiso, es decir se exige una negociación previa al respecto, la cual se espera se haga en igualdad de condiciones. La regulación sobre cláusula compromisoria y compromiso, contrario a lo que piensa el demandante, si garantiza el acceso a la justicia a los trabajadores. Primero, porque el trabajador puede escoger libre y unilateralmente si acude al juez laboral o pacta el arbitramento. Segundo, si el trabajador está sindicalizado o sin estarlo se acoge al pacto colectivo, puede pactar la cláusula compromisoria y por esta vía acceder al arbitraje. Tercero, si el trabajador no está sindicalizado o no participa de los pactos colectivos, puede acceder al arbitramento firmando el compromiso. 4.12. En relación con la vulneración del derecho de asociación sindical en sentido negativo, en cuanto a exigírseles a los trabajadores sindicalizarse para poder pactar la cláusula compromisoria y acceder a la justicia, esto no exacto por las razones antes vistas, y porque la regulación diferente para la validez del

compromiso y de la cláusula compromisoria obedece a la especial protección a que tiene derecho el trabajador para preservar su capacidad de negociación frente al poder económico del empleador. 4.13. Por lo expuesto, se solicitará la constitucionalidad de la validez de la cláusula compromisoria para la convención o pacto colectivo, pero únicamente por 2 Procurador General los cargos formulados puesto que el demandante sólo presenta su acción en relación con la omisión de la validez de la cláusula compromisoria para el contrato individual de trabajo, no trayendo a colación otras situaciones como el contrato sindical.

5. Conclusión Por lo expuesto el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar EXEQUIBLE la expresión “La cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”, contenida en el artículo 131 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, únicamente por los cargos aquí analizados.

Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación

SPTB/JDCB