PGN - DERECHO DE ASOCIACION Consagrado en el art. 26 de la constitución nacional

Bogotá, D.C., 9 de junio de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley No. 021/04

Cámara - 253/05 Senado, "Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”. Concepto No. 4117 De conformidad con lo establecido en la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2067 de 1991, procedo a rendir concepto en el asunto de la referencia.

1. Antecedentes Con oficio del 24 de mayo de 2006, la Presidenta del Honorable Senado de la República remitió al Procurador General de la Nación, copia del Proyecto de Ley No. 21/04 Cámara - 253/05 Senado, el cual fue objetado parcialmente por el Presidente de la República, por razones de inconstitucionalidad.

La copia del expediente legislativo fue recibida en el Despacho del Procurador General de la Nación, el 2 de junio de 2006.

2. Fundamento de la objeción presentada por el Presidente de la

República Procurador General Concepto No.4117 Teniendo en cuenta que las cámaras legislativas insistieron en la constitucionalidad de los artículos 6 y 12 del proyecto de ley No. 21 de 2004, Cámara y No. 253 de 2005, Senado, "Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y

otras disposiciones”, este Despacho procederá al estudio de los dos artículos objetados, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 6. Requisitos para ejercer la profesión de psicólogo. Para ejercer la profesión de psicólogo se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley y obtenido la tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. (…)”. “Artículo 12. El Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa que representa los intereses profesionales de esta área de las ciencias humanas y de la salud, conformado por el mayor número de afiliados activos de esta profesión, cuya finalidad es la defensa, fortalecimiento y apoyo en el ejercicio profesional en el ejercicio profesional de la psicología, con estructura interna y funcionamiento democrático; a partir de la vigencia de la presente ley tendrá las siguientes funciones públicas: a) Expedir la tarjeta profesional a los psicólogos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley; b) Realizar el trámite de inscripción de los psicólogos en el “Registro Único Nacional del Recurso Humano en Salud” según las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social, y c) Conformar el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético para darle cumplimiento a lo establecido en el Código Deontológico y Bioético del ejercicio profesional de la Psicología de que trata la presente ley, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal efecto.” Los argumentos que expuso el Presidente de la República para sustentar la

objeción contra los artículos 6 y 12, se resume así: 2.1. Vulneración de los artículos 26, 38 y 103 de la Constitución Política 2 Procurador General Concepto No.4117 Según la objeción que presenta el Ejecutivo, los artículos 6 y 12 de la iniciativa legislativa vulneran lo dispuesto en los artículos 26, 38 y 103 de la Constitución Política, dado que la creación de colegios de profesionales tiene su origen en el derecho a la libre asociación y, por lo tanto, el legislador no podía interferir, como lo hizo, regulando la forma de asociación y la naturaleza jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos. Para sustentar la objeción, el Presidente de la República reitera la sentencia de la Corte Constitucional C-226 de 1996, pues considera que las consideraciones que la mencionada Corporación acogió en esa ocasión, se ajustan plenamente al proyecto de ley objetado en esta oportunidad.

3. Insistencia del Congreso de la República 3.1. En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, el Congreso de la República nombró las correspondientes comisiones para estudiar las objeciones y presentar un informe sobre las mismas, informe que se sometería a la discusión y aprobación de cada una de las plenarias. Las mencionadas comisiones integradas por tres miembros del Senado de la República, y tres de la Cámara de Representantes, presentaron los respectivos informes en forma conjunta a consideración de las plenarias y, con fundamento en las razones que se resumirán a continuación, se solicitó declarar infundada la objeción presidencial contra los

artículos 6 y 12 del mencionado Proyecto. El informe fue aprobado por la plenaria de ambas cámaras en sesión del 9 de mayo de 2006, según las certificaciones secretariales que obran en la copia del expediente legislativo que fuera remitido al Despacho del Procurador General de la Nación. 3.2. En el informe presentado a las Cámaras, se rechazó la objeción del Gobierno al proyecto de ley de la referencia, por considerar que éste no vulnera ni la integridad ni la superioridad de la Carta Fundamental, conforme a los argumentos que a continuación se exponen: 3 Procurador General Concepto No.4117 3.2.1. El Congreso advierte que la sentencia C-226 de 1994 no es aplicable al proyecto de ley analizado porque en esa ocasión se debatió la constitucionalidad de una normativa que disponía la creación del Colegio Profesional de Bacteriólogos, circunstancia que no se presenta en el proyecto de ley ahora objetado, pues éste no se refiere a la creación legal del Colegio Colombiano de Psicólogos, el cual ya fue creado por los psicólogos de Colombia. Adicionalmente, señala que el proyecto de ley le asigna funciones públicas al Colegio Colombiano de Psicólogos y esa es la circunstancia que distingue a los colegios de profesionales de las asociaciones, las cuales pueden coexistir simultáneamente con aquellos. Finalmente, precisa que el Colegio Colombiano de Psicólogos es la única entidad asociativa que representa los intereses profesionales de los psicólogos.

4. Problema jurídico Habrá de establecerse si por medio de los artículos objetados el legislador excedió

su competencia disponiendo aspectos del Colegio Colombiano de Psicólogos cuya regulación compete exclusivamente a los particulares y, por lo tanto, desnaturalizando su origen, con vulneración del derecho de asociación a que se refieren los artículos 26, 38 y 103 de la Carta Política. Al respecto, el Procurador General de la Nación considera lo siguiente:

5. Marco constitucional de los Colegios Profesionales 5.1. En numerosos fallos, la Corte Constitucional se ha referido a los criterios de diferenciación y regulación de los oficios y profesiones a que se refiere el artículo 26 superior. En ese orden, se ha ocupado del análisis del derecho de asociación, genéricamente considerado (artículo 38 ibídem) así como de sus diferentes manifestaciones (por ejemplo el derecho a la asociación sindical, el derecho a la

4 Procurador General Concepto No.4117 asociación religiosa, el derecho a la asociación profesional y el derecho a la conformación de partidos y movimiento políticos, entre otros), puntualizando en cada caso concreto, las potestades y límites que debe observar el legislador. Específicamente en lo que toca con los colegios profesionales, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial que evidencia las características que singularizan a este tipo asociativo de las demás, estableciendo los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si el legislador ha actuado dentro de los límites constitucionales o, si por el contrario, ha desbordado sus facultades de reglamentación. 5.1.1. Es así como mediante sentencia C-606 de 1992, la Corte Constitucional decidió sobre una demanda contra los artículos 2o. (parcial); 4o.; 8o. (parcial); 9o,

10º. y 11 de la Ley 70 de 1979, "Por la cual se reglamenta la profesión de topógrafo y se dictan otras disposiciones sobre la materia", en la que, además de otros temas, analizó si en los términos de los artículos 26 y 103 de la Carta, el legislador podía otorgarle a la Asociación Nacional de Topógrafos, el cumplimiento de ciertas funciones públicas. En dicho fallo la Corte señaló que el artículo 26 de la Constitución alude expresamente a la posibilidad de que la ley le atribuya a los colegios profesionales el cumplimiento de funciones públicas, desechando de esa manera que las asociaciones de profesionales sean destinatarias de dicha atribución, en virtud de las diferencias existentes entre estas formas asociativas. 5.1.2. En sentencia C-226 de 1994 la Corte asumió el conocimiento de una demanda de constitucionalidad contra los artículos 1º (parcial), 4º, 5º, 6º, 7º, 8º (parcial), 10 (parcial) de la Ley 36 de 1993 “Por la cual se reglamenta la profesión de Bacteriólogo y se dictan otras disposiciones”. En esa oportunidad el problema jurídico planteado consistió en determinar si la iniciativa sobre la creación del Colegio Nacional de Bacteriología debía haber sido promovida por el gobierno o, si por el contrario, no se requería tal iniciativa gubernamental. Para el efecto, se estudiaron temas como la reglamentación de las profesiones, así como las diferencias existentes entre los Colegios Profesionales, las asociaciones de profesionales y las Entidades Estatales y con base en lo anterior, se analizó la

5 Procurador General Concepto No.4117 naturaleza jurídica del mencionado colegio. Al respecto, se concluyó que su naturaleza era pública y, como tal, su creación era inconstitucional, ya que la iniciativa de la Ley 36 de 1993 partió del Senado de la República. 5.1.3. Ahora bien, mediante sentencia C-492 de 1996, se examinó la constitucionalidad de los artículos 79 (parcial) de la Ley 223 de 1995 y 27 (parcial) del Decreto 2150 de 1995, los cuales fueron acusados por considerar que desconocían el derecho de asociación, toda vez que en opinión del actor, implicaban la exclusión de los peritos avaluadores no afiliados a las lonjas de propiedad raíz, del ejercicio lícito de su profesión. En este fallo, la Corte destacó las características y particularidades de los Colegios Profesionales así como su finalidad a la luz de la Constitución. 5.1.4. Con ocasión de una demanda contra el Decreto 960 de 1970, artículos 191, 192, 193, 194 y contra la Ley 29 de 1973, artículos 7 y 8, referidos al Colegio de Notarios, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-399 de 1999, declarando inexequible dichas disposiciones. Se examinó la naturaleza jurídica de las funciones notariales y del Colegio de Notarios, para concluir que el notariado no era una profesión reconocida y que por lo tanto, la expresión “colegio de notarios” estaba en contradicción con el ordenamiento Superior. 5.1.5. De otra parte, mediante sentencia C-482 de 2002, se declararon fundadas

las Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley No. 87/01 Senado - 148/01 Cámara “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Bacteriología, se dicta el código de Bioética y otras disposiciones”. En esa oportunidad se debatió si el legislador podía crear como órgano del orden nacional, el Consejo Profesional Nacional de Bacteriología. En el fallo, la Corporación recordó que los llamados Consejos o Comités Profesionales (sentencia C-964 de 1999) tienen carácter estatal y, por tanto, no pueden confundirse con los Colegios Profesionales que autorice la propia ley, ni con las asociaciones profesionales. La Corte determinó que además de tratarse de la creación de un órgano del orden nacional la 6 Procurador General Concepto No.4117 existencia del Consejo afectaba la estructura de la Administración Nacional y por lo tanto era necesaria la iniciativa gubernamental prescrita en el artículo 154 de la Constitución, en armonía con el artículo 150-7 de la misma Constitución. 5.1.6. Finalmente, en la sentencia C-078 de 2003, se analizaron las Objeciones Presidenciales a los artículos 25, 26, 27, 28 y 80 del proyecto de Ley No. 44 de 2001 - Senado de la República-, 218 de 2002 -Cámara de Representantes–, “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. Se estudió si a la luz del artículo 154 de la Constitución era válido que el artículo 25 del proyecto de ley,

fijara 1a naturaleza jurídica del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías, como autoridad pública con funciones de tribunal de ética y policía administrativa, y lo creara como un ente autónomo con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y organización interna propia, de acuerdo con sus necesidades y determinación. Concluyó la Corte que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería reunía un conjunto de características que permitían catalogarlo como un órgano del nivel central del orden nacional, puesto que fue creado por el legislador como una entidad conformada por autoridades públicas y particulares, que ejerce funciones administrativas y cuyos gastos de funcionamiento han sido sufragados con recursos públicos y que dado que el proyecto de ley modificaba su estructura y organización, era necesario que el proyecto de ley tuviera la iniciativa gubernamental. 5.2. De los anteriores antecedentes jurisprudenciales pueden extraerse las siguientes consideraciones en relación con la naturaleza y características de los Colegios Profesionales, así: 5.2.1. En general, el derecho de asociación, es el ejercicio libre y voluntario de los ciudadanos encaminado a fundar o integrar formalmente agrupaciones 7 Procurador General Concepto No.4117 permanentes con propósitos concretos, pero además incluye un aspecto negativo: que nadie pueda ser obligado directa o indirectamente a formar parte de una asociación determinada. 5.2.2. El artículo 26 de la Constitución es una manifestación específica del derecho de asociación que consagra los siguientes aspectos: i) la proclamación del derecho de toda persona a escoger, de manera libre, profesión u oficio; ii) la

potestad legal para determinar la exigencia de títulos de idoneidad; iii) la reserva de ley respecto de las normas básicas conforme a las cuales se ejerza la inspección y vigilancia sobre las profesiones1; iv) la previsión de que “las autoridades competentes” inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones con la precisión de que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social; v) las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en Colegios cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos2 y, vi) la previsión de que la ley podrá asignarle a las profesiones que se organicen en Colegios funciones públicas y establecer los debidos controles.3 5.2.3. Si bien toda persona es libre de escoger profesión u oficio, la ley está autorizada para exigir títulos de idoneidad -uno de los cuales puede ser precisamente, además del académico, el que proviene del aval otorgado al individuo por un Colegio Profesional, y que, adicionalmente, las autoridades competentes están en la obligación de inspeccionar y vigilar dicho ejercicio.4 5.2.4. La intervención del Estado en el derecho fundamental consagrado en el artículo 26 de la Carta debe respetar la garantía general de igualdad y de libertad que conforman su contenido esencial. Así las cosas, la reglamentación de una profesión no puede favorecer, implícita o explícitamente, discriminaciones injustas, 1 Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2000 2 Corte Constitucional, sentencia C-946 de 1999

3 Corte Constitucional, sentencia C-482 de 2002 4 Corte Constitucional, sentencia C-492 de 1996 8 Procurador General Concepto No.4117 fundadas en distinciones artificiosas entre trabajo manual o trabajo intelectual o entre oficios y profesiones.5 5.2.5. Los Colegios Profesionales constituyen una categoría especifica de asociaciones de profesionales pero que no abarca a todas éstas6, y se definen como corporaciones esencialmente de naturaleza privada, constituidos por grupos de personas particulares, asociadas en atención a una finalidad común.7 5.2.6. El objetivo constitucional de los Colegios Profesionales es permitir el acceso de todos los profesionales que quieran vincularse a ellos, en igualdad de oportunidades y con el sólo fundamento de pertenecer a determinada profesión8. 5.2.7. La Constitución autoriza a los profesionales, para que de manera libre puedan constituir Colegios Profesionales y organizarse mediante ellos, siempre y cuando su estructura interna y funcionamiento sean democráticos, lo que indica que “no se trata de círculos cerrados o exclusivos a los que únicamente pueden acceder determinadas clases de personas.”9 5.2.8. Las disposiciones que le otorgan funciones públicas a los colegios profesionales buscan aprovechar, en beneficio del interés público, la experiencia y el reconocido prestigio de dichas asociaciones con el fin de propender por la eficiencia, celeridad y economía en lo concerniente al servicio que prestan, y como una manera de asegurar la participación “de los profesionales en las funciones públicas de carácter respresentativo y de interés general”10 y ello encuentra pleno

respaldo en el artículo 26 constitucional, en armonía con la previsión consagrada en el artículo 123 de la Carta, a cuyo tenor la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará 5 Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1994 6 Corte Constitucional, sentencias C-606 de 1992 y C-399 de 1999, entre otras 7 Corte Constitucional, sentencia C-226 de 1999 8 Corte Constitucional, sentencia C-399 de 1999 9 Corte Constitucional, sentencia C-492 de 1996 10 Corte Constitucional, sentencia C-226 de 1994 9 Procurador General Concepto No.4117 su ejercicio. Pero, además, el artículo 209 de la Constitución, específicamente aplicable a la función administrativa, declara que está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones11. 5.2.9. Aunque la Ley no puede crear directamente colegios de profesionales por pertenecer dichas entidades a la dinámica propia de la sociedad civil, el Congreso ostenta una amplia potestad en cuanto a la conformación del órgano o entidad encargado de las funciones públicas relacionadas con las profesiones legalmente establecidas12, la determinación de las funciones y la decisión de si crea un órgano o entidad del orden nacional, o si más bien, en desarrollo del mismo artículo 26, en concordancia con el artículo 103 de la Constitución, atribuye la función a la asociación profesional que se organice como Colegio Profesional en los términos que señale la ley13. Así pues, la ley está facultada para regular lo relativo a la

estructura y funcionamiento de los colegios porque su finalidad es representar globalmente a quienes ejercen determinada profesión y para ello debe existir una norma básica que democratice los requisitos exigidos para formar parte de la entidad, así como la conformación de los órganos competentes para tomar decisiones sobre las normas del colegio, y la admisión o suspensión de los miembros.14 5.2.10. Las asociaciones de profesionales y los colegios de profesionales son distintos, porque la misma Constitución les da un tratamiento distinto a ambas organizaciones. En efecto, no siempre es idéntica la regulación que la Carta da a las asociaciones, entendidas éstas en sentido genérico, ya que “la normatividad constitucional aplicable, depende del tipo de asociación y de las finalidades que ésta persiga, lo cual tiene consecuencias profundas tanto sobre las posibilidades de reglamentación legal como sobre los alcances del control constitucional”.15 En 11 Corte Constitucional, sentencias C-492 de 1996 y 078 de 2003 12 Corte Constitucional, sentencia C-251 de 1998 13 Corte Constitucional, sentencia C-482 de 2002 14 Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1994 15 Corte Constitucional, sentencia C-399 de 1999 10 Procurador General Concepto No.4117 ese sentido es claro que el artículo 26 Superior autoriza a la ley para asignarles funciones públicas a los Colegios Profesionales pero dicha atribución no se extiende a las asociaciones de profesionales, precisamente porque el Texto constitucional no exige a las asociaciones de profesionales un carácter democrático igual, al que impone a los Colegios Profesionales, en relación con el

acceso a ellos. En efecto, las asociaciones de profesionales a que se refiere el artículo 103 de la Carta Política, pueden fijar parámetros especiales para la incorporación de personas, estando habilitadas constitucionalmente para representar los intereses de todo el gremio profesional o solo de una parte de él16, mientras que es obligación indispensable de los colegios la de tener una estructura y funcionamiento democrático para garantizar que todas las personas que observen los requisitos legales para ejercer la profesión de que se trate pueda, sin más exigencias, formar parte del colegio, de sus órganos de decisión y de gestión, y para que no se convierta en el instrumento de defensa de intereses particulares17. 5.2.11. Organismos como los llamados Consejos o Comités Profesionales18 tienen carácter estatal y por tanto no pueden confundirse con los Colegios Profesionales que autorice la propia ley, ni con las asociaciones profesionales19.

6. Del Colegio Colombiano de Psicólogos. Naturaleza jurídica.

Constitucionalidad de los preceptos objetados 6.1. Según la objeción que presenta el Ejecutivo, los artículos 6 y 12 de la iniciativa legislativa vulneran lo dispuesto en los artículos 26, 38 y 103 de la Constitución Política porque el legislador no podía interferir, como lo hizo, regulando la forma de asociación y la naturaleza jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos. 16 Corte Constitucional, sentencia C-399 de 1999 17 Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1994 18 Corte Constitucional, sentencia C964 de 1999

19 Corte Constitucional, sentencias C-606 de 1992, C-266 de 1994, C492 de 1996 11 Procurador General Concepto No.4117 6.2. Para el Despacho es claro que al reglamentar el ejercicio de la psicología, el legislador actuó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución que lo habilita para regular las profesiones y determinar las autoridades competentes que inspeccionarán y vigilarán su ejercicio. Veamos: 6.2.1. Mediante el Proyecto de Ley número 021/04 Cámara - 253/05 Senado, el Congreso de la República definió el concepto de la psicología; determinó los principios universales que rigen el ejercicio de esa profesión; delimitó el campo de acción en el ejercicio de la profesión; estableció los requisitos para ejercer la psicología y para obtener la tarjeta profesional; definió lo que se entiende por ejercicio ilegal de la profesión y las sanciones a los particulares que violen las disposiciones de la ley; reguló el ejercicio de la profesión por parte de los profesionales extranjeros; reconoció los derechos, deberes y obligaciones del profesional de la psicología; en el Título VI le otorgó funciones públicas al Colegio Colombiano de Psicología; finalmente, estableció el Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión y el régimen disciplinario correspondiente. 6.2.2. La primera expresión asociativa por parte de los profesionales de la psicología surgió con ocasión de la creación de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI, la cual nació “en la década de los 80

respondiendo a la necesidad de organizar y coordinar la actividad de formación de psicólogos y desarrollar diversas políticas con el fin último de fomentar el desarrollo de la Psicología en el país. El acto de protocolización de la asociación se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el 2 de Noviembre de 1986. La personería Jurídica de ASCOFAPSI fue otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá el 12 de abril de 1993. De igual fecha son los Estatutos Iniciales, cuya primera reforma fue aprobada por la Asamblea ordinaria el 13 de Junio de 1997, y se mantiene vigente hasta hoy día. Por otra parte, la Inscripción en la Cámara de Comercio (No. 09177 del 3 de Octubre de 1997) fue certificada por la Alcaldía mayor de Bogotá el primero de Julio de 1997. En la asamblea general de 1999, realizada en la 12 Procurador General Concepto No.4117 ciudad de Pasto, ASCOFAPSI acordó auspiciar la creación del Colegio Colombiano de Psicólogos.”20 (Resaltado fuera del texto). En el mismo sentido, si se examinan los antecedentes del Colegio, puede observarse que inicialmente coexistían dos colegios profesionales de psicólogos de Colombia: el Colegio Colombiano de Psicología, ACOLPSIC, y el Colegio Oficial de Psicólogos de Colombia, COPSIC, los cuales se fusionaron en un sólo Colegio que represente a todos los psicólogos colombianos. Los estatutos del Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSIC, fueron dados en Bogotá, D.C. a los 13 días

del mes de septiembre de 200421. Así pues, tal y como lo afirma el Congreso en su escrito de insistencia, el Colegio Colombiano de Psicólogos es de creación privada. De ahí que contrario a lo afirmado en las objeciones presidenciales, pueda señalarse, sin lugar a dudas, que mediante las disposiciones objetadas el legislador no intervino en la creación de esta entidad particular: el artículo 12 objetado se limita a reiterar la naturaleza y la misión del Colegio, para luego atribuirle algunas funciones públicas, entre las que se encuentra la de expedir la tarjeta profesional, función a que se refiere también el artículo 6 objetado. 6.2.3. Una vez descartado que el legislador hubiese intervenido en la creación del Colegio Colombiano de Psicólogos, es necesario determinar si el legislador podía asignarle las siguientes funciones públicas: i) Expedir la tarjeta profesional a los psicólogos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley; ii) Realizar el trámite de inscripción de los psicólogos en el “Registro Único Nacional del Recurso Humano en Salud” según las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social, y iii) Conformar el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético para darle cumplimiento a lo establecido en el Código Deontológico y Bioético del ejercicio profesional de la Psicología de que trata la presente ley, de acuerdo con 20 http://www.ascofapsi.org.co , 7 de junio de 2006 21 http://www.uam.edu.co/Noticias/popups/documentos/estatcolegio.doc , 8 de junio de 2006 13 Procurador General

Concepto No.4117 la reglamentación que se expida para tal efecto.” (Proyecto de Ley No. 21/04 Cámara - 253/05 Senado, artículo 12). Al respecto debe reiterarse que el artículo 26 de la Constitución habilita expresamente al legislador para que, eventualmente, le otorgue funciones públicas a los colegios profesionales (artículo 123 de la Carta Política), apelando a la figura de la descentralización por colaboración (artículo 209 ibídem), el Estado puede acudir al apoyo de los particulares en el desempeño de algunas funciones, pues cuando su manejo exige el concurso de personas con una formación especializada o cuando los costos y el esfuerzo organizativo requiere el montaje de una estructura técnica adecuada para llevar a cabo la prestación del servicio público especial, resulta fiscalmente onerosa y menos eficiente que la opción de utilizar el apoyo del sector privado22. En el mismo sentido, el referido principio de descentralización por colaboración lo ha entendido la Corte como derivado del principio de participación en los asuntos estatales y en el cumplimiento de los fines del Estado, en cuanto encargar a los particulares del ejercicio directo de funciones administrativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 210 superiores, en concordancia con el artículo 40 numeral 7 ibídem23. 6.2.4. Dilucidado el punto y entendiendo que a la luz de la Constitución es válido que mediante el artículo 12 objetado el legislador le hubiese otorgado funciones públicas al Colegio Colombiano de Psicólogos, debe recordarse que cuando se vincula a particulares para el ejercicio de funciones públicas, en virtud de la mencionada descentralización por colaboración, no obstante los controles y

responsabilidades a los que se encuentran sujetos por parte del Estado, dichos particulares no pierden su condición de tales. Las atribuciones públicas y el ejercicio de la función no modifican per se, la naturaleza privada de las personas jurídicas, pero en el ejercicio de las atribuciones éstas se hallan sujetas a las reglas propias de la función que ejercen, pues en razón del acto de habilitación ocupan el lugar de la autoridad estatal, con sus obligaciones, deberes y prerrogativas24. 22 Corte Constitucional, sentencia C-1508 de 2000 23 Corte Constitucional, sentencia C-543 de 2001 24 Corte Constitucional, sentencia C-167 de 1995 14 Procurador General Concepto No.4117 6.3. Desde la perspectiva anotada, los argumentos expuestos en el escrito de objeciones no solo no carecen de sustento, sino que pretenden darle a la normativa y a la jurisprudencia constitucional sobre el tema, un alcance opuesto al que tienen, pues en realidad, los preceptos acusados en vez de contradecir los artículos constitucionales cuya vulneración se demanda, los desarrollan plenamente, teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Constitución Política, el Colegio Colombiano de Psicólogos es un producto de la capacidad asociativa creadora de los elementos sociales de un cuerpo social, y no de creación legal; por ello, no obstante que en desarrollo del artículo 26 de la Carta, en concordancia con los artículos 123 y 209 ibídem, el legislador le asignara funciones públicas por medio de las disposiciones censuradas, el origen del Colegio parte de la iniciativa de personas que ejercen la profesión de psicología y

quieren asociarse, condición q