PGN - DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD PUBLICA Jurisprudencia del consejo de estado sobre

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2009. Doctora.

MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR

Consejero Ponente. Sección Primera.

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 09-162.

Acción Popular. Expediente No. 25000-23-15000-2003-01309-01.

Demandante: Iván David Brieva Maldonado y otro.

Demandada: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de

Bogotá E.S.P.

Honorable Señora Consejera: El asunto de la referencia se encuentra en conocimiento del H.

Consejo de Estado en virtud de la apelación interpuesta por los actores populares contra la sentencia del 29 de junio de 2007, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó el amparo del derecho colectivo alegado como vulnerado en la presente acción popular. Trámite dentro del cual esta Agencia del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, interviene para emitir concepto.

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 Antecedentes. 1.- Los ciudadanos JORGE ARMANDO OREJUELA MURILLO E IVÁN DAVID BRIEBA MALDONADO, en nombre propio, han promovido la acción popular de que trata el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

E.S.P., con el propósito de lograr la efectiva protección de los derechos colectivos a la “moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público”1, sobre la base de los siguientes supuestos fácticos: “(…) 1. El 2 de enero de 2001 la E.A.A.B. E.S.P. y el Consorcio Obras Urbanas celebraron contrato de obra pública, cuyo objeto era la construcción de obras para la rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del Humedal de Córdoba, en Bogotá D.C..

2. Sin embargo, en el año 2000 la Junta de Acción Comunal del barrio Niza Sur, interpuso acción popular para que las obras diseñadas en dicho humedal no fueran construidas.

3. Pese al pleito en curso que había surgido por la acción popular (proceso judicial que hacía previsible la imposibilidad de cumplir con el objeto contractual, teniendo en cuenta que no se tenían las licencias ambientales), el 16 de abril de 2001 se inició la ejecución del contrato de obra, pagándose como anticipo al contratista, la suma de novecientos cuatro millones quinientos treinta y nueve mil trescientos treinta pesos moneda corriente ($904’539.330 m/cte).

4. El 21 de abril del mismo año, a los 5 días de iniciadas las obras, se suspende el contrato de obra porque la C.A.R. no había emitido la licencia ambiental para su ejecución.

5. El contratista le ha manifestado en varias ocasiones a la E.A.A.B. E.S.P. las pérdidas que ha tenido que soportar por la suspensión del contrato, llegando hasta el punto de

1 Literales b) y e) del artículo 4º de la ley 472 de 1998.

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 proponer la liquidación del contrato. Es más, la solicitud de definir la situación jurídica del contrato (esperar para la obtención de licencias o liquidar el contrato) también la hace la Veeduría Distrital de Bogotá D.C., tal y como se puede observar en las pruebas número nueve y diez que acompañan ésta acción.

6. El 20 de septiembre de 2001, el Consejo de Estado confirma la sentencia del 27 de julio de 2001, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y mediante la cual, se ordena a la E.A.A.B.

E.S.P. no dar inició a las obras que se iban a realizar en el Humedal Córdoba hasta que no obtuviera la licencia ambiental por parte de de la C.A.R., la aprobación del Manual de Manejo Ambiental, previos los conceptos favorables del Ministerio del Medio Ambiente y la concertación necesaria con las entidades y organizaciones no gubernamentales.

7. El 21 de marzo de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impone sanción a la E.A.A.B. E.S.P. por desacatar las sentencias referidas en el numeral anterior, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado el 7 de mayo de 2003.

8. Estos antecedentes procesales llevan a la E.A.A.B.

E.S.P. a adoptar un nuevo proyecto en el Humedal

Córdoba, lo cual implica a su vez, nuevos estudios, nuevos diseños, y por supuesto, un contrato de obra distinto.

9. El contrato de obra 1-01-7500-001-2001, mediante el cual se iban a construir obras en el Humedal Córdoba se encuentra suspendido, “a la espera que se resuelva el caso judicial de la Acción Popular No. AP-00-0254, interpuesta por la Junta de Acción Comunal del barrio Niza Sur”, según lo expuesto por la E.A.A.B. E.S.P., aunque es precisamente lo que motiva ésta acción popular, la sentencia de la acción popular 00-0254 quedó ejecutoriada hace más de un año, por lo que ya se debió haber definido la suerte del contrato aquí relacionado para evitar indemnizaciones, ajustes o reconocimientos injustificados al contratista (…)”.

Por lo anterior solicita que para defender el patrimonio de la E.A.A.B. E.S.P., o el patrimonio público como derecho colectivo, se debe declarar que ha vulnerado el derecho colectivo a la debida moralidad administrativa por no liquidar

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 el contrato 1-01-7500-001-2001; que se ordene a la E.A.A.B. E.S.P. liquidar el contrato en mención para evitar una indemnización mayor al contratista y como consecuencia de lo anterior, se ordene al contratista la devolución del anticipo dado por la E.A.A.B. E.S.P. (fls. 1 a 8. c. 1).

2.- La demanda fue admitida por auto de 15 de julio de 2003 y en ella se dispuso notificarla a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y al Procurador Judicial ante el Tribunal Administrativo del Cundinamarca; ordenó remitir copia de la misma y del auto admisorio al Defensor del Pueblo; finalmente divulgarla a la comunidad por un diario de amplia circulación nacional. Lo anterior con sujeción a las disposiciones de los artículos 21, 24 y 80 de la Ley 472 de 1998 (fls. 44 y 45. c. 1). 3.- La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.A.A.B. E.S.P.- mediante apoderado, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones planteadas por los actores populares, quien luego de hacer un recuento de los antecedentes administrativos del contrato de obra pública No. 01-01-7500-0021-2001, considera que no se han afectados los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, toda vez que siempre se ha actuado ajustado a la ley y a derecho, porque lo que propone como excepciones: 1) la inexistencia de la violación del derecho colectivo relacionado con la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público; 2) Excepción de improcedencia por tratarse de una

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 controversia contractual, y por existir un mecanismo de

protección diferente (fls. 1 a 30. c. 2). 3.1.- Por su parte el Consorcio Obras Urbanas, fue vinculado al proceso por auto del 5 de febrero de 2004 (fl. 84. c. 1). Al contestar la demanda popular, realizó un recuento de lo que ha sucedido con el contrato de obra pública No. 01-01-75000021-2001, para finalmente concluir que coadyuva íntegramente las pretensiones de esta acción, pues el interés del Consorcio Obras Urbanas ha sido definir cuanto antes esta situación contractual; expresó que el proceso de legalización del anticipo, se está surtiendo en sede administrativa, desde agosto de 2003, lo que es preámbulo de la liquidación del contrato (fls. 96 a 101. c. 1). 4.- Se celebró audiencia de pacto de cumplimiento, el 21 de octubre de 2003, a la cual asistió el Procurador Segundo Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; los actores populares y el apoderado judicial de la E.A.A.B. E.S.P. Sin embargo, tal diligencia fracasó toda vez que la E.A.A.B. E.S.P., entidad demandada no presentó fórmula de arreglo, al considerar que con el contrato de obra no se ha afectado el derecho colectivo de moralidad administrativa pues toda su actuación se a ajustado a derecho (fls. 57 a 59. c. 1).

5. Mediante decisión de 29 de junio de 2007 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda popular, luego de examinar las pruebas allegadas al

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 expediente, discurriendo al efecto, en lo pertinente, así (fls. 387 a 422. c. 1): “(…) Así las cosas, no encuentra la Sala prueba alguna que demuestre que en la liquidación del contrato de obra pública No. 01-7500-001-2001, se haya incurrido en inmoralidad administrativa, ya que no toda ilegalidad conlleva inmoralidad administrativa de la administración, por ende tampoco logra demostrar la vulneración al patrimonio público. Teniendo en cuenta todo lo anterior, para la Sala es claro que el objeto de la acción popular, es decir, la liquidación del contrato de obra tanta veces mencionado fue superado desde el día 3 de agosto de 2004, fecha en la cual fue liquidado el mismo, razón por la cual no tendría sentido emitir una orden al respecto, pues sería innecesario por sustracción de materia (…)”. 6.- Los actores populares apelaron la sentencia de primer grado, circunscribiendo el objeto de su inconformidad, específicamente, a la consideración de que existen pruebas nuevas que si demuestran la afectación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, pone como ejemplo de ello el caso del ítem del campamento, que se cobra 2 veces, siendo el mismo campamento, usado tanto para el desarrollo y ejecución del contrato del Río Molinos, como para el contrato no ejecutado del humedal Córdoba. Por lo tanto se cobra 2 veces el mismo

rubro o ítem, lo cual ocasiona un evidente detrimento patrimonial para la E.A.A.B. E.S.P., y una genera una ganancia ilegal para el Consorcio contratista. Ésta acción popular tiene por objeto defender el patrimonio público y reprochar la inmoralidad administrativa (fls. 442 a 448. c. 1).

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 CONCEPTO Esta Delegada del Ministerio Público comparte la decisión tomada por el A quo al negar las súplicas de la acción popular incoada, motivo por el cual solicita la confirmación del fallo de primera instancia con base en los breves argumentos que a continuación se exponen: La jurisprudencia del Consejo de Estado2, ha sostenido sobre el concepto y alcance del derecho colectivo a la moralidad administrativa, lo siguiente: “(…) Frente a lo que se entiende por moralidad administrativa, la Sala precisó, en tesis que ha sido constantemente reiterada, que en un Estado pluralista como el que se identifica en la Constitución de 1991 (Art. 1), la moralidad tiene una textura abierta, en cuanto de ella pueden darse distintas definiciones. Sin embargo, si dicho concepto se adopta como principio que debe regir la actividad administrativa (Art. 209 ibídem), la determinación de lo que debe entenderse por moralidad no puede depender de la concepción subjetiva de quien califica la actuación sino que debe referirse a la finalidad que inspira el acto de acuerdo con la ley. Desde esta perspectiva, ha de considerarse como inmoral toda

actuación que no responda al interés de la colectividad y específicamente, al desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas al funcionario que lo ejecuta. Se advierte, por tanto, una estrecha vinculación entre este principio y la desviación de poder. En suma, la jurisprudencia de la Corporación ha ido precisando el concepto de moralidad administrativa, como derecho colectivo que puede ser defendido por cualquier persona, del cual se destacan estas características: “a) es un principio que debe ser concretado en cada caso; b) al 2 Sección Tercera. Sentencia del 26 de enero de 2006. Magistrada Ponente Doctora Ruth Stella Correa Palacio. Radicación AP. No. 25000-23-25000-2003-02356-01. Actor: Hernán Arévalo Roncancio. Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros.

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación; c) en la práctica, la violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza.” Nota de Relatoría: Ver sentencia del 31 de octubre de 2002. Exp. AP-059; Exp. No. AP-166 y AP-170 de 2001; sentencia del 31 de octubre de 2002, Exp. AP-059. En el mismo sentido

ver sentencias AP-166 y AP-170 de 2001… Como ya lo ha precisado la Sala, “la moral administrativa consiste en la justificación de la conducta de quien ejerce función pública, frente a la colectividad, no con fundamento en una óptica individual y subjetiva que inspire al juez en cada caso particular y concreto, sino en la norma jurídica determinadora de los procedimientos y trámites que debe seguir éste en el cumplimiento de la función pública que le ha sido encomendada”. “Por contera la vulneración a la moral administrativa no se colige de la apreciación individual y subjetiva del juez en relación con la conducta de quien ejerce función pública; tal inferencia, como lo ha concluido la Sala, surge cuando se advierte la inobservancia grosera, arbitraria y alejada de todo fundamento legal, de las normas a las cuales debe atenerse el administrador en el cumplimiento de la función pública. Cabe agregar que la sola desatención de los trámites, procedimientos y reglamentos establecidos normativamente para el ejercicio de la función pública, en que el encargado de la misma incurra, no lleva a concluir automáticamente y sin fórmula de juicio, la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa; es necesario además, que de la conducta transgresora del ordenamiento establecido pueda predicarse antijuridicidad”. “Así, se concluye que la moralidad administrativa está inescindiblemente vinculada al cumplimiento de las funciones que se establecen en la norma para el ejercicio de un cargo, porque es en el ordenamiento jurídico donde la actuación del encargado de la función pública encuentra su

justificación frente a la colectividad y por ende está estrechamente relacionada con el principio de legalidad, cuya vulneración puede darse por extralimitación o por omisión de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (artículo 6 de la C.N.), comprometiendo la responsabilidad del agente

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 causante de la vulneración, no sólo frente al Estado y los directamente afectados en un derecho subjetivo amparado en una norma, sino frente a la colectividad interesada en que se mantenga la moralidad administrativa, derecho cuyo disfrute no corresponde a un titular determinado y concreto sino a toda la comunidad”. Nota de Relatoría: Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2001, Exp. AP-166 (...)”. Resaltado no es del original. Sobre la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, en los contratos estatales, en sentencia del 4 de septiembre de 2003, con ponencia del doctor Reinaldo Chavarro Buriticá, la Sección Quinta, expresó3: “(…) Los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público pueden protegerse por vía de acción popular cuando se demuestre, en un caso concreto, la existencia de actuaciones, omisiones o decisiones de una autoridad pública o de un particular que vulneran o pongan en peligro esos intereses colectivos. Si se advierte una tal situación que afecta la moralidad pública y pone en riesgo el patrimonio público, el juez tiene facultades para

adoptar medidas transitorias o definitivas de protección (…)”. Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, habrá que determinar si existió o no vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa y por ende, si se dio la afectación al patrimonio público de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., en la celebración del contrato de obra pública No. 01-01-7500-0021-2001, cuyo objeto era la construcción de las obras de rehabilitación de las 3 Radicación AP. No. 1300-1233-1000-2001-00003-01. Actor: Veeduría Ciudadana de Cartagena.

Demandado: Alcaldía de Cartagena y otra.

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del Humedal Córdoba. Para que en el presente caso se haya vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa y por ende, la afectación del patrimonio público, es necesario que los actores populares, con las pruebas aportadas al proceso, debían demostrar que los funcionarios públicos o los particulares que administran recursos del Estado, en la celebración del contrato de obra pública en referencia, actuaron de una forma tal, que la conducta de quienes ejercen una función pública, se haya dado con una inobservancia grosera, arbitraria y alegada de todo fundamento legal, de las normas a las cuales debe atenerse el administrador en cumplimiento de la función pública, como lo indicó la jurisprudencia traída a colación, y

que su actuación no responde a un interés de la colectividad y específicamente, al desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas a los funcionarios que lo ejecutan. Pues bien, del análisis en conjunto de las pruebas aportadas por las partes al presente proceso, esta Delegada del Ministerio Público no encuentra que las actuaciones desplegadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., y sus funcionaros, en la celebración del contrato de obra pública No. 01-01-7500-0021-2001, cuyo objeto era la construcción de las obras de rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del Humedal Córdoba, vulnere el derecho colectivo a la moralidad administrativa, como acertadamente lo indicó el A

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 quo, por el contrario se observa que la entidad demandada se apegó al cumplimiento de la ley 80 de 1993, como pasa a indicarse:

1. Una vez la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., determinó la necesidad de realizar unas obras públicas en el Humedal Córdoba en la ciudad de

Bogotá D.C., en interés general y de la comunidad, para buscar la rehabilitación de la ronda y zonas de manejo y preservación ambiental en el sector, se expidió la Resolución No. 1299 del 30 de noviembre de 2000, por medio de la cual

se ordenó la apertura de una Convocatorio Pública Abierta para que se presentaran oferentes para la realización de la obra en mención (fl. 64. c. 2).

2. Convocatoria de la cual hacía parte el pliego de condiciones donde se establecieron toda las condiciones de este proceso de contratación estatal (fls. 65 a 133. c. 2).

3. A folios 134 a 261 del cuaderno No. 2 de pruebas, obra el Plan de Manejo Ambiental establecido para la construcción de las obras para la rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del canal molinos y del humedal Córdoba.

4. Solicitud de licencia ambiental única para el programa Santa Fe I de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., proyecto dentro del cual se incluía la intervención de los humedales del Distrito Capital, presentada

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (fls. 270 a 288. c. 2).

5. Resolución 0692 del 21 de marzo de 1997, por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CARotorgó licencia ambiental única a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., para la ejecución del programa Santa Fe I en la comprensión territorial del Distrito Capital (fls. 289 a 294. c. 2).

6. Entre los folios 296 a 313 del cuaderno No. 2 de pruebas, se encuentra todo el proceso de la convocatoria pública abierta, hecha por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., por medio de la Resolución No, 1299 del 30 de noviembre de 2000. Como son: Los avisos de publicación de la convocatoria pública abierta No. CT-5922000; acta No. 037 de apertura del proceso de escogencia del

contratista; aviso de publicación de adendo No. 1; acta No. 124, que contiene la audiencia pública de adjudicación del contrato de obra; resolución No. 1445 del 29 de diciembre de 2000, por medio del cual se adjudicó el contrato de obra de la referencia al Consorcio Obras Urbanas; aprobaciones de las pólizas de garantía (responsabilidad extracontractual; de cumplimiento; prestaciones sociales; anticipo y cumplimiento ambiental); suscribiéndose el contrato de obra No. 01-017500-0021-2001, el 2 de enero de 2001 (fls. 49 a 51. c. 5). De lo anterior, concluye esta Delegada, que la necesidad de la contratación buscaba la satisfacción de un interés general y en

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 beneficio de la colectividad, pues el contrato de obra pública tenía por objeto la construcción de las obras de rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del Humedal Córdoba, por lo anterior los servidores

públicos obraron dentro de la órbita de sus funciones y dentro del marco legal, razón por la cual, no existe en el presente caso la afectación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, alegada en la demanda popular. Frente a la supuesta vulneración del derecho colectivo de “defensa del patrimonio público4”, alegado en la demanda como afectado por los actores populares, para esta Agencia del Ministerio Público, no se presenta, pues el contrato obra se perfeccionó, de acuerdo a lo establecido en la ley, se inició su ejecución (acta de iniciación de la obra fls. 60 y 61. c. 4), posteriormente fue suspendido, por que se interpuso una acción popular, cuyos fallos judiciales (primera y segunda instancia AP00254), determinaron que las obras en el Humedal Córdoba no podrían desarrollarse dentro de la ronda, 4 Sobre la protección del derecho colectivo “a la defensa del patrimonio público”, a través de la acción popular, ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado lo siguiente: “(…) La regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia, toda actividad pública está sometida a dicho control y si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. El derecho a la defensa del patrimonio público, busca asegurar no sólo la eficiencia y transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos sino también la utilización de los mismos de acuerdo

con su objeto y, en especial, con la finalidad social del Estado. En tal virtud, si la administración o el particular que administra recursos públicos los manejó indebidamente, ya sea porque lo hizo en forma negligente o ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a los expresamente señalados en las normas, afectaron el patrimonio público y, por ende, su protección puede proceder por medio de la acción popular. Nota de Relatoría: Ver sentencia AP-163 de 2001 Sección tercera (…)”. Sentencia del 13 de febrero de 2006. Consejero Ponente Doctor Germán Rodríguez Villamizar. Expediente No. AP 19001-23-31-000-2003-01594-01. Actor: Gerardo Aníbal Paz Gómez y otros. Demandado: Municipio de Popayán y otros.

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 por lo que se requería contar con licencia ambiental y aprobación del Manual de Manejo Ambiental, previo concepto favorable del Ministerio del Medio Ambiente (fls. 28 a 30. c. 1), haciendo de imposible la ejecución el contrato de obra pública No. 01-01-7500-0021-2001 suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Obras Urbanas, pues las condiciones técnicas y ambientales se deben ajustar a las decisiones judiciales adoptadas; lo que conllevó a la terminación anticipada del contrato (fls. 64 y 65. c. 4), y finalmente, a la liquidación del contrato de obra

pública No. 01-01-7500-0021-2001, cuyo objeto era la construcción de las obras de rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del Humedal Córdoba, como se desprende del acta de liquidación visible a folios 24 a 29. c. 5.; haciéndose la entrega de los saldos a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., por un monto total de QUINIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($514’724.486), como se desprende del acta de entrega de efectivo, sumas consignadas por el contratista a favor de la empresa distrital en cheques de gerencia (fl. 34. c. 5). No se observa que se haya existido un detrimento o afectación del patrimonio público en el presente caso, con el interventor de la obra se fijaron los gastos en que incurrió el contratista, los que se encuentran debidamente soportados (fls. 32 a 378. c. 5), y se determinó un saldo a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -E.A.A.B. E.S.P., y se ordenó su devolución como ya se indicó.

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IUS-2009-220439 Concepto 09-162 Acción Popular 25000-123-15000-2003-01309-01 Por las anteriores razones considera esta Delegada del Ministerio Público que los argumentos dado por el apelante en

el presente proceso no están llamados a prosperar, por cual se solicita la confirmación del fallo de primera instancia. En los términos anteriores esta Procuraduría Delegada deja a consideración de la Honorable Corporación el presente concepto, en el que se pide la confirmación del fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 29 de junio de 2007. De la señora Consejera, respetuosamente,

WILSON RUIZ OREJUELA.

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado.

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