PGN - DERECHO DE CONTRADICCION Violación por falta de oprtunidad del demandado para contes

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Nulidad por falta de competencia del Despacho de conocimiento DERECHO DE CONTRADICCIÓN-Violación por falta de oportunidad del demandado para contestar la demanda De conformidad con la actuación que quedó vigente después de la nulidad decretada por el a quo, el iter procesal implica que el demandado no tuvo la oportunidad para contestar la demanda y pedir la práctica de pruebas, y en tal virtud se quebrantaron sus derechos de contradicción y defensa, por lo que para su preservación se debería retrotraer la actuación para proceder a realizar nueva fijación en lista, declarando la nulidad de todo lo actuado desde que se dispuso tal trámite. DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN-Es obligatoria la asistencia de las partes/DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN-Las partes deben manifestar su posición frente a las pretensiones reconocidas El Ministerio Público considera que siendo obligatoria la asistencia a dicha diligencia, si tres de los demandados no concurrieron, se concluye que no se cumplió la finalidad de la audiencia y por ello se pretermitió tal trámite. En concepto del Ministerio Público, se debe entender que tal requisito no se cumple si no concurren las partes, pues el espíritu del legislador, la motivación que inspiró la reforma y la razón de ser del mecanismo de la conciliación exigen como lo mínimo esperado que las partes concurran y manifiesten su posición frente a la condena o el monto de las pretensiones reconocidas en el fallo. Una interpretación diferente, antes que respetar y atender la filosofía de la reforma contenida en la Ley 1395, estaría contraviniendo y

desnaturalizando la figura de la conciliación judicial que en ella se introdujo. Es grave falencia en la operación del mecanismo de autocomposición que varios de los posibles intervinientes ni siquiera concurran a la audiencia citada para procurar el acuerdo conciliatorio. Además consultando el espíritu del legislador ha de entenderse que ni siquiera la sola concurrencia física de las partes a la conciliación permite dar por cumplido tal trámite, pues es fundamental que las partes manifiesten su posición frente a las pretensiones reconocidas. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 2 Exp. 44507

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0246/12

Bogotá, D.C., 7 de Septiembre de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – Subsección C

Consejero Ponente Doctor: ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Ref: Proceso 25000 23 26 000 2004 01380 01 (44507)

Acción: Repetición

Actor: Bogotá Distrito Capital Demandado: José Abel Valoyes Chaverra y otros El Ministerio Público plantea incidente para que se declare nulidad de lo actuado, solicitud que se sustenta en las siguientes consideraciones: 1.- Falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para conocer del asunto, puesto que por la calidad de uno de los demandados al

momento de presentación de la demanda (Representante a la Cámara) corresponde conocer en única instancia al Consejo de Estado. 1.1. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2009, Radicación: 11001-03-26-0002003-0006-01, la sección Tercera del Consejo de Estado precisó sobre la competencia para conocer de acciones de repetición contra quienes al momento de la presentación de la demanda ostentaban la calidad de congresistas lo siguiente: Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Exp. 44507 El Código Contencioso Administrativo atribuye la competencia a los jueces administrativos, a los Tribunales y al Consejo de Estado, atendiendo al tipo de asunto (objetivo) y a la calidad de los sujetos (subjetivo). Así, el artículo 128 del C. C. A. señala los asuntos que son de competencia del Consejo de Estado en única instancia: “ARTÍCULO 128. Modificado. Decr. 597 de 1988, art. 2º. Modificado Ley 446 de 1998, art. 36. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá privativamente y en única instancia: ( ). 12. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, el Contralor General de la

República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar”. (…) Y la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, aplicable respecto de la competencia1, dispone en el capítulo II titulado “Aspectos Procesales” lo siguiente: “ARTÍCULO 7. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La jurisdicción contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. ( ). PARÁGRAFO 1º. Cuando la acción de repetición se ejerza contra .... Senadores y Representantes....., conocerá privativamente y en única instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. ( ). Igual competencia se seguirá cuando la acción se interponga en contra de estos altos funcionarios aunque se hayan desvinculado del servicio y siempre y cuando el daño que produjo la reparación a cargo del Estado se haya ocasionado por su conducta dolosa o gravemente culposa durante el tiempo en que hayan ostentado tal calidad. ( )”. Al interpretar las anteriores disposiciones, la Sala2 consideró inicialmente que para establecer la competencia del Consejo de Estado en única instancia, era necesario constatar que los demandados hubieran tenido la investidura a que se refiere el artículo 128 del C. C. A., para la época en que ocurrieron los hechos, así ya no la ostentaran al momento de presentación de la demanda, o tuvieran alguna otra de mayor envergadura. La anterior posición varió mediante providencia del 4 de diciembre de 20063, reiterada

1 (Pie de pagina de la cita) Publicada en el Diario Oficial 44.509 del 4 de agosto de 2001. El artículo 31 de la misma, relativa a la vigencia, dispone: “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias”. 2 (Pie de pagina de la cita) Autos del 20 de octubre de 2000. Exp: 18.440. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros; 12 de octubre de 2006. Exp: 16.972. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 3 (Pie de pagina de la cita) Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Exp: 16.887. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 4 Exp. 44507 en sentencias del 13 de noviembre4 y 3 de diciembre de 20085, en la que se avocó el conocimiento en única instancia, de la acción de repetición ejercitada por el Distrito Capital de Bogotá contra Andrés Pastrana Arango, por hechos acaecidos cuando éste último ostentaba la calidad de Alcalde Mayor de Bogotá. Se explicó que la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de las acciones de repetición se extiende a dos supuestos: (i) que se dirija contra los funcionarios que, al momento de presentación de la demanda, ocupen alguno de

los cargos enumerados en el artículo 128 del C. C. A., sin que resulte relevante la época en que sucedieron los hechos que fundamentan la acción; y (ii) cuando la causa que motiva el ejercicio de la acción, la constituyan los hechos o actuaciones que hayan tenido lugar durante el ejercicio de uno de los cargos señalados en la norma mencionada, incluso si al momento de presentación de la demanda, la persona ya no ostenta dicho cargo. Con fundamento en lo anterior, en esas oportunidades la Sala concluyó que si bien los hechos que daban lugar al ejercicio de la acción de repetición habían ocurrido cuando el señor Pastrana Arango se desempeñaba como Alcalde Mayor de Bogotá, lo cierto es que al momento en que el Distrito Capital presentó la demanda, el señor Pastrana ostentaba la calidad de Presidente de la República, circunstancia que daba lugar a la aplicación de la norma. En este caso, la Sala reitera ésta última postura para asumir su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 128 del C. C. A. y 7 de la Ley 678 de 2001, vigentes para la fecha de presentación de la demanda. Así, el Consejo de Estado es la autoridad judicial competente para conocer privativamente y en única instancia de las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los Senadores o Representantes de la República, entre otros. Por consiguiente, a pesar de que los hechos que se debaten tuvieron lugar cuando el señor Navarro se desempeñaba como Alcalde Municipal, lo cierto es que al momento en que se presentó la demanda, estaba investido como Senador de la República, circunstancia que radica la competencia en esta Corporación

para tramitar el proceso en única instancia. Cabe precisar finalmente, que la Sala también es competente para estudiar la conducta del señor Andreas Quast Haeberlin en su condición de Director del INAP, por fuero de atracción, tal como lo señala el parágrafo 2º del artículo 7º de la Ley 678 de 20016. (resalto y subrayo) 1.2. La condición de Representante a la Cámara del Dr. Armando Benedetti Villaneda para el momento de presentación de la demanda (12 de julio de 2004) se podría estimar como hecho notorio7, por tratarse de congresista de cuyas 4 (Pie de pagina de la cita) Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Exp: 16.335. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. 5 (Pie de pagina de la cita) Sentencia del 3 de diciembre de 2008. Exp: 20.127. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 6 (Pie de pagina de la cita) “PARÁGRAFO 2. Si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería el proceso en contra del de mayor jerarquía”. 7 “El hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tienen una mediana cultura, para que sea notorio.” (Sentencia 27 de noviembre de 1995. Sala de lo contencioso administrativo - Sección Segunda. Ponente: Diego Younes Moreno, expediente 8045)

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Exp. 44507 actividades se dio cuenta frecuentemente en los medios de comunicación. 1.3. La calidad de congresista del demandado Benedetti Villaneda era evidente para la actora, puesto que en la demanda al señalar las direcciones para notificaciones (Cfr. fl. 15 C. 1) anota:  ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA, Senado de la República Cámara de Representantes o en la Calle 53 Nro. 6 – 30 de Bogotá tel 3491925. 1.4. En escritos presentados por el Dr. Benedetti durante el trámite del proceso pone en conocimiento información de la cual se infiere su calidad de congresista: - En escrito presentado el 15 de junio de 2005 (Cfr. fl. 258 C.1) refiere “Tel oficina Capitolio Nacional 3825256, 3825341”.

• Posteriormente informa como su dirección “Carrera 7 No. 8-68 Primer piso casillero 23” (Cfr. fl. 293 C.1). 1.5. La calidad de Congresista se puede establecer consultando la página web de la Secretaría del Senado

(http://www.secretariasenado.gov.co/gacetadelcongreso.htm), que tiene un vínculo (http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.portals) que permite consultar las gacetas del Congreso. En la Gaceta del Congreso No. 339 del 15 de agosto de 2002 fue publicada el

Acta de Plenaria 001 de la sesión ordinaria del 20 de julio de 2002 de la Cámara de Representantes, primera sesión del periodo 2002-2006, donde consta que el Dr. Benedetti ostentaba la calidad de Representante a la Cámara para el período legislativo 2002 – 2006, pues se le relacionó dentro de los intervinientes del día y atendió el llamado para la conformación del quórum. En el mismo sitio web también se pudo constatar que ostentó la calidad de Senador para el período 2006 – 2010, ya que en el Acta de Plenaria 01 de la sesión ordinaria del 20 de julio de 2006 del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 320 del 28 de agosto de 2006, consta que asistió y se le tuvo en Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 6 Exp. 44507 cuenta para conformar el quorum, y que tiene igual calidad para el periodo 2010 – 2014, según se infiere del Acta de Plenaria 01 de la sesión ordinaria del 20 de julio de 2010 del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 509 del 12 de agosto de 2010. 1.6. Establecida la calidad de representante a la Cámara del Dr. Benedetti para la fecha de presentación de la demanda, deviene que estaba cobijado con fuero especial que implica que el Consejo de Estado es juez competente para conocer

de este proceso en única instancia. De conformidad con lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita que se decrete la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que la sección Tercera del Consejo de Estado avoque el conocimiento de este proceso en única instancia

2. PRIMERA PETICIÓN SUBSIDIARIA. Nulidad por afectación del derecho de defensa del demandado Armando Benedetti. 2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca inicialmente avocó el conocimiento del proceso desde la presentación de la demanda hasta antes de cierre de la etapa probatoria, momento en el cual fue remitida la actuación al Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, despacho que mediante auto del 25 de septiembre de 2006 dispuso correr traslado para alegar (Cfr. fl. 302 C.1) 2.2. La fijación en lista de la demanda se surtió del 7 al 18 de febrero de 2005 (Cfr. fls. 18 vto y 335 C.1). 2.3. Para notificar al Dr. Armando Benedetti Villaneda se realizaron las siguientes

gestiones:

• El 28 de octubre de 2004 se envió notificación por aviso a la calle 53 No. 6-30 de esta ciudad (Cfr. fl. 72 C.1), la que no fue recibida pues se informó que no vive ni labora en esa dirección (Cfr. fl. 71 C.1). - El 13 de diciembre de 2004 se libra nuevo oficio para notificación por aviso, el que fue enviado a la misma dirección anterior (Cfr. fls. 219 a 223 C.1), pero es

devuelto porque el destinatario no reside (Cfr sobre con sello de devolución y comprobante que obran sin numerar entre los fls. 223 y 224 C. 1). Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Exp. 44507 - El 30 de marzo de 2005 se notificó personalmente al Dr. Luis Fernando Sánchez Huertas, como apoderado del Dr. Benedetti Villaneda (Cfr. fl. 235 C1). 2.4. En escrito presentado el 15 de junio de 2005, el Dr. Benedetti le revoca el poder a su apoderado alegando negligencia en el ejercicio de su defensa (Cfr. fl. 258 C.1). En providencia del 15 de junio de 2005 se dispone que “Una vez revocado el poder al abogado Luis Fernando Sánchez, el señor Armando Benedetti deberá otorgar poder a otro abogado que lo represente en el proceso” (Cfr. fl. 260 C.1). Revisado el expediente se observa que no se ha designado nuevo apoderado. 2.5. El 20 de abril de 2007 (Cfr. fls. 334 y ss. C.1) el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito dejó sin efectos los autos del 14 de abril de 20058 y 25 de septiembre de 20069 al considerar que existe “defecto procesal”, pues la notificación al apoderado del Dr. Armando Benedetti se produjo luego del vencimiento del término de fijación en lista, ante lo cual decide que se debía proceder a realizar

nueva fijación en lista para garantizarle el derecho de defensa. 2.6. Advirtiendo que el demandado Benedetti no contestó la demanda, con providencia del 17 de septiembre de 2007 (Cfr. fl 344 C.1) se declara precluído el término probatorio y el 14 de diciembre siguiente se concede el traslado para alegar (Cfr. fl. 346 C.1). 2.7. El Juzgado Sexto Administrativo dictó sentencia de primera instancia (Cfr. fls. 449 a 479 Segundo Cuaderno Principal), decisión que fue apelada. 2.8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 30 de julio de 2010, declaró la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Sexto Administrativo por falta de competencia (Cfr. fls. 506 y 507 segundo cuaderno principal). Asi las cosas, quedó sin efecto el saneamiento del proceso que había dispuesto el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá. 2.9. La notificación de la admisión de la demanda que se realizó de manera personal al apoderado del Dr. Armando Benedetti se produjo luego del vencimiento del término de fijación en lista, lo cual implica, en concepto del 8 Mediante el cual se abría a pruebas el proceso después de la fijación en lista (Cfr. Fl. 238 y ss C.1) 9 Primera providencia del Juzgado Séptimo que da traslado para alegar. Esta providencia le fue comunicada al Dr. Benedetti mediante telegrama enviado a la Clle 53 Nro. 6-30 (Cfr. Fls. 307 y 308

C.1) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Exp. 44507 Ministerio Público, que se configuraron las causales de nulidad previstas en los numerales 3° y 6° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que señalan: ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. (modificado por el artículo 1, numeral 80 del Decreto 2282 de 1989). El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión. […]”

(se resalta y subraya) Conforme al numeral 4° del artículo 144 del Código Contencioso Administrativo la contestación de la demanda se debe hacer dentro del término de fijación en lista, oportunidad dentro de la cual el demandado puede, entre otras, solicitar la práctica de pruebas. “Art. 144. Modificado. Ley 446 de 1998, art. 46. Durante el término de fijación en lista el demandado podrá contestar la demanda mediante escrito que contendrá: […]

4. La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer. […]” El término de fijación en lista corrió del 7 al 18 de febrero de 2005 y la notificación

personal de la demanda al apoderado del Dr. Benedetti Villaneda se llevó a cabo el 30 de marzo de la misma anualidad (Cfr. fl. 235 C. 1), ya vencido el término de fijación en lista, lo cual implica que el demandado no contó con la oportunidad para contestar la demanda y para pedir la práctica de pruebas. La nulidad decretada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito el 20 de abril de 2007 dejó sin efectos los autos del 14 de abril de 2005 y 25 de septiembre de 2006 (Cfr. fls. 334 y ss. C.1) al advertir la existencia de las citadas irregularidades como defecto procesal. Al Decretar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Sexto Administrativo la deficiencia advertida por este último despacho no está superada. De conformidad con la actuación que quedó vigente después de la nulidad Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9 Exp. 44507 decretada por el a quo, el iter procesal implica que el demandado Armando Benedetti no tuvo la oportunidad para contestar la demanda y pedir la práctica de pruebas, y en tal virtud se quebrantaron sus derechos de contradicción y defensa, por lo que para su preservación se debería retrotraer la actuación para proceder a realizar nueva fijación en lista, declarando la nulidad de todo lo actuado desde que se dispuso tal trámite.

3. SEGUNDA PETICIÓN SUBSIDIARIA. Falencias en la audiencia de conciliación judicial celebrada en el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca. De no prosperar la solicitud de nulidad, subsidiariamente el Ministerio Público solicita que se decrete nulidad por no haberse celebrado en debida forma la audiencia de Conciliación Judicial ante el a quo. 3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de noviembre de 2011, declaró la responsabilidad de los demandados (Cfr. fls. 561 a 584 C. Consejo de Estado). Sentencia apelada por la parte actora y por uno de los demandados. 3.2. Mediante auto del 17 de febrero de 2012 se citó a la audiencia de conciliación que prevé el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, habiendo asistido sólo uno de los demandados (Cfr. fl. 611 C. Consejo de Estado). 3.3. La audiencia de conciliación se decretó atendiendo el mandato del inciso 4° del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, que adicionó el artículo 43 de de la Ley 640 de 2001, norma que en su parte pertinente contempla: (…) En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria 3.4. El Ministerio Público considera que siendo obligatoria la asistencia a dicha

diligencia, si tres de los demandados no concurrieron, se concluye que no se cumplió la finalidad de la audiencia y por ello se pretermitió tal trámite. En la exposición de motivos del proyecto que se convirtió en la Ley 1395 se consignó: Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 10 Exp. 44507 “(…) En el proyecto se propone la adición del artículo 43 de la Ley 640 de 2001, para establecer, en materia contencioso administrativa, la obligación de la conciliación judicial cuando el fallo de primera instancia sea condenatorio. (…) Esta previsión puede constituirse en una medida útil para descongestionar la segunda instancia (tribunales o Consejo de Estado) y, además, para procurar encontrar fórmulas que permitan una negociación o una rebaja de la condena (…). (destaco y subrayo) Es evidente que la intención del legislador fue que operara en forma efectiva el mecanismo alternativo de solución de conflictos. No se pretendió establecer un trámite meramente formal, que se agotaría sin la concurrencia de los litigantes. La Corte Constitucional en la sentencia C - 598 de 2011 estudió el alcance de algunas disposiciones relacionadas con la conciliación prevista en la Ley 1395, argumentos que el Ministerio Público considera útiles para dilucidar el tema: “(…) La conciliación como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución

(sic) de conflictos se ha definido como “un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral — conciliador— quien, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian”(10). La nota característica de este mecanismo de resolución de conflictos es la voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, pues son ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera poner fin a sus divergencias. Es, entonces, un mecanismo de autocomposición porque son las partes en conflicto y no un tercero, llámese juez o árbitro, quienes acuerdan o componen sus diferencias. (…) (destaco y subrayo) En concepto del Ministerio Público, se debe entender que tal requisito no se cumple si no concurren las partes, pues el espíritu del legislador, la motivación que inspiró la reforma y la razón de ser del mecanismo de la conciliación exigen como lo mínimo esperado que las partes concurran y manifiesten su posición frente a la condena o el monto de las pretensiones reconocidas en el fallo. Una interpretación diferente, antes que respetar y atender la filosofía de la reforma contenida en la Ley 1395, estaría contraviniendo y desnaturalizando la figura de la

conciliación judicial que en ella se introdujo. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Exp. 44507 Es grave falencia en la operación del mecanismo de autocomposición que varios de los posibles intervinientes ni siquiera concurran a la audiencia citada para procurar el acuerdo conciliatorio. Además consultando el espíritu del legislador10 ha de entenderse que ni siquiera la sola concurrencia física de las partes a la conciliación permite dar por cumplido tal trámite, pues es fundamental que las partes manifiesten su posición frente a las pretensiones reconocidas. Corolario de las anteriores consideraciones es que el cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 640 no se limita a la simple concurrencia o presencia física, sino a una cierta, real y sería intervención, a la exteriorización de su posición frente a la condena. CONCLUSIÓN De conformidad con las consideraciones precedentes, respetuosamente, el Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado se declare la nulidad de todo lo actuado desde que se avocó el conocimiento por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o de manera subsidiaria desde que se fijó el proceso en lista, o en últimas desde el auto del once mayo de 2012 (Cfr. fl. 636 C. Consejo de Estado), y se reponga la actuación en lo pertinente. De los señores Consejeros, con todo respeto,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado fbo 10 Artículo 27 del C.C. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co