PGN - DERECHO DE CONTRADICCION No se agota con la posibilidad de la defensa de interrogar

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M.P.: Dr. Jorge Luís Quintero Milanes.

Bogotá, D.C.

REF.: Concepto Demanda de casación (Rad. 23.798) El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia adversa a los procesados Eduardo Martínez Martínez y Johana Rocío Morales Castañeda que dictó en primera instancia el Juzgado Trece Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial en relación con los delitos de Homicidio Agravado, Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de defensa personal.

Los defensores de los sentenciados interpusieron el recurso extraordinario de casación y admitidas como fueron las respectivas demandas, procede el Agente del Ministerio Público, Delegado del Procurador General de la Nación, a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

1.- HIPÓTESIS DELICTIVA.

La noche del 2 de mayo de 2001, Edgar Hernando Huertas, conductor del taxi de placas SHG-518 atendió la solicitud de prestación del servicio de transporte a una mujer y tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, y en cercanías de la Calle 215 con Carrera 50 bajo intimidación pretendieron bajarlo para apoderarse del automotor, pero en vista de que opuso resistencia, uno de los atracadores le disparó en la cabeza y le causó de inmediato la muerte. Los delincuentes fueron todos capturados, dos de ellos instantes después cuando emprendían la huida en el mismo vehículo hurtado, gracias a la persecución de un

sinnúmero de taxistas que pidió la ayuda de la autoridad.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

La judicialización de los menores infractores correspondió a la jurisdicción competente y los otros que dijeron responder a los nombres de Eduardo Martínez Martínez y Johana Rocío Morales Castañeda, una vez fueron puestos a disposición de la Fiscalía, rindieron indagatoria dentro de la investigación penal que se les inició y en contra de ellos se dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por el concurso de delitos de Homicidio Agravado, Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de defensa personal. 2 En virtud de los recursos de reposición y en subsidio de apelación, la Fiscalía 31 Delegada de la Unidad Tercera de Vida, mantuvo en firme la medida cautelar personal y también la segunda instancia la confirmó. En el curso de la instrucción, se allegaron copia de la versión que rindió el menor Diego Mauricio Avellaneda Martínez ante el Juzgado Sexto de Menores e igualmente la declaración del también menor Felipe Prieto Martínez. Posteriormente se clausuró el ciclo averiguatorio y tras la ejecutoria de la decisión con la resolución desfavorable del recurso de reposición que interpuso el defensor de la procesada, la Unidad Tercera de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal calificó el mérito probatorio del sumario con Resolución de Acusación del 30 de agosto de 2001 y llamó a responder en juicio criminal a Eduardo Martínez Martínez y Johana Rocío Morales Castañeda por los delitos de Homicidio Agravado, Hurto Calificado Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de

defensa personal. De la decisión apelaron los defensores y la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la suya del 19 de octubre de la misma anualidad, la confirmó sin modificaciones. El conocimiento de la etapa procesal del juzgamiento correspondió al Juzgado Trece Penal del Circuito, y durante la apertura del juicio a pruebas, además de otras, el asistente judicial de Johana Rocío Morales Castañeda solicitó la práctica del testimonio de los menores también protagonistas de los hechos, Diego Mauricio Avellaneda Martínez y Felipe Prieto Martínez, petición que se negó en el curso de la audiencia preparatoria, conjuntamente con la nulidad de la actuación que también se deprecó. El juez de la causa estimó que la versión de los dos ya reposaba en los autos como prueba trasladada y no era permitido legalmente someterlos a un interrogatorio en un escenario distinto a la jurisdicción de menores donde tenían la calidad de presuntos infractores. Dejó, así mismo, constancia que si bien la procesada en ejercicio del derecho de defensa tenía el derecho de contra-interrogar a los testigos en su contra, en este caso desde la óptica del ordenamiento constitucional el derecho de protección de los menores tenía carácter prevalente. Mantuvo la tesis al resolver el recurso de reposición que se interpuso por la defensa contra la decisión nugatoria de las pruebas y mediante la impugnación de alzada el Tribunal Superior la confirmó. En esa misma fase se admitió la constitución de parte civil mediante apoderado de los hijos menores de la víctima, representados por la madre Ludovina Niviayo Torres. 3 Rituado el juicio oral, finalmente se dictó la sentencia del 19 de junio de 2002 por

medio de la cual se declaró responsables a los acusados de los delitos imputados y se los condenó en calidad de coautores a la pena principal de treinta y cuatro (34) años de prisión cada uno y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años. También se los condenó al pago solidario del equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los daños y perjuicios ocasionados con los punibles y en favor de quienes fueron reconocidos como parte civil. Apelado como fue el fallo por los defensores de ambos procesados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el suyo del 8 de agosto de 2003, lo confirmó sin modificaciones. Contra la unidad jurídica inescindible que constituyen las sentencias de primera y segunda instancia, en nombre y representación de los dos procesados, se interpone el recurso extraordinario de casación.

3.- DEMANDA A NOMBRE DE JOHANA ROCÍO MORALES CASTAÑEDA.

Se formulan dos cargos, principal y subsidiario, con fundamento en las causales de casación tercera y primera, cuerpo segundo, respectivamente. 3.1.- Primer cargo. Acusa a las sentencias de haber sido dictadas dentro de un proceso viciado de nulidad, por diferentes razones: 3.1.1.- Violación del debido proceso. Califica la irregularidad de naturaleza constitucional, porque a juicio del Letrado se desconoció la garantía fundamental del inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Nacional consistente en el derecho que tiene todo sindicado de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.

También indica que en forma idéntica el artículo 1° del Decreto 2700 de 1991 que rigió el presente asunto pregonaba la garantía al debido proceso como norma rectora, y así mismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada mediante Ley 16 de 1972 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Ley 74 de 1968 establece entre otras garantías judiciales el derecho de la defensa de interrogar a los testigos y a obtener la comparecencia de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Destaca que por razón de su minoría de edad dos de los comprometidos en la delincuencia rindieron versión libre ante el Juzgado Sexto de Menores de Bogotá y traídas en calidad de prueba trasladada a este proceso, en particular la de Diego Mauricio Avellaneda Martínez, se las convirtió en prueba de cargo contra la 4 procesada y fue pieza fundamental para que se dictara medida de aseguramiento, resolución de acusación y sentencia definitiva. Según añade, no se tuvo la oportunidad de controvertir esta prueba porque el Juzgado negó la solicitud del defensor de la citación del deponente con el fin de que aclarara sobre su estado anímico y mental el día de su primera versión contra su incriminada teniéndose en cuenta sus manifestaciones de falta de recuerdo de lo sucedido y las constancias del Juez sobre su inaptitud para declarar, el conocimiento de la clase, marca, calibre y manejo de armas que tuviera Johana Rocío Morales Castañeda, sus novios y cargos de éstos como de sus familiares en el Ejercito, y por último explicara las razones por las cuales siendo antes de los

hechos una joven estudiante y trabajadora confiaban en ella y era considerada la fortaleza de la actividad delictiva. Insiste que con las respuestas a estos cuestionamientos de interés defensivo, habrían servido para controvertir la prueba trasladada y demostrar que existió una coacción para que la joven acompañara por amor a su novio, jamás en actitud delincuencial. En síntesis, alega que se probaría la insuperable coacción ajena o el miedo insuperable con el que actuó ella y también establecer que fue partícipe pero no autora ni determinadora de las conductas delictivas, todo en razón de que fue el propio Avellaneda Martínez quien la convenció de que participara. Por todo lo anterior, estima que la prueba trasladada relacionada con el testimonio que rindió Diego Mauricio Avellaneda Martínez ante la jurisdicción de menores es constitucional y legalmente nula de pleno derecho por cuanto fue obtenida con violación del debido proceso y en su apoyo apela tanto a la jurisprudencia constitucional (Sentencia T-490 del 13 de agosto de 1992) como a la opinión de la doctrina. En consecuencia, pide la nulidad a partir del cierre de la investigación inclusive. 3.1.2Violación al Principio de Investigación Integral. Alega que este principio de raigambre constitucional porque emana del artículo 29 de la Constitución Política y también legal conforme al artículo 20 de la Ley 600 de 2000 fue desconocido por cuanto el instructor como también los juzgadores de primera y segunda instancia omitieron investigar lo favorable a los intereses de la procesada, o averiguar la verdad de los hechos y verificar en que medida las

circunstancias a su favor permitían excluir o atenuar su responsabilidad. En concepto del impugnante, el desconocimiento y falta de aplicación de esa norma rectora vulneró la garantía procesal de brindarle a la procesada la oportunidad de ejercer el contradictorio especialmente frente a la prueba con fundamento en la cual se fundó la acusación y la condena, porque el funcionario judicial se negó a ordenar la práctica del testimonio de Diego Mauricio Avellaneda 5 Martínez dentro de este proceso y sólo su versión ante la Juez de Menores, carente de verdad y llena de vacíos anímicos, mentales y conceptuales fueron aprovechados para llamarla a responder en juicio. Así, considera que se investigó e interpretó únicamente lo desfavorable pese a que dentro del traslado ordenado por el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal la defensa con el anhelo y el deseo de que se cumpliera una investigación integral solicitó su comparecencia al juicio para el correspondiente contrainterrogatorio y probar una causal excluyente de responsabilidad y subsidiariamente degradante de la misma y la pena. En la misma forma, arguye que el principio de investigación integral se vio afectado a partir de la negativa de pruebas en la etapa instructiva y solicita que se decrete la nulidad a partir del estadio procesal anterior al cierre de la investigación, a efecto que con la práctica de las mismas se reestablezca la verdad real de los hechos respecto de la participación de la incriminada. Trae a colación en sustento de lo que sostiene la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sentencias del 25 de abril y 1°

de agosto de 2002). 3.1.3.- Violación del Principio de Contradicción. Tras indicar que el principio de contradicción va de la mano con el de publicidad, argumenta que si bien tales principios se cumplen si la parte contra la que se opone participa en la práctica del testimonio, cuando esto último no sucede, porque se trata de prueba trasladada a otro proceso, para su aseguramiento es menester que el testigo sea sometido a ratificación, lo cual significa que se recepcione de nuevo para permitir su contra-interrogatorio, lo cual se debió hacer en relación con la versión de Diego Mauricio Avellaneda y su posterior ampliación. Agrega que de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, en nuestro sistema jurídico no tiene validez jurídica en ningún caso las pruebas respecto de las cuales se haya desconocido el principio de la publicidad, presupuesto indispensable para el ejercicio del derecho de contradicción y con arreglo a ello el testimonio trasladado de Diego Mauricio Avellaneda Martínez por ministerio de la norma superior es nulo de pleno derecho. En este caso, sostiene, que la parte contra quien se opone el testimonio llevado a la actuación en calidad de prueba trasladada, no participó en la práctica del mismo ante la jurisdicción de menores y como no se ratificó en este proceso es una prueba irregularmente allegada. Según expresa, con la práctica de nuevo de dicho testimonio, negada por el juzgador, se pretendía obtener por medio del interrogatorio pertinente que la procesada si bien acompañó a su novio por lazos amorosos, no fue autora, 6 coautora ni cómplice de la actividad delictual, porque no efectuó trabajo alguno

relativo a los hechos. Resalta que por enseñanza de la jurisprudencia cualquier menor de edad está habilitado para declarar dentro de un proceso penal con la consiguiente evaluación critica de su testimonio por parte de los funcionarios judiciales, porque las combinaciones penales están excluidas por la excepción que hacía el artículo 282 del Decreto 2700 de 12991 y el artículo 266 de la Ley 600 de 2000 que eran las normas aplicables al caso sub-judice. 3.2.- Segundo cargo. Al amparo de la causal primera, cuerpo segundo, de casación, alega la violación indirecta de la ley de carácter sustancial, específicamente del artículo 277 de la Ley 600 de 2000 la cual establece los criterios para la apreciación del testimonio especialmente el concerniente a la forma como hubiere declarado el testigo y las singularidades que puedan observarse en su declaración, debido a un error de hecho por falso juicio de identidad, porque los juzgadores dejaron de valorar las constancias u observaciones del funcionario judicial cuando escuchó la versión de Diego Mauricio Avellaneda Martínez. Sostiene que respecto de esta prueba tenida en cuenta como única de cargo, se desconocieron reglas elementales y mínimas de la sana crítica, tergiversando el sentenciador su contenido material. Según explica no sólo se distorsiona dicho testimonio por la falta de aplicación de las reglas mínimas de la sana crítica, sino también porque se dejaron de apreciar las aclaraciones del deponente en cuanto solicitó que se le escuchara de nuevo en diligencia de exposición ya que lo dicho en el hospital no todo había sido así, aclaró que no le informó bien a su novia Johana en que consistía la vuelta y su

manifestación sobre el manejo experto de ella en armas la dijo bajo los efectos de medicamentos sin estar seguro de lo que decía, como también se ratificó en le sentido de que la participación de ésta sólo consistió en acompañarlo y estar con él. En resumen aduce que tal testimonio de cargo consta de dos partes y la primera sólo se aprecia mediante un falso raciocinio y aprovechada para dictar sentencia condenatoria sin tener en cuenta los juzgadores las reglas mínimas de la sana crítica, mientras que la otra no fue valorada ni apreciada en forma legal originándose así un trastocamiento del contenido material de la prueba.

4.- DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

En un sólo cargo y al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero, se acusa a la sentencia de violación directa de la ley de carácter sustancial, por falta de aplicación del articulo 283 de la Ley 600 de 2000, porque no se reconoció la 7 rebaja de pena a pesar de que se consideró la confesión del procesado como fundamento de la condena. Sostiene que las confesiones de los acusados fueron tan eficaces para la deducción de responsabilidad de cada uno de ellos, que no sólo sirvieron de plinto para la medida de aseguramiento y la acusación sino también de las sentencias de primera y segunda instancia según se advierte de las consideraciones de las providencias cuyos fragmentos para mayor comprensión y claridad reproduce en sus apartes pertinentes. Particularmente aclara que el Tribunal al enumerar los elementos de convicción que tuvo en cuenta para la confirmación del fallo de condena, consideró tanto el

informe de la Policía Metropolitana de Bogotá que da cuenta de la captura de los incriminados cuando huían en el vehículo objeto del hurto, como la confesión de Eduardo Martínez Martínez en cuanto aceptó ser el dueño del arma de fuego con la que se produjo la muerte al conductor y su participación en la delincuencia. En su propósito de demostrar que se desconoció la rebaja de pena que establece la ley cuando se trata de la confesión, explica que ésta no se desvirtúa en el presente caso por el simple hecho de que los procesados hubieran sido capturados en situación de flagrancia, como quiera que no quedó absorbida por la última y, por el contrario, fue el fundamento para establecer la condena por coautoría impropia. En síntesis, alega que la confesión aportó datos que sirvieron de fundamento para la deducción de responsabilidad por unidad de designio y división de roles para el éxito delincuencial, tales como (1) el acuerdo previo de los procesados para realizar las actividades delictivas el día de los hechos; (2) la ejecución de la primera de las conductas ilícitas de Hurto; (3) la concertación para la ejecución del apoderamiento del segundo automotor y la manera como se perpetró el delito y el reprochable Homicidio por parte de Edgar Huertas; y (4) la forma de la huida del lugar de los hechos. En ese orden de ideas, insiste que no es posible que se considere a la confesión de los procesados intrascendente o ineficaz, o que no constituyó ningún aporte a la agilidad de la investigación, porque si fue necesaria para la condena como se

podía colegir de las providencias proferidas en contra de ellos. Estima que el Juzgador para proferir la condena no prescindió por completo de la confesión de los procesados; por el contrario, insiste, fue decisiva y sin ella no habría sido posible la condena en calidad de coautores responsables de los delitos de Homicidio Agravado, Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas de defensa personal. Solicita, en consecuencia, que se case parcialmente la sentencia y se reforme la pena mediante la rebaja de pena por confesión. 8

5.- CONCEPTO.

La coautoría, que algún sector de la doctrina llama impropia la define Johannes Wessels como la comisión mancomunada de un hecho punible mediante colaboración consciente y querida, y se basa en el principio de la división de las tareas y del reparto funcional de los roles. Según el mencionado autor, “Cada partícipe es aquí, como compañero con iguales derechos, cotitular de la resolución común y de la realización mancomunada del tipo, de modo que las distintas contribuciones se complementa en un todo unitario y el resultado total debe atribuirse a cada participe”1. En este concreto particular, por la muerte del conductor de nombre Edgar Hernando Huertas que se ejecutó por uno de los menores de los cuatro viandantes para facilitar el hurto del vehículo automotor del que habían solicitado el servicio de transporte, se acusó y finalmente declaró responsables de los delitos de Homicidio Agravado, Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de defensa personal tanto a Eduardo Martínez Martínez como a Johana

Rocío Morales Castañeda, en calidad de coautores. A esa conclusión llegó el sentenciador de primer grado, según expresó, “Si ha de tenerse presente que tanto Johana como Eduardo estuvieron con los demás miembros de la sociedad criminal por espacio de casi diez horas libres de toda intimidación, sin que en ningún momento decidiera separarse del grupo o tomar rumbo diferente y lo que es más relevante aún, estuvieron participando en cada una de las actividades desarrolladas aquella tarde, sumándose como hecho contundente y decisivo (que fundamenta una autentica coautoría), el que se anuncian en autos dos actos delictivos cometidos en idéntica circunstancia de modus operandi, que permiten concluir sin equívocos que la única razón que motivaba a Johana y a Eduardo para continuar con el grupo, era lograr una vez más el designio delictivo acordado, máxime que había sido exitosa una primera acción.” El Tribunal, a su turno, también estimó que la participación de los acusados se adecua perfectamente al fenómeno de la coautoría, así no hubieran cometido la occisión, porque todos los asaltantes del automotor desarrollaron comunitariamente una misma y compleja operación delictiva con división de trabajo, de tal modo que cada uno ejecutó una parte diversa de la empresa común. Para el sentenciador colegiado todos debían ser considerados coautores, porque tenían el dominio del hecho que realizaron de manera mancomunada, por la circunstancia de la “incursión al taxi para la consumación de un delito contra el patrimonio económico, mediante el empleo de arma de fuego, obligar a Edgar Hernando Huertas a entregar el dinero producido y su automotor y como ocurrió

causarle su deceso”. 1 Derecho Penal – Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1980, Pag. 157. 9

5.1.- DEMANDA PRESENTADA A NOMBRE DE JOHANA ROCÍO MORALES

CASTAÑEDA.

Pretende desvirtuar la doble presunción de legalidad y acierto de la unidad jurídica inescindible que constituyen en este caso las sentencias de primera y segunda instancia, mediante dos cargos, respectivamente, uno por nulidad y el otro subsidiario por infracción indirecta de la ley de carácter sustancial originada en errores de apreciación de la prueba. 5.1.1.- Primer cargo. Censura el actor la infracción de las garantías de linaje constitucional y derechos fundamentales desarrollados por la ley y pide rehacer el proceso desde el cierre de la investigación, porque según considera la responsabilidad penal de la acusada se funda exclusivamente sobre la versión que rindió este coparticipe de los hechos ante la Juez Sexta de Menores de Bogotá los días 8 de mayo y 2 de agosto de 2001 y traída como prueba trasladada por la Fiscalía 31 Seccional Delegada de la Unidad Tercera de Vida y la validez del merito probatorio de dicho medio de convicción la pone en cuestión basado en la violación del debido proceso, y de los principios de investigación integral y de contradicción. A) Claramente afirma que la prueba trasladada relacionada con la versión del menor infractor es nula de pleno derecho y como fundamento de derecho cita el artículo 29 de la Constitución Política, sin embargo, si bien menciona que la prueba trasladada requería de su ratificación dentro del proceso, no acude al

señalamiento de ninguna norma medio infringida relacionada con la regulación de la aducción y los requisitos necesarios para su validez. Si se trató como todo indica de la proposición acerca de la violación al debido proceso probatorio, debió acudir a la violación indirecta de la ley de carácter sustancial conforme a la causal primera, cuerpo segundo, de casación, por falso juicio de legalidad, porque es sabido que el vicio en la prueba la excluye del recaudo probatorio y no afecta la estructura del proceso. Con arraigo en la norma de linaje constitucional, del bloque de constitucionalidad y el desarrollo legal, alude también al derecho que tiene todo sindicado de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en su contra, pero la argumentación no es distinta a la de los reproches específicos de violación al principio de investigación integral y de contradicción. B) Plantea el recurrente que se violaron las anteriores garantías porque se negó la solicitud de la comparecencia del menor al juicio oral público y de ese modo se impidió su contra-interrogatorio para aclarar la situación favorable a la procesada de su proceder con intención inocentemente distinta a la de los otros que acompañaba, por varias razones. 10 Su afirmación conforme a la cual se dejó de lado todo lo que podía favorecer a la acusada, porque no se investigó la posibilidad de que ella hubiera actuado con intención inocente por desconocer los planes de los otros jóvenes y en últimas que obró bajo la insuperable coacción a la que fue sometida, carece de todo fundamento por cuanto en relación con los supuestos interrogantes que debían ser despejados con la recepción de la declaración del menor se pretende avizorar sin

razones claras causales excluyentes o degradantes de responsabilidad, que resultan contrarias o ajenas al desarrollo del iter criminis y a toda la evidencia probatoria. En la ampliación de indagatoria del 20 de junio de 2001 se le preguntó: Fué (sic) usted amenazada en ese momento de ir al segundo asalto para que junto con Diego concurrieran al mismo o fue obligada CONTESTÓ: No, obligada no. En varias oportunidades ella misma reiteró su aceptación de continuar adelante con la actividad ilícita planeada, y es evidente que contó con todas las oportunidades para separarse y abandonar el grupo y al no hacerlo se infiere su voluntad dirigida a conseguir el propósito unificado. La evidencia fue abundante en demostrar la autonomía y desenvoltura con que actuó la procesada durante el tiempo que estuvo en compañía de su novio y los primos de éste, mostrando con su actuación el aporte dado a la empresa criminal, pues su presencia en el grupo reducía los niveles de prevención de los conductores y su figura femenina inspiraba confianza que era aprovechada por el resto de partícipes para consumar el asalto. Tampoco le asiste razón alguna al sostener que un vinculo amoroso pueda llegar a reducir la capacidad comprensiva de la antijuridicidad de una acción dañosa como las desplegadas por el grupo de jóvenes en contra de los bienes jurídicos de la vida, el patrimonio y la seguridad pública, pues, las reglas de la experiencia muestran cómo en muchas oportunidades a pesar de existir un sentimiento de esa naturaleza, una persona denuncia a su pareja ante las autoridades judiciales frente a la comisión de un hecho punible, por manera que este factor no constituía

un tema de prueba por la personalidad de la implicada. El tema no es nuevo y fue objeto de intenso debate en las instancias; así uno y otro aspecto fueron motivo de consideración del juzgador, y con base en el examen en conjunto del acervo probatorio la sentencia de primera instancia, sostuvo: “Sobre este último aspecto, es deber contestar al profesional que cubre la defensa de Johana Rocío, que la posición de víctima que pretende dar a su prohijada encaminada sobre la base de serias amenazas y coacciones propuestas por su novio Diego Avellaneda, quedan totalmente desvirtuadas, no solo con resonancia a lo afirmado por aquel en la pruebas traslada que se trajo a colación en esta 11 causa, sino conforma al dicho del también comprometido Eduardo quien no da muestras de que ello hubiera ocurrido y sobre todo respecto al análisis conjunto de los demás elementos de juicio aportados al proceso, que como se repite ofrece certeza de la disponibilidad que siempre acompañó a Johana en estos eventos. “...pues cómo pasar desapercibido que era tal su compromiso penal que tuvo a bien ocultar los documentos del primer rodante atracado y guardarlos cuando se los entregó su novio, dando muestras de sus claras intenciones delictivas, acudiendo luego al indicio de mentira para favorecerse cuando se le incautaron estos papeles, acusando a los agentes del orden de haberlos dejado en su bolso para comprometerla en los hechos. (…) El acuerdo de voluntades al que se hace referencia, no admite discusión – contrario sensu al dicho de los abogados de la defensa., basta con que se analice el factor temporal para solucionar el debate, si ha de tenerse presente que tanto

Johana como Eduardo, estuvieron con los demás miembros de sociedad criminal por espacio de casi diez horas libres de cualquier intimidación, sin que en ningún momento decidieran separarse del grupo o tomar rumbo diferente y lo que es más relevante aún, estuvieron participando en cada una de las actividades desarrolladas aquella tarde, sumándose como hecho contundente y decisivo (que fundamenta una auténtica coautoría), el que se anuncian en autos dos actos delictivos cometidos en idéntica circunstancia de modus operandi, que permiten concluir, sin equívocos que la única razón que motivaba a Johana y a Eduardo para continuar con el grupo, era lograr una vez más el designio delictivo acordado, máxime que había sido exitosa una primera acción.” El rechazo de la recepción de la declaración en comento, no fue fruto del capricho o la arbitrariedad del juez que adelantó la etapa procesal del juzgamiento porque se trató de salvaguardar la primacía constitucional del derecho de los menores sobre los demás, y efectivamente además que se prohíbe la autorización de su traslado a los Juzgados Ordinarios, en virtud de que el artículo 177 del Código del Menor ordena perentoriamente el traslado al sitio donde estuviere internado para efectuar la diligencia del Juez ordinario que deba recibir declaración de un menor infractor que se encuentra privado de la libertad, o que comisione si fuere el caso al correspondiente Juez de Menores o Promiscuo de Familia para efectos de realizarla, ningún sentido tenía que mediante comisión se practicara por éstos una ampliación de la versión de Diego Avellaneda que ya éste había rendido en la

jurisdicción de menores. Es evidente que en la última ampliación trató de retractarse de su dicho inicial contra su novia y de acuerdo con la intención del recurrente de poner en claro los motivos de su incriminación, surge diáfano que con el interrogatorio pretendido sólo se busca reproducir hechos que ya se conocían en el proceso. 12 En su propósito de demostrar lo que se pretendía con la nueva declaración del menor, señala el recurrente que era determinar, primero cual era su estado anímico y mental para el día en que rindió su primera versión contra Johana Morales C